Jorge Aguilar Morado
Expediente 984/2014 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 984/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 23/03/2015
Partes del expediente
- Jorge Aguilar Morado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
México, Distrito Federal, a veintitrés de marzo de dos mil quince. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 86 de la Ley de Amparo, concede a las partes para interponer el recurso de revisión contra la sentencia dictada por este juzgado en el juicio de garantías en que se actúa, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Consecuentemente, conforme al Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción IV, se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, consecuentemente transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no constan documentos originales. Por otra parte, ya que del estado de autos, se advierte que el Juez Vigésimo Penal de Delitos No Graves remitió copia certificada de diversas constancias, por lo que fueron aperturados los anexos I, II y III; y, ya que en esta fecha se ordenó el archivo del presente juicio de amparo, es innecesario que dichas documentales continúen a disposición de éste juzgado federal; por tanto, devuélvanse los referidos anexos a dicha autoridad, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
(Cédula de notificación) con esta fecha se notifica por lista de acuerdos el proveído de veintiseis de febrero del dos mil quince a la parte quejosa, el cual en lo conducente dice:" ANTECEDENTES 1. Del acto reclamado. En 2007, en un juicio familiar se dictó sentencia definitiva que otorgó la guarda y custodia definitiva de la menor hija del quejoso, a favor de la concubina del impetrante; sin embargo, el promovente retuvo a la menor desde ese año, hasta febrero de 2013, que fue recuperada por policía de investigación. En septiembre de 2014, la autoridad responsable dictó auto de formal prisión al quejoso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de retención de menores, en agravio de su menor hija -acto reclamado-. Del trámite del juicio de amparo. Presentación de la demanda: 10 de octubre de 2014 (foja 2). Admisión de la demanda sin incidente de suspensión: 14 de octubre de 2014. Emplazamiento al Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado: 15 de octubre 2014. Emplazamiento al Ministerio Público adscrito al juzgado responsable: 15 de octubre de 2014. Emplazamiento a tercero interesado: 19 de noviembre de 2014 (fojas 27, 28 y 29). Audiencia constitucional: 9 de diciembre de 2014. CONSIDERACIONES Competencia Este Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en razón de que el acto que se reclama es de naturaleza penal y las autoridades responsables residen en el lugar en el que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Fijación de litis. De conformidad con el artículo 74 de la Ley de Amparo, el acto reclamado es el siguiente: Auto de formal prisión de 19 de septiembre de 2014, dictado en la causa penal 77/2014, en contra del quejoso Jorge Aguilar Morado, por el delito de retención de menores, previsto en el artículo 173 del Código Penal para el Distrito Federal. Certeza de los actos reclamados Autoridad Responsable Acto Reclamado Sentido de informe Foja Juez Vigésimo Penal de Delitos No Graves del Distrito Federal Auto de formal prisión de 19 de septiembre de 2014, dictado en la causa penal 77/2014, en contra del quejoso Jorge Aguilar Morado, por el delito de retención de menores, previsto en el artículo 173 del Código Penal para el Distrito Federal. ACEPTA 17 El Juez Vigésimo Penal de Delitos No Graves del Distrito Federal, aceptó la existencia del auto que reclama el quejoso. Lo que se corrobora con las constancias que acompañó a su informe justificado, consistentes en copias certificadas de la causa penal, que al ser documentales públicas, se les concede pleno valor probatorio, por lo que el acto está plenamente acreditado. Procedencia. Las partes no hicieron valer causal de improcedencia, ni este juzgador advierte la existencia de alguna. Análisis de fondo. Son infundados los conceptos de violación que hizo valer el quejoso, sin que exista motivo para suplir la deficiencia a su favor en términos del artículo 79 fracción II inciso a) de la Ley de Amparo, por lo que es procedente negar el amparo solicitado, por las consideraciones que a continuación se precisan. Para comprensión del presente asunto, previo estudio de fondo, conviene precisar algunos antecedentes relevantes del acto reclamado. La denunciante Gloria Cristina Méndez Rosas y el quejoso procrearon una niña (nació el 10 de octubre de 2005), el impetrante en abril de 2007, se la llevó de la ciudad de Puebla sin la autorización de su concubina; como consecuencia de ello, la denunciante promovió controversia del orden familiar, ante el Juzgado Quinto Familiar del Distrito Federal, quien concedió la guarda y custodia definitiva a favor de la mamá de la menor. El quejoso interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primer grado, confirmada el 5 de julio de 2007, por la Quinta Sala Familiar del Distrito Federal. En contra de la sentencia de segundo grado el impetrate promovió juicio de amparo directo, y el 24 de septiembre 2007, el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Distrito Federal, negó el amparo al aquí quejoso. Al impetrante se le atribuye que retuvo a su menor hija desde el 24 de septiembre de 2007 (en que se resolvió el amparo directo), hasta el 19 de febrero de 2013, en que fue rescatada por policía de investigación del Distrito Federal. Por tanto, la autoridad responsable dictó auto de formal prisión al promovente por su probable responsabilidad en la comisión del delito de retención de menores. Ahora, el amparista señaló que se vulnera en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Federal, y formuló conceptos de violación que en esencia los consistieron en que al suscitarse los hechos el quejoso ejercía la patria potestad junto con la denunciante (concubina) por lo que no hay retención de la menor, ya que la guarda y custodia se decretó con posterioridad a la ruptura familiar, que en todo caso lo que hay es desacato a un mandato judicial. Asimismo, expone que no lesionó el bien jurídico tutelado porque todo el tiempo la menor estuvo en el domicilio común que establecieron sus padres, por lo que no la sustrajo. Sin embargo, como se adelantó, son infundados los conceptos de violación porque el acto reclamado no conculca el artículo 14 constitucional, pues de autos se aprecia que existe un procedimiento judicial seguido en contra del quejoso, se observaron las formalidades esenciales del procedimiento conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, en tanto que se integró averiguación previa sobre el delito atribuido; se consignó ante la responsable, la que tomó declaración preparatoria al quejoso, asistido de su defensor particular, en la que se reservó a declarar y tuvo la oportunidad de aportar pruebas, lo que constituyen formalidades esenciales que fueron observadas. No se aprecia que se haya aplicado retroactivamente una ley en su perjuicio, ni que el acto reclamado vulnere el principio constitucional de exacta aplicación de la ley, pues como se analizará más adelante, los hechos valorados por la responsable encuadran en la descripción típica del artículo 173, párrafo primero del Código Penal para el Distrito Federal. Por otra parte, la responsable no trastoca en perjuicio del quejoso el artículo 16 constitucional, en virtud de que además de adoptar la forma escrita, fue emitido por juez competente, por materia y fuero. Asimismo, el acto reclamado se encuentra debidamente fundado y motivado, toda vez que la responsable indicó los preceptos legales aplicables que contienen la descripción típica del delito y los diversos para la valoración de pruebas. También el acto reclamado se encuentra debidamente motivado, ya que el juez de la causa expuso con qué pruebas acreditó los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del quejoso, de igual forma precisó lo que obtuvo de cada una de las pruebas, haciendo uso de la prueba circunstancial para tenerlos por demostrados. Así, la valoración del material probatorio que integra la causa penal, que realizó la responsable en términos de lo dispuesto en los artículos 245, 250, 254, 255 y 261 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, no contraviene el principio de legalidad en perjuicio del quejoso; por tanto, se tienen satisfechas las exigencias constitucionales y legales para el dictado de un auto de formal prisión. En ese contexto, podemos afirmar que las conclusiones a que arribó la autoridad responsable, tienen sustento en una correcta valoración de las pruebas que integran el sumario, es decir, apegada a la legalidad, además de ser producto de un recto discernimiento a partir del cumplimiento irrestricto a las reglas de la sana crítica, lo que desde luego implicó el empleo de las máximas de la experiencia y de la lógica. Ahora, el delito que se le atribuye al quejoso está previsto en el artículo 173 del Código Penal para el Distrito Federal (vigente), que establece: "Artículo 173. Se impondrá de uno a cinco años de prisión y de cien