Jorge Aguilar Briseño
Expediente 951/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 951/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jorge Aguilar Briseño
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, nueve de octubre de dos mil veintitrés. INTERPONE QUEJA Agréguese a los autos el escrito del quejoso +++, por el cual interpone recurso de queja en contra del auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés; en conformidad con el artículo 97 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo vigente. En tales condiciones; con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase informe justificado en el sentido de que es cierto el acto reclamado; toda vez, que el suscrito determinó en el auto que se impugna desechar de plano la demanda de amparo promovida por el citado quejoso, contra actos de María Guadalupe Muñoz Pérez, Jueza Unitaria Estatal de Enjuiciamiento Penal del Estado de Puebla, dependiente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Ahora bien, virtud de que en el caso se trata de un auto en el que se desechó la demanda de amparo, no es necesario hacer requerimiento alguno respecto de señalamiento de las constancias correspondientes. Por lo anterior, se ordena remitir al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, el informe justificado respectivo al cual deberán anexarse el recurso y los autos originales del juicio de amparo en que se actúa. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. VINCULACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL ELECTRÓNICO Finalmente en atención a la Circular CAR 02/CCNO/2020 de doce de marzo de dos mil veinte, emitida por la Secretaría de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona a la analista jurídico SISE para hacer disponible el expediente electrónico del presente juicio de amparo, ello a efecto de que el tribunal de alzada tenga acceso al expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
Puebla, Puebla, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. DILIGENCIA ACTUARIAL Agréguese a los autos la diligencia actuarial que antecede, por medio de la cual ratifica el contenido de su escrito registrado en el libro de correspondencia con folio 14472; en tales condiciones, se provee: CONSIDERACIONES PREVIAS Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda se advierte que el quejoso, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal respecto de los actos y autoridades mencionados a continuación: Autoridades responsables: Jueza de Control María Guadalupe Muñoz Pérez, en su carácter de jueza Unitaria Estatal de Enjuiciamiento Penal, del Estado de Puebla, dependiente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla Director del Centro Penitenciario de San Pedro Cholula Actos reclamados: ".Lo son, por su inobservancia y no acatar y respetar las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, en los que el Estado Mexicano es parte, y a la propia Ley fundamental, así como a una inexacta aplicación de Leyes Secundarias, y a una omisa e inexacta observación y aplicación de algunas tesis de Jurisprudencia, toda vez que algunas actuaciones ministeriales y judiciales, realizadas y llevadas a cabo a lo largo de la Carpeta de Judicial Administrativa y a la Causa Penal de Juicio de Oral radicada bajo el número 46/2023, reputadas como Actos Reclamados, toda vez que las mismas se encuentran viciados de CONTRADICCIONES, IRREGULARIDADES, INCONSISTENCIAS, ANOMALIAS, ERRORES Y ARBITRARIEDADES, QUE VULNERARON CATEGORICAMENTE MIS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, ASÍ COMO TRANSGREDIERON MIS DERECHOS HUMANOS, los cuales consisten, por un lado. 1).- EL AUTO O CONSTANCIA MÍNIMA DE CONTROL, que mediante Audiencia de Revisión de Medidas Cautelares así como Juicio oral, se llevara a cabo a las 11:30 a.m. del día CATORCE DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTITRES, presidida por la Ciudadana Juez de Control MARIA GUADALUPE MUÑOZ PÉREZ en su carácter de Jueza Unitaria Estatal de Enjuiciamiento Penal, del Estado de Puebla. De la que se advierte que la citada Autoridad Responsable ME NEGÓ ROTUNDA Y CATEGORICAMENTE MI LIBERTAD PERSONAL, BAJO LAS RESERVAS DE LEY, SIN TOMAR EN ENCUENTA, NI VALORAR O ESTIMAR MUCHO MENOS LA RAZÓN FUNDADA Y JURÍDICA DEL TIEMPO TRANSCURRIDO QUE ALARDEA LA FRACCIÓN IX, INCISO B, DEL ARTÍCULO 20 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 165 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, AUTORIZANDO SEIS MESES MAS PARA LA PRÁCTICA DE LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL. 2).