Jorge Alberto Arévalo Villagrán

Expediente 430/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 36 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
430/2020
Año
2020
Actuaciones
36
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Jorge Alberto Arévalo Villagrán
  • María Dinora Galván Blanco
  • Víctor Manuel Muerza Reyes
  • Fabiola López Rivera
  • Procuraduría Federal del Consumidor, Delegación Zona Golfo-Centro, en Veracruz, Veracruz
  • Alejandra Yadira Herrera Cuevas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 36.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, para que surta los efectos legales procedentes, el escrito recibido electrónicamente, firmado por ********************, autorizado ********************, parte quejosa en el presente asunto. En atención al contenido del escrito de cuenta, con fundamento en el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, téngasele interponiendo recurso de inconformidad contra el proveído dictado el catorce de noviembre del año en curso, por el cual se declaró la imposibilidad material de cumplir con la sentencia emitida en los presentes autos, con base en los motivos y argumentos plasmados en el auto que se impugna. En ese tenor, de conformidad con lo dispuesto por el punto IV, del artículo 5° del Acuerdo General Número 5/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio del dos mil uno, remítase el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito en turno, con domicilio en esta ciudad, para los efectos legales a que haya lugar, acompañándole el escrito de inconformidad para la substanciación correspondiente. Asimismo, con diversa copia del escrito de mérito y el presente acuerdo, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente, y hágase del conocimiento de las partes la interposición del recurso en comento. Notifíquese

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que feneció el término de tres días, previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, concedido a las partes para que desahogaran la vista otorgada con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la sentencia amparadora. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a emitir el pronunciamiento correspondiente sobre el cumplimiento a la sentencia amparadora dictada en el presente juicio. Para ello, procede realizar una breve relatoría de las actuaciones emitidas en este asunto, en los siguientes términos: En la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo se concedió el amparo solicitado, para efecto de que, en relación con el acto reclamado consistente en el acuerdo de regularización de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, dictado dentro del expediente ********************, del índice de la responsable, mediante el cual se negaron las medidas cautelares solicitadas, la autoridad responsable: "De la lectura de la resolución reclamada en esta vía constitucional se advierte, por una parte, que la autoridad responsable manifestó no decretar las medidas cautelares solicitadas, al señalar que el artículo 25 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que estas se decretarán cuando se afecte o pueda afectar la vida, la seguridad o la economía de una colectividad de consumidores y en el caso, la reclamación interpuesta por los consumidores solo afecta los intereses personales o particulares y no a una colectividad. Así se advierte que la responsable negó ambas solicitudes formuladas por los quejosos bajo el argumento de solo afectarse intereses particulares, fundado su negativa en la disposición legal citada, no obstante soslayó que una de las peticiones realizadas se planteó en términos del artículo 76 de la citada legislación, para el efecto de que esa Procuraduría promoviera ante la autoridad judicial el aseguramiento de bienes. En efecto, en el escrito inicial de reclamación, los quejosos solicitaron que se promoviera por parte de esa Procuraduría ante la autoridad judicial, el embargo precautorio y/o aseguramiento de bienes, hasta por el monto equivalente a las afectaciones e incumplimientos señalados en los incisos a) y b), del capítulo II, del presente escrito, fundamentando su solicitud en el citado artículo 76 Ley Federal de Protección al Consumidor, sin que la responsable diera contestación puntual a dicha solicitud, pues como bien lo alegan los quejosos, esa medida es independiente y autónoma de las previstas en el artículo 25 Bis de la misma legislación. De ahí, que la responsable debió pronunciarse respecto a dicha solicitud sin que para ello tomara como fundamento lo establecido en el artículo 25 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, sino que debió dar contestación a la petición planteada analizando los requisitos de procedencia que las disposiciones legales establecen de manera particular para que esa Procuraduría Federal del Consumidor promueva ante la autoridad judicial el aseguramiento de bienes y no negarla bajo el argumento de que no se tratara de una colectividad, dado que la disposición normativa en que se funda la petición no contempla ese requisito. Por otra parte, como se indicó, la responsable niega la medida cautelar solicitada prevista en el artículo 25 Bis, fracciones II y IV, de la legislación antes mencionada, al señalar no ser procedente, dado que la reclamación interpuesta por los consumidores solo afecta los intereses personales o particulares y no a una colectividad. Sin embargo, como lo alegan los quejosos, dicha responsable no establece en su acuerdo reclamado cuál es el concepto de "colectividad" que se desprende de la disposición legal en comento, lo cual repercute en una violación al principio