a quinientos días multa, al ascendiente, descendiente, cónyuge, pariente colateral o afín hasta el cuarto grado, que sustraiga, retenga u oculte a un menor o incapaz y que sobre éste no ejerza la patria potestad, la tutela o mediante resolución judicial no ejerza la guarda y custodia." Así, de dicho precepto se advierten los elementos del cuerpo del delito en el presente asunto, a saber: a. Ascendiente (sujeto activo). b. Menor (sujeto pasivo). c. Ascendiente, retenga, guarda y custodia (elementos normativos). d. El ascendiente que retenga a un menor, y que mediante resolución judicial no ejerza la guarda y custodia (conducta). Así, tenemos que la autoridad responsable para encuadrar y adecuar la conducta del impetrante en el tipo penal tomó en consideración lo expuesto por la querellante Gloria Cristina Méndez Rosas quien esencialmente refirió que entre el quejoso y ella procrearon a una niña que nació el 10 de octubre de 2005; que en abril de 2006 se encontraban de vacaciones en el Estado de Puebla; que el quejoso sin decirle nada desde esa ocasión se llevó a su hija, como consecuencia de ello, lo demandó en la vía familiar desde 2006, que el 9 de abril de 2007 el Juez Quinto Familiar del Distrito Federal dictó sentencia en la que le otorgó la guarda y custodia definitiva de su menor hija, determinación que apeló el quejoso pero que fue confirmada en segunda instancia. En contra de la sentencia de segundo grado el impetrante promovió amparo directo, resuelto el 24 de septiembre de 2007, negando el amparo al inculpado, sin embargo, no entregó a la menor quien fue recuperada por Policía Ministerial el 19 de febrero de 2013. Asimismo, tomó en consideración la declaración de los testigos Irma Méndez Rosas y Armando Pimentel Morales, quienes esencialmente manifestaron que el quejoso vivió en unión libre con Gloria Cristina Méndez Rosas; que procrearon a una niña; que el impetrante se la llevó sin decir nada a Gloria Cristina; que el indiciado ha sido notificado de las resoluciones que le obligan a entregar a su menor hija y que ha incumplido con ellas. De igual forma la responsable tomó en consideración la declaración de la policía de investigación Mónica Salazar Cruz, quien expuso que el 19 de febrero de 2013, recuperó en el Estado de México a la menor, hija de la denunciante Gloria Cristina y del quejoso, y que en esa fecha la puso a disposición del Ministerio Público. También la responsable tomó en consideración la declaración de la menor víctima, quien expuso su nombre, refirió que tiene 7 años y que vivía en la casa de su papá. Elementos de prueba que la autoridad judicial, fundada y motivadamente valoró en términos de los numerales 245 y 255 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, ya que advirtió que fueron hechas por personas hábiles que por su edad, capacidad de conocimiento, instrucción y experiencia, tienen el criterio necesario para juzgar el acto sobre el que depusieron, cumpliendo con los requisitos de ser claros y precisos, sin dudas ni reticencias sobre la esencia del hecho. Asimismo, el juez de la causa tomó en consideración las copias certificadas del juicio familiar 564/2006-B, del índice del Juzgado Quinto Familiar del Distrito Federal, en el que obra resolución definitiva de 9 de abril de 2007, que concedió a la denunciante la guarda y custodia definitiva de su menor hija y ordenó al inculpado su entrega. Asimismo, obra sentencia dictada el 5 de julio de 2005 por la Segunda Sala Familiar, que confirmó la de primer grado, así como copia de la sentencia de 24 de septiembre de 2007, del amparo directo 563/2007, dictada por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por la que negó el amparo al impetrante contra la sentencia de segunda instancia. El juez responsable fundada y motivadamente valoró esa prueba en términos del artículo 250 del código adjetivo penal, pues de ello desprendió la existencia de las resoluciones judiciales, expedidas por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, en la que se establece la guarda y custodia de la menor a favor de la querellante y que ordenó la entrega de la menor. Así, conforme al cúmulo probatorio referido, el juez de la causa logró establecer que se encuentra comprobada la existencia de una conducta, a través de la cual, se exteriorizó un acto de retención por quien no detentaba la guarda y custodia respecto de una menor. Ello es así, pues como se puede leer, desde el punto de vista literal en el artículo 173 del Código Penal para el Distrito Federal, antes transcrito, el texto es claro en la hipótesis que aquí interesa: para que se actualice el delito basta con que el ascendiente retenga al menor, y sobre él no ejerza su guarda y custodia decretada mediante resolución judicial. Aquí cabe hacer una mención especial para determinar el momento en que nace o se actualiza el delito. La pregunta a responder es la siguiente: ¿En qué momento comienza la retención de la menor de edad? Siendo razonables, se puede establecer que el activo incurre en delito cuando existe tardanza o morosidad injustificada en el cumplimiento de la determinación de la guarda y custodia a favor de otra persona, es decir, cuando el activo se excede del tiempo estrictamente necesario para cumplir con esa decisión. Al activo se le debe conceder pues un margen racional de sometimiento a la decisión, cuya duración se entenderá justificada de acuerdo con las características del caso concreto, con base en razones lógicas, como podría ser alistar a los hijos, o recorrer la distancia que existe entre el lugar en que se encuentran los niños en relación con el domicilio a donde se van a entregar; esto es, no debe existir más demora de la estrictamente necesaria para dejar a los niños con la persona que debe tenerlos. Así, el delito se actualiza a partir del instante siguiente al en que razonablemente el ascendiente debía entregar a la menor de edad, conforme se estableció en la resolución de guarda y custodia de primer grado. Que en la especie aconteció una vez que el quejoso conoció de la sentencia de primer grado dictada en el juicio familiar 564/2006-B. Lo anterior es así, pues el recurso de apelación que el impetrante interpuso en contra de la determinación de guarda y custodia de primera instancia se admitió en efecto devolutivo, lo que significa que los efectos de la decisión impugnada no se paralizan, siguen su natural curso de ejecución con independencia de la apelación, lo que se traduce en que debía entregarla desde luego. Sin embargo, en el presente caso, la autoridad responsable consideró que el quejoso retuvo a la menor a partir del 24 de septiembre de 2007, esto es, desde el dictado de la sentencia de amparo directo 563/2007, emitida por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que negó el amparo al impetrante; empero, esa circunstancia beneficia al quejoso por lo que no se considera necesario conceder el amparo para que la responsable precise desde qué momento inició la comisión del delito, puesto que la responsable establece un tiempo menor en su ejecución y este juzgado advierte uno mayor. De ahí, que no se considere procedente conceder el amparo para tal efecto. No obstante lo anterior, no existe duda de que la responsable consideró como inició de la comisión del delito el 24 de septiembre de 2007, fecha en la que el quejoso tuvo conocimiento de la existencia de la resolución judicial en la que se decretó la guarda y custodia de la niña a favor de su progenitora, y en lugar de realizar actos inmediatos tendentes a la entrega de la infante, se avocó a retenerla, desde esa fecha, hasta el 19 de febrero de 2013, en que la menor fue recuperada. En este contexto, no existe violación constitucional alguna en la determinación reclamada, al considerar acreditados los elementos objetivos y normativos que integran el cuerpo del delito en estudio, habida cuenta que esa decisión fue el resultado de una justa y legal valoración de las pruebas reseñadas, y producto del uso racional del prudente arbitrio, por lo que debe estimarse que efectivamente tienen la eficacia para demostrar que existió la conducta atribuida pues el impetrante conocía los elementos objetivos del tipo penal y aun así quiso el resultado. Ahora, respecto al concepto de violación del quejoso consistente en que al suscitarse los hechos el inculpado ejercía la patria potestad junto con la denunciante (concubina) y que por tanto no retuvo a la menor, ya que la guarda y custodia se decretó con posterioridad a la ruptura familiar, y que en todo caso lo que hay es desacato a un mandato judicial. Dicho concepto de violación es infundado, toda vez que el delito que se le atribuye al impetrante consiste en retener a la menor existiendo resolución judicial en la que se determine que un progenitor no debe ejercer la guarda y custodia; es decir, el delito que se le atribuye al quejoso no depende del ejercicio o no de la patria potestad sobre la menor. Cabe precisar que la patria potestad es el conjunto de deberes y derechos que conforme a la ley tienen los padres sobre sus hijos menores no emancipados y se ejerce sobre la persona y los bines de los hijos; asimismo, quienes la detentan tienen la responsabilidad de relacionarse de manera armónica con los menores de edad, independientemente de que vivan o no bajo el mismo techo. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que la privación de la patria potestad se justifica por el incumplimiento grave de los deberes inherentes a la misma ya que, en definitiva, lo que importa es el bien de los hijos, cuyo interés es el único y exclusivo fundamento de la función en la que se configura la patria potestad. Ahora, la guarda y custodia puede ser exclusiva o compartida, a favor del padre o de la madre, dependiendo de las circunstancias que concurran en cada progenitor para la tutela del interés preferente de los hijos, esto implica los derechos y responsabilidades en la educación, formación, manutención y toda actividad relacionada con la crianza de los hijos, por resolución judicial, para ejercerla según lo establecido judicialmente. Por tanto, la guarda y custodia, conlleva precisamente a estimar que el progenitor que la tiene, conservan el derecho de atender y asistir al infante, según se haya establecido en determinación judicial. Ahora, se puede deducir que el escenario a que se refiere el impetrante en su concepto de violación, consiste en que el delito en cuestión no se configura cuando el padre o la madre del menor de edad u otro ascendiente que ejerza la patria potestad, lleve a cabo la retención de éste, debido a que ejerce la patria potestad sobre el menor, al igual que la otra persona, circunstancias en la que no se incurre en alguna conducta antisocial pues el progenitor no requiere permiso alguno o consentimiento de otra persona para llevarse consigo al menor de edad y así decidir sobre su bienestar. Empero, en el presente asunto la hipótesis es distinta, pues aquí existe determinación judicial que restringió al quejoso la guarda y custodia de la menor, y no obstante la sentencia judicial el inculpado la retuvo a pesar de que fue condenado a entregarla a su progenitora; por tanto, la retención de la menor sucedió a partir de que el quejoso tenía la obligación de entregarla, es decir, no dependía de la patria potestad que efectivamente ejercía el quejoso en la fecha de ejecución del delito, pues como se sostuvo con anterioridad, para que se actualice el tipo penal basta con que el ascendiente retenga a la menor, y que sobre él no ejerza la guarda y custodia decretada mediante resolución judicial. Por otro lado, el diverso concepto de violación que refiere el impetrante, consistente en que no lesionó el bien jurídico tutelado porque todo el tiempo la menor estuvo en el domicilio común que establecieron sus padres (casa del quejoso), por lo que no la sustrajo. Dicho argumento también es infundado, ya que sí lesionó el bien jurídico tutelado en la norma, que en la especie es la libertad de la menor y el derecho de familia, pues la circunstancia consistente en que la menor todo el tiempo estuvo en el domicilio del quejoso, sólo revela que retuvo a su menor hija, pues una vez enterado de la determinación judicial que otorgó la guarda y custodia de la menor de edad a favor de su mamá, el recurrente no la entregó a su concubina, esto es, no asistió ni llevó a las niñas ante las autoridades familiares, reteniendo a la menor hasta que fue recuperada por la Policía Ministerial del Distrito Federal, pues en la especie no se atribuye sustracción de su menor hija, sino la retención de ésta. Por tanto, contrario a lo expuesto por el quejoso, el auto de formal prisión reclamado, respecto del cuerpo del delito se encuentra debidamente fundado y motivado. Asimismo, dicha circunstancias se cumplen respecto al razonamiento de la responsable respecto a la forma de la comisión del ilícito, la que consideró como dolosa, pues a partir del cúmulo probatorio que tomó en cuenta, pudo advertir que el aquí quejoso actuó con el ánimo de retener a la menor en comento. Asimismo, la autoridad responsable para tener por demostrada la probable responsabilidad penal del promovente de amparo en la comisión del delito en estudio, expresó con precisión los preceptos legales aplicables al caso y expuso en forma clara las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que lo llevaron a concluir que el material probatorio, resultaba apto y suficiente para acreditar con grado aproximado de certeza que desplegó la conducta típica analizada en los apartados que anteceden, por lo que esa determinación tampoco conculca derecho fundamental alguno, pues al igual que las demás consideraciones, no sólo se encuentra fundada y motivada, sino que es el resultado de la legal valoración del material probatorio existente. Idéntica situación se presenta en cuanto a la determinación de la responsable al tener por acreditada la forma de intervención del activo, en términos de la fracción I del artículo 22 del Código Penal para el Distrito Federal, al haber sostenido que llevó a cabo la conducta como autor material, así como que desplegó su conducta típica y antijurídica con pleno dominio del hecho; por tanto, tampoco se contraviene en su perjuicio principio de legalidad o seguridad jurídica en virtud de que esas conclusiones además de encontrar respaldo en el material probatorio antes reseñado, valorado conforme a lo establecido en la legislación procesal correspondiente, es conforme a los dictados de la razón y de la sana lógica. Por otro lado, lo asentado por la responsable en el sentido de que de autos no se advierte que opere alguna causa de licitud que ampare el comportamiento antijurídico que realizó el aquí quejoso, se encuentra debidamente fundado y motivado, ya que no es aplicable algún precepto legal que justifique su actuar, pues no precedió un estado de necesidad, legítima defensa, ejercicio de un derecho o cumplimiento de un deber. Asimismo, funda y motiva, la afirmación que hace en el sentido de que no se surte en su favor alguna causa de exclusión de la culpabilidad, ya que al momento de cometer el ilícito que se le imputa, era mayor de edad y de las pruebas examinadas no se aprecia que careciera de capacidad para comprender el carácter ilícito del hecho típico que cometió, por padecer alguna enfermedad o trastorno mental o desarrollo intelectual retardado, por lo que le era exigible una conducta distinta de la que desplegó, de ahí que le resultara reprochable. Finalmente el concepto de violación que expone el quejoso en el sentido de que es inusitada por excesiva la pena que contempla el artículo 173 del Código Penal para el Distrito Federal, en relación con la fracción IX del diverso 444 del Código Civil para el Distrito Federal, porque existen diversas consecuencias jurídicas por la realización de determinada conducta. Es inoperante dicho concepto de violación, toda vez que lo que aquí reclama el quejoso es el auto de formal prisión dictado en su contra, en el que la autoridad responsable por la naturaleza de éste, no impone alguna pena al promovente del amparo; por tanto, no hay pena que analizar, pues el auto de plazo constitucional no necesariamente implica que el impetrante sea sentenciado y condenado a sufrir alguna pena de prisión, tampoco que con motivo del acto que aquí se combate, pierda la patria potestad. En ese tenor, es inoperante el concepto de violación porque se combate una consecuencia que no va a suceder necesariamente, cuestionando la infracción de aplicación de pena que no es consecuencia del auto de formal prisión, por lo que no hay base para establecer el análisis de la pena en los términos que precisa el quejoso. De ahí, que sea inoperante el concepto de violación. Por otra parte, es fundado el actuar del responsable al ordenar la identificación administrativa e ingresos anteriores a prisión, pues el hecho de que se pidan por el juzgador en el auto combatido, no trastoca derecho fundamental alguno en su perjuicio Ello es así, pues los preceptos 296 bis y 298 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, le impone ordenar la identificación del procesado por el sistema administrativo en vigor, a fin de evitar el error en cuanto a la persona. Por las anteriores consideraciones, la resolución combatida no infringe garantías constitucionales que consideró transgredidas en su perjuicio el quejoso, ni vulneración a sus derechos fundamentales; en consecuencia, al ser infundados los conceptos de violación hechos valer respecto a la acreditación del cuerpo del delito de retención de menores y su probable responsabilidad; en consecuencia, lo procedente es negar la protección de la Justicia Federal solicitada por el quejoso Jorge Aguilar Morado. Protección de datos personales. Finalmente, aun cuando las partes no hicieron uso del derecho previsto en el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo a la oposición a la publicación de sus datos personales en la consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Por lo expuesto y con apoyo en lo dispuesto por los artículos del 73 al 79 de la Ley de Amparo, se dicta la siguiente: RESOLUCIÓN: PRIMERO. La justicia de la unión no ampara, ni protege a Jorge Aguilar Morado, contra el acto y autoridad responsable precisados en el considerando tercero, por las razones expuestas en el considerando quinto. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución, en términos del considerando último. Notifíquese personalmente.
