JORGE ALBERTO ARCE QUINTANA y Otros.
Expediente 1696/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1696/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- JORGE ALBERTO ARCE QUINTANA y Otros.
- LUIS RAÚL ARCE QUINTANA y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA VI. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, sin que el promovente del juicio de amparo haya interpuesto recurso de queja, conforme al diverso numeral 99 de la citada legislación, en contra del auto de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ***; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que este expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo del año en curso); por tanto, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo, destrúyase dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del citado numeral y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación del propio Consejo. Por otra parte, se hace notar que en el presente juicio de amparo no se formó tomo por separado. Finalmente, la parte quejosa exhibió documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XVIII, del referido Acuerdo General; por tanto, requiérase a aquélla para que en el término de noventa días comparezca a este juzgado a recogerlos, previa copia certificada de los mismos, identificación y razón de recibo que se deje en autos para debida constancia legal, apercibida que de no hacerlo serán destruidos, de conformidad con lo que establece el artículo 21, párrafo segundo, de ese Acuerdo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
MESA VI.- Vista la demanda de amparo promovida por ***, *** Y ***, contra actos de la Dirección de Catastro e Impuesto Predial del Municipio de Yautepec, Morelos; regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 1696/2021-VI, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y fórmese expediente impreso y electrónico. DESECHAMIENTO [...] Ahora, de la lectura integral de la demanda, se advierte que los actos reclamados por la parte quejosa consisten en esencia: "La resolución por la cual se les condena al pago del impuesto predial" De lo anterior, se advierte la indudable y manifiesta causal de improcedencia, prevista en el artículo 107, fracción IV, de la Carta Magna, en relación con el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución" LEY DE AMPARO "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior" [.]" De la cita que antecede, se tiene que cuando exista un medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda modificarse, revocarse o nulificarse el acto que se reclama y que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los requeridos por la Ley de Amparo, el juicio de amparo será improcedente. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo en esta materia, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos en la ley y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos administrativos no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública. Es oportuno precisar, que si de acuerdo a la fracción XX, del artículo 61, de la ley de la materia, el amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que deban ser revisados de oficio conforme a las "leyes que los rijan", entonces es necesario determinar el alcance de tal expresión, la cual debe entenderse como todos aquellos ordenamientos legales, que guardan estrecha relación con tales actos, ya sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación, debiéndose tomar en consideración que no siempre tales actos serán normados por un solo cuerpo legal, sino que puede darse el caso de que lo sea por varios, e incluso sólo en uno se prevenga lo relativo al recurso, juicio o medio de impugnación que proceda contra ellos, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados... Bajo esa premisa, es menester transcribir los artículos 218 y 219 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, el cual prevé: "Artículo 218. Contra los actos administrativos dictados en materia fiscal por autoridades fiscales del Estado, será procedente el recurso de revocación. Las resoluciones dictadas con motivo de recursos no establecidos en ley o en contra de las leyes serán nulas de pleno derecho. Artículo 219. El recurso de revocación procederá contra: I. Las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales del Estado que: a) Determinen contribuciones, accesorios y aprovechamientos, o b) Nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la Ley, y II. Los actos de las autoridades fiscales del Estado que: a) Exijan el pago de créditos fiscales, cuando se alegue que éstos se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido, siempre que el cobro en exceso sea imputable a la oficina ejecutora o se refiera a recargos, gastos de ejecución o a la indemnización a que se refiere el artículo 47 de este Código; b) Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se alegue que éste no se ha ajustado a lo establecido en este Código; c) Afecten el interés jurídico de terceros, en los casos a que se refiere el artículo 221 de este Código, y d) Determinen el valor de los bienes embargados a que se refiere el artículo 193 de este Código." De estos preceptos se advierte que la parte quejosa está en la posibilidad de impugnar la resolución que refiere, y que trae como consecuencia el cobro del impuesto predial, dado que a el recurso de revocación, que se encuentra previsto en el artículo 218 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, asimismo, el artículo 232 párrafo tercero, contempla la suspensión del efecto de la resolución recaída al recurso hasta que se dicte la sentencia que ponga fin a la controversia, esto, cuando se interponga un medio de impugnación: "Artículo 232. Las autoridades fiscales que hayan emitido los actos o resoluciones recurridas, y cualquier otra autoridad relacionada, están obligadas a cumplir las resoluciones dictadas en el recurso de revocación, conforme a lo siguiente: Cuando se interponga un medio de impugnación, se suspenderá el efecto de la resolución recaída al recurso hasta que se dicte la sentencia que ponga fin a la controversia. Asimismo, se suspenderá el plazo para dar cumplimiento a la resolución cuando el contribuyente desocupe su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente o cuando no se le localice en el que haya señalado, hasta que se le localice." Por lo que, ante la existencia de un medio ordinario de defensa adecuado y eficaz con el que se pueden modificar, revocar o nulificar los actos reclamados, resulta obligatorio que, previo a promover demanda de amparo, la parte quejosa, agote el medio ordinario de defensa a su alcance, pues de actuar de modo diverso como lo hizo, torna improcedente el juicio de derechos fundamentales. Por tanto, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra los actos y resoluciones impugnables a través del recurso de revocación, con la salvedad de que no habrá obligación de promoverlo en los