Jorge Alberto Alatorre Flores
Expediente 23/2018 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 23/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/01/2018
Partes del expediente
- Jorge Alberto Alatorre Flores
Actuaciones
- Principal
I. Autoridad acepta competencia. Téngase por recibido el oficio 1769/2018 signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con el que acusa recibo del oficio por medio del cual, este juzgado le remitió los autos originales del juicio de amparo indirecto 23/2018 y cuatro copias de demanda, e informa que aceptó la competencia declinada. II. Orden de archivo. Por ende, toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente concluido, archívese. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de seguimiento de Expedientes y en la carátula del expediente. III. Valoración del expediente. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, en el que se establecen los lineamientos para depuración y destrucción de los juicios de amparo, se considera que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en el plazo de seis meses a que alude dicho artículo, toda vez que se declaró la incompetencia para conocer del asunto.
- Principal
I. Radicación. Téngase por recibida la demanda promovida por Jorge Alberto Alatorre Flores, por propio derecho, contra actos de la Comisión Nacional para la Protección y la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Delegación Jalisco. II. Creación del expediente. Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 23/2018. III. Decisión sobre la instancia constitucional. 1. Incompetencia. Del examen de la demanda de garantías, se advierte que este juzgado de Distrito carece de competencia legal para su conocimiento, como se verá a continuación. Los artículos 52 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, contienen los lineamientos para que los juzgados de distrito en materias civil y administrativa ejerzan jurisdicción. De los numerales transcritos se desprende que los Jueces de Distrito en materia administrativa conocerán del amparo contra los actos provenientes de un acto de autoridad o de un procedimiento de autoridad administrativa, en los cuales apliquen leyes federales, o de aquellos actos de procedimientos seguidos por autoridades administrativas, ya sean actos u omisiones en juicio o fuera de juicio o después de concluido éste, contra leyes o disposiciones de observancia general en materia administrativa, o actos de autoridad distinta a la judicial, o contra actos de tribunales administrativos ejecutados en juicio, fuera de él o después de concluido. También se desprende que los jueces de Distrito en materia civil conocerán de los juicios de amparo contra resoluciones del orden civil, en los casos a que se refiere la fracción VII del artículo 107 constitucional; de los juicios de amparo contra leyes, y de los juicios de amparo que no están enumerados en los artículos 51, 52 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Aunado a lo anterior, es primordial establecer que si bien se advierte que las reglas para la distribución de las competencias, tratándose de Juzgados de Distrito especializados por materia, toman como elemento para determinar la competencia material tanto el carácter de la autoridad emisora del acto reclamado, como la naturaleza del acto que emiten, también lo es que las reglas para la distribución de las competencias ponen especial énfasis en el contenido material del acto reclamado, tal y como sucede en las impugnaciones de leyes o de disposiciones de carácter general, en donde no infiere el carácter de la autoridad emisora para determinar la naturaleza del acto que se reclama en amparo; en ese orden, es claro que el elemento fundamental para determinar la competencia material, lo es la naturaleza del acto que prevalece sobre la calidad de la autoridad que lo emite. Entonces, en el amparo biinstancial lo que define la competencia material del órgano jurisdiccional es la naturaleza del acto reclamado, puesto que es éste el que permite el análisis constitucional. Ahora bien, de la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa reclama de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), lo siguiente: ".IV.- LA RESOLUCIÓN CONSTITUTIVA DEL ACTO RECLAMADO.- La falta de acuerdo y trámite a mi denuncia de fecha 13 trece de junio del año 2017 dos mil diecisiete, presentada ante la Autoridad señalada como Responsable y demás consecuencias legales de las cuales exhibimos a Usted C. Juez de Distrito el acuse correspondiente con sello de recibido" En ese sentido, se advierte que la omisión materia del acto reclamado, no deriva de una autoridad jurisdiccional del orden civil, ni es promovido contra leyes o disposiciones de observancia general en materia civil; sino que, lo que se reclama, es una omisión realizada una autoridad distinta de la judicial en materia civil, ya que se refiere como autoridad responsable a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) Delegación Jalisco; de ahí que dicho acto queda sólo en la mera aplicación de leyes federales administrativas como lo es la Ley de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Lo anterior, no obstante que se puede considerar que los actos emitidos por dicha autoridad puedan corresponder a una naturaleza diversa a la administrativa, tal como lo resuelve la jurisprudencia de rubro: "COMISIÓN NACIONAL DE ARBITRAJE