Jorge Adrian Rincon Reyes

Expediente 900/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
900/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
06/09/2023

Partes del expediente

  • Jorge Adrian Rincon Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    PRIMERO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a ****, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Tijuana, en funciones de Juez de Control, consistente en la imposición de la medida de prisión preventiva oficiosa determinada en audiencia de ******, emitida en la causa penal ***, por los fundamentos y motivos expuestos en el considerando sexto y para los efectos establecidos en el diverso séptimo.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Informe justificado. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar el informe justificado rendido por una de las autoridades responsables y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Certificación. Asimismo, vista la certificación de cuenta se advierte que al ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, se desprende que el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, otorgó a este juzgado el acceso al expediente electrónico relativo a la causa penal 1192/2021, de su índice Admisión de pruebas. Con fundamento en la interpretación sistemática de los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas las constancias las documentales y las videograbaciones de las audiencias ahí celebradas, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. Sin que haya necesidad de llevar a cabo una audiencia especial de reproducción de las audiencias celebradas el treinta y uno de julio y ocho de agosto, ambas del año en curso, mismas que queda a disposición de las partes para su consulta; en el entendido de que, si es su deseo imponerse de éste, su reproducción se realizará en las instalaciones de este juzgado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J 43/2013 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 703 del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2004362, que al rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD), SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Notifíquese.

  3. Incidental

    Tijuana, Baja California, diez de agosto de dos mil veintitrés. Informe. Agréguense a los autos los diversos comunicados del Asistente de Constancias y Registros adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, a través de los cuales informa que en cumplimiento a la suspensión provisional, en audiencia de ocho de agosto de dos mil veintitrés, dejo sin efectos la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y determinó imponer la de prisión preventiva justificada, de lo que se toma nota. Notifíquese.

  4. Incidental

    Resolución. Vistos, para resolver en definitiva los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 828/2023-IV, promovido por Jorge Adrián Rincón Reyes, por conducto de su defensora Susana Elizabeth López Chairez, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, en funciones de Juez de Control; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el uno de agosto de dos mil veintitrés, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, Jorge Adrián Rincón Reyes, por conducto de su defensora Susana Elizabeth López Chairez, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra los actos y la autoridad señalada en su escrito inicial. SEGUNDO. Trámite. En acuerdo de dos de agosto de dos mil veintitrés, se admitió la demanda, ordenando formar por separado el incidente de suspensión, en el que se solicitó su informe previo a la autoridad responsable y se citó a las partes para la celebración de la audiencia incidental, la que se desahogó al tenor del acta que antecede. Por tanto, una vez agotados los trámites de instancia, corresponde dictar la resolución que en derecho corresponda; y, C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, con fundamento en los artículos 125, 128 y 140 de la Ley de Amparo; así como el Acuerdo General 31/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación de este Juzgado. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se señala esencialmente como actos reclamados: "IV. ACTO RECLAMADO: Reclamo la emisión de la resolución de fecha TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS emitida en la causa penal 865/2023 en la que se determina imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, de conformidad con lo establecido en los artículos 19 Constitucional y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales." Tercero. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, en funciones de Juez de Control, con sede en esta ciudad, aceptó al rendir su informe previo, la existencia del acto que se le reclama. Por tanto, deberá tenerse como cierto el acto reclamado para efectos de resolver el presente incidente de suspensión. Cuarto. Efectos para los que se solicita la suspensión. La parte quejosa solicita la suspensión definitiva del acto reclamado, para los siguientes efectos: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Solicito la suspensión del acto reclamado de conformidad con los artículos 125, 126, 127, 128, 129, 158 y 162 de la Ley de Amparo, ya que su concesión no causa perjuicio al interés público, tampoco es contraria al interés moral o al derecho. Lo anterior con efectos restitutorios provisionales, por la llamada figura de tutela provisional anticipada, independientemente que el artículo 128 ya citado establece que no pueden concederse suspensiones a las medidas cautelares concedidas por la autoridad judicial, mas, en la acción de inconstitucionalidad 62/2016, nuestro Máximo Tribunal estableció que pueden existir excepciones a esta regla. Además, porque existe la figura de la apariencia del buen derecho, porque existe la posibilidad que la sentencia que en su momento se emita en este asunto resulte favorable para el quejoso." Por tanto, una vez precisado el reclamado y los efectos para los cuales la parte quejosa solicitó la suspensión, se procede al análisis de la medida y los efectos para los cuales, en su caso, puede concederse. Sirve de apoyo a este razonamiento la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 4/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y de contenido siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo". Quinto. Procedencia de la suspensión. Resulta pertinente indicar que los artículos 107, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 125 y 128 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que el juzgador debe tomar en cuenta para otorgar la medida cautelar solicitada, así como los requisitos que la parte peticionaria debe reunir, los cuales son: 1. Que la solicite el quejoso; 2. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, 3. Que deberá realizarse un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público. En la especie, la parte quejosa solicitó expresamente en su escrito inicial de demanda la suspensión del acto que reclama de la autoridad señalada como responsable, por lo que con ello se reúne el requisito establecido en la fracción I del artículo 128 anteriormente citado. Asimismo, se encuentra satisfecho el requisito establecido en la fracción II del artículo en comento, así como lo dispuesto por el numeral 138, toda vez que con la concesión de la medida cautelar se estima que no se sigue perjuicio al interés social, y no se contravienen disposiciones de orden público, como se expondrá a continuación. Sexto. Concesión de la suspensión. Ahora, tomando en consideración la naturaleza del acto reclamado consistente en la prisión preventiva oficiosa, a fin de evitar un daño irreparable a la quejosa en las etapas del juicio se concede la suspensión definitiva solicitada, por los siguientes motivos. Consideración previa. Como punto de partida, esta juzgadora se encuentra obligada a tomar en consideración lo dispuesto en el artículo 1 de la constitución, en sus tres primeros párrafos, vigente a partir del once de junio de dos mil once. En ese sentido, en el Estado mexicano existen dos fuentes en las cuales se establecen derechos humanos y sus garantías, por una parte, en la constitución y, por otra, en los tratados internacionales de los que sea parte. En sede nacional el artículo 19 constitucional, prevé dos supuestos en los cuales se podrá decretar prisión preventiva, a saber: 1) justificada y, 2) oficiosa. La prisión preventiva oficiosa está prevista en el referido numeral 19 constitucional y la ordena el juez en los casos de delitos específicos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas y bajo esa relevancia constitucional se interpreta el sistema de medidas cautelares previsto en la Ley de Amparo. Es decir, un sistema de medidas cautelares apto para la protección efectiva y completa (artículo 17 constitucional) de los intereses jurídicos en juego, tomando en cuenta que la tardanza del procedimiento para obtener su salvaguarda no es un factor que justifique su lesión irreversible o grave a efecto de proveer sobre la suspensión solicitada. Por tal motivo, a efecto de generar que el sistema de medidas cautelares (suspensión) en los juicios de amparo sea efectivo, el legislador dispuso en el artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, lo que doctrinal y jurisprudencialmente se ha denominado la "suspensión con efectos restitutorios". Esto, porque el legislador estableció que: "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo". En consecuencia, los órganos de control constitucional tenemos la obligación de analizar la naturaleza del acto reclamado y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecer provisionalmente a la parte quejosa en el goce de su derecho violado hasta en tanto se dicte sentencia. Sin embargo, para que ello acontezca, se ha explicado que debe analizarse una circunstancia relevante, esto es, la apariencia del buen derecho. Así, la doctrina y la jurisprudencia han definido la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora como el conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad, respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de