casos en que se actualice alguna excepción al principio de definitividad. De lo antes expuesto, se puede concluir que la omisión reclamada en el presente juicio de amparo puede y debe ser impugnado mediante recurso de revocación, conforme al artículo 218 y 219 del Código Fiscal para el Estado de Morelos; en consecuencia, la parte quejosa está obligada a respetar el principio de definitividad que prevé el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo que significa que es improcedente el juicio de amparo en esta vía bi-instancial, ya que el referido acto puede tener un remedio ante la autoridad del orden común en términos de los preceptos citados en párrafos precedentes, ya que son estos los que en su caso rigen al acto reclamado y podrían modificar, revocar o, decretar su nulidad Cabe precisar que en la especie no se actualiza alguna hipótesis de excepción al principio de definitividad, por las razones que enseguida se expondrán... Por lo anterior, conviene tener en cuenta que el principio de definitividad admite otras excepciones, algunas previstas legalmente y otras derivadas de la interpretación de la ley efectuada por los tribunales. Consecuentemente, debe determinarse a continuación si en el caso se actualiza alguna excepción al principio de definitividad distinta a las que anteriormente fueron objeto de estudio. 1. Cuando se impugnan leyes con motivo de su primera aplicación. Dicha excepción al principio de definitividad obedece a que el agraviado solamente podrá atacar la inconstitucionalidad de la norma ante el Juez de Distrito, ya que las autoridades judiciales o administrativas encargadas de resolver los juicios o recursos ordinarios no son las idóneas para ocuparse de ellas por tratarse de cuestiones cuya solución atañe en forma privativa al Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, de la demanda de cuenta no se advierte que la parte promovente reclame la inconstitucionalidad de alguna ley, o bien, que se esté en presencia de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para determinar que se surte algún caso de excepción al principio de definitividad. 2. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan. Al respecto, si bien la parte quejosa aduce violaciones a sus derechos fundamentales; es de apreciarse que no le asiste el carácter de tercero extraño. Por tanto, no se aprecia que en el caso la parte quejosa se encuentre en algún supuesto de excepción al principio de definitividad, para considerar que el juicio de amparo sea procedente, dado que primeramente no se combate alguna norma general con motivo de su primer acto de aplicación; asimismo, conoce los motivos y sustento legal de la actuación de la autoridad responsable y el análisis propuesto versa por ende, sobre violaciones indirectas las cuales deben plantearse en el medio ordinario de defensa, máxime que del documento que anexa a su demanda de amparo, se advierte la fundamentación y motivación del acto que reclama la quejosa... Consecuentemente, ya que no se verificó excepción alguna al principio de definitividad, se estima que debió promoverse el recurso de revocación antes de acudir a la instancia constitucional. Así, la parte promovente está obligada a observar el principio de definitividad que rige la materia, en tanto que el hecho de que el acto reclamado pueda obtener la cualidad de ser irreparable, no la exime de hacer valer los medios ordinarios de defensa previstos en su contra, como es precisamente el juicio de nulidad, ya que la definitividad se refiere fundamentalmente al alcance de los medios de defensa y no a la naturaleza de los actos impugnados... Corolario de lo expuesto, de conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que se desecha la demanda de amparo, con el objeto de que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa acuda oportunamente a los medios ordinarios de defensa a hacer valer sus derechos. Cabe destacar que la determinación anterior no contraviene la garantía de acceso a la justicia tutelada por el artículo 17 constitucional, ya que ese derecho es limitado, puesto que para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual además brinda certeza jurídica; aunado a la circunstancia de que con esta determinación queda incólume el derecho del inconforme para interponer los recursos y los juicios que procedan en defensa de los derechos que estime vulnerados; además, es acorde a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica)... En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo se DESECHA la demanda de amparo de que se trata. Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente... DOMICILIO Y AUTORIZADOS Asimismo, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo, así como 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se faculta al Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y Actuario adscritos, a efecto de que permita a la ocursante la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, así como se realicen las notificaciones que en el mismo se ordenen, aún las de carácter personal, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con el nombre de usuario ***. Ahora, en relación al domicilio que señala para el efecto de oír y recibir notificaciones, dígase a la parte quejosa que no ha lugar a tenerlo por designado, en razón de que solicitó que las notificaciones se le realizaran vía electrónica, por lo que no pueden subsistir ambos medios de notificación. Por otra parte, se tienen por autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que indica, en virtud de que no proporciona los datos de sus cédulas profesionales, ello en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo el cual dispone: [...] SEÑALAMIENTO DE MEDIOS ESPECIALES DE COMUNICACIÓN NO PROCESAL Por otra parte, respecto a los medios especiales de comunicación que refiere para oír y recibir notificaciones, dígase al promovente que no ha lugar a tenerlos por señalados; ello, con fundamento en el artículo 26 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos medios de notificación especial no se encuentran previstos por la ley de la materia. No obstante, lo anterior, se tiene el número telefónico y correo electrónico proporcionado, como medios de comunicación no procesal con dicha parte. EXHORTACIÓN PARA TRAMITAR ASUNTO "EN LÍNEA" De conformidad con el artículo 22, fracciones I y II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea. Asimismo, se les conmina para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correo electrónico, teléfono o servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En este sentido, se hace del conocimiento que de ser necesario, las comunicaciones no procesales que se realicen, a criterio del órgano jurisdiccional, podrán incorporarse al expediente previa certificación correspondiente, para los efectos legales conducentes. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. HACM
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