- Principal
(Cédula de notificación) con esta fecha se notifica por lista de acuerdos el proveído de veintiseis de febrero del dos mil quince a la parte quejosa, el cual en lo conducente dice:" ANTECEDENTES 1. Del acto reclamado. En 2007, en un juicio familiar se dictó sentencia definitiva que otorgó la guarda y custodia definitiva de la menor hija del quejoso, a favor de la concubina del impetrante; sin embargo, el promovente retuvo a la menor desde ese año, hasta febrero de 2013, que fue recuperada por policía de investigación. En septiembre de 2014, la autoridad responsable dictó auto de formal prisión al quejoso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de retención de menores, en agravio de su menor hija -acto reclamado-. Del trámite del juicio de amparo. Presentación de la demanda: 10 de octubre de 2014 (foja 2). Admisión de la demanda sin incidente de suspensión: 14 de octubre de 2014. Emplazamiento al Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado: 15 de octubre 2014. Emplazamiento al Ministerio Público adscrito al juzgado responsable: 15 de octubre de 2014. Emplazamiento a tercero interesado: 19 de noviembre de 2014 (fojas 27, 28 y 29). Audiencia constitucional: 9 de diciembre de 2014. CONSIDERACIONES Competencia Este Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en razón de que el acto que se reclama es de naturaleza penal y las autoridades responsables residen en el lugar en el que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Fijación de litis. De conformidad con el artículo 74 de la Ley de Amparo, el acto reclamado es el siguiente: Auto de formal prisión de 19 de septiembre de 2014, dictado en la causa penal 77/2014, en contra del quejoso Jorge Aguilar Morado, por el delito de retención de menores, previsto en el artículo 173 del Código Penal para el Distrito Federal. Certeza de los actos reclamados Autoridad Responsable Acto Reclamado Sentido de informe Foja Juez Vigésimo Penal de Delitos No Graves del Distrito Federal Auto de formal prisión de 19 de septiembre de 2014, dictado en la causa penal 77/2014, en contra del quejoso Jorge Aguilar Morado, por el delito de retención de menores, previsto en el artículo 173 del Código Penal para el Distrito Federal. ACEPTA 17 El Juez Vigésimo Penal de Delitos No Graves del Distrito Federal, aceptó la existencia del auto que reclama el quejoso. Lo que se corrobora con las constancias que acompañó a su informe justificado, consistentes en copias certificadas de la causa penal, que al ser documentales públicas, se les concede pleno valor probatorio, por lo que el acto está plenamente acreditado. Procedencia. Las partes no hicieron valer causal de improcedencia, ni este juzgador advierte la existencia de alguna. Análisis de fondo. Son infundados los conceptos de violación que hizo valer el quejoso, sin que exista motivo para suplir la deficiencia a su favor en términos del artículo 79 fracción II inciso a) de la Ley de Amparo, por lo que es procedente negar el amparo solicitado, por las consideraciones que a continuación se precisan. Para comprensión del presente asunto, previo estudio de fondo, conviene precisar algunos antecedentes relevantes del acto reclamado. La denunciante Gloria Cristina Méndez Rosas y el quejoso procrearon una niña (nació el 10 de octubre de 2005), el impetrante en abril de 2007, se la llevó de la ciudad de Puebla sin la autorización de su concubina; como consecuencia de ello, la denunciante promovió controversia del orden familiar, ante el Juzgado Quinto Familiar del Distrito Federal, quien concedió la guarda y custodia definitiva a favor de la mamá de la menor. El quejoso interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primer grado, confirmada el 5 de julio de 2007, por la Quinta Sala Familiar del Distrito Federal. En contra de la sentencia de segundo grado el impetrate promovió juicio de amparo directo, y el 24 de septiembre 2007, el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Distrito Federal, negó el amparo al aquí quejoso. Al impetrante se le atribuye que retuvo a su menor hija desde el 24 de septiembre de 2007 (en que se resolvió el amparo directo), hasta el 19 de febrero de 2013, en que fue rescatada por policía de investigación del Distrito Federal. Por tanto, la autoridad responsable dictó auto de formal prisión al promovente por su probable responsabilidad en la comisión del delito de retención de menores. Ahora, el amparista señaló que se vulnera en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Federal, y formuló conceptos de violación que en esencia los consistieron en que al suscitarse los hechos el quejoso ejercía la patria potestad junto con la denunciante (concubina) por lo que no hay retención de la menor, ya que la guarda y custodia se decretó con posterioridad a la ruptura familiar, que en todo caso lo que hay es desacato a un mandato judicial. Asimismo, expone que no lesionó el bien jurídico tutelado porque todo el tiempo la menor estuvo en el domicilio común que establecieron sus padres, por lo que no la sustrajo. Sin embargo, como se adelantó, son infundados los conceptos de violación porque el acto reclamado no conculca el artículo 14 constitucional, pues de autos se aprecia que existe un procedimiento judicial seguido en contra del quejoso, se observaron las formalidades esenciales del procedimiento conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, en tanto que se integró averiguación previa sobre el delito atribuido; se consignó ante la responsable, la que tomó declaración preparatoria al quejoso, asistido de su defensor particular, en la que se reservó a declarar y tuvo la oportunidad de aportar pruebas, lo que constituyen formalidades esenciales que fueron observadas. No se aprecia que se haya aplicado retroactivamente una ley en su perjuicio, ni que el acto reclamado vulnere el principio constitucional de exacta aplicación de la ley, pues como se analizará más adelante, los hechos valorados por la responsable encuadran en la descripción típica del artículo 173, párrafo primero del Código Penal para el Distrito Federal. Por otra parte, la responsable no trastoca en perjuicio del quejoso el artículo 16 constitucional, en virtud de que además de adoptar la forma escrita, fue emitido por juez competente, por materia y fuero. Asimismo, el acto reclamado se encuentra debidamente fundado y motivado, toda vez que la responsable indicó los preceptos legales aplicables que contienen la descripción típica del delito y los diversos para la valoración de pruebas. También el acto reclamado se encuentra debidamente motivado, ya que el juez de la causa expuso con qué pruebas acreditó los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del quejoso, de igual forma precisó lo que obtuvo de cada una de las pruebas, haciendo uso de la prueba circunstancial para tenerlos por demostrados. Así, la valoración del material probatorio que integra la causa penal, que realizó la responsable en términos de lo dispuesto en los artículos 245, 250, 254, 255 y 261 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, no contraviene el principio de legalidad en perjuicio del quejoso; por tanto, se tienen satisfechas las exigencias constitucionales y legales para el dictado de un auto de formal prisión. En ese contexto, podemos afirmar que las conclusiones a que arribó la autoridad responsable, tienen sustento en una correcta valoración de las pruebas que integran el sumario, es decir, apegada a la legalidad, además de ser producto de un recto discernimiento a partir del cumplimiento irrestricto a las reglas de la sana crítica, lo que desde luego implicó el empleo de las máximas de la experiencia y de la lógica. Ahora, el delito que se le atribuye al quejoso está previsto en el artículo 173 del Código Penal para el Distrito Federal (vigente), que establece: "Artículo 173. Se impondrá de uno a cinco años de prisión y de cien a quinientos días multa, al ascendiente, descendiente, cónyuge, pariente colateral o afín hasta el cuarto grado, que sustraiga, retenga u oculte a un menor o incapaz y que sobre éste no ejerza la patria potestad, la tutela o mediante resolución judicial no ejerza la guarda y custodia." Así, de dicho precepto se advierten los elementos del cuerpo del delito en el presente asunto, a saber: a. Ascendiente (sujeto activo). b. Menor (sujeto pasivo). c. Ascendiente, retenga, guarda y custodia (elementos normativos). d. El ascendiente que retenga a un menor, y que mediante resolución judicial no ejerza la guarda y custodia (conducta). Así, tenemos que la autoridad responsable para encuadrar y adecuar la conducta del impetrante en el tipo penal tomó en consideración lo expuesto por la querellante Gloria Cristina Méndez Rosas quien esencialmente refirió que entre el quejoso y ella procrearon a una niña que nació el 10 de octubre de 2005; que en abril de 2006 se encontraban de vacaciones en el Estado de Puebla; que el quejoso sin decirle nada desde esa ocasión se llevó a su hija, como consecuencia de ello, lo demandó en la vía familiar desde 2006, que el 9 de abril de 2007 el Juez Quinto Familiar del Distrito Federal dictó sentencia en la que le otorgó la guarda y custodia definitiva de su menor hija, determinación que apeló el quejoso pero que fue confirmada en segunda instancia. En contra de la sentencia de segundo grado el impetrante promovió amparo directo, resuelto el 24 de septiembre de 2007, negando el amparo al inculpado, sin embargo, no entregó a la menor quien fue recuperada por Policía Ministerial el 19 de febrero de 2013. Asimismo, tomó en consideración la declaración de los testigos Irma Méndez Rosas y Armando Pimentel Morales, quienes esencialmente manifestaron que el quejoso vivió en unión libre con Gloria Cristina Méndez Rosas; que procrearon a una niña; que el impetrante se la llevó sin decir nada a Gloria Cristina; que el indiciado ha sido notificado de las resoluciones que le obligan a entregar a su menor hija y que ha incumplido con ellas. De igual forma la responsable tomó en consideración la declaración de la policía de investigación Mónica Salazar Cruz, quien expuso que el 19 de febrero de 2013, recuperó en el Estado de México a la menor, hija de la denunciante Gloria Cristina y del quejoso, y que en esa fecha la puso a disposición del Ministerio Público. También la responsable tomó en consideración la declaración de la menor víctima, quien expuso su nombre, refirió que tiene 7 años y que vivía en la casa de su papá. Elementos de prueba que la autoridad judicial, fundada