- Por otro lado, y no menos importante lo es LA DILACIÓN O RETARDO CON QUE SE HA CONDUCIDO TODO EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL, toda vez que tal y como se advierte de autos se han diferido de manera reiterativa las audiencias de juicio oral que se han señalado, mismas que se han señalado de la siguiente manera, 14 DE ABRIL, 06 DE JUNIO, Y 05 DE SEPTIEMBRE, TODOS DEL AÑO EN CURSO, MISMAS QUE NUNCA SE CELEBRARON, LA PRIMERA PORQUE NO SE PRESENTARON LOS TESTIGOS DE LA PARTE ACUSADORA, LA SEGUNDA PORQUE EL CIUDADANO AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ARGUMENTÓ QUE SE LE HABÍAN EMPATADO SUS AUDIENCIAS, Y LA TERCERA Y ÚLTIMA POR FALTA DE TITULAR DE LA SALA CORRESPONDIENTE, ES DECIR QUE SE HABÍA REMOVIDO A LA TITULAR DE LA SALA, EN CONCECUENCIA, NO SE TENÍA JUZGADOR PARA PRESIDIR DICHA AUDIENCIA. SIN LEVANTAR CONSTANCIA DE ELLO, CIRCUNSTANCIAS QUE HACE Y PERMITE EL RETARDO Y DILACIÓN DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL." DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO Ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de garantías, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ahora bien, respecto del acto reclamado por el quejoso, consistente en la audiencia de revisión de medidas cautelares de catorce de abril de dos mil veintitrés, a través de la cual se le negó su libertad, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que impone desechar la demanda que se provee de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17, 18, y 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo cuyo texto es el siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:. I.-Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días;. II.- Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años;. III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados;. IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso.. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad.. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." De los artículos transcritos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Así, el artículo 17 de la Ley de Amparo, establece que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días. El artículo 18 de la Ley de Amparo, establece que los plazos a que se refiere el artículo 17 del mismo ordenamiento legal, es decir, el plazo para la presentación de la demanda de amparo, serán computados a partir del día siguiente: 1) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo que reclame; 2) Al en que la parte quejosa haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; o 3) Al en que la parte quejosa se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Ahora bien, de una recta interpretación de artículo 18 de la Ley de Amparo, se desprende que los supuestos antes precisados son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno y, por tanto, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se compute a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquéllos. Entonces, tomando como base la hipótesis indicada en el inciso 1) anterior y dado que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos, esto es, quince días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, se tiene que la demanda de amparo que se provee es improcedente por no haberse presentado dentro del plazo que impone la ley. Como se dijo con antelación, el promovente Jorge Aguilar Briseño reclama de la Jueza de Control María Guadalupe Muñoz Pérez en su carácter de jueza Unitaria Estatal de Enjuiciamiento Penal, del Estado de Puebla, dependiente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, la audiencia de revisión de medidas cautelares de catorce de abril de dos mil veintitrés, a través de la cual se le negó su libertad. Bajo ese contexto, la demanda motivo de este expediente resulta extemporánea, tomando en consideración que el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la promoción del juicio constitucional transcurrió en exceso, en virtud de que dicho acto le fue notificado ese mismo día, por lo que conforme a las reglas que para plazos establece el artículo 84 del Código Nacional de Procedimientos Penales a la fecha de presentación de la demanda que dio origen al expediente en que se actúa (once de septiembre del año en curso), como se advierte de la papeleta de turno y sello correspondientes, excede el término señalado por el artículo 17 de la Ley de Amparo para la promoción del juicio de amparo, por haber transcurrido entre una fecha y otra más de quince días hábiles, pues si el quejoso fue notificado en la propia audiencia el catorce de abril de dos mil veintitrés, el referido plazo empezó a correr el dieciocho de abril del mismo año, feneciendo el diez de mayo de dos mil veintitrés, sin contar los días veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de abril, así como los diversos uno, cinco, seis y siete de mayo ambos del año en curso, por ser inhábiles, en términos de lo dispuesto por el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 19 de la Ley de Amparo; lo anterior conforme a lo dispuesto en de los artículos 56, 62, 63 y 82 