Jorge Adrián Martínez Aguilar
Expediente 12/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 15 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 12/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 30/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Jorge Adrián Martínez Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
." ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA Previo al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes, o bien las que de oficio se adviertan actualizadas, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal como lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo. En el caso, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y fracción I del numeral 1º y artículo 5°, fracción II, de la ley de la materia, en relación a los actos atribuidos a los Directores Jurídicos de HSBC Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC y BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer. ."debe precisarse, que en las contiendas citadas al rubro los quejosos reclaman la inmovilización de las cuentas bancarias 4036030575 a nombre de Margarita Rosa Molina Guillermo, 4034569343 a nombre de Grupo Mármol Construcciones, Sociedad Anónima de Capital Variable, 4026468561 a nombre de Corporativo Constructor Roma, Sociedad Anónima de Capital Variable, 4057249195 y 4029789419 a nombre de Jorge Adrián Martínez Aguilar, así como el contrato bursátil 972405 y 4043287077 a nombre de Excavaciones Conosur, Sociedad Anónima de Capital Variable, a cargo de la institución bancaria HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, así como las diversas cuentas números 0195349265 a nombre de Margarita Rosa Molina Guillermo, 1133457559 y 1147121423 a nombre de Jorge Adrián Martínez Aguilar, a cargo de la institución bancaria BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer. Sin embargo, se estima que las citadas instituciones bancarias, no tienen el carácter de autoridad, para efectos de los juicios de amparo 8/2021 y sus acumulados 9/2021, 11/2021, 12/2021 y 13/2021, pues la inmovilización de las cuentas bancarias citadas; no revela la existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular; y que de esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; y que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad de los afectados. En otras palabras, el actuar atribuido a los Directores Jurídicos de HSBC Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC y BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, consistente en el bloqueo de sus cuentas bancarias, no les otorga la calidad de autoridades responsables porque no dictan, ni ordenan un acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, sino que sus actos derivan del auxilio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o de una determinación judicial. ."Consecuentemente, como los actos reclamados por los quejosos a las instituciones bancarias aludidas, no se funda en un acto u omisión de autoridad, se estima que se actualiza la causa de improcedencia invocada. De igual forma, se estima que se actualiza la diversa hipótesis prevista en la fracción XVIII del artículo 61 del propio ordenamiento legal, hecha valer por la tercera interesada, porque los quejosos Margarita Rosa Molina Guillermo, Grupo Mármol Construcciones, Sociedad Anónima de Capital Variable, Corporativo Constructor Roma, Sociedad Anónima de Capital Variable, Jorge Adrián Martínez Aguilar y Excavaciones Conosur, Sociedad Anónima de Capital Variable, no hicieron valer el recurso de apelación correspondiente previo a promover el juicio biinstancial. ."este órgano jurisdiccional estima que los quejosos se encuentran en posibilidad de impugnar a través del medio ordinario de defensa, el auto de cinco de noviembre de dos mil veinte, dictado en el juicio especial de fianzas 611/2020, mediante el cual el Juez Trigésimo Quinto Civil de la Ciudad de México, decretó el secuestro precautorio de sus bienes, suficientes para garantizar la suma de $19'737,082.68 (diecinueve millones setecientos treinta y siete mil ochenta y dos pesos 68/100 moneda nacional) reclamada por CHUBB Fianzas Monterrey Aseguradora de Caución, Sociedad Anónima. En efecto, conforme al sistema legal que rige los recursos en el Código de Comercio, se encuentra el numeral 1183, el cual señala que en contra de la resolución