Jorge Alberto Argáez López
Expediente 265/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 40 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 265/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 40
- Última actuación
- 08/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jorge Alberto Argáez López
- Jorge Alberto Argáez López y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 40.
- Principal
Mérida, Yucatán; ocho de mayo de dos mil veintitrés. Vistas las razones actuariales que anteceden, en las que el actuario adscrito a este Juzgado Federal, hace constar que le fue imposible notificar a la tercero interesada GEORGINA RUIZ BURGOS, por conducto de quien la represente, los acuerdos de veintinueve de marzo y diecinueve de abril, ambos del año en curso, toda vez que le informaron que falleció el año pasado. En tal virtud, toda vez que en auto de diecinueve de abril de dos mil veintitrés se tuvo por cumplida la sentencia amparadora dictada en el presente asunto, y se ordenó el archivo de este asunto, con apoyo en lo dispuesto en la fracción III, del artículo 26 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos de lo previsto en el numeral 2° de la ley inicialmente citada, háganse a la parte tercera interesada las notificaciones de los citados acuerdos, y las subsecuentes, aun las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado. Notifíquese a la citada parte tercera interesada por lista el presente acuerdo, así como los diversos de veintinueve de marzo y diecinueve de abril, ambos del año en curso. Mérida, Yucatán; veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, agréguese para los efectos legales correspondientes el oficio signado por la Magistrada Tercera y Presidenta de la Sala Colegiada Penal y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, el cual remite en relación con el cumplimiento de la sentencia amparadora que se le hizo en proveído de nueve de marzo de dos mil veintitrés. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y a los terceros interesados, por el término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente a aquel al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. Apercibidos que de no hacerlo dentro del plazo que para tal fin se les confiere, este Juzgado Federal resolverá lo conducente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese; personalmente a las partes quejosa y tercero interesada; y cúmplase. Mérida, Yucatán; diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan estos autos, de donde se advierte que en proveído de veintinueve de marzo de esta anualidad se dio vista a la parte quejosa, con lo informado con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por la Magistrada Tercera y Presidenta de la Sala Colegiada Penal y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad. Asimismo, se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La última notificación del acuerdo de mérito se efectuó por lista de estrados a la parte tercero interesada el doce de abril de dos mil veintitrés. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días que fue otorgado para tal efecto, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. ANTECEDENTES En sentencia firmada el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, en su primer punto resolutivo, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso JORGE ALBERTO ARGAEZ LOPEZ, en contra del acto que reclamó a la Sala Penal Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, en los términos siguientes: "[...] Por tanto, al resultar fundado el concepto de violación analizado, es procedente CONCEDER al justiciable el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que la Sala Colegiada Penal Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad: 1.- Deje insubsistente, la resolución de veinte de enero de dos mil veintiuno, dictada en el Toca de apelación ********************. 2.- Dicte una nueva, en la cual, en la parte que modificó la resolución del A quo, en relación con la agraviada ********************, deberá realizar el análisis correspondiente al monto de su perjuicio económico sufrido, a efecto de determinar lo que legalmente corresponda. 3.- Finalmente, deberá dejar intocada la resolución combatida en lo referente a los restantes querellantes y al estudio que realizó respecto al cuerpo del delito y la probable responsabilidad en relación con el auto de formal prisión dictado en contra del quejoso. [.]". Contra dicha sentencia la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual fue sustanciado por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, el que dictó la resolución correspondiente el nueve de febrero de dos mil veintitrés, en el toca ******************** de su índice, formado con motivo del recurso de revisión aludido. Al respecto, en dicha resolución la Superioridad en sus resolutivos señaló: "PRIMERO.- SE MODIFICA la sentencia impugnada. SEGUNDO.- SE SOBRESEE en el juicio de amparo, promovido por el quejoso ********************, en contra del acto reclamado a la Sala Colegiada Penal y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, en los términos señalados en la parte final del último considerando de esta ejecutoria. TERCERO.- La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE al quejoso ********************, respecto del acto reclamado a la Sala Colegiada Penal y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, en los términos señalados en la parte final del último considerando de esta ejecutoria.". Así, en la parte considerativa de la resolución, la Superioridad estableció lo siguiente: "[.] lo procedente es: I.