y motivadamente valoró en términos de los numerales 245 y 255 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, ya que advirtió que fueron hechas por personas hábiles que por su edad, capacidad de conocimiento, instrucción y experiencia, tienen el criterio necesario para juzgar el acto sobre el que depusieron, cumpliendo con los requisitos de ser claros y precisos, sin dudas ni reticencias sobre la esencia del hecho. Asimismo, el juez de la causa tomó en consideración las copias certificadas del juicio familiar 564/2006-B, del índice del Juzgado Quinto Familiar del Distrito Federal, en el que obra resolución definitiva de 9 de abril de 2007, que concedió a la denunciante la guarda y custodia definitiva de su menor hija y ordenó al inculpado su entrega. Asimismo, obra sentencia dictada el 5 de julio de 2005 por la Segunda Sala Familiar, que confirmó la de primer grado, así como copia de la sentencia de 24 de septiembre de 2007, del amparo directo 563/2007, dictada por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por la que negó el amparo al impetrante contra la sentencia de segunda instancia. El juez responsable fundada y motivadamente valoró esa prueba en términos del artículo 250 del código adjetivo penal, pues de ello desprendió la existencia de las resoluciones judiciales, expedidas por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, en la que se establece la guarda y custodia de la menor a favor de la querellante y que ordenó la entrega de la menor. Así, conforme al cúmulo probatorio referido, el juez de la causa logró establecer que se encuentra comprobada la existencia de una conducta, a través de la cual, se exteriorizó un acto de retención por quien no detentaba la guarda y custodia respecto de una menor. Ello es así, pues como se puede leer, desde el punto de vista literal en el artículo 173 del Código Penal para el Distrito Federal, antes transcrito, el texto es claro en la hipótesis que aquí interesa: para que se actualice el delito basta con que el ascendiente retenga al menor, y sobre él no ejerza su guarda y custodia decretada mediante resolución judicial. Aquí cabe hacer una mención especial para determinar el momento en que nace o se actualiza el delito. La pregunta a responder es la siguiente: ¿En qué momento comienza la retención de la menor de edad? Siendo razonables, se puede establecer que el activo incurre en delito cuando existe tardanza o morosidad injustificada en el cumplimiento de la determinación de la guarda y custodia a favor de otra persona, es decir, cuando el activo se excede del tiempo estrictamente necesario para cumplir con esa decisión. Al activo se le debe conceder pues un margen racional de sometimiento a la decisión, cuya duración se entenderá justificada de acuerdo con las características del caso concreto, con base en razones lógicas, como podría ser alistar a los hijos, o recorrer la distancia que existe entre el lugar en que se encuentran los niños en relación con el domicilio a donde se van a entregar; esto es, no debe existir más demora de la estrictamente necesaria para dejar a los niños con la persona que debe tenerlos. Así, el delito se actualiza a partir del instante siguiente al en que razonablemente el ascendiente debía entregar a la menor de edad, conforme se estableció en la resolución de guarda y custodia de primer grado. Que en la especie aconteció una vez que el quejoso conoció de la sentencia de primer grado dictada en el juicio familiar 564/2006-B. Lo anterior es así, pues el recurso de apelación que el impetrante interpuso en contra de la determinación de guarda y custodia de primera instancia se admitió en efecto devolutivo, lo que significa que los efectos de la decisión impugnada no se paralizan, siguen su natural curso de ejecución con independencia de la apelación, lo que se traduce en que debía entregarla desde luego. Sin embargo, en el presente caso, la autoridad responsable consideró que el quejoso retuvo a la menor a partir del 24 de septiembre de 2007, esto es, desde el dictado de la sentencia de amparo directo 563/2007, emitida por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que negó el amparo al impetrante; empero, esa circunstancia beneficia al quejoso por lo que no se considera necesario conceder el amparo para que la responsable precise desde qué momento inició la comisión del delito, puesto que la responsable establece un tiempo menor en su ejecución y este juzgado advierte uno mayor. De ahí, que no se considere procedente conceder el amparo para tal efecto. No obstante lo anterior, no existe duda de que la responsable consideró como inició de la comisión del delito el 24 de septiembre de 2007, fecha en la que el quejoso tuvo conocimiento de la existencia de la resolución judicial en la que se decretó la guarda y custodia de la niña a favor de su progenitora, y en lugar de realizar actos inmediatos tendentes a la entrega de la infante, se avocó a retenerla, desde esa fecha, hasta el 19 de febrero de 2013, en que la menor fue recuperada. En este contexto, no existe violación constitucional alguna en la determinación reclamada, al considerar acreditados los elementos objetivos y normativos que integran el cuerpo del delito en estudio, habida cuenta que esa decisión fue el resultado de una justa y legal valoración de las pruebas reseñadas, y producto del uso racional del prudente arbitrio, por lo que debe estimarse que efectivamente tienen la eficacia para demostrar que existió la conducta atribuida pues el impetrante conocía los elementos objetivos del tipo penal y aun así quiso el resultado. Ahora, respecto al concepto de violación del quejoso consistente en que al suscitarse los hechos el inculpado ejercía la patria potestad junto con la denunciante (concubina) y que por tanto no retuvo a la menor, ya que la guarda y custodia se decretó con posterioridad a la ruptura familiar, y que en todo caso lo que hay es desacato a un mandato judicial. Dicho concepto de violación es infundado, toda vez que el delito que se le atribuye al impetrante consiste en retener a la menor existiendo resolución judicial en la que se determine que un progenitor no debe ejercer la guarda y custodia; es decir, el delito que se le atribuye al quejoso no depende del ejercicio o no de la patria potestad sobre la menor. Cabe precisar que la patria potestad es el conjunto de deberes y derechos que conforme a la ley tienen los padres sobre sus hijos menores no emancipados y se ejerce sobre la persona y los bines de los hijos; asimismo, quienes la detentan tienen la responsabilidad de relacionarse de manera armónica con los menores de edad, independientemente de que vivan o no bajo el mismo techo. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que la privación de la patria potestad se justifica por el incumplimiento grave de los deberes inherentes a la misma ya que, en definitiva, lo que importa es el bien de los hijos, cuyo interés es el único y exclusivo fundamento de la función en la que se configura la patria potestad. Ahora, la guarda y custodia puede ser exclusiva o compartida, a favor del padre o de la madre, dependiendo de las circunstancias que concurran en cada progenitor para la tutela del interés preferente de los hijos, esto implica los derechos y responsabilidades en la educación, formación, manutención y toda actividad relacionada con la crianza de los hijos, por resolución judicial, para ejercerla según lo establecido judicialmente. Por tanto, la guarda y custodia, conlleva precisamente a estimar que el progenitor que la tiene, conservan el derecho de atender y asistir al infante, según se haya establecido en determinación judicial. Ahora, se puede deducir que el escenario a que se refiere el impetrante en su concepto de violación, consiste en que el delito en cuestión no se configura cuando el padre o la madre del menor de edad u otro ascendiente que ejerza la patria potestad, lleve a cabo la retención de éste, debido a que ejerce la patria potestad sobre el menor, al igual que la otra persona, circunstancias en la que no se incurre en alguna conducta antisocial pues el progenitor no requiere permiso alguno o consentimiento de otra persona para llevarse consigo al menor de edad y así decidir sobre su bienestar. Empero, en el presente asunto la hipótesis es distinta, pues aquí existe determinación judicial que restringió al quejoso la guarda y custodia de la menor, y no obstante la sentencia judicial el inculpado la retuvo a pesar de que fue condenado a entregarla a su progenitora; por tanto, la retención de la menor sucedió a partir de que el quejoso tenía la obligación de entregarla, es decir, no dependía de la patria potestad que efectivamente ejercía el quejoso en la fecha de ejecución del delito, pues como se sostuvo con anterioridad, para que se actualice el tipo penal basta con que el ascendiente retenga a la menor, y que sobre él no ejerza la guarda y custodia decretada mediante resolución judicial. Por otro lado, el diverso concepto de violación que refiere el impetrante, consistente en que no lesionó el bien jurídico tutelado porque todo el tiempo la menor estuvo en el domicilio común que establecieron sus padres (casa del quejoso), por lo que no la sustrajo. Dicho argumento también es infundado, ya que sí lesionó el bien jurídico tutelado en la norma, que en la especie es la libertad de la menor y el derecho de familia, pues la circunstancia consistente en que la menor todo el tiempo estuvo en el domicilio del quejoso, sólo revela que retuvo a su menor hija, pues una vez enterado de la determinación judicial que otorgó la guarda y custodia de la menor de edad a favor de su mamá, el recurrente no la entregó a su concubina, esto es, no asistió ni llevó a las niñas ante las autoridades familiares, reteniendo a la menor hasta que fue recuperada por la Policía Ministerial del Distrito Federal, pues en la especie no se atribuye sustracción de su menor hija, sino la retención de ésta. Por tanto, contrario a lo expuesto por el quejoso, el auto de formal prisión reclamado, respecto del cuerpo del delito se encuentra debidamente fundado y motivado. Asimismo, dicha circunstancias se cumplen respecto al razonamiento de la responsable respecto a la forma de la comisión del ilícito, la que consideró como dolosa, pues a partir del cúmulo probatorio que tomó en cuenta, pudo advertir que el aquí quejoso actuó con el ánimo de retener a la menor en comento. Asimismo, la autoridad responsable para tener por demostrada la probable responsabilidad penal