MÉDICO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UN LAUDO ARBITRAL EMITIDO POR AQUÉLLA, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL, pues en el caso se considera que dicho criterio no resulta aplicable por el momento. En efecto, la citada comisión tiene como fin el objetivo promover los derechos de los usuarios de esos servicios, creando una instancia a través de la cual se puedan dilucidar, vía arbitraje los conflictos que se presenten entre los usuarios y los prestadores de servicios financieros, pues su función se entiende como la de un órgano administrativo especializado y autónomo que funge como un conciliador que debe asesorar, proteger y defender los derechos de los usuarios mediante el análisis del marco jurídico aplicable y que rige la relación contractual entre las partes, quienes, en caso de no llegar a una conciliación podrán optar por someterse al arbitraje o dejarán a salvo sus derechos para someterse a los tribunales competentes en la vía que corresponda, esto es, la vía judicial; lo que en la especie, aun no acontece. Así pues, se estima que se debe atender a la naturaleza del acto reclamado el cual se traduce en la omisión de atender la reclamación interpuesta por el aquí quejoso, contra una institución financiera, ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), de ahí que ello implica que se le atribuya un no hacer en el ámbito administrativo pero no jurisdiccional, pues es evidente que aún no existe conflicto alguno que pueda derivar en la instauración de un juicio arbitral, y por ende, en el dictado de un laudo de esa naturaleza, para entonces proceder al análisis de fondo de las legislaciones que resulten aplicables y que refiere la ejecutoria en comento. Con todo, al no haberse generado aún la contienda judicial (juicio arbitral) es claro que corresponde a un Juez de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo en el Estado de Jalisco, el conocimiento del presente asunto, pues, acorde con la fracción II del artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el arábigo 65 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, corresponde a los Jueces de Distrito en Materia Administrativa conocer del juicio de amparo, dado que en su caso, se insiste, la omisión de la citada comisión, implica que actué en el ámbito de esa rama del derecho (administrativo), al regirse y sustentar la determinaciones que emite en la mencionada Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Sustenta lo anterior el siguiente criterio: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA QUE DESECHA POR EXTEMPORÁNEA UNA RECLAMACIÓN. CORRESPONDE A LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. Del contenido de los artículos 4o., 5o., 63, 65 y 68 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros se advierte que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene como encomienda la protección y defensa de los derechos e intereses de los usuarios frente a las instituciones financieras; además, que los usuarios podrán interponer sus reclamaciones dentro del término de dos años contados a partir de que se presente el hecho generador o, en su caso, a partir de la negativa de la institución financiera a satisfacer las pretensiones del usuario, y que al recibir una reclamación formulada, dicha comisión debe agotar el procedimiento conciliatorio, lo que se cumple al citar a las partes a una audiencia. En ese orden de ideas, cuando en el juicio de garantías el acto reclamado consista en una determinación en la que la CONDUSEF, con fundamento en el citado artículo 65, deseche por extemporánea una reclamación presentada por la quejosa, es inconcuso que la litis constitucional versa sobre aspectos propios del campo del derecho administrativo; esto es así, porque la indicada comisión es una autoridad de naturaleza administrativa, de lo que se colige que al emitir el acto reclamado actuó en el ámbito de esa rama del derecho, al sustentar su determinación en la mencionada ley. Por tanto, acorde con la fracción II del artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, corresponde a los Jueces de Distrito en Materia Administrativa conocer del juicio de amparo promovido contra la mencionada resolución" Similar criterio sostuvo el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil al resolver el conflicto competencial 8/2015 relativo al juicio de amparo 526/2015, del índice de este juzgado. En consecuencia, se estima que este juzgado de Distrito, no es competente legalmente para conocer del acto reclamado de que se trata, en tanto que no se actualizan los supuestos contenidos en el artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítanse el presente expediente al Juez de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en turno, para el efecto de que resuelva si acepta la competencia declinada e informe lo conducente, con la finalidad de que este juzgado federal, se encuentre en oportunidad de proveer lo que en derecho corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 2674, del Tomo CIII, de la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA EN AMPARO POR RAZÓN DE LA MATERIA. Para resolver una cuestión de competencia, deben juzgarse los actos reclamados de acuerdo con su naturaleza y no conforme a la interpretación que de ellos haya hecho el quejoso en su demanda de amparo, pues tal criterio podría permitir que, en ocasiones, a un acto