de legalidad. En efecto, la autoridad responsable debió precisar cuál era la interpretación que debía darse al término "colectividad", para de ese modo poder afirmar o no, que los quejosos se encontraran dentro de la hipótesis normativa. (.) a) Deje insubsistente la resolución reclamada. b) Con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior o en uno diverso; sin embargo, de optar por el primer caso, deberá purgar los vicios formales señalados en esta sentencia, esto es, deberá expresar los fundamentos y motivos que tome en consideración para resolver.". Por otra parte, en relación con el acto reclamado consistente en la omisión total de tramitar la notificación al proveedor objeto de la reclamación, dentro del expediente ********************, del índice de la responsable; se concedió la protección constitucional para el efecto de que la responsable: "(.) De las constancias remitidas por la responsable se advierte que desde el ocho de octubre de dos mil veinte, la autoridad responsable admitió a trámite la queja presentada por el impetrante de amparo, sin que a la fecha se haya logrado notificar a la parte proveedora y si bien existen diversas actuaciones tendientes a notificarla, lo cierto es que no se ha llevado a cabo. (.) En consecuencia, procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitada para que la autoridad responsable, en el ámbito de sus atribuciones contenidas en el artículo 25 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, lleve a cabo las actuaciones necesarias para lograr la notificación de la parte proveedora en el expediente administrativo ********************." Posteriormente, mediante proveído de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo a la autoridad responsable Director de la Oficina de Defensa del Consumidor Zona Golfo-Centro interponiendo recurso de revisión contra de la sentencia autorizada en este asunto, del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, donde se registró con el número de amparo en revisión ********************; y por ejecutoria de ocho de julio de dos mil veintidós, el tribunal de conocimiento determinó lo siguiente: "PRIMERO. Queda firme por falta de agravio de la parte a quien pudiera perjudicar, el resolutivo primero, regido por el considerando cuarto de la sentencia autorizada el cuatro de agosto de dos mil veintiuno por la Juez Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en Boca del Río, Veracruz, en el juicio de amparo indirecto número ********************, promovido por ********************, ********************, ********************, ******************** y ********************, por conducto de su apoderado ********************, mediante la que sobreseyó en el juicio por cuanto a los actos reclamados a la Procuraduría Federal del Consumidor (cesación de efectos de los actos reclamados "1" y "2"). SEGUNDO. En la materia de la revisión se confirma la sentencia a que se alude en el decisorio anterior en la parte en que la referida Juez de Distrito concedió a los quejosos el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto de los restantes actos de autoridad que se precisan en el resultando primero de esta ejecutoria (actos reclamados "3" y "4")". Así, por auto de tres de agosto de dos mil veintidós se tuvo por recibido dicho testimonio y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento dado al fallo protector. Posteriormente, la autoridad responsable mediante oficio ********************de once de agosto de dos mil veintidós, remitió la resolución de nueve de agosto de dos mil veintidós, con la que refirió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo en los autos del expediente de origen, por lo que se ordenó dar vista a la partes, por el término de tres días, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo; vista que desahogó la parte quejosa. En proveído de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós se tuvo por no cumplida la sentencia dictada en el presente asunto, debido a que la responsable omitió dejar insubsistente la resolución reclamada de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, así como de informar y remitir las actuaciones realizadas para llevar a cabo la notificación de la parte proveedora en el expediente administrativo ********************, por lo que se requirió nuevamente a la responsable el cumplimiento del fallo protector. Con motivo de ello, por oficio PFC/DGODC/GCE/2984/2022 de cuatro de octubre de dos mil veintidós, remitió copia de la resolución de treinta de septiembre de dos mil veintidós, con la que nuevamente intentó dar cumplimiento a la sentencia amparadora, de la que se desprende que dejó insubsistente el acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, y vertió diversas consideraciones. Posteriormente, por diverso oficio ********************de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable remitió copia certificada de las constancias relativas a su expediente ******************** de las que se advierte el exhorto de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, a través del cual se intentó llevar a cabo la notificación al proveedor ******************** Sociedad Anónima de Capital Variable, al expediente de mérito, pero no fue posible como se aprecia de las dos constancias con fecha uno de noviembre de dos mil veintidós. También se advierte una cédula de notificación realizada a la mencionada persona jurídica el nueve de noviembre de dos mil veintidós, de la que se observa que se le notificó el oficio ********************; sin que se aprecie de tales constancias qué fue lo que se notificó a dicho proveedor a través de ese oficio, y sin que la autoridad responsable