- MODIFICAR la sentencia recurrida y SOBRESEER en el juicio, derivado de la causal de improcedencia que se actualizó con motivo del perdón de los ofendidos: 1.- **************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** Ello, en términos de lo determinado en el considerando séptimo de esta ejecutoria; II.- CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL solicitado, para los efectos que señaló el Juez de Distrito en la sentencia que se revisa, pero al advertirse en esta instancia que con posterioridad al dictado del acto reclamado se sobreseyó en la causa penal con motivo del perdón que se señaló en el punto que antecede, y a fin de que exista seguridad jurídica de las partes, este Tribunal Colegiado determina que al dictar su nuevo acto, el tribunal responsable deberá reconocer expresamente la existencia de tal sobreseimiento ocurrido en el juicio natural. [.]". En consecuencia, se requirió a la autoridad responsable, Sala Penal Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, para que siguiendo los lineamientos dictados por la Superioridad cumpliera con la ejecutoria de mérito, restituyendo a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados. Luego, en cumplimiento a la ejecutoria del presente juicio, la autoridad responsable dictó una nueva resolución el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, en la cual dio cumplimiento a lo requerido, dejando insubsistente la resolución dictada por la misma en el toca ******************** el veinte de enero de dos mil veintiuno. Asimismo, el tribunal responsable, en la parte que modificó la resolución del A quo, en relación con la agraviada ********************, realizó el análisis correspondiente al monto de su perjuicio económico sufrido, y determinó lo legalmente correspondiente, como se detallará más adelante en el presente proveído.. Además, reconoció el sobreseimiento decretado en la causa penal de origen con motivo del perdón que otorgaron al aquí quejoso el diecisiete de octubre de dos mil veintidós, los ofendidos: ********************. En adición a ello, se observa que el tribunal ad quem dejó intocada la resolución combatida en lo referente a los restantes querellantes y al estudio que realizó respecto al cuerpo del delito y la probable responsabilidad en relación con el auto de formal prisión dictado en contra del quejoso por el delito de FRAUDE. Finalmente, que la parte quejosa desahogó la vista que se le dio con el cumplimiento de sentencia de amparo, a través del escrito recibido en auto de diez de abril del año en curso, en el que sustancialmente refirió que la responsable no había cumplido cabalmente con el fallo amparador, toda vez que no realizó el análisis correspondiente al monto del perjuicio económico sufrido por la agraviada ********************. Al respecto, lo manifestado por el quejoso no es impedimento para tener por cumplida la sentencia, ya que contrario a lo que afirma, del análisis realizado a la resolución que dictó la responsable en cumplimiento a la sentencia de amparo, se observa que sí atendió tal directriz. Se afirma lo anterior, toda vez que en la parte conducente del fallo, el tribunal responsable señaló lo siguiente: "[.] Ahora bien, por lo que respecta a la querellante ********************, de su respectiva querella de fecha seis de marzo del año dos mil trece, se desprende que señaló que tenía una cuenta de inversión en el establecimiento denominado ********************, y enterada de que la empresa se encontraba cerrada sin que le hubiesen pagado los respectivos intereses por el dinero que tenía invertido, intentó comunicarse a las oficinas del establecimiento antes mencionado y le informaron que su cuenta se había transferido a otra sucursal en el Estado de Quintana Roo, pero al tratar de comunicarse a esa sucursal no obtuvo respuesta alguna, por lo que transcurridos unos días, por medio del periódico denominado "********************" se enteró que la cooperativa en la que tenía una cuenta de inversión había sido denunciada por diversos fraudes, por lo que ella también acudió a la autoridad a interponer su respectiva denuncia. A lo largo de su narrativa la citada ******************** no especificó la suma de dinero que invirtió en la mencionada persona moral denominada ********************, cantidad que señaló no le fue reembolsada y que fue el motivo por el que acudió ante la autoridad ministerial a denunciar. Y si bien es cierto que el artículo 325 en su último párrafo, establece la figura de monto indeterminado, sin embargo es menester atender el valor intrínseco de la cosa, teniendo lugar cuando no pudiere determinarse o si por la naturaleza de ésta no fuere estimable en dinero, lo que en el presente no acontece, en virtud de que tratándose del dinero aludido por la querellante sí es factible determinar su cuantía, empero, en la causa se adolece de información al respecto. Por lo que si en el presente caso, no quedó especificado el monto del lucro que obtuvo el inculpado******************** del caudal patrimonial de la querellante ********************, esto ante la falta de prueba alguna en este momento que así lo determine, con base en el principio de in dubio pro reo, se encuadra el hecho delictuoso de fraude que se le atribuye al inculpado ******************** respecto a la agraviada en cita, en la fracción I primera del artículo 325 del Código Penal del Estado, que señala: "Artículo 325. El delito de fraude se sancionará de acuerdo con las siguientes reglas: I. Cuando el valor de lo defraudado no exceda de cien veces el salario, se impondrá de seis meses a un año seis meses de prisión o de cuarenta a