fracción I inciso a), último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo anteriormente expuesto, es claro que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues el quejoso consintió tácitamente el acto reclamado indicado, ya que fue debidamente notificado de su contenido el propio catorce de abril de dos mil veintitrés, al resolverse la revisión de medida cautelar que indica, con el resultado que señala, esto es, negando su libertad; por lo que, la presentación de la demanda en su contra resulta extemporánea. Sin que obste a lo anterior, que el quejoso manifiesta que: "NO ME FUERON NOTIFICADAS DE MANERA PERSONAL LAS TRES ÚLTIMAS AUDIENCIAS DE JUICIO ORAL, Y A MI DEFENSOR PARTICULAR SOLAMENTE LE HAN SIDO NOTIFICADO LAS DOS PRIMERAS AUDIENCIAS DE JUICIO ORAL, (SEIS DE JUNIO Y CINCO DE SEPTIEMBRE AMBOS DEL AÑO EN CURSO)"; ello en virtud de que como se indicó, tal determinación se emitió en audiencia, por lo que es aplicable lo establecido en el artículo 56 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece: "Artículo 56. Presencia del imputado en las audiencias Las audiencias se realizarán con la presencia ininterrumpida de quien o quienes integren el Órgano jurisdiccional y de las partes que intervienen en el proceso, salvo disposición en contrario. El imputado no podrá retirarse de la audiencia sin autorización del Órgano jurisdiccional. ." Lo cual evidencia que el quejoso tuvo que encontrarse en el recinto judicial para la celebración de la citada audiencia, sin que alegue en la demanda un hecho extraordinario que generara su ausencia en la misma, esto es, que no se llevara a cabo con las formalidades del proceso penal oral. Por otro lado, respecto a los actos reclamados consistentes en la omisión de celebrar las audiencias de juicio oral de catorce de abril, seis de junio y cinco de septiembre todos del año en curso, porque en la primera porque no se presentaron los testigos de la parte acusadora, la segunda porque el ciudadano agente del ministerio público argumentó que se le habían empatado sus audiencias, y la tercera y última por falta de titular de la sala correspondiente, es decir, que se había removido a la titular de la sala, en consecuencia, no se tenía juzgador para presidir dicha audiencia. Respeto a dichos actos se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo texto se cita. "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)" En efecto, en la fracción aludida se prevé la improcedencia del juicio de amparo contra las resoluciones de tribunales judiciales respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. En tal disposición legal se consagra el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, por virtud del cual se impone al gobernado la obligación de agotar los recursos o medios de defensa previstos en la ley, contra aquellas resoluciones judiciales que estima lesionan sus derechos, antes de acudir a un medio de defensa extraordinario, como es el juicio de amparo. Al respecto, en contra de la omisión en que ha incurrido la responsable al no celebrar las audiencias de juicio oral de catorce de abril, seis de junio y cinco de septiembre todos del año en curso, por las razones expresadas por el quejoso; es decir, la primera porque no se presentaron los testigos de la parte acusadora, la segunda porque el ciudadano agente del ministerio público argumentó que se le habían empatado sus audiencias, y la tercera y última por falta de titular de la sala correspondiente, es decir, que se había removido a la titular de la sala, en consecuencia, no se tenía juzgador para presidir dicha audiencia, es procedente la interposición del recurso previsto en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dicho ordenamiento contempla la procedencia del recurso de queja contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado en este código. Y establece que dicho medio de impugnación se interpondrá ante el órgano jurisdiccional omiso quien tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al órgano jurisdiccional competente; el que lo tramitará y resolverá en un plazo no mayor de tres días. Del dicha porción normativa se revela que tal medio de impugnación resulta ser el medio de impugnación idóneo que debe agotarse previamente instar el juicio de amparo, esto es, respecto de las omisiones reclamadas a la Jueza Unitaria Estatal de Enjuiciamiento Penal, del Estado de Puebla, dependiente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, María Guadalupe Muñoz Pérez. De ahí que, conforme a la propia narración de la demanda de amparo, no se advierte que la parte quejosa previamente agotara dicho medio de impugnación, por lo cual es inconcuso que el juicio de amparo resulta improcedente. Es aplicable en lo conducente y por las razones que la integran, la siguiente jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. PARA