Jorge Adrian Gonzalez Martinez
Expediente 594/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 24 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 594/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 11/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jorge Adrian Gonzalez Martinez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que se inconformaran con el proveído que declaró cumplida la ejecutoria federal; por tal motivo y en razón de que no ejercieron ese derecho, téngase a éstas conformes con el cumplimiento de la ejecutoria de mérito; por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se otorgó la protección constitucional a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, el mismo debe conservarse, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá depurarse, tal como lo establece el propio numeral antes invocado. Asimismo, y como lo dispone el segundo párrafo del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales y en razón al sentido dictado en el presente asunto consérvese únicamente la demanda y sentencia dictada en el presente asunto, mismos que deberán digitalizarse en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala el referido segundo párrafo del citado artículo 18 del multicitado Acuerdo. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, sí lo tiene el presente juicio de amparo.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, SE ACUERDA: y toda vez que de ellos se advierte que obran los oficios signados por la Consejera Jurídica en su carácter de delegada del Gobernador del Estado, por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y por la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, todos con residencia en esta ciudad, con los que informaron acerca del cumplimiento a la ejecutoria concesoria de amparo; asimismo, mediante proveído de veintiséis de octubre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con los oficios y anexo señalados para que en el término de tres días hábiles, manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que hiciera manifestación alguna al respecto, por lo que al haber fenecido dicho plazo este órgano judicial a continuación determinará si está cumplido o no el fallo de amparo. En este sentido, se aprecia que por sentencia definitiva dictada en este juicio de amparo en que se actúa, el dieciocho de junio de dos mil diecinueve, se le concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso****. Mediante diverso proveído de cinco de julio de dos mil diecinueve, la tercera interesada ****** interpuso recurso de revisión contra la sentencia constitucional dictada en el presente asunto; en acuerdo de trece de noviembre de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el testimonio judicial de la resolución dictada por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado, con sede en esta ciudad, en el toca 219/2019, determinación que confirmó la sentencia recurrida; razón por la cual se les requirió a las responsables su debido cumplimiento; las cuales estaban obligadas a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: "SEXTO. EFECTOS DE LA SENTENCIA. En las relatadas condiciones, al resultar la conducta negativa de la autoridad responsable, violatoria de las garantías individuales contenidas en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en perjuicio de los quejosos; lo procedente es conceder a *****, el amparo y protección de la Justicia Federal que instan, para el efecto de que el Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, autoridad responsable en este juicio de amparo, ordene prestar el auxilio de la fuerza pública que le fue solicitado; concesión que se hace extensiva al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, para efectos de que proporcione de inmediato, los elementos necesarios a fin de desahogar lo requerido por la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, en el juicio extraordinario hipotecario número 199/2013, en donde es parte actora el aquí quejoso. En ese mismo contexto el citado Gobernador Estatal no debe limitarse a autorizar el auxilio aludido mediante el libramiento de un oficio, sino que queda vinculado a vigilar que su subalterno acate su mandato dentro del límite de su competencia, proporcionándole los datos necesarios con el fin de que la sentencia protectora cumpla con sus efectos restitutorios..". Así, de las constancias que obran en este sumario, se advierte que los oficios que remitieron la Consejera Jurídica en su carácter de delegada del Gobernador del Estado y por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, ambos con residencia en esta ciudad, manifestaron haber dado cumplimiento a la ejecutoria; esto es, que el Gobernador autorizó el veinte de junio de dos mil diecinueve, por medio del oficio DGOB/1096/2019 el auxilio de la fuerza pública solicitada por la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado con residencia en esta ciudad; asimismo, el diecinueve de octubre del año en cuso, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, llevó a cabo el desalojo del predio número ciento ochenta y siete de la calle Catorce de la colonia García Ginerés de esta ciudad de Mérida, y contando con la presencia del Actuario adscrito a la Central de Actuaria de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, quien hizo entrega al impetrante de amparo del predio de mérito, lo que se corrobora con la copia certificada de las constancias que adjuntó a su oficio de referencia la citada juez, remitidas a solicitud de este juzgado; las que tiene valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo anterior, en el caso deba considerarse que las responsables dieron cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo emitida por este juzgado por las razones precisadas con antelación, pues se estima que los efectos del amparo concedido a la parte quejosa sí fueron cumplidos, en virtud que se proporcionó los elementos necesarios para el desahogo del auxilio de la fuerza pública solicitada, que en su oportunidad instó la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado con residencia en esta ciudad; llevando a cabo el desalojo y entrega del predio en cuestión; de ahí que con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, las autoridades responsables han cumplido en su totalidad la sentencia de amparo, sin excesos ni defectos.