Jorge Adalberto Martínez Marrufo

Expediente 1114/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 1 actuación registrada, la última del 28 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1114/2021
Año
2021
Actuaciones
1
Última actuación
28/02/2022

Partes del expediente

  • Jorge Adalberto Martínez Marrufo

Actuaciones

  1. Principal

    CITATOERIO TERERA INTERESADA ROSA NARIA MARQUEZ RENTERIA,. AVISO. JORGE ADALBERTO MARTINEZ MARRUFO.- AUTO 28/02/2022.- Número de expediente: 1114/2021 Acuerdo: Vistos los autos de cuenta se advierte que el quejoso en esencia reclama: "[.] El auto de fecha 13 DE JULIO DE 2021[.] mismo que fuera decretado dentro de los autos de la CAUSA PENAL NÚMERO CJM ***, que se sigue en mi contra como probable responsable en la comisión del delito de ABUSO SEXUAL, mediante el cual AUTORIZA AL MINISTERIO PÚBLICO variar el hecho materia de la acusación que resulta diverso al que fuera formulado en la formulación de imputación. 2.- El auto de fecha 02 DE AGOSTO DE 2021, mediante el cual resuelve el RECURSO DE REVOCACIÓN hecho valer por ***y su defensor, en el cual CONFIRMA EL AUTO antes señalado; 3.- El auto de fecha 04 DE AGOSTO DE 2021, decretado dentro d los autos de la CAUSA PENAL CJM ***, que se sigue en mi contra como probable responsables en la comisión del delito de ABUSO SEXUAL, mediante el cual la autoridad judicial NO TIENE A LA VICTIMA y ASESOR JURÍDICO POR DESISTIDOS DE SUS PRETENSIONES acorde a lo dispuesto por el artículo 57 y 342 del Código Nacional de Procedimientos Penales;. y resuelve el RECURSO DE REVOCACIÓN hecho valer por CARLOS ***y su defensor, en el cual CONFIRMA EL AUTO antes señalado;."Ahora bien, mediante oficios ***y ***, la Jueza Primera Especializada en Materia Familiar y de Control y Enjuiciamiento en Materia Penal del Primer Distrito Judicial en el Estado, remitió copia certificada de la resolución de solicitud de suspensión condicional a proceso de la que se advierte lo siguiente:"[.] Este Juzgado en términos de los artículos 191, 192, 193, 194 y 195 y demás relativos; acepta la suspensión condicional del proceso a ***. por lo que se levantan las medida cautelares que se le habían impuesto y se le ponen las condiciones de la suspensión." Lo anterior, pone de manifiesto que se actualiza una causal de improcedencia, misma que constituye un obstáculo para realizar pronunciamiento respecto al fondo del asunto, siendo procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, sin necesidad de esperar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que ni aun celebrándose esta última, podría desvirtuarse dicha causal, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, de tal modo que invariablemente la conclusión sería igual, además, este proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 Constitucional. En efecto, la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;" Para que opere la causa de improcedencia en estudio, se requiere que: Con posterioridad al acto reclamado se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el acto primigenio. No sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica. Debe existir autonomía entre el acto reclamado y la nueva resolución de modo que esta última pueda subsistir independientemente de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Sostiene lo anterior, la tesis de rubro y contenido siguiente: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Como quedo establecido en el presente asunto, la impetrante reclamó: * El auto de trece de julio de dos mil veintiuno, dictado en la causa penal CJM ***, que autoriza al ministerio público variar el hecho materia de la acusación que resulta diverso al que fuera formulado en la formulación de imputación. * El auto de dos de agosto de dos mil veintiuno, mediante el cual se resolvió el recurso de revocación hecho valer por ***y su defensor, en el cual se confirmó el auto antes señalado; y * El auto de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, dictado en dicha causa, mediante el cual la autoridad judicial, no tuvo a la víctima y asesor jurídico por desistidos de sus pretensiones. El acuerdo que confirmó esta última determinación, posterior a todo los reclamos, se dictó la resolución aludida de quince de noviembre de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 191, 192, 193 y 194 y 195 y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales, se decretó la suspensión condicional del proceso a la parte quejosa, y se levantaron las medidas cautelares impuestas y en su lugar se ponen las condiciones de la suspensión condicional. Lo que tiene valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, toda vez que proviene de un funcionario en ejercicio de sus atribuciones, de ahí que se asevere que se cumple con el primer requisito. De modo que, es evidente que con el dictado de la resolución de solicitud de suspensión condicional del proceso de fecha quince de noviembre del año en curso, dictada en la causa penal ***, operó un cambio de situación jurídica, en cuanto que no es posible analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sin afectar la nueva situación jurídica plasmada en la resolución aludida. Por tanto, se cumple con el tercer requisito, pues la resolución de referencia, dictada en la causa penal de origen (generó el cambio de situación jurídica), tiene autonomía e independencia, debido a que la citada resolución substituyó con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Al respecto tiene aplicación, por analogía, la tesis II.2o.P.20 P (10a.), con registro 2002240, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la página 1287 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XV, diciembre de 2012, tomo 2, materia común, Décima Época, que a continuación se transcribe: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SU EMISIÓN ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA ORDEN DE APREHENSIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). En el sistema penal tradicional la emisión del auto de formal prisión posterior a la orden de aprehensión, cuando ésta es señalada como acto reclamado, generaba un cambio de situación jurídica en términos de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, que hacía improcedente el juicio de garantías. Ahora, en el actual sistema de justicia penal de corte acusatorio acontece lo mismo con el dictado del auto de vinculación a proceso, pues éste produce -en esencia- los mismos efectos que el de formal prisión; por ejemplo, según el caso y al menos indirectamente restringe la libertad del impetrante de garantías, al estar sujeto a un proceso penal instaurado en su contra con todas las consecuencias que pueda acarrear, destacándose que ambas resoluciones constituyen el inicio de una nueva y diversa fase intraprocesal que genera a futuro sus propios efectos, distintos a los que en su momento se atribuyeron a la orden, aspectos que ya no podrían analizarse en el amparo, sin afectar en su caso a la diversa situación del impetrante que ahora se encuentra bajo los efectos formales de la resolución de término constitucional. De ahí que opere igualmente la causal de improcedencia en términos de la fracción y numeral citados." Expuesto lo anterior, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia en estudio y con apoyo en lo dispuesto en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de garantías Ilustra lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos setenta, tomo XXVII, junio de dos mil ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN.- Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto". Igualmente, robustece la jurisprudencia I.7o.P. J/3 sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, localizable en la página 1600, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional. En las relatadas circunstancias, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, procede sobreseer en el presente juicio. En atención a lo antes asentado y en razón de que la audiencia constitucional en este juicio de amparo, se encuentra señalada para las nueve horas con treinta y seis minutos del veintiocho de enero de dos mil veintidós, se deja sin efecto dicho señalamiento. Notifíquese personalmente.

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