Jorge Alberto Acosta De la Cruz

Expediente 88/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
88/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
09/06/2022

Partes del expediente

  • Jorge Alberto Acosta De la Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese recurrido el auto de once de abril de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, dictada por este Juzgado; por tanto, se declara que ha causado ejecutoria. Archívese el presente como asunto concluido. Este expediente es DESTRUIBLE. Notifíquese y por oficio a las autoridades responsables.

  2. Principal

    Agréguense a los autos los informes justificados de las autoridades de cuenta; con apoyo en lo establecido por el diverso numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las documentales que anexaron las dos primeras y última, de las mencionadas autoridades responsables. Ahora bien, de las constancias que acompañaron las responsables a sus informes de ley, se aprecia que no es necesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional para resolver el juicio al rubro identificado, toda vez que se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable, misma que en modo alguno se podría desvirtuar con algún elemento de prueba que pudiera ofrecer la parte quejosa. En atención a lo anterior, del estudio integral de la demanda de amparo y atendiendo a la naturaleza y fines del juicio de amparo, debe precisarse que los actos reclamados consisten en: *** En esa tesitura, respecto del acto que reclamó de la Junta Especial Número Cuarenta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche y Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, ambos con sede en esta ciudad, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". Lo anterior es así, debido a que de las constancias que anexó el Auxiliar de la Junta Especial Número Cuarenta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche -en representación de la Junta y del Presidente de la misma-, en cumplimiento a lo solicitado en auto de veintitrés de marzo de esta anualidad, remite copias certificadas del laudo dictado el veinticinco de febrero de dos mil veintidós y de las cedulas de notificación; lo que acreditó con las constancias que acompañó a su informe. Documentales públicas que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. **** De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. *** En el caso concreto, desde el auto de admisión se estableció que la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables: la omisión e incorrecta aplicación a las disposiciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo, el exceso legal para emitir el laudo correspondiente. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos de los actos reclamados, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido al impetrante de amparo la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma al peticionario en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción I, de la propia ley. **** A la luz de estas premisas, válidamente se puede afirmar que las causales de improcedencia constituyen por regla general parámetros objetivos que cumplen a cabalidad con el estándar internacional y, por ende, no configuran una denegación de justicia. *** En esa virtud, se deja sin efectos la fecha de audiencia constitucional programada para las nueve horas con cincuenta minutos del diecinueve de abril de dos mil veintidós. Notifíquese; personalmente tanto a la parte quejosa como al Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado de distrito y por oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera, sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, procede al análisis de oficio de dicho cumplimiento, con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, este órgano de control constitucional considera que la autoridad responsable, con la constancia mencionada en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, al haberse restituido al quejoso en el goce de su derecho fundamental, con lo que se concluye que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Finalmente, glósense a los autos el oficio y telegrama de cuenta remitidos por la Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche con residencia en Ciudad del Carmen; sin que sea necesario hacer mayor pronunciamiento al respecto, en atención a lo acordado en párrafos que anteceden. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que obran las constancias de notificación a las partes, correspondientes al recurso de revisión interpuestos por *************, autorizada en términos amplio del artículo 12 de la Ley de Amparo de la quejosa *****************; por tanto, en cumplimiento al acuerdo de ocho de abril de dos mil veintiuno, remítase el original del escrito de agravios y el expediente en que se actúa, debidamente integrado, foliado, rubricado y entresellado, en términos del artículo 63 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, para la substanciación del citado medio de impugnación. Por último, hágasele del conocimiento a la Superioridad, que se habilitó el acceso a la versión digital del presente juicio de amparo, para los efectos legales conducentes. Como evidencia a lo anterior, se adjunta la siguiente captura de pantalla, tomada desde la dirección electrónica: http://sise.cjf.gob.mx/Sise/Expediente/Comunes/AmparoIndirecto.aspx. Notifíquese.

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