TENERLO POR SATISFECHO, PREVIO A INTERPONER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 135 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN CONTRA DE LAS OMISIONES DE LOS JUECES DE CONTROL, CUANDO ESTAS OMISIONES CONSTITUYEN EL ACTO RECLAMADO" Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a soluciones distintas al analizar si para tener por satisfecho el principio de definitividad, previo a interponer el juicio de amparo indirecto el quejoso debe o no agotar el recurso de queja previsto en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales en contra de las omisiones de los Jueces de Control, cuando éstas se señalan como acto reclamado, ya que mientras para dos de ellos sí debe agotarse el recurso de queja, para el otro puede acudirse directamente al juicio de amparo porque la procedencia de dicho recurso está sujeta a una interpretación adicional, en tanto que el referido recurso no se ubica en el apartado de "Recursos" del Código Nacional de Procedimientos Penales, sino en el denominado "Jueces y Magistrados". Criterio jurídico: El Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito determina que sí debe agotarse el principio de definitividad, esto es, sí es necesario interponer el recurso de queja previsto en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contra el juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por el citado código, dado que dicho precepto no requiere interpretación adicional. Justificación: El artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales refiere que procederá el recurso de queja en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal. Ahora bien, el hecho de que dicho recurso no esté incluido en el título de "Recursos" del código referido, obedece a que en éste el legislador sólo aludió a los que proceden en contra de las resoluciones judiciales, y no contra omisiones. Luego, no se requiere interpretación adicional del precepto en atención a lo que sostuvo sobre el acto de "interpretación" el Pleno de la Suprema Corte en su anterior integración, esto es, que se debe tener presente el texto o sentido gramatical de las palabras y la intención o propósito que llevó al legislador a dictar la ley. Así, cuando el sentido gramatical de las palabras va enteramente de acuerdo con el fin que se persigue, no habrá duda sobre su aplicación, pero si examinados los propósitos del legislador se encuentra una palpable contradicción entre esos propósitos y el aparente significado de las palabras empleadas, todo hará suponer que esa significación no es la real. En el caso, el sentido gramatical del artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales es acorde con el fin que persigue -reparar las omisiones de los Jueces-. Además, si por suficiente regulación debe entenderse aquella que da certeza jurídica a los justiciables sobre los requisitos que deben satisfacer para tener acceso a un medio de impugnación ordinario cuando precisan impugnar un acto que consideran contrario a derecho, es decir, les garantiza el acceso a un medio de impugnación efectivo, entendido como tal, aquel que es capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido, permitiendo al tribunal competente desarrollar el análisis a efecto de determinar si ha habido o no alguna transgresión al orden jurídico en perjuicio del solicitante y, en su caso, proporcionar una reparación, entonces el recurso de queja previsto en el artículo 135 citado constituye un medio de impugnación efectivo, dado que está expresamente establecido para subsanar las omisiones de los Jueces, y a través de éste puede obtenerse el pronunciamiento omitido. No se soslaya que la abstención de la autoridad judicial, puede ser susceptible de transgredir en perjuicio de la parte quejosa los derechos que a su favor establece la Constitución Federal, toda vez que ante esa inactividad de la autoridad, el gobernado queda en completo estado de incertidumbre e inseguridad jurídica. Por tal razón, se reitera que tal medio de impugnación resulta ser el idóneo para impugnar dichas omisiones con la posibilidad de obtener un resultado eficaz, que le permite exigir que se haga uso de éste, pues se trata de un verdadero recurso o medio ordinario de defensa. Sentado lo anterior, resulta improcedente la demanda que se pretende contra las mencionadas omisiones, y por ello procede desecharla con apoyo en lo establecido en los artículos 113 y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En consecuencia, por ser notoria e indudable la improcedencia que se observa, con fundamento en lo dispuesto en los 113 de la Ley de Amparo, ésta última interpretada a contrario sentido, se desecha de plano la demanda de amparo que se provee. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. Notifíquese personalmente al quejoso por conducto de su autorizado en el domicilio señalado.
