Jorge Aguilar Corrada

Expediente 60/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 11 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
60/2016
Año
2016
Actuaciones
11
Última actuación
12/04/2016

Partes del expediente

  • Jorge Aguilar Corrada

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los que se advierte que feneció el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el acuerdo dictado el catorce de marzo de dos mil dieciséis, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que el quejoso y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito hayan hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia, con fundamento en el precepto legal en mención, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, atento a la segunda de las certificaciones de cuenta, de la que se desprende que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Jefe de Integración de Resultados de la Gerencia de Servicios al Cliente con residencia en esta ciudad, con el cual, en atención al requerimiento realizado mediante proveído de veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, manifiesta que ese organismo no encontró resultados de datos sobre el usuario Juan Guillermo Wiley Cota. Lo expuesto, toma nota este órgano jurisdiccional sin que tenga que realizarse mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que en auto de catorce de marzo de los corrientes, se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente asunto.

  3. Principal

    (CITATORIO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el citatorio de quince de los corrientes recibido en su domicilio; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de catorce de marzo del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Visto el estado procesal que guardan los autos, se desprende que al rendir su informe justificado, la autoridad responsable Juez Civil de Primera Instancia del distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, sostuvo que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo había dictado la sentencia definitiva de la cual se duele el aquí quejoso; sin embargo con fecha veintidós de febrero del presente año, dicha autoridad dicto la misma. Una vez establecido lo anterior, cabe precisar que el estudio de las causales de sobreseimiento, al ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga procedente el sobreseimiento en el juicio de amparo deberá analizarla de oficio. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7o.P.13 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito , cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto." En principio, conviene precisar que los actos reclamados por la parte quejosa consisten en: "IV. ACTO RECLAMADO, manifiesto que el acto que se reclama es: A).- LA OMISIÓN Y/O NEGATIVA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL 2034/2008, promovido por el Suscrito por mi propio derecho y en representación de mis hermanos de nombres JAVIER AGAPITO, ROSA AURELIA y JAIME todos ellos de apellidos AGUILAR CORRADA en contra de JUAN GUILLERMO WILEY COTA, toda vez que por auto de fecha 29 de Octubre de 2015 y publicado el 30 de Octubre de 2015, en la lista de estrados de dicho Juzgado, se citó a las partes para oír sentencia definitiva, misma que a la fecha no ha sido dictada y ante ello ha transcurrido en exceso el término de ocho días que marca el numeral 394 del Código de Procedimientos Civiles, para resolver, sin que a la fecha se haya realizado". Hecha la precisión en el presente asunto, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación a la causal de improcedencia descrita en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. Los preceptos transcritos prevén el sobreseimiento del juicio de amparo cuando sobrevenga alguna de las causales de improcedencia; en el caso, cuando han cesado los efectos de los actos reclamados. Es oportuno precisar que al tratarse de causal de improcedencia manifiesta e indudable, es necesario destacar lo que se debe entender por manifiesto e indudable; en efecto, "manifiesto" es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", es que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, dicho de otra manera, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En ese orden de ideas, de las constancias remitidas por el Secretario de Acuerdos, en funciones de Juez adscrito al Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, se advierte se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que con fecha veintidós de febrero de dos mil dieciséis, dictó Sentencia Definitiva en los autos del expediente número 2034, relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por el C. JORGE AQUILAR CORRADA, por su propio personal derecho y como apoderado legal de los ciudadanos AURELIA CORRADA ZÁRATE, ROSA AURELIA JAVIER AGAPITO y JAIME, todos de apellidos AGUILAR CORRADA, en contra del C. JUAN GUILLERMO WILEY COTA. A la referida constancia se le otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, atento a lo previsto en el diverso precepto legal 2°. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.". En ese contexto, si la parte quejosa lo que reclamó a la autoridad responsable fue la omisión y/o negativa en el dictado de la sentencia definitiva del juicio ordinario civil 2034/2008, la cesación de los efectos se actualiza cuando ésta dictó la sentencia referida, lo que se evidencia de las constancias remitidas por el Secretario de Acuerdos, en funciones de Juez adscrito al Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal Quintana Roo, con residencia en esta ciudad. En consecuencia, se colige que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, el juicio constitucional promovido contra el acto consistente en la la omisión y/o negativa en el dictado de la sentencia definitiva del juicio ordinario civil 2034/2008, deviene improcedente, pues si bien ha quedado demostrado la existencia de dicha omisión, de las constancias remitidas por el Secretario de Acuerdos, en funciones de Juez adscrito al Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, se advierte que con fecha veintidós de febrero de dos mil dieciséis, dictó Sentencia Definitiva. Por tanto, es inconcuso que al respecto cesaron los efectos del acto reclamado por la parte quejosa, lo que hace imperioso el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en el presente asunto, dado que se ha actualizado una causal de improcedencia manifiesta e indudable. Resulta aplicable la tesis 97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, que indica: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SÍ SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad.". Asimismo, la jurisprudencia 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Por tanto, en el presente caso y como ya se dijo, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracciones V, en relación a la causal de improcedencia establecida en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Por lo que, cuando dicha causal de sobreseimiento sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

  4. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el jefe de la Unidad Jurídica del ISSSTE Delegación Quintana Roo, con sede en esta ciudad de Chetumal, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de veintitrés de febrero de dos mil quince, informa que de la consulta a la base de datos de del Sistema (SIPE) del Departamento de Afiliación y prestaciones Económicas no se encontró dato alguno del tercero interesado, de lo que este Juzgado toma conocimiento En consecuencia, toda vez que el domicilio en el que se puede localizar al tercero interesado, se encuentran fuera de la demarcación territorial en la que este juzgado federal ejerce su jurisdicción, envíese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda, se sirva emplazar al citado tercero, en el domicilio ubicado en Villahermosa Tabasco, los cuales se proporcionan mediante los oficios de localización remitidos por las dependencias antes citadas, mismos que se anexan en copia simple a la presente comunicación, en la inteligencia que el Actuario respectivo deberá de cerciorarse con los medios necesarios que con quien entienda dicho emplazamiento sea con el tercero interesado y no una homonimia, haciéndole del conocimiento el contenido del presente proveído, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo y auto de radicación que al efecto se acompañarán, así como informarle que se han señalado las once horas con veinte minutos del treinta de marzo de dos mil dieciséis, para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. Asimismo, se le deberá requerir para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Chetumal, Quintana Roo, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la ley en cita.

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