hubiera remitido copia del mismo a efecto de tener conocimiento del contenido de lo que le fue notificado, para verificar si podía estimarse debidamente enterado del procedimiento administrativo de origen. Posteriormente, mediante proveído de treinta y uno de marzo se determinó que con las constancias remitidas por la autoridad responsable, no se encontraba cumplida la sentencia amparadora, ya que no se advertía que la autoridad responsable hubiera llevado a cabo las actuaciones necesarias para lograr la notificación de la parte proveedora en el expediente administrativo ********************, pues si bien remitió ciertas constancias con el fin de acreditar tal extremo, lo cierto es que de algunas de ellas se obtuvo que no fue posible realizar la notificación intentada, y en otra, se apreció que se le notificó un oficio de dieciocho de julio de dos mil veintidós, sin que la constancia respectiva revele qué fue lo que se notificó a la proveedora mediante ese oficio, ni la responsable remitió copia certificada de esa resolución, que permitiera conocer cuál fue la actuación notificada, para estimar que se encontraba debidamente incorporada al expediente administrativo. Por ende, en el mismo auto, se le requirió de nueva cuenta el cabal cumplimiento, indicándole que debía dejar insubsistente expresamente tanto la resolución reclamada de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, así como las que emitió intentando dar cumplimiento a la sentencia amparadora en fechas nueve de agosto y treinta de septiembre de dos mil veintidós; bajo apercibimiento que de no cumplir con lo solicitado dentro del término que se señala, o no informar el impedimento para ello, se impondría al omiso multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con los preceptos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, la cual hoy equivale a ******************** ********************misma que se actualizaría al momento de realizarse la conducta sancionada, y se seguiría el procedimiento previsto en el artículo 192, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Luego, mediante oficio ******************** de once de abril de esta anualidad, el Director de la Oficina de Defensa del Consumidor Zona Golfo Centro de la Procuraduría Federal del Consumidor,********************, con domicilio en Veracruz, Veracruz, informó que: a) Dejó insubsistentes y sin efectos la resolución emitida el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, así como las que se emitieron en su momento el nueve de agosto y treinta de septiembre, ambas de dos mil veintidós; y b) La audiencia de conciliación se encontraba programada para el siete de febrero de dos mil veintitrés, pero a pesar de que se encontraban notificadas las partes, solo asistió el consumidor por conducto de su representante legal, y que ante la inasistencia del proveedor, se hicieron efectivas la medidas de apremio con las que fue apercibido, dándose por agotada la fase conciliatoria, dejando a salvo los derechos del consumidor para hacerlos valer en la vía y forma que más le conviniera y se turnó el expediente al archivo general como concluido. Asimismo, remitió copia certificada de las determinaciones de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, de nueve de agosto de dos mil veintidós y treinta de septiembre de dos mil veintidós, así como del acta de audiencia de siete de febrero de dos mil veintitrés. De igual manera, mediante oficio ********************de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, el Director de la Oficina de Defensa del Consumidor Zona Golfo Centro en Veracruz, Veracruz, informó que dejó sin efectos la resolución de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, así como las que emitió intentando dar cumplimiento a la sentencia amparadora en fechas nueve de agosto y treinta de septiembre de dos mil veintidós. Asimismo, informó que en fechas uno de marzo de dos mil veintidós, el dieciocho de julio del mismo año y siete de febrero de dos mil veintitrés, se llevaron a cabo las audiencias de conciliación, notificándose a las partes y llegado el día de la audiencia de siete de febrero pasado, se dio comienzo a la misma con la presencia de la parte quejosa, por conducto de su representante legal, inasistiendo la parte proveedora, por lo que se le hicieron efectivas las medidas de apremio correspondientes; del mismo modo la responsable, remitió copia certificada de notificación, en donde la proveedora fue legalmente notificada, sabedora y apercibida de la actuación de fechas uno de marzo de dos mil veintidós, dieciocho de julio del mismo año, y siete de febrero de dos mil veintitrés, imponiéndole las medidas de apremio correspondiente por su inasistencia a las audiencias señaladas. Finalmente, el siete de febrero de dos mil veintitrés, la responsable determinó entre otras cosas, declarar agotada la fase conciliatoria, dejando a salvo los derechos del consumidor para hacerlos valer en la vía y forma que más le conviniera y se turnó el expediente al archivo general como concluido. Dichas constancias merecen valor probatorio, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles; asimismo, se obtiene que: 1) Si bien informó haber dejado sin efectos la resolución emitida el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, así como las que se dictaron en su momento el nueve de agosto y treinta de septiembre, ambas de dos mil veintidós; lo cierto es que no anexó copia certificada del auto o resolución en el que haya proveído al respecto. 