que decrete una providencia precautoria procede recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, y enseguida remite a los artículos 1339, 1345, fracción IV, y 1345 bis 1 del propio código. En el caso, la suerte principal que se le reclama a los quejosos es por $19'737,082.68 (diecinueve millones setecientos treinta y siete mil ochenta y dos pesos 68/100 moneda nacional). Por tanto, en contra del auto por virtud del cual se obsequió el secuestro precautorio de bienes, procede el recurso de apelación, previsto en el artículo 1339 del Código de Comercio. De esta manera, para los efectos de los juicios de amparo en estudio, el acuerdo reclamado carece de definitividad, toda vez que en su contra procede el recurso de apelación, a través del cual puede ser modificado o revocado; por lo que surte la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. No contraria lo anterior, el hecho de que se reclame el congelamiento de diversas cuentas bancarias, lo cual puede generar efectos de imposible reparación y por ello, pueda impugnarse a través del juicio de amparo indirecto; sin embargo, la irreparabilidad del acto combatido y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio constitucional, y el primer supuesto no es un caso de excepción para el segundo, pues si el acto reclamado tiene efectos irreparables y existe un recurso ordinario en su contra, debe interponerse y posteriormente acudir a la contienda de amparo, pues de lo contrario, será improcedente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No pasa inadvertido para quien resuelve, que los quejosos Margarita Rosa Molina Guillermo, Grupo Mármol Construcciones, Sociedad Anónima de Capital Variable, Corporativo Constructor Roma, Sociedad Anónima de Capital Variable, Jorge Adrián Martínez Aguilar y Excavaciones Conosur, Sociedad Anónima de Capital Variable ostentándose como terceros extraños por equiparación, reclaman también la falta de emplazamiento. Empero, como se aprecia de los antecedentes expuestos al inicio de este fallo, el juicio de origen se encuentra en trámite, motivo por el cual, los amparistas no cuentan con ese carácter ya que conocen lo reclamado en la contienda de origen a través de estas controversias constitucionales, por tanto, el amparo en vía indirecta es improcedente porque la falta de emplazamiento o su ilegalidad no les ocasiona un total desconocimiento que les impida imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, mediante los medios de defensa ordinarios establecidos en la legislación aplicable. DECISIÓN En tales condiciones, como se actualizan las hipótesis de improcedencia invocadas; con fundamento en el diverso artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, se sobresee en el juicio de amparo 8/2021 y sus acumulados 9/2021, 11/2021, 12/2021 y 13/2021. Determinación que se hace extensiva a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, señalada como autoridad responsable ejecutora; en virtud de que el acto que se le reprocha no se ataca por vicios propios, sino que su legalidad está subordinada a la de la ordenadora. Por lo antes expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 61, 62, 73, 74, 75, 76, 77 y 124, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Por las consideraciones vertidas en el VII apartado de la presente sentencia, se sobresee en el juicio de amparo 8/2021 y sus acumulados 9/2021, 11/2021, 12/2021 y 13/2021, promovidos por Margarita Rosa Molina Guillermo, por propio derecho, Grupo Mármol Construcciones, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su administrador único Alejandro Adrián Martínez Molina, Corporativo Constructor Roma, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de su administrador único Jorge Adrián Martínez Aguilar, éste último por conducto de su apoderada Claudia Guadarrama Riva Palacio y Excavaciones Conosur, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de su administradora única Margarita Rosa Molina Guillermo, contra los actos atribuidos al Juez Trigésimo Quinto Civil de la Ciudad de México, Director General Adjunto de Atención a Autoridades "B" de Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Directores Jurídicos de HSBC Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC y BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer. Notifíquese vía electrónica a las partes.