modo tal que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, así como la amenaza de que por el tiempo de duración del proceso ese derecho aparente no sea satisfecho. Por tanto, esta resolutora estima que la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora se encuentra acreditada para efectos de conceder la suspensión solicitada. Lo anterior, porque de un análisis superficial de este asunto y a manera de probabilidad, se puede advertir que, con relación a la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, asistirá la razón a la parte quejosa en la sentencia que se dicte en el fondo de este asunto; lo que actualiza la figura jurídica indicada y genera que sea procedente conceder la medida cautelar solicitada con efectos restitutorios; esto, esencialmente, derivado de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que deben ser acatadas por los jueces mexicanos para lograr la efectiva protección de los derechos fundamentales de las personas. En ese contexto, debe destacarse que la Corte Interamericana de Derechos Humanos el siete de noviembre de dos mil veintidós, dictó sentencia en el caso Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México, en la que en relación con la prisión preventiva, consideró que el artículo 161 del Código Federal Procesal Penal de mil novecientos noventa y nueve, el cual establece la prisión preventiva, y que fue aplicado en el caso, no hace referencia a las finalidades de la prisión preventiva, ni a los peligros procesales que buscaría precaver, ni tampoco a la exigencia de hacer un análisis de la necesidad de la medida frente a otras menos lesivas para los derechos de la persona procesada, como lo serían las medidas alternativas a la privación a la libertad. Además, estimó que el referido artículo establece preceptivamente la aplicación de la prisión preventiva para los delitos que revisten cierta gravedad una vez establecidos los presupuestos materiales, sin que se lleve a cabo un análisis de la necesidad de la cautela frente a las circunstancias particulares del caso. Por ello, consideró que el Estado vulneró su obligación de adoptar disposiciones de derecho interno contenida en el artículo 2 de la Convención en relación al derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente (art. 7.3), al control judicial de la privación de la libertad (art. 7.5), y a la presunción de inocencia (art. 8.2) en perjuicio de las víctimas. Finalmente concluyó que al aplicar figuras que (per se) son contrarias a la Convención, las autoridades internas vulneraron los derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia en perjuicio de las víctimas incumpliendo su obligación de respeto contenida en el artículo 1.1 de dicho instrumento. En ese orden de ideas, mediante sentencia dictada el veinticinco de enero del presente año, la misma Corte Interamericana de derechos Humanos, en el caso García Rodríguez y otro Vs. México -en la que en relación con la prisión preventiva- indicó que el artículo 319 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de dos mil y 19 de la Constitución de acuerdo a su texto reformado en el dos mil ocho, eran contrarios a la convención. Asimismo sostuvo que esas normas no mencionan las finalidades de la prisión preventiva, ni a los peligros procesales que buscaría precaver, ni tampoco a la exigencia de hacer un análisis de la necesidad de la medida frente a otras menos lesivas para los derechos de la persona procesada, como lo serían las medidas alternativas a la privación a la libertad. También señaló que en ambas disposiciones legales, se limita el rol del juez y supone un acto que deviene exento de todo control real impidiendo al imputado controvertir los hechos o discutir el fundamento. Por lo que la Corte consideró que esas normas contenían cláusulas y siguen conteniendo en el caso del artículo 19 de la Constitución, que, (per se) resultaban contrarias a varios derechos establecidos en la Convención Americana, tales como el derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente (art. 7.3), al control judicial de la privación de la libertad (art. 7.5), a la presunción de inocencia (art. 8.2), y a la igualdad y no discriminación (artículo 24). De ahí que concluyó que el Estado vulneró esos derechos, en relación con la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno establecida en el artículo 2 de dicho tratado, en perjuicio de las víctimas. Finalmente, la Corte afirmó que al aplicar figuras que (per se) son contrarias a la Convención, y al mantener por más de diecisiete años a las víctimas en prisión preventiva, las autoridades internas vulneraron los derechos a la libertad personal, a la presunción de inocencia, y a la igualdad y no discriminación, en perjuicio de las víctimas incumpliendo su obligación de respeto contenida en el artículo 1.1 de dicho instrumento. De las anteriores sentencias se puede concluir que en lo referente a la prisión preventiva, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que para que una medida cautelar restrictiva de la libertad no sea arbitraria y no se vea afectado el