del promovente de amparo en la comisión del delito en estudio, expresó con precisión los preceptos legales aplicables al caso y expuso en forma clara las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que lo llevaron a concluir que el material probatorio, resultaba apto y suficiente para acreditar con grado aproximado de certeza que desplegó la conducta típica analizada en los apartados que anteceden, por lo que esa determinación tampoco conculca derecho fundamental alguno, pues al igual que las demás consideraciones, no sólo se encuentra fundada y motivada, sino que es el resultado de la legal valoración del material probatorio existente. Idéntica situación se presenta en cuanto a la determinación de la responsable al tener por acreditada la forma de intervención del activo, en términos de la fracción I del artículo 22 del Código Penal para el Distrito Federal, al haber sostenido que llevó a cabo la conducta como autor material, así como que desplegó su conducta típica y antijurídica con pleno dominio del hecho; por tanto, tampoco se contraviene en su perjuicio principio de legalidad o seguridad jurídica en virtud de que esas conclusiones además de encontrar respaldo en el material probatorio antes reseñado, valorado conforme a lo establecido en la legislación procesal correspondiente, es conforme a los dictados de la razón y de la sana lógica. Por otro lado, lo asentado por la responsable en el sentido de que de autos no se advierte que opere alguna causa de licitud que ampare el comportamiento antijurídico que realizó el aquí quejoso, se encuentra debidamente fundado y motivado, ya que no es aplicable algún precepto legal que justifique su actuar, pues no precedió un estado de necesidad, legítima defensa, ejercicio de un derecho o cumplimiento de un deber. Asimismo, funda y motiva, la afirmación que hace en el sentido de que no se surte en su favor alguna causa de exclusión de la culpabilidad, ya que al momento de cometer el ilícito que se le imputa, era mayor de edad y de las pruebas examinadas no se aprecia que careciera de capacidad para comprender el carácter ilícito del hecho típico que cometió, por padecer alguna enfermedad o trastorno mental o desarrollo intelectual retardado, por lo que le era exigible una conducta distinta de la que desplegó, de ahí que le resultara reprochable. Finalmente el concepto de violación que expone el quejoso en el sentido de que es inusitada por excesiva la pena que contempla el artículo 173 del Código Penal para el Distrito Federal, en relación con la fracción IX del diverso 444 del Código Civil para el Distrito Federal, porque existen diversas consecuencias jurídicas por la realización de determinada conducta. Es inoperante dicho concepto de violación, toda vez que lo que aquí reclama el quejoso es el auto de formal prisión dictado en su contra, en el que la autoridad responsable por la naturaleza de éste, no impone alguna pena al promovente del amparo; por tanto, no hay pena que analizar, pues el auto de plazo constitucional no necesariamente implica que el impetrante sea sentenciado y condenado a sufrir alguna pena de prisión, tampoco que con motivo del acto que aquí se combate, pierda la patria potestad. En ese tenor, es inoperante el concepto de violación porque se combate una consecuencia que no va a suceder necesariamente, cuestionando la infracción de aplicación de pena que no es consecuencia del auto de formal prisión, por lo que no hay base para establecer el análisis de la pena en los términos que precisa el quejoso. De ahí, que sea inoperante el concepto de violación. Por otra parte, es fundado el actuar del responsable al ordenar la identificación administrativa e ingresos anteriores a prisión, pues el hecho de que se pidan por el juzgador en el auto combatido, no trastoca derecho fundamental alguno en su perjuicio Ello es así, pues los preceptos 296 bis y 298 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, le impone ordenar la identificación del procesado por el sistema administrativo en vigor, a fin de evitar el error en cuanto a la persona. Por las anteriores consideraciones, la resolución combatida no infringe garantías constitucionales que consideró transgredidas en su perjuicio el quejoso, ni vulneración a sus derechos fundamentales; en consecuencia, al ser infundados los conceptos de violación hechos valer respecto a la acreditación del cuerpo del delito de retención de menores y su probable responsabilidad; en consecuencia, lo procedente es negar la protección de la Justicia Federal solicitada por el quejoso Jorge Aguilar Morado. Protección de datos personales. Finalmente, aun cuando las partes no hicieron uso del derecho previsto en el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo a la oposición a la publicación de sus datos personales en la consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Por lo expuesto y con apoyo en lo dispuesto por los artículos del 73 al 79 de la Ley de Amparo, se dicta la siguiente: RESOLUCIÓN: PRIMERO. La justicia de la unión no ampara, ni protege a Jorge Aguilar Morado, contra el acto y autoridad responsable precisados en el considerando tercero, por las razones expuestas en el considerando quinto. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución, en términos del considerando último. Notifíquese personalmente.
- Principal
ANTECEDENTES 1. Del acto reclamado. En 2007, en un juicio familiar se dictó sentencia definitiva que otorgó la guarda y custodia definitiva de la menor hija del quejoso, a favor de la concubina del impetrante; sin embargo, el promovente retuvo a la menor desde ese año, hasta febrero de 2013, que fue recuperada por policía de investigación. En septiembre de 2014, la autoridad responsable dictó auto de formal prisión al quejoso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de retención de menores, en agravio de su menor hija -acto reclamado-. Del trámite del juicio de amparo. Presentación de la demanda: 10 de octubre de 2014 (foja 2). Admisión de la demanda sin incidente de suspensión: 14 de octubre de 2014. Emplazamiento al Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado: 15 de octubre 2014. Emplazamiento al Ministerio Público adscrito al juzgado responsable: 15 de octubre de 2014. Emplazamiento a tercero interesado: 19 de noviembre de 2014 (fojas 27, 28 y 29). Audiencia constitucional: 9 de diciembre de 2014. CONSIDERACIONES Competencia Este Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en razón de que el acto que se reclama es de naturaleza penal y las autoridades responsables residen en el lugar en el que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Fijación de litis. De conformidad con el artículo 74 de la Ley de Amparo, el acto reclamado es el siguiente: Auto de formal prisión de 19 de septiembre de 2014, dictado en la causa penal 77/2014, en contra del quejoso Jorge Aguilar Morado, por el delito de retención de menores, previsto en el artículo 173 del Código Penal para el Distrito Federal. Certeza de los actos reclamados Autoridad Responsable Acto Reclamado Sentido de informe Foja Juez Vigésimo Penal de Delitos No Graves del Distrito Federal Auto de formal prisión de 19 de septiembre de 2014, dictado en la causa penal 77/2014, en contra del quejoso Jorge Aguilar Morado, por el delito de retención de menores, previsto en el artículo 173 del Código Penal para el Distrito Federal. ACEPTA 17 El Juez Vigésimo Penal de Delitos No Graves del Distrito Federal, aceptó la existencia del auto que reclama el quejoso. Lo que se corrobora con las constancias que acompañó a su informe justificado, consistentes en copias certificadas de la causa penal, que al ser documentales públicas, se les concede pleno valor probatorio, por lo que el acto está plenamente acreditado. Procedencia. Las partes no hicieron valer causal de improcedencia, ni este juzgador advierte la existencia de alguna. Análisis de fondo. Son infundados los conceptos de violación que hizo valer el quejoso, sin que exista motivo para suplir la deficiencia a su favor en términos del artículo 79 fracción II inciso a) de la Ley de Amparo, por lo que es procedente negar el amparo solicitado, por las consideraciones que a continuación se precisan. Para comprensión del presente asunto, previo estudio de fondo, conviene precisar algunos antecedentes relevantes del acto reclamado. La denunciante Gloria Cristina Méndez Rosas y el quejoso procrearon una niña (nació el 10 de octubre de 2005), el impetrante en abril de 2007, se la llevó de la ciudad de Puebla sin la autorización de su concubina; como consecuencia de ello, la denunciante promovió controversia del orden familiar, ante el Juzgado Quinto Familiar del Distrito Federal, quien concedió la guarda y custodia definitiva a favor de la mamá de la menor. El quejoso interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primer grado, confirmada el 5 de julio de 2007, por la Quinta Sala Familiar del Distrito Federal. En contra de la sentencia de segundo grado el impetrate promovió juicio de amparo directo, y el 24 de septiembre 2007, el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Distrito Federal, negó el amparo al aquí quejoso. Al impetrante se le atribuye que retuvo a su menor hija desde el 24 de septiembre de 2007 (en que se resolvió el amparo directo), hasta el 19 de febrero de 2013, en que fue rescatada por policía de investigación del Distrito Federal. Por tanto, la autoridad responsable dictó auto de formal prisión al promovente por su probable responsabilidad en la comisión del delito de retención de menores. Ahora, el amparista señaló que se vulnera en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Federal, y formuló conceptos de violación que en esencia los consistieron en que al suscitarse los hechos el quejoso ejercía la patria potestad junto con la denunciante (concubina) por lo que no hay retención de la menor, ya que la guarda y custodia se decretó con posterioridad a la ruptura familiar, que en todo caso lo que hay es desacato a un mandato judicial. Asimismo, expone que no lesionó el bien jurídico tutelado porque todo el tiempo la menor estuvo en el domicilio común que establecieron sus padres, por lo que no la sustrajo. Sin embargo, como se adelantó, son infundados los conceptos de violación porque el acto reclamado no conculca el artículo 14 constitucional, pues de autos se aprecia que existe un procedimiento judicial seguido en contra del quejoso, se observaron las formalidades esenciales del procedimiento conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, en