- Incidental
agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio de cuenta y anexos, remitidos vía correo electrónico por la Dirección General Adjunta Jurídica de Procedimientos "C" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante el cual rinde informe previo. Lo anterior, tomando en consideración que la audiencia incidental respecto de la ampliación de la demanda tuvo verificativo a las doce horas con siete minutos del veintiséis de febrero de dos mil veintiuno y, por tanto, el citado informe resulta extemporáneo. Es así porque dicho informe lo dirigió de la manera siguiente: "Informes previo y justificado amparo 8/2021-IV y sus acumulados, quejosa Margarita Rosa Molina Guillermo y otros. MARGARITA ROSA MOLINA.zip; IP ampl DGAAA B amparo 8-2021 y acumulados Margarita Rosa Molima Guillermo y otros.pdf; IJ ampl DGAAA B amparo 8-2021 y acumulados Margarita Rosa Molima Guillermo y otros. (sic)" Como puede advertirse, la responsable no dirigió su comunicación al incidente de suspensión en que se actúa, pues aun y cuando éste se acumuló al expediente al que lo remitió, lo cierto es que desde la admisión de la demanda en lo principal y en la ampliación, se ordenó, respectivamente y con fundamento en lo previsto por el numeral 128, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, abrir los cuadernos incidentales por duplicado y cuerda separada, así como dar cuenta con el auto que admitió la ampliación de la demanda en el incidente, por lo que debió rendir el informe previo respecto de la multicitada ampliación al cuaderno respectivo. Además, la ampliación de la demanda únicamente se admitió respecto del expediente 12/2021 en que se actúa, no así respecto de los acumulados 8/2021, 9/2021, 11/2021, Y 13/2021. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.
- Incidental
CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107 fracción VII, constitucionales; 1°, 35, 125, 128, 129 y 138 de la Ley de Amparo; 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintitrés de enero de dos mil trece, en virtud de que se reclaman actos dictados por autoridades que tienen su residencia en la jurisdicción de este Juzgado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 146 de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo acordado, es dable precisar que para efecto del presente incidente de suspensión, el quejoso ostentándose tercero extraño por equiparación reclama, vía ampliación de demanda, la orden de secuestro precautorio de bienes de su propiedad, contenida en el auto de cinco de noviembre del dos mil veinte, dictado en las actuaciones del juicio especial de fianzas promovido por Chubb Fianzas Monterrey Aseguradora de Caución, Sociedad Anónima, antes Ace Fianzas Monterrey, Sociedad Anónima, en contra del impetrante y otros, expediente 611/2020; así como las consecuencias de dicha orden de secuestro, consistentes en el bloqueo de los importes y cantidades de su propiedad consignadas en cuentas de depósito, cuentas de cheques y de ahorro que sean a plazo o a la vista, inversiones, valores públicos o gubernamentales, acciones, obligaciones o cualquier otro título que le otorgue un derecho de crédito ante las instituciones de crédito o financieras y casas de bolsa, que forman parte del Sistema Financiero Mexicano. TERCERO. Existencia del acto controvertido. Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, son ciertos los actos reclamados a la Juez Trigésimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México, por así expresarlo al rendir su respectivo informe previo. En otro orden, con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Amparo, se tienen por presuntivamente ciertos los actos reclamados al Director General Adjunto de Atención a Autoridades "B" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ante la falta de su informe previo, toda vez que omitió rendirlo en el término establecido, no obstante que fue debidamente notificado según se desprende de la constancia de notificación. ello no provocaría una afectación al orden público e interés social. No obstante, en el caso no procede conceder la suspensión definitiva. Se estima de ese modo, toda vez que las consecuencias del embargo precautorio reclamado, tienen el carácter de actos futuros e inciertos, ya que la parte quejosa en el escrito que se analiza, no identifica ni señala que posea cuentas de depósito, cuentas de cheques y de ahorro que sean a plazo o a la vista, inversiones, valores públicos o gubernamentales, acciones, obligaciones o cualquier otro título que le otorgue un derecho de crédito ante las instituciones de crédito o financieras y casas de bolsa, que forman parte del Sistema Financiero Mexicano; diversos de los ya asegurados inicialmente en el controvertido de origen y respecto de los cuales ya se concedió la