derecho a la presunción de inocencia, es necesario que: a) Existan elementos para formular cargos o llevar a juicio: deben existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente que un hecho ilícito ocurrió y que la persona sometida al proceso pudo haber participado en el mismo (es decir deberá atender a las particularidades del caso); b) Que la finalidad sea compatible con la Convención, a saber: procurar que la persona acusada no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia y que las medidas sean idóneas, necesarias y estrictamente proporcionales respecto de tal fin; y, c) Que la decisión que las impone contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas. Es decir, la Corte Interamericana de derechos Humanos estableció que cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, violará el artículo 7.3 de la CIDH. Criterio que resulta obligatorio a este órgano jurisdiccional, tal como reiteró la referida Corte Interamericana en el punto 303 de la sentencia del Caso García Rodríguez y otro que dice: "303. Conforme a lo expuesto, se recuerda que las autoridades internas, al aplicar las figuras del arraigo o de la prisión preventiva, deben ejercer un adecuado control de convencionalidad para que las mismas no afecten los derechos contenidos en la Convención Americana de las personas investigadas o procesadas por un delito, atendiendo el principio pro persona. En ese sentido, corresponde reiterar que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y juezas, están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, sean estas de naturaleza constitucional o legal, por lo que - en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes- las magistraturas y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana, y en esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana." Conclusión. En acato al marco de precedentes emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este órgano jurisdiccional considera -como lo resolvió dicho tribunal- que la figura de la prisión preventiva oficiosa no es acorde a los estándares internacionales contraídos por el Estado Mexicano y, por ende, es inconvencional; lo que genera que su aplicación vulnere diversos derechos de las personas que se encuentran sometidas a ésta. Por todo lo anterior, al estimarse que se actualiza la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, procede conceder la suspensión definitiva a la parte quejosa, para que, en caso de que no se lleve a cabo la audiencia de revisión de medida cautelar señalada para las doce horas con treinta minutos del ocho de agosto de dos mil veintitrés, la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, realice lo siguiente: a) Señale fecha y hora para llevar una diversa audiencia -con intervención de las partes- en la que deje sin efectos la determinación emitida en la audiencia de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal 865/2023, únicamente respecto a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. b) En la misma audiencia declare improcedente la imposición de la prisión preventiva oficiosa a la parte quejosa, conforme el marco convencional expuesto en esta resolución. c) Una vez hecho lo anterior, abra a debate de las partes el análisis de la solicitud de medidas cautelares a imponerse a la parte quejosa, en la que, con libertad de jurisdicción, decrete las que considere necesarias. Lo anterior, con la única limitación de que no pueda imponerse la de prisión preventiva de manera oficiosa; lo que no excluye la posibilidad de que pueda decretarse la relativa a la prisión preventiva justificada, en caso de que cuente con elementos para ello. Ahora, en el caso de que se hubiere llevado a cabo la audiencia de revisión de medida cautelar señalada para las doce horas con treinta minutos del ocho de agosto de dos mil veintitrés, y que en acatamiento a la suspensión provisión decretada en autos, se hubiere declarado improcedente la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la suspensión definitiva concedida será para el único efecto de que si llegará a solicitarse la modificación de la medida cautelar, no se imponga al quejoso la prisión preventiva oficiosa. Ello, tomando en consideración la temporalidad a que está sujeta la suspensión provisional, que se ve sustituida con la definitiva y considerando también la naturaleza del acto reclamado y la posibilidad que durante el trámite del procedimiento penal puedan revisarse las medidas cautelares, a fin de evitar un daño irreparable al quejoso en las etapas del juicio es por lo que se concede la suspensión definitiva solicitada. Sirve de apoyo a lo anterior este razonamiento la tesis: I.1o.P.31 P (11a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y de contenido siguiente: "PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL CON EFECTOS RESTITUTORIOS PARA QUE DE INMEDIATO EL JUEZ DE CONTROL FIJE UNA AUDIENCIA DE REVISIÓN DE ESA MEDIDA CAUTELAR E IMPONGA LA QUE CONSIDERE ADECUADA, QUE PUEDE SER INCLUSO LA DE PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto contra