tanto que se integró averiguación previa sobre el delito atribuido; se consignó ante la responsable, la que tomó declaración preparatoria al quejoso, asistido de su defensor particular, en la que se reservó a declarar y tuvo la oportunidad de aportar pruebas, lo que constituyen formalidades esenciales que fueron observadas. No se aprecia que se haya aplicado retroactivamente una ley en su perjuicio, ni que el acto reclamado vulnere el principio constitucional de exacta aplicación de la ley, pues como se analizará más adelante, los hechos valorados por la responsable encuadran en la descripción típica del artículo 173, párrafo primero del Código Penal para el Distrito Federal. Por otra parte, la responsable no trastoca en perjuicio del quejoso el artículo 16 constitucional, en virtud de que además de adoptar la forma escrita, fue emitido por juez competente, por materia y fuero. Asimismo, el acto reclamado se encuentra debidamente fundado y motivado, toda vez que la responsable indicó los preceptos legales aplicables que contienen la descripción típica del delito y los diversos para la valoración de pruebas. También el acto reclamado se encuentra debidamente motivado, ya que el juez de la causa expuso con qué pruebas acreditó los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del quejoso, de igual forma precisó lo que obtuvo de cada una de las pruebas, haciendo uso de la prueba circunstancial para tenerlos por demostrados. Así, la valoración del material probatorio que integra la causa penal, que realizó la responsable en términos de lo dispuesto en los artículos 245, 250, 254, 255 y 261 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, no contraviene el principio de legalidad en perjuicio del quejoso; por tanto, se tienen satisfechas las exigencias constitucionales y legales para el dictado de un auto de formal prisión. En ese contexto, podemos afirmar que las conclusiones a que arribó la autoridad responsable, tienen sustento en una correcta valoración de las pruebas que integran el sumario, es decir, apegada a la legalidad, además de ser producto de un recto discernimiento a partir del cumplimiento irrestricto a las reglas de la sana crítica, lo que desde luego implicó el empleo de las máximas de la experiencia y de la lógica. Ahora, el delito que se le atribuye al quejoso está previsto en el artículo 173 del Código Penal para el Distrito Federal (vigente), que establece: "Artículo 173. Se impondrá de uno a cinco años de prisión y de cien a quinientos días multa, al ascendiente, descendiente, cónyuge, pariente colateral o afín hasta el cuarto grado, que sustraiga, retenga u oculte a un menor o incapaz y que sobre éste no ejerza la patria potestad, la tutela o mediante resolución judicial no ejerza la guarda y custodia." Así, de dicho precepto se advierten los elementos del cuerpo del delito en el presente asunto, a saber: a. Ascendiente (sujeto activo). b. Menor (sujeto pasivo). c. Ascendiente, retenga, guarda y custodia (elementos normativos). d. El ascendiente que retenga a un menor, y que mediante resolución judicial no ejerza la guarda y custodia (conducta). Así, tenemos que la autoridad responsable para encuadrar y adecuar la conducta del impetrante en el tipo penal tomó en consideración lo expuesto por la querellante Gloria Cristina Méndez Rosas quien esencialmente refirió que entre el quejoso y ella procrearon a una niña que nació el 10 de octubre de 2005; que en abril de 2006 se encontraban de vacaciones en el Estado de Puebla; que el quejoso sin decirle nada desde esa ocasión se llevó a su hija, como consecuencia de ello, lo demandó en la vía familiar desde 2006, que el 9 de abril de 2007 el Juez Quinto Familiar del Distrito Federal dictó sentencia en la que le otorgó la guarda y custodia definitiva de su menor hija, determinación que apeló el quejoso pero que fue confirmada en segunda instancia. En contra de la sentencia de segundo grado el impetrante promovió amparo directo, resuelto el 24 de septiembre de 2007, negando el amparo al inculpado, sin embargo, no entregó a la menor quien fue recuperada por Policía Ministerial el 19 de febrero de 2013. Asimismo, tomó en consideración la declaración de los testigos Irma Méndez Rosas y Armando Pimentel Morales, quienes esencialmente manifestaron que el quejoso vivió en unión libre con Gloria Cristina Méndez Rosas; que procrearon a una niña; que el impetrante se la llevó sin decir nada a Gloria Cristina; que el indiciado ha sido notificado de las resoluciones que le obligan a entregar a su menor hija y que ha incumplido con ellas. De igual forma la responsable tomó en consideración la declaración de la policía de investigación Mónica Salazar Cruz, quien expuso que el 19 de febrero de 2013, recuperó en el Estado de México a la menor, hija de la denunciante Gloria Cristina y del quejoso, y que en esa fecha la puso a disposición del Ministerio Público. También la responsable tomó en consideración la declaración de la menor víctima, quien expuso su nombre, refirió que tiene 7 años y que vivía en la casa de su papá. Elementos de prueba que la autoridad judicial, fundada y motivadamente valoró en términos de los numerales 245 y 255 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, ya que advirtió que fueron hechas por personas hábiles que por su edad, capacidad de conocimiento, instrucción y experiencia, tienen el criterio necesario para juzgar el acto sobre el que depusieron, cumpliendo con los requisitos de ser claros y precisos, sin dudas ni reticencias sobre la esencia del hecho. Asimismo, el juez de la causa tomó en consideración las copias certificadas del juicio familiar 564/2006-B, del índice del Juzgado Quinto Familiar del Distrito Federal, en el que obra resolución definitiva de 9 de abril de 2007, que concedió a la denunciante la guarda y custodia definitiva de su menor hija y ordenó al inculpado su entrega. Asimismo, obra sentencia dictada el 5 de julio de 2005 por la Segunda Sala Familiar, que confirmó la de primer grado, así como copia de la sentencia de 24 de septiembre de 2007, del amparo directo 563/2007, dictada por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por la que negó el amparo al impetrante contra la sentencia de segunda instancia. El juez responsable fundada y motivadamente valoró esa prueba en términos del artículo 250 del código adjetivo penal, pues de ello desprendió la existencia de las resoluciones judiciales, expedidas por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, en la que se establece la guarda y custodia de la menor a favor de la querellante y que ordenó la entrega de la menor. Así, conforme al cúmulo probatorio referido, el juez de la causa logró establecer que se encuentra comprobada la existencia de una conducta, a través de la cual, se exteriorizó un acto de retención por quien no detentaba la guarda y custodia respecto de una menor. Ello es así, pues como se puede leer, desde el punto de vista literal en el artículo 173 del Código Penal para el Distrito Federal, antes transcrito, el texto es claro en la hipótesis que aquí interesa: para que se actualice el delito basta con que el ascendiente retenga al menor, y sobre él no ejerza su guarda y custodia decretada mediante resolución judicial. Aquí cabe hacer una mención especial para determinar el momento en que nace o se actualiza el delito. La pregunta a responder es la siguiente: ¿En qué momento comienza la retención de la menor de edad? Siendo razonables, se puede establecer que el activo incurre en delito cuando existe tardanza o morosidad injustificada en el cumplimiento de la determinación de la guarda y custodia a favor de otra persona, es decir, cuando el activo se excede del tiempo estrictamente necesario para cumplir con esa decisión. Al activo se le debe conceder pues un margen racional de sometimiento a la decisión, cuya duración se entenderá justificada de acuerdo con las características del caso concreto, con base en razones lógicas, como podría ser alistar a los hijos, o recorrer la distancia que existe entre el lugar en que se encuentran los niños en relación con el domicilio a donde se van a entregar; esto es, no debe existir más demora de la estrictamente necesaria para dejar a los niños con la persona que debe tenerlos. Así, el delito se actualiza a partir del instante siguiente al en que razonablemente el ascendiente debía entregar a la menor de edad, conforme se estableció en la resolución de guarda y custodia de primer grado. Que en la especie aconteció una vez que el quejoso conoció de la sentencia de primer grado dictada en el juicio familiar 564/2006-B. Lo anterior es así, pues el recurso de apelación que el impetrante interpuso en contra de la determinación de guarda y custodia de primera instancia se admitió en efecto devolutivo, lo que significa que los efectos de la decisión impugnada no se paralizan, siguen su natural curso de ejecución con independencia de la apelación, lo que se traduce en que debía entregarla desde luego. Sin embargo, en el presente caso, la autoridad responsable consideró que el quejoso retuvo a la menor a partir del 24 de septiembre de 2007, esto es, desde el dictado de la sentencia de amparo directo 563/2007, emitida por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que negó el amparo al impetrante; empero, esa circunstancia beneficia al quejoso por lo que no se considera necesario conceder el amparo para que la responsable precise desde qué momento inició la comisión del delito, puesto que la responsable establece un tiempo menor en su ejecución y este juzgado advierte uno mayor. De ahí, que no se considere procedente conceder el amparo para tal efecto. No obstante lo anterior, no existe duda de que la responsable consideró como inició de la comisión del delito el 24 de septiembre de 2007, fecha en la que el quejoso tuvo conocimiento de la existencia de la resolución judicial en la que se decretó la guarda y custodia de la niña a favor de su progenitora, y en lugar de realizar actos inmediatos tendentes a la entrega de la infante, se avocó a retenerla, desde esa fecha, hasta el 19 de febrero de 2013, en que la menor fue recuperada. En este contexto, no existe violación constitucional alguna en la determinación reclamada, al considerar acreditados los elementos objetivos y normativos que integran el cuerpo del delito en estudio, habida cuenta que esa decisión fue el resultado de una justa y legal valoración de las pruebas reseñadas, y producto del uso racional del prudente arbitrio, por lo que debe estimarse que efectivamente tienen la eficacia para demostrar que existió la conducta atribuida pues el impetrante conocía los elementos objetivos del tipo penal y aun así quiso el resultado. Ahora, respecto al concepto de violación del quejoso consistente en que al suscitarse los hechos el inculpado ejercía la patria potestad junto con la denunciante (concubina) y que por tanto no retuvo a la menor, ya que la guarda y custodia se decretó con posterioridad a la ruptura familiar, y que en todo caso lo que hay es desacato a un mandato judicial. Dicho concepto de violación es infundado, toda vez que el delito que se le atribuye al impetrante consiste en retener a la menor existiendo resolución judicial en la que se determine que un progenitor no debe ejercer la guarda y custodia; es decir, el delito que se le atribuye al quejoso no depende del ejercicio o no de la patria potestad sobre la menor. Cabe precisar que la patria potestad es el conjunto de deberes y derechos que conforme a la ley tienen los padres sobre sus hijos menores no emancipados y se ejerce sobre la persona y los bines de los hijos; asimismo, quienes la detentan tienen la responsabilidad de relacionarse de manera armónica con los menores de edad, independientemente de que vivan o no bajo el mismo techo. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que la privación de la patria potestad se justifica por el incumplimiento grave de los deberes inherentes a la misma ya que, en definitiva, lo que importa es el bien de los hijos, cuyo interés es el único y exclusivo fundamento de la función en la que se configura la patria potestad. Ahora, la guarda y custodia puede ser exclusiva o compartida, a favor del padre o de la madre, dependiendo de las circunstancias que concurran en cada progenitor para la tutela del interés preferente de los hijos, esto implica los derechos y responsabilidades en la educación, formación, manutención y toda actividad relacionada con la crianza de los hijos, por resolución judicial, para ejercerla según lo establecido judicialmente. Por tanto, la guarda y custodia, conlleva precisamente a estimar que el progenitor que la tiene, conservan el derecho de atender y asistir al infante, según se haya establecido en determinación judicial. Ahora, se puede deducir que el escenario a que se refiere el impetrante en su concepto de violación, consiste en que el delito en cuestión no se configura cuando el padre o la madre del menor de edad u otro ascendiente que ejerza la patria potestad, lleve a cabo la retención de éste, debido a que ejerce la patria potestad sobre el menor, al igual que la otra persona, circunstancias en la que no se incurre en alguna conducta antisocial pues el progenitor no requiere permiso alguno o consentimiento de otra persona para llevarse consigo al menor de edad y así decidir sobre su bienestar. Empero, en el presente asunto la hipótesis es distinta, pues aquí existe determinación judicial que restringió al quejoso la guarda y custodia de la menor, y no obstante la sentencia judicial el inculpado la retuvo a pesar de que fue condenado a entregarla a su progenitora; por tanto, la retención de la menor sucedió a partir de que el quejoso tenía la obligación de entregarla, es decir, no dependía de la patria potestad que efectivamente ejercía el quejoso en la fecha de ejecución del delito, pues como se sostuvo con anterioridad, para que se actualice el tipo penal basta con que el ascendiente retenga a la menor, y que sobre él no ejerza la guarda y custodia decretada mediante resolución judicial. Por otro lado, el diverso concepto de violación que refiere el impetrante, consistente en que no lesionó el bien jurídico tutelado porque todo el tiempo la menor estuvo en el domicilio común que establecieron sus padres (casa del quejoso), por lo que no la sustrajo. Dicho argumento también es infundado, ya que sí lesionó el bien jurídico tutelado en la norma, que en la especie es la libertad de la menor y el derecho de familia, pues la circunstancia consistente en que la menor todo el tiempo estuvo en el domicilio del quejoso, sólo revela que retuvo a su menor hija, pues una vez enterado de la determinación judicial que otorgó la guarda y custodia de la menor de edad a favor de su mamá, el recurrente no la entregó a su concubina, esto es, no asistió ni llevó a las niñas ante las autoridades familiares, reteniendo a la menor hasta que fue recuperada por la Policía Ministerial del Distrito Federal, pues en la especie no se atribuye sustracción de su menor hija, sino la retención de ésta. Por tanto, contrario a lo expuesto por el quejoso, el auto de formal prisión reclamado, respecto del cuerpo del delito se encuentra debidamente fundado y motivado. Asimismo, dicha circunstancias se cumplen respecto al razonamiento de la responsable respecto a la forma de la comisión del ilícito, la que consideró como dolosa, pues a partir del cúmulo probatorio que tomó en cuenta, pudo advertir que el aquí quejoso actuó con el ánimo de retener a la menor en comento. Asimismo, la autoridad responsable para tener por demostrada la probable responsabilidad penal del promovente de amparo en la comisión del delito en estudio, expresó con precisión los preceptos legales aplicables al caso y expuso en forma clara las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que lo llevaron a concluir que el material probatorio, resultaba apto y suficiente para acreditar con grado aproximado de certeza que desplegó la conducta típica analizada en los apartados que anteceden, por lo que esa determinación tampoco conculca derecho fundamental alguno, pues al igual que las demás consideraciones, no sólo se encuentra fundada y motivada, sino que es el resultado de la legal valoración del material probatorio existente. Idéntica situación se presenta en cuanto a la determinación de la responsable al tener por acreditada la forma de intervención del activo, en términos de la fracción I del artículo 22 del Código Penal para el Distrito Federal, al haber sostenido que llevó a cabo la conducta como autor material, así como que desplegó su conducta típica y antijurídica con pleno dominio del hecho; por tanto, tampoco se contraviene en su perjuicio principio de legalidad o seguridad jurídica en virtud de que esas conclusiones además de encontrar respaldo en el material probatorio antes reseñado, valorado conforme a lo establecido en la legislación procesal correspondiente, es conforme a los dictados de la razón y de la sana lógica. Por otro lado, lo asentado por la responsable en el sentido de que de autos no se advierte que opere alguna causa de licitud que ampare el comportamiento antijurídico que realizó el aquí quejoso, se encuentra debidamente fundado y motivado, ya que no es aplicable algún precepto legal que justifique su actuar, pues no precedió un estado de necesidad, legítima defensa, ejercicio de un derecho o cumplimiento de un deber. Asimismo, funda y motiva, la afirmación que hace en el sentido de que no se surte en su favor alguna causa de exclusión de la culpabilidad, ya que al momento de cometer el ilícito que se le imputa, era mayor de edad y de las pruebas examinadas no se aprecia que careciera de capacidad para comprender el carácter ilícito del hecho típico que cometió, por padecer alguna enfermedad o trastorno mental o desarrollo intelectual retardado, por lo que le era exigible una conducta distinta de la que desplegó, de ahí que le resultara reprochable. Finalmente el concepto de violación que expone el quejoso en el sentido de que es inusitada por excesiva la pena que contempla el artículo 173 del Código Penal para el Distrito Federal, en relación con la fracción IX del diverso 444 del Código Civil para el Distrito Federal, porque existen diversas consecuencias jurídicas por la realización de determinada conducta. Es inoperante dicho concepto de violación, toda vez que lo que aquí reclama el quejoso es el auto de formal prisión dictado en su contra, en el que la autoridad responsable por la naturaleza de éste, no impone alguna pena al promovente del amparo; por tanto, no hay pena que analizar, pues el auto de plazo constitucional no necesariamente implica que el impetrante sea sentenciado y condenado a sufrir alguna pena de prisión, tampoco que con motivo del acto que aquí se combate, pierda la patria potestad. En ese tenor, es inoperante el concepto de violación porque se combate una consecuencia que no va a suceder necesariamente, cuestionando la infracción de aplicación de pena que no es consecuencia del auto de formal prisión, por lo que no hay base para establecer el análisis de la pena en los términos que precisa el quejoso. De ahí, que sea inoperante el concepto de violación. Por otra parte, es fundado el actuar del responsable al ordenar la identificación administrativa e ingresos anteriores a prisión, pues el hecho de que se pidan por el juzgador en el auto combatido, no trastoca derecho fundamental alguno en su perjuicio Ello es así, pues los preceptos 296 bis y 298 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, le impone ordenar la identificación del procesado por el sistema administrativo en vigor, a fin de evitar el error en cuanto a la persona. Por las anteriores consideraciones, la resolución combatida no infringe garantías constitucionales que consideró transgredidas en su perjuicio el quejoso, ni vulneración a sus derechos fundamentales; en consecuencia, al ser infundados los conceptos de violación hechos valer respecto a la acreditación del cuerpo del delito de retención de menores y su probable responsabilidad; en consecuencia, lo procedente es negar la protección de la Justicia Federal solicitada por el quejoso Jorge Aguilar Morado. Protección de datos personales. Finalmente, aun cuando las partes no hicieron uso del derecho previsto en el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo a la oposición a la publicación de sus datos personales en la consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Por lo expuesto y con apoyo en lo dispuesto por los artículos del 73 al 79 de la Ley de Amparo, se dicta la siguiente: RESOLUCIÓN: PRIMERO. La justicia de la unión no ampara, ni protege a Jorge Aguilar Morado, contra el acto y autoridad responsable precisados en el considerando tercero, por las razones expuestas en el considerando quinto. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución, en términos del considerando último. Notifíquese personalmente.
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