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, SE ACUERDA: y toda vez que de ellos se advierte que obran los oficios signados por la Consejera Jurídica en su carácter de delegada del Gobernador del Estado, por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y por la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, todos con residencia en esta ciudad, con los que informaron acerca del cumplimiento a la ejecutoria concesoria de amparo; asimismo, mediante proveído de veintiséis de octubre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con los oficios y anexo señalados para que en el término de tres días hábiles, manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que hiciera manifestación alguna al respecto, por lo que al haber fenecido dicho plazo este órgano judicial a continuación determinará si está cumplido o no el fallo de amparo. En este sentido, se aprecia que por sentencia definitiva dictada en este juicio de amparo en que se actúa, el dieciocho de junio de dos mil diecinueve, se le concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso****. Mediante diverso proveído de cinco de julio de dos mil diecinueve, la tercera interesada ****** interpuso recurso de revisión contra la sentencia constitucional dictada en el presente asunto; en acuerdo de trece de noviembre de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el testimonio judicial de la resolución dictada por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado, con sede en esta ciudad, en el toca 219/2019, determinación que confirmó la sentencia recurrida; razón por la cual se les requirió a las responsables su debido cumplimiento; las cuales estaban obligadas a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: "SEXTO. EFECTOS DE LA SENTENCIA. En las relatadas condiciones, al resultar la conducta negativa de la autoridad responsable, violatoria de las garantías individuales contenidas en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en perjuicio de los quejosos; lo procedente es conceder a *****, el amparo y protección de la Justicia Federal que instan, para el efecto de que el Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, autoridad responsable en este juicio de amparo, ordene prestar el auxilio de la fuerza pública que le fue solicitado; concesión que se hace extensiva al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, para efectos de que proporcione de inmediato, los elementos necesarios a fin de desahogar lo requerido por la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, en el juicio extraordinario hipotecario número 199/2013, en donde es parte actora el aquí quejoso. En ese mismo contexto el citado Gobernador Estatal no debe limitarse a autorizar el auxilio aludido mediante el libramiento de un oficio, sino que queda vinculado a vigilar que su subalterno acate su mandato dentro del límite de su competencia, proporcionándole los datos necesarios con el fin de que la sentencia protectora cumpla con sus efectos restitutorios..". Así, de las constancias que obran en este sumario, se advierte que los oficios que remitieron la Consejera Jurídica en su carácter de delegada del Gobernador del Estado y por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, ambos con residencia en esta ciudad, manifestaron haber dado cumplimiento a la ejecutoria; esto es, que el Gobernador autorizó el veinte de junio de dos mil diecinueve, por medio del oficio DGOB/1096/2019 el auxilio de la fuerza pública solicitada por la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado con residencia en esta ciudad; asimismo, el diecinueve de octubre del año en cuso, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, llevó a cabo el desalojo del predio número ciento ochenta y siete de la calle Catorce de la colonia García Ginerés de esta ciudad de Mérida, y contando con la presencia del Actuario adscrito a la Central de Actuaria de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, quien hizo entrega al impetrante de amparo del predio de mérito, lo que se corrobora con la copia certificada de las constancias que adjuntó a su oficio de referencia la citada juez, remitidas a solicitud de este juzgado; las que tiene valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo anterior, en el caso deba considerarse que las responsables dieron cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo emitida por este juzgado por las razones precisadas con antelación, pues se estima que los efectos del amparo concedido a la parte quejosa sí fueron cumplidos, en virtud que se proporcionó los elementos necesarios para el desahogo del auxilio de la fuerza pública solicitada, que en su oportunidad instó la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado con residencia en esta ciudad; llevando a cabo el desalojo y entrega del predio en cuestión; de ahí que con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, las autoridades responsables han cumplido en su totalidad la sentencia de amparo, sin excesos ni defectos.
- Principal
Agréguense a estos autos el oficio signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán con residencia en esta ciudad y anexo que acompaña, mediante los cuales cumple con el requerimiento que se le hizo en proveído de ocho de octubre del año en curso e informa respecto del cumplimiento dado al fallo protector. Ahora bien, toda vez que en acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, se agregó el diverso oficio signado por el Delegado del Gobernador del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad y el anexo que acompaño al mismo; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, dese vista a las partes en este asunto con las documentaciones de cuenta, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificado de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido el plazo de referencia, dese cuenta con los autos para resolver si está cumplida o no la sentencia ejecutoriada.
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