esencialmente penal, se le diera carácter administrativo, o viceversa" Por los motivos que la informan, la tesis I.14o.C.8 K, consultable en la página 1773, Tomo XVIII, Agosto de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto indican: "JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS POR RAZÓN DE MATERIA. SU COMPETENCIA SE DETERMINA CONFORME A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. La competencia para conocer de una demanda de garantías por razón de la materia deriva de la naturaleza del acto reclamado, pero no de la autoridad que sea señalada como responsable; por ello, si la parte quejosa señaló en la demanda de amparo como responsables a autoridades de distinta materia, como lo son el Juez de lo Civil y el tribunal administrativo, y si a la primera le atribuyó actos de naturaleza civil como lo es todo lo actuado en el juicio de restitución de parcela, el cual ha concluido con sentencia y está en la etapa de ejecución, y por otra parte, a la segunda de ellas que tiene naturaleza administrativa le atribuyó como acto reclamado el auto por cuya virtud declaró carecer de competencia legal para conocer del procedimiento de restitución de parcela, y si de las constancias de autos se pone de manifiesto que la autoridad del orden civil aceptó y sustanció el procedimiento respecto del cual la autoridad administrativa adujo no tener competencia para ello, es evidente que lo actuado por la autoridad administrativa se subsumió en la aceptación de competencia de la autoridad del orden civil, por lo que deberá estarse, conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo, a que la naturaleza del acto y su ejecución corresponden a un Juez de Distrito en esta materia, puesto que al aceptarse la competencia del procedimiento administrativo declinado por esta autoridad, los actos de ella quedaron inmersos en el actuar de la autoridad del orden civil" Y, la tesis aislada I.6o.T.278 L, consultable, en la página 2339, del tomo XXIII, Enero de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMPETENCIA POR MATERIA ENTRE JUZGADOS DE DISTRITO DEL TRABAJO Y ADMINISTRATIVO. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL ACTO Y SU CONTENIDO. Para dilucidar la competencia entre Juzgados de Distrito para conocer del juicio de amparo indirecto, debe establecerse que la naturaleza del acto y su contenido son los únicos elementos que deben tomarse en cuenta para decidir el órgano jurisdiccional que debe conocerlo. Así, en materia laboral no basta que el acto se emita por una autoridad de las previstas en el numeral 523 de la Ley Federal del Trabajo, ni que ese acto se funde en algún dispositivo de dicha ley, sino que debe atenderse a si éste es de contenido materialmente laboral. Para ello deben considerarse sus elementos distintivos, esto es, existen actos cuyo contenido material tiene por objeto aspectos eminentemente laborales, como son la sindicación, la huelga, y la contratación colectiva, que conforman las herramientas dotadas a la clase trabajadora para superar sus derechos y disminuir sus obligaciones legales, lo que le permite nivelar la fuerza social con la económica del patrón. De esta manera, las controversias que se refieren a la formación, registro, funcionamiento y dirección de las organizaciones sindicales, así como los conflictos intergremiales o de los sindicatos con sus agremiados, quedarán enmarcados dentro del ámbito del derecho del trabajo. Bajo esa premisa, los Juzgados de Distrito en Materia de Trabajo conocerán de los asuntos sometidos a su potestad, siempre que se vinculen con alguno de los aspectos antes señalados; de no ser así, el acto reclamado quedará en el mero ámbito de la relación autoridad-gobernado; y, por consecuencia, deberá estimarse que se trata de un acto materialmente administrativo cuyo conocimiento corresponderá a un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa." Fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito. IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Quejoso. i. Jorge Alberto Alatorre Flores. a. Domicilio. Téngase como domicilio para recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda. b. Autorizados. Se tienen como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la invocada ley, a Carlo y Juan Pablo, ambos de apellidos Goméz Taylor al contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en términos del arábigo 24 de la propia norma, esto es para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a las diversas personas que menciona por así solicitarlo expresamente. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. VI. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. VII. Notificación a la parte quejosa por medio de lista. Notifíquese por lista el presente proveído, de conformidad con la jurisprudencia 1496, que dice: "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALIA DE PARTES COMUN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCION. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE." Lo anterior también se apoya en el hecho de que el Tribunal que se considera competente, al momento de radicar y aceptar el conocimiento del asunto, notificará de manera personal dicho proveído, atento al criterio de la jurisprudencia de rubro: "RADICACIÓN DEL JUICIO EN OTRO JUZGADO, POR INCOMPETENCIA. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO."
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