- Principal
Puebla, Puebla, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Firmas discrepantes Agréguese a los autos el escrito que al parecer suscribe el quejoso +++++, a través del cual pretende cumplir con la prevención que se le formuló en auto de doce de septiembre de dos mil veintitrés. No obstante, conforme a la certificación secretarial que antecede, se advierte que las firmas que calzan tanto en el escrito de cuenta como en el diverso inicial de demanda, son notoriamente distintas, pues a simple vista se advierte que difieren los rasgos característicos, la presión con las que aparecen estampadas, por la parte central de las mismas, los trazos iniciales y finales, así como los demás rasgos generales que las componen, particularmente en la forma en la que las líneas están trazadas, tal y como se evidencia a continuación: Escrito de demanda: Escrito de cuenta: REQUERIMIENTO A LA PARTE QUEJOSA Ahora bien, toda vez que la citada parte quejosa se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Cholula Puebla, túrnese los autos al Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, a fin de que, se constituya en las instalaciones del citado Centro de Reinserción Social y realice lo siguiente: Notifique personalmente el presente proveído al quejoso ******************** Requiera al citado quejoso, para que en el momento de la notificación manifieste si ratifica el contenido del escrito que se atiende, en la inteligencia que deberá ponerle a la vista copia de su escrito, el cual fue registrado con folio 14472. Lo aperciba que de no hacer pronunciamiento a lo anterior, se tendrá por no presentada la misma; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según su artículo 2º. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 258, visible en la página 174, del tomo VI del último Apéndice de Jurisprudencia, publicada bajo el rubro: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA." Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.
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Puebla, Puebla, doce de septiembre de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por ********************, contra los actos de la Jueza Unitaria Estatal de Enjuiciamiento Penal, del Estado de Puebla, dependiente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla ******************** y otra autoridad. Fórmese el amparo correspondiente y regístrese con el número ********************/2023. CONSIDERACIONES PREVIASComo cuestión previa resulta necesario precisar que del escrito inicial de demanda, se advierte que el quejoso señala como acto reclamado lo siguiente: ".Lo son, por su inobservancia y no acatar y respetar las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, en los que el Estado Mexicano es parte, y a la propia Ley fundamental, así como a una inexacta aplicación de Leyes Secundarias, y a una omisa e inexacta observación y aplicación de algunas tesis de Jurisprudencia, toda vez que algunas actuaciones ministeriales y judiciales, realizadas y llevadas a cabo a lo largo de la Carpeta de Judicial Administrativa y a la Causa Penal de Juicio de Oral radicada bajo el número ********************/2023, reputadas como Actos Reclamados, toda vez que las mismas se encuentran viciados de CONTRADICCIONES, IRREGULARIDADES, INCONSISTENCIAS, ANOMALIAS, ERRORES Y ARBITRARIEDADES, QUE VULNERARON CATEGORICAMENTE MIS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, ASÍ COMO TRANSGREDIERON MIS DERECHOS HUMANOS, los cuales consisten, por un lado. 1).- EL AUTO O CONSTANCIA MÍNIMA DE CONTROL, que mediante Audiencia de Revisión de Medidas Cautelares así como Juicio oral, se llevara a cabo a las 11:30 a.m. del día CATORCE DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTITRES, presidida por la Ciudadana Juez de Control ******************** en su carácter de Jueza Unitaria Estatal de Enjuiciamiento Penal, del Estado de Puebla. De la que se advierte que la citada Autoridad Responsable ME NEGÓ ROTUNDA Y CATEGORICAMENTE MI LIBERTAD PERSONAL, BAJO LAS RESERVAS DE LEY, SIN TOMAR EN ENCUENTA, NI VALORAR O ESTIMAR MUCHO MENOS LA RAZÓN FUNDADA Y JURÍDICA DEL TIEMPO TRANSCURRIDO QUE ALARDEA LA FRACCIÓN IX, INCISO B, DEL ARTÍCULO 20 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 165 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, AUTORIZANDO SEIS MESES MAS PARA LA PRACTICA DE LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL. 2).