cien días-multa y de cuarenta a cien días de trabajo en favor de la comunidad". Lo anterior, no atenta contra los principios de imparcialidad y objetividad, pues no existe una alteración esencial de los hechos que fueron materia de la consignación, porque la fijación de la hipótesis prevista en la norma para tomar como parámetro el quántum de la pena que eventualmente pudiera imponerse, sólo es preliminar y se sustenta con las pruebas referidas en la consignación; y como ya se precisó, por lo que respecta a la querellante ********************, no hay alguna prueba que en este momento revele el monto del lucro obtenido por parte del inculpado Jorge Alberto ******************** del caudal patrimonial de la citada agraviada". De ahí que, como se indicó, el tribunal responsable sí atendió el punto señalado por el quejoso, al realizar el análisis en lo relativo a la agraviada citada en cuanto al monto de dinero que e fue defraudado por el implicado, llegando a la conclusión de que al no poderse saber con exactitud por falta de datos, por el momento, en aplicación del principio que rige en materia penal, consistente que en caso de duda hay que estar a lo más favorable para el reo, es que determinó encuadrar los hechos relativo a dicha agraviada en la fracción I del artículo 325 del Código Penal del Estado de Yucatán, que establece la sanción mínima. ANÁLISIS Entonces, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se advierte que la citada autoridad responsable se ajustó a los lineamientos fijados en la ejecutoria pronunciada, pues así se desprende de las constancias remitidas, ya que atendió cabalmente todos los efectos amparadores que le fueron señalados como directrices bajo las que debía ceñir su actuación, tanto los que le fueron marcados por este Juzgado Federal, como el relativo que ordenó el Tribunal Colegiado que conoció del recurso de revisión, lo cual, se reitera, atendió en forma correcta, como ya fue analizado en el presente proveído. DETERMINACIÓN En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. ARCHIVO Previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. DEPURACIÓN Por otra parte, de conformidad con lo establecido por el inciso b) de la fracción l, del artículo 18 del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente expediente es DEPURABLE, en virtud de que versa de una sentencia en la que se concedió a la parte quejosa el Amparo y Protección de la Justicia Federal y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el párrafo final del artículo 21 del citado Acuerdo General. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. DATOS ADMINISTRATIVOS Fecha del acuerdo en que se da vista a las partes con el cumplimiento: veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Fecha de la última notificación realizada a las partes de la vista de cumplimiento: doce de abril del año en curso. Fecha en que la autoridad responsable comunicó el cumplimiento de la ejecutoria: veintiocho de marzo del presente año. Fecha en que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria: veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad, hasta el treinta de noviembre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán; diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan estos autos, de donde se advierte que en proveído de veintinueve de marzo de esta anualidad se dio vista a la parte quejosa, con lo informado con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por la Magistrada Tercera y Presidenta de la Sala Colegiada Penal y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad. Asimismo, se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La última notificación del acuerdo de mérito se efectuó por lista de estrados a la parte tercero interesada el doce de abril de dos mil veintitrés. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días que fue otorgado para tal efecto, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. ANTECEDENTES En sentencia firmada el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, en su primer punto resolutivo, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso JORGE ALBERTO ARGAEZ LOPEZ, en contra del acto que reclamó a la Sala Penal Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, en los términos siguientes: "[...] Por tanto, al resultar fundado el concepto de violación analizado, es procedente CONCEDER al justiciable el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que la Sala Colegiada Penal Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad: 1.- Deje insubsistente, la resolución de veinte de enero de dos mil veintiuno, dictada en el Toca de apelación ********************. 2.- Dicte una nueva, en la cual, en la parte que modificó la resolución del A quo, en relación con la agraviada ********************, deberá realizar el análisis correspondiente al monto de su perjuicio económico sufrido, a efecto de determinar lo que legalmente corresponda. 3.- Finalmente, deberá dejar intocada la resolución combatida en lo referente a los restantes querellantes y al estudio que realizó respecto al cuerpo del delito y la probable responsabilidad en relación con el auto de formal prisión dictado en contra del quejoso. [.]". Contra dicha sentencia la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual fue sustanciado por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, el que dictó la resolución correspondiente el nueve de febrero de dos mil veintitrés, en el toca ******************** de su índice, formado con motivo del recurso de revisión aludido. Al respecto, en dicha resolución la Superioridad en sus resolutivos señaló: "PRIMERO.