2) Que de la copia certificada de la audiencia de siete de febrero de dos mil veintitrés, se desprende que se tuvo por fracasada la fase de conciliación porque a pesar de que se encontraban notificadas las partes, solo asistió el consumidor por conducto de su representante legal, como se acredita con las constancia remitidas anexas al oficio ********************de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, por lo que en el expediente administrativo ********************, ordenó dejar a salvo los derechos del consumidor para hacerlos valer en la vía y forma que más le conviniera y turnó el expediente al archivo general como concluido. En ese sentido, resulta claro que existe imposibilidad material para que la responsable dé cumplimiento a la sentencia de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, toda vez que, como se mencionó en los párrafos que anteceden, la responsable declaró agotada la fase conciliatoria, dejando a salvo los derechos del consumidor para hacerlos valer en la vía y forma que más le conviniera y se turnó el expediente al archivo general como concluido. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara la imposibilidad jurídica de cumplir con la ejecutoria de amparo; dado que se ha tenido por concluido el expediente administrativo de origen, al haber fracasado la etapa conciliatoria. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia PC.III.P. J/16 K (10a.), con número de registro digital 2017531, sustentada por los Plenos de Circuito, Décima Época, Materia Común, consultable en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de dos mil dieciocho, Tomo II, página 1739, bajo el rubro y texto siguiente: "EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. LA IMPOSIBILIDAD DE SU CUMPLIMIENTO PUEDE DECLARARSE, DE PLANO O INTERLOCUTORIAMENTE PREVIO TRÁMITE INCIDENTAL. Conforme al artículo 196, párrafo último, de la Ley de Amparo, el órgano de control constitucional puede decretar de plano la imposibilidad de cumplir una sentencia protectora cuando la causa que la genera está probada fehacientemente y no se tenga duda sobre su operatividad; en cambio, si dicha imposibilidad no está plenamente acreditada o depende de lo que pueda exponer el quejoso, incluso si existe la posibilidad de cumplimiento a través de la adopción de determinadas medidas, debe ordenar abrir un incidente innominado, en términos del artículo 193, párrafo cuarto, de la ley citada para que se decida, interlocutoriamente, lo procedente.". Con lo anterior, se da vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, y hecho lo cual provéase lo que en derecho corresponda. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Pedro Alberto Reyes Ochoa, secretario con quien actúa y da fe. PARO/tmaa*

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que el quince de mayo del año en curso, se realizó el pronunciamiento respectivo al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, mediante el cual, entre otras cosas, se precisó que no estaba cumplida y se requirió el cumplimiento a la sentencia de amparo. Asimismo, se observa que mediante proveído de veintiséis de mayo del presente año, se acordó lo relativo al oficio signado por el Director de la Oficina de Defensa del Consumidor Zona Golfo-Centro, con residencia en Veracruz, Veracruz, mediante el cual refirió interponer recurso de revisión contra "la sentencia definitiva dictada de fecha quince de mayo de dos mil veintitrés", por lo que se tuvo por interpuesto el recurso de revisión y se ordenó que una vez se estuviera integrado se remitiera al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, en turno, con residencia en Boca del Río, Veracruz. En el referido proveído de veintiséis de mayo, se acordó lo relativo a las constancias remitidas por la autoridad responsable Director de la Oficina de Defensa del Consumidor Zona Golfo-Centro, con residencia en Veracruz, Veracruz, con las cuales se tuvo informando sobre el cumplimiento a la sentencia amparadora dictada en el presente juicio y asimismo, con fundamento en el 196 de la Ley de Amparo, se dio vista de cumplimiento a las partes, misma que fue desahogada por el autorizado de la parte quejosa el dos de junio del año en curso. Por acuerdo de trece de junio del año en curso, se ordenó remitir el recurso de revisión al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, en turno, con residencia en Boca del Río, Veracruz, mismo que le correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, el cual informó que lo desechó por improcedente el recurso de revisión interpuesto por el Director de la Oficina de Defensa del Consumidor Zona Golfo-Centro, con residencia en Veracruz, Veracruz, por lo que devolvió los originales del presente expediente e informó que causó estado la anterior determinación. En ese tenor, visto el estado procesal de los presentes autos, con fundamento en los artículos 192 y 196, último párrafo de la Ley de Amparo, túrnense los autos a fin de dictar la resolución que corresponda respecto al cumplimiento de la ejecutoria de mérito.RASG

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, uno de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite los autos del juicio en que se actúa e informa que causó estado el acuerdo en el que se desechó por improcedente el recurso de revisión interpuesto por el el Director de la Oficina de Defensa del Consumidor Zona Golfo-Centro, con sede en la ciudad de Veracruz, en contra de la determinación de quince de mayo del año en curso en la que se tuvo por no cumplida la sentencia dictada en el presente asunto. Acúsese el recibo de estilo y háganse las anotaciones en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento Expedientes. Notifíquese.

Quedan 32 actuaciones en este expediente

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