la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que le impuso el Juez de Control en la audiencia inicial, y solicitó la suspensión provisional del acto reclamado para que se prescindiera de ella. El Juez de Distrito negó la suspensión, al estimar que es improcedente otorgarla por disposición del artículo 128 de la Ley de Amparo, y porque los efectos restitutorios son propios de la sentencia de amparo. Inconforme, interpuso recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que debe concederse la suspensión provisional contra la prisión preventiva oficiosa para el efecto de que el Juez de Control de inmediato fije una audiencia de revisión de la medida cautelar e imponga la que considere razonablemente adecuada -que puede ser incluso la de prisión preventiva, pero justificada- para lograr la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo o evitar la obstaculización del proceso. Justificación: En primer lugar, aunque el artículo 128 de la Ley de Amparo establece que no serán objeto de suspensión las medidas cautelares concedidas por autoridad judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad 62/2016, estableció que pueden existir excepciones a esta regla y es al Juez de amparo a quien le corresponde determinarlas. En segundo, conforme al segundo párrafo del artículo 147 de ese ordenamiento, es posible otorgarla con efectos restitutorios provisionales (tutela anticipada), porque de esa manera se evita que el juicio de amparo se convierta en un instrumento estéril para garantizar una tutela jurisdiccional efectiva, siempre que la medida cautelar privativa de la libertad impuesta tenga matices de devenir inconstitucional y pueda así declararse en la sentencia de fondo. En tercer lugar, existe apariencia del buen derecho, pues en un cálculo de probabilidades se avizora una sentencia favorable a quien acude a la acción de amparo, en tanto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México y García Rodríguez y otro Vs. México, estableció que la prisión preventiva oficiosa prevista en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es inconvencional por transgredir los derechos fundamentales de libertad y presunción de inocencia, al no estar sujeta a un juicio de proporcionalidad (con la satisfacción de las cuatro gradas de: fin compatible con la Convención, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto) que sólo la autoridad judicial puede efectuar y la que debe justificar su imposición según las particularidades de cada caso, lo que no ocurre si se aplica de manera oficiosa. Además, también existe peligro en la demora si el quejoso se encuentra privado de la libertad con motivo de la prisión preventiva oficiosa dictada en su contra, si no se suspende esa medida cautelar con efectos restitutorios, al generarse una afectación permanente mientras persista y puede llegarse al extremo de que se consume irreparablemente; y no existe afectación al interés social ni contravención a disposiciones de orden público, porque puede otorgarse la suspensión respecto de medidas cautelares. En cuarto lugar, una vez satisfechos los elementos desarrollados con anterioridad, es procedente otorgar la suspensión provisional contra la prisión preventiva oficiosa, pero no para poner en inmediata libertad al quejoso -al existir una eventual afectación al interés social-, sino para que de inmediato la autoridad responsable fije una audiencia de revisión de la medida cautelar e imponga la que considere razonablemente adecuada, que incluso puede ser la de prisión preventiva, pero justificada, a fin de cumplir con los fines de una medida cautelar previstos en el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De igual forma, sirve de sustento a lo antes señalado, la determinación que emitió el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión pública de trece de julio del año en curso, visible en la página oficial https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaSesion.htm, al resolver la contradicción de criterios número 40/2023, de su índice. Puesto que en dicha resolución estableció que cuando en un juicio de amparo se reclame la prisión preventiva oficiosa, se puede conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios en tutela anticipada, dado que se actualiza la apariencia del buen derecho con las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Resolución cuyo engrose se encuentra pendiente de publicación; sin embargo, se dio publicidad a dicha determinación mediante una nota informativa y la sesión fue pública y puede consultarse en la mencionada liga electrónica. Requisitos de efectividad. La suspensión provisional surte efectos desde luego, en términos del 136, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que haya lugar a fijar garantía dada la naturaleza y efectos concedidos de los actos reclamados. Por lo expuesto y fundado, se; R E S U E L V E: Único. Se concede a Jorge Adrián Rincón Reyes la suspensión definitiva por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta resolución. Notifíquese.

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