- SE MODIFICA la sentencia impugnada. SEGUNDO.- SE SOBRESEE en el juicio de amparo, promovido por el quejoso ********************, en contra del acto reclamado a la Sala Colegiada Penal y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, en los términos señalados en la parte final del último considerando de esta ejecutoria. TERCERO.- La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE al quejoso ********************, respecto del acto reclamado a la Sala Colegiada Penal y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, en los términos señalados en la parte final del último considerando de esta ejecutoria.". Así, en la parte considerativa de la resolución, la Superioridad estableció lo siguiente: "[.] lo procedente es: I.- MODIFICAR la sentencia recurrida y SOBRESEER en el juicio, derivado de la causal de improcedencia que se actualizó con motivo del perdón de los ofendidos: 1.- **************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** Ello, en términos de lo determinado en el considerando séptimo de esta ejecutoria; II.- CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL solicitado, para los efectos que señaló el Juez de Distrito en la sentencia que se revisa, pero al advertirse en esta instancia que con posterioridad al dictado del acto reclamado se sobreseyó en la causa penal con motivo del perdón que se señaló en el punto que antecede, y a fin de que exista seguridad jurídica de las partes, este Tribunal Colegiado determina que al dictar su nuevo acto, el tribunal responsable deberá reconocer expresamente la existencia de tal sobreseimiento ocurrido en el juicio natural. [.]". En consecuencia, se requirió a la autoridad responsable, Sala Penal Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, para que siguiendo los lineamientos dictados por la Superioridad cumpliera con la ejecutoria de mérito, restituyendo a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados. Luego, en cumplimiento a la ejecutoria del presente juicio, la autoridad responsable dictó una nueva resolución el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, en la cual dio cumplimiento a lo requerido, dejando insubsistente la resolución dictada por la misma en el toca ******************** el veinte de enero de dos mil veintiuno. Asimismo, el tribunal responsable, en la parte que modificó la resolución del A quo, en relación con la agraviada ********************, realizó el análisis correspondiente al monto de su perjuicio económico sufrido, y determinó lo legalmente correspondiente, como se detallará más adelante en el presente proveído.. Además, reconoció el sobreseimiento decretado en la causa penal de origen con motivo del perdón que otorgaron al aquí quejoso el diecisiete de octubre de dos mil veintidós, los ofendidos: ********************. En adición a ello, se observa que el tribunal ad quem dejó intocada la resolución combatida en lo referente a los restantes querellantes y al estudio que realizó respecto al cuerpo del delito y la probable responsabilidad en relación con el auto de formal prisión dictado en contra del quejoso por el delito de FRAUDE. Finalmente, que la parte quejosa desahogó la vista que se le dio con el cumplimiento de sentencia de amparo, a través del escrito recibido en auto de diez de abril del año en curso, en el que sustancialmente refirió que la responsable no había cumplido cabalmente con el fallo amparador, toda vez que no realizó el análisis correspondiente al monto del perjuicio económico sufrido por la agraviada ********************. Al respecto, lo manifestado por el quejoso no es impedimento para tener por cumplida la sentencia, ya que contrario a lo que afirma, del análisis realizado a la resolución que dictó la responsable en cumplimiento a la sentencia de amparo, se observa que sí atendió tal directriz. Se afirma lo anterior, toda vez que en la parte conducente del fallo, el tribunal responsable señaló lo siguiente: "[.] Ahora bien, por lo que respecta a la querellante ********************, de su respectiva querella de fecha seis de marzo del año dos mil trece, se desprende que señaló que tenía una cuenta de inversión en el establecimiento denominado ********************, y enterada de que la empresa se encontraba cerrada sin que le hubiesen pagado los respectivos intereses por el dinero que tenía invertido, intentó comunicarse a las oficinas del establecimiento antes mencionado y le informaron que su cuenta se había transferido a otra sucursal en el Estado de Quintana Roo, pero al tratar de comunicarse a esa sucursal no obtuvo respuesta alguna, por lo que transcurridos unos días, por medio del periódico denominado "********************" se enteró que la cooperativa en la que tenía una cuenta de inversión había sido denunciada por diversos fraudes, por lo que ella también acudió a la autoridad a interponer su respectiva denuncia. A lo largo de su narrativa la citada ******************** no especificó la suma de dinero que invirtió en la mencionada persona moral denominada ********************, cantidad que señaló no le fue reembolsada y que fue el motivo por el que acudió ante la autoridad ministerial a denunciar. Y si bien es cierto que el artículo 325 en su último párrafo, establece la figura de monto indeterminado, sin embargo es menester atender el valor intrínseco de la cosa, teniendo lugar cuando no pudiere determinarse o si por la naturaleza de ésta no fuere estimable en dinero, lo que en el presente no acontece, en virtud de que tratándose del dinero aludido por la querellante sí es factible determinar su cuantía, empero, en la causa se adolece de información