- Por otro lado, y no menos importante lo es LA DILACIÓN O RETARDO CON QUE SE HA CONDUCIDO TODO EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL, toda vez que tal y como se advierte de autos se han diferido de manera reiterativa las audiencias de juicio oral que se han señalado, mismas que se han señalado de la siguiente manera, 14 DE ABRIL, 06 DE JUNIO, Y 05 DE SEPTIEMBRE, TODOS DEL AÑO EN CURSO, MISMAS QUE NUNCA SE CELEBRARON, LA PRIMERA PORQUE NO SE PRESENTARON LOS TESTIGOS DE LA PARTE ACUSADORA, LA SEGUNDA PORQUE EL CIUDADANO AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ARGUMENTÓ QUE SE LE HABÍAN EMPATADO SUS AUDIENCIAS, Y LA TERCERA Y ÚLTIMA POR FALTA DE TITULAR DE LA SALA CORRESPONDIENTE, ES DECIR QUE SE HABÍA REMOVIDO A LA TITULAR DE LA SALA, EN CONCECUENCIA, NO SE TENÍA JUZGADOR PARA PRESIDIR DICHA AUDIENCIA. SIN LEVANTAR CONSTANCIA DE ELLO, CIRCUNSTANCIAS QUE HACE Y PERMITE EL RETARDO Y DILACIÓN DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL." De lo que es importante resaltar que en el inciso 2) refiere: ".Y LA TERCERA Y ÚLTIMA POR FALTA DE TITULAR DE LA SALA CORRESPONDIENTE, ES DECIR QUE SE HABÍA REMOVIDO A LA TITULAR DE LA SALA, EN CONCECUENCIA, NO SE TENÍA JUZGADOR PARA PRESIDIR DICHA AUDIENCIA. SIN LEVANTAR CONSTANCIA DE ELLO, CIRCUNSTANCIAS QUE HACE Y PERMITE EL RETARDO Y DILACIÓN DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL." Luego, en el capítulo V. FECHA DE NOTIFICACIÓN, se asentó lo siguiente: ".NO ME FUERON NOTIFICADAS DE MANERA PERSONAL LAS TRES ÚLTIMAS AUDIENCIAS DE JUICIO ORAL, Y A MI DEFENSOR PARTICULAR SOLAMENTE LE HAN SIDO NOTIFICADO LAS DOS PRIMERAS AUDIENCIAS DE JUICIO ORAL, (SEIS DE JUNIO Y CINCO DE SEPTIEMBRE AMBOS DEL AÑO EN CURSO)." Posteriormente, bajo protesta de decir verdad, refiere como antecedentes del acto reclamado en el punto segundo lo siguiente: ".en la siguiente fecha cinco de Septiembre del dos mil veintitrés, la C. Juez de Enjuiciamiento fue removido por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y por tal razón se difirió mi audiencia.." De tal manera, no existe claridad respecto a si en la fecha indicada -cinco de septiembre- por la razón en cita (falta de juez) se omitió llevar a cabo la audiencia, sin proveer al respecto o, en su caso, tomando en consideración esa circunstancia, se emitió una determinación en la cual se difirió la misma, esto es, se fijó nueva fecha y hora para su celebración. PREVENCIÓN Por lo que a fin de proveer lo conducente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 fracción IV, en relación con el artículo 108 fracciones IV y V de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente auto, mediante escrito aclaratorio, realice lo siguiente: 1. Manifieste, si el cinco de septiembre del año en curso, data que se fijó para celebrar la audiencia de juicio, ante el evento que señala, se omitió dictar algún acuerdo; en tal supuesto, indique si solicitó al juzgado responsable fijar fecha y hora para llevar a cabo tal audiencia. 2. En su caso, indique si en la fecha aludida se emitió algún acuerdo en el cual se reprogramó o fijó nueva fecha y hora para la celebración de tal audiencia. Lo anterior, con la finalidad de que este juzgado federal se encuentre en aptitud de proveer lo conducente en relación a su demanda de amparo; esto es, si en el caso se reclama una omisión o, bien, una determinación emitida por el órgano judicial señalado como responsable. APERCIBIMIENTO A LA PARTE QUEJOSA Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir íntegramente con lo requerido dentro del plazo indicado, únicamente se tendrán como actos reclamados los consistentes en la audiencia de catorce de abril de este año, en la cual se resolvió sobre la revisión de las medidas cautelares, negando su libertad personal; así como el diferimiento de la audiencia de juicio oral, en fecha catorce de abril y seis de junio de este año; todo ello, dentro de la causa penal de juicio oral ********************/2023/JO/CENTRO del índice del juzgado responsable. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo, y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al profesionista que refiere, quien tiene registrada su cédula profesional en el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública. MEDIOS DE COMUNICACIÓN No ha lugar a tener como medios de comunicación el correo electrónico y/o números telefónicos personal que refiere, en su escrito de cuenta, en virtud que el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DEL TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, no autoriza la comunicación por ese medio e impone a las partes el tránsito hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. Notifíquese personalmente al quejoso por conducto de su autorizado en el domicilio señalado.
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