suspensión. Lo anterior, porque es precisamente la narrativa que hace el quejoso, la que permite establecer que se está en la hipótesis de actos futuros e inciertos, aunado a que tampoco exhibe prueba alguna que acredite la existencia a su favor o la titularidad de los instrumentos bancarios o financieros a los cuales se refiere el acto reclamado y tampoco ello se desprende de las constancias que integran el presente incidente de suspensión. Así las cosas, cabe apuntar que por regla general, sólo los actos futuros de inminente realización y, no los futuros e inciertos, son susceptibles de suspenderse, entendiéndose por los primeros los que derivan de manera directa y necesaria de otro ya preexistente, de modo que pueda asegurarse que se ejecutarán en breve y, por los segundos, aquéllos cuya realización es remota, ya que su existencia depende de la actividad previa del quejoso o de que la autoridad decida ejercer o no alguna de sus atribuciones. En ese tenor, resulta improcedente conceder la suspensión, para el efecto de que se ordene a las autoridades responsables, abstenerse de ejecutar cualquier orden de embargo pendiente respecto a los bienes de la parte quejosa conformados por cuentas de depósito, cuentas de cheques y ahorro que sean a plazo o a la vista, inversiones, valores públicos o gubernamentales, acciones, obligaciones o cualquier otro título que le otorgue un derecho de crédito ante las instituciones de crédito o financieras y casas de bolsa, que forman parte del Sistema Financiero Mexicano; toda vez que el inconforme no aporta elementos que permitan identificarlos o corroborar su existencia, así como su titularidad. Sobre esa base, se estima que el efecto de la suspensión no puede comprender actos futuros o inciertos, como en la especie ocurre, por lo cual debe negarse la suspensión definitiva. En apoyo a lo anterior se cita, en lo conducente, la tesis con registro digital 310177, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quinta época. materia común, semanario judicial de la federación, tomo LVIII, página 190 de rubro y texto siguiente: "ACTOS FUTUROS E INCIERTOS. Contra ellos es improcedente conceder la suspensión." En igual sentido se pronunció el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja Q.C. 9/2021-I, interpuesto por el peticionario de amparo. Por lo antes expuesto, fundado, con apoyo en los artículos 125, 128, 132, 133, 136 y 146 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se NIEGA, la suspensión definitiva a Jorge Adrián Martínez Aguilar, por conducto de su apoderada Claudia Guadarrama Riva Palacio, contra los actos que reclamó de la Juez Trigésimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México, y Director General Adjunto de Atención a Autoridades "B" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.
- Incidental
." téngase por recibidos los oficios y anexos de cuenta, con relación a su contenido se acuerda: En primer orden, respecto del oficio y anexos proveniente del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual en alcance al oficio 636 devuelve dos legajos de constancias relativas al juicio de amparo 12/2021 (acumulado al 8/2021, 9/2021, 11/2021, y 13/2021), acúsese recibo vía interconexión y destrúyanse por ser innecesaria su conservación. Por otra parte, respecto a los oficios de cuenta signados por Oldair Hernández González, representante de BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, mediante los cuales con el primero hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que las cuentas 1133457559 y 1147121423, presentan un saldo actual por $90,602.36 (noventa mil seiscientos dos pesos 36/100 moneda nacional) y $150,468.78 (ciento cincuenta mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 78/100 moneda nacional), precisa que caso de existir remanente al monto requerido por el Juzgado responsable, este será liberado. Tocante a su solicitud en el sentido de que se le informe si la garantía fijada al quejoso a efecto de que siga surtiendo sus efectos la suspensión de los actos reclamados ha sido exhibida, hágasele saber mediante oficio que acorde con la certificación de cuenta, el plazo fijado para tal fin en la interlocutoria de quince de febrero del año en curso, corre del dieciocho al veinticuatro del mes y año en curso. En diverso aspecto, dada su extemporaneidad, no ha lugar a tener por rendido el informe previo de la institución bancaria oficiante, toda vez que la audiencia incidental tuvo verificativo el quince de febrero de dos mil veintiuno. Finalmente, sin lugar a tener nuevamente por reconocida la personalidad con que se ostenta, toda vez que, en proveído de dieciocho de febrero del año en curso, ésta le fue reconocida. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.
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