al respecto. Por lo que si en el presente caso, no quedó especificado el monto del lucro que obtuvo el inculpado******************** del caudal patrimonial de la querellante ********************, esto ante la falta de prueba alguna en este momento que así lo determine, con base en el principio de in dubio pro reo, se encuadra el hecho delictuoso de fraude que se le atribuye al inculpado ******************** respecto a la agraviada en cita, en la fracción I primera del artículo 325 del Código Penal del Estado, que señala: "Artículo 325. El delito de fraude se sancionará de acuerdo con las siguientes reglas: I. Cuando el valor de lo defraudado no exceda de cien veces el salario, se impondrá de seis meses a un año seis meses de prisión o de cuarenta a cien días-multa y de cuarenta a cien días de trabajo en favor de la comunidad". Lo anterior, no atenta contra los principios de imparcialidad y objetividad, pues no existe una alteración esencial de los hechos que fueron materia de la consignación, porque la fijación de la hipótesis prevista en la norma para tomar como parámetro el quántum de la pena que eventualmente pudiera imponerse, sólo es preliminar y se sustenta con las pruebas referidas en la consignación; y como ya se precisó, por lo que respecta a la querellante ********************, no hay alguna prueba que en este momento revele el monto del lucro obtenido por parte del inculpado Jorge Alberto ******************** del caudal patrimonial de la citada agraviada". De ahí que, como se indicó, el tribunal responsable sí atendió el punto señalado por el quejoso, al realizar el análisis en lo relativo a la agraviada citada en cuanto al monto de dinero que e fue defraudado por el implicado, llegando a la conclusión de que al no poderse saber con exactitud por falta de datos, por el momento, en aplicación del principio que rige en materia penal, consistente que en caso de duda hay que estar a lo más favorable para el reo, es que determinó encuadrar los hechos relativo a dicha agraviada en la fracción I del artículo 325 del Código Penal del Estado de Yucatán, que establece la sanción mínima. ANÁLISIS Entonces, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se advierte que la citada autoridad responsable se ajustó a los lineamientos fijados en la ejecutoria pronunciada, pues así se desprende de las constancias remitidas, ya que atendió cabalmente todos los efectos amparadores que le fueron señalados como directrices bajo las que debía ceñir su actuación, tanto los que le fueron marcados por este Juzgado Federal, como el relativo que ordenó el Tribunal Colegiado que conoció del recurso de revisión, lo cual, se reitera, atendió en forma correcta, como ya fue analizado en el presente proveído. DETERMINACIÓN En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. ARCHIVO Previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. DEPURACIÓN Por otra parte, de conformidad con lo establecido por el inciso b) de la fracción l, del artículo 18 del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente expediente es DEPURABLE, en virtud de que versa de una sentencia en la que se concedió a la parte quejosa el Amparo y Protección de la Justicia Federal y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el párrafo final del artículo 21 del citado Acuerdo General. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. DATOS ADMINISTRATIVOS Fecha del acuerdo en que se da vista a las partes con el cumplimiento: veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Fecha de la última notificación realizada a las partes de la vista de cumplimiento: doce de abril del año en curso. Fecha en que la autoridad responsable comunicó el cumplimiento de la ejecutoria: veintiocho de marzo del presente año. Fecha en que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria: veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad, hasta el treinta de noviembre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán; diez de abril de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese el escrito signado por la parte quejosa, por medio del cual desahoga la vista ordenada en proveído de veintinueve de marzo del año en curso, y realiza diversas manifestaciones con relación al cumplimiento de la sentencia de amparo informado por la autoridad responsable. En consecuencia, ténganse por realizadas las manifestaciones formuladas por la parte quejosa, las que se reservan para ser tomadas en consideración en el momento que este órgano jurisdiccional se pronuncie respecto de la calificación del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
SE NOTIFICA A LOS TERCEROS INTERESADOS DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. Mérida, Yucatán; veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, agréguese para los efectos legales correspondientes el oficio signado por la Magistrada Tercera y Presidenta de la Sala Colegiada Penal y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, el cual remite en relación con el cumplimiento de la sentencia amparadora que se le hizo en proveído de nueve de marzo de dos mil veintitrés. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y a los terceros interesados, por el término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente a aquel al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. Apercibidos que de no hacerlo dentro del plazo que para tal fin se les confiere, este Juzgado Federal resolverá lo conducente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese; personalmente a las partes quejosa y tercero interesada; y cúmplase.
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