Jorge Abraham Valencia Gómez

Expediente 2336/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2336/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
27/07/2023

Partes del expediente

  • Jorge Abraham Valencia Gómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    No se desprende la constancia de notificación personal a la parte quejosa respecto del auto de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, se comisiona al Actuario...

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA DE AVISO: De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c) en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se publica por lista en la página electrónica del Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación a la parte QUEJOSA JORGE ABRAHAM VALENCIA GOMEZ el contenido del acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil veintidos, en cumplimiento a lo ordenado en auto de veintisiete de julio del año en curso, mismo que en síntesis dice: Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibido el oficio número 19042/2022 enviado por el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, mediante el cual, en atención a lo solicitado por este órgano jurisdiccional en auto de siete de diciembre de dos mil veintiuno, remite copia certificada de la demanda de amparo promovida por Jorge Abraham Valencia Gómez, así como del anexo que allegó a la misma. Ahora bien, toda vez que el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del juicio de amparo 2322/2021 del índice del Juzgado Décimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, se llevó a cabo la separación de juicios, correspondiendo conocer a este órgano jurisdiccional respecto de los actos reclamados de la Dirección de Movilidad y Transporte del Municipio de Zapopan, Jalisco, así como de la Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco, en relación a los actos precisados en el inciso b), vinculado con el precisado en el inciso c), de la demanda en cuestión. En mérito de lo anterior, con fundamento en los numerales 37 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgado federal se avoca al conocimiento de dicha demanda de amparo, por lo que ve a los actos reclamados anteriormente mencionados. La anterior determinación hágase del conocimiento del juzgado homólogo para los efectos legales a que haya lugar. Radicación de la demanda y autoridades responsables. Vista la demanda de amparo que promueve Jorge Abraham Valencia Gómez, por su propio derecho, contra actos que reclama de las autoridades que denominó: 1) Dirección de Movilidad y Transporte del Municipio de Zapopan, Jalisco. 2) Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco. Por considerar que le fueron violados los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Primeramente, se estima necesario conocer el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: "ARTICULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Se desprende del precepto reproducido, que el juez de distrito podrá desechar la demanda de amparo por improcedente, siempre y cuando exista una causa manifiesta e indudable. Ahora bien, debe precisarse, que en relación con la interpretación que debe darse a los conceptos manifiesto e indudable a que se contrae el citado artículo 113 (antes 145), diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En relación con lo expresado, cobra aplicación, la jurisprudencia que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo epígrafe y contenido dicen. "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA1.- De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad.". Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo y de la documental anexa al mismo, se concluye que la parte quejosa reclama las cédulas de notificación de infracciones con números de folios 2021 123/8298236 y 2021 123/8298251, emitidas por las citadas autoridades. Actos contra los cuales a criterio del juzgado, opera la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, concede 1 Página 730, Tomo X, correspondiente al mes de septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. un recurso o medio de defensa, por virtud del cual puede ser modificada, revocada o nulificada; por ende, la demanda de amparo en estudio es improcedente. A fin de evidenciar la improcedencia del presente juicio de garantías, se considera pertinente analizar el precepto en que se encuentra inmersa dicha causa, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XX.- Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia." Ahora bien, la causal a que hace alusión el numeral que antecede, contiene lo que jurisprudencial y doctrinalmente se conoce como principio de definitividad, ya que el juicio constitucional procede únicamente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario o medio de defensa alguno, de tal suerte que éste deberá ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercerlos a su consideración, o en su defecto, le perjudique su omisión; de ahí que no sea optativo para el gobernado que se sienta agraviado en sus garantías individuales, cumplir o no, con el principio de mérito para la procedencia del amparo, por el hecho de que el ordenamiento legal del acto así lo contemple, sino obligatorio, pues la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es terminante en prever que se agoten los medios legales establecidos, como requisito sine qua non, para entonces estar en posibilidad de comparecer ante un Juzgado de Distrito, como en el caso ocurre, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, evitando con ello la proliferación innecesaria de juicios constitucionales contra actos que podrían ser estudiados una vez que se haya emitido la resolución que ponga fin al procedimiento en cuestión. Así, el principio de definitividad que rige el juicio de garantías encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva de violaciones directas a la Constitución Federal. Este principio conlleva sobre todo a preservar el carácter extraordinario del juicio de amparo que sólo puede intentarse de manera excepcional cuando los actos no tengan remedio en sede común. Luego, es suficiente que la ley que regula el acto reclamado contenga medios ordinarios que estén a disposición del interesado y pueda interponerlos a su consideración para que opere dicha causal, de ahí que no sea optativo para el gobernado que se sienta agraviado en sus derechos humanos, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, evitando con ello la proliferación innecesaria de juicios constitucionales contra actos que podrían ser estudiados en la vía ordinaria. La fracción en examen resguarda el principio de definitividad, respecto a autoridades no judiciales, como lo son las administrativas o fiscales, cuando en virtud de esos recursos, juicios o medios de defensa legales pueden ser modificados, revocados o nulificados tales actos de autoridad; la hipótesis en examen tiene algunas excepciones, a saber: A) Que no tendrán que agotarse esos recursos, juicios o medios de defensa legales, antes de promover el amparo, si en virtud de la interposición de ellos no se obtiene la suspensión de los efectos de los actos de las citadas autoridades. B) Tampoco tendrán que agotarse esos recursos, juicios o medios de defensa legales, antes de promover el amparo, si de obtener la suspensión de los efectos de los actos de autoridad administrativa o fiscal, pero con mayores requisitos que los que la Ley de Amparo señala para conceder la suspensión definitiva. C) De igual forma, no es indispensable la promoción del medio ordinario de defensa, cuando se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como el derecho fundamental de audiencia. D) Finalmente, el supuesto en examen prevé una excepción más al apuntado principio, que se actualiza en los casos en que el acto carezca de fundamentación, lo que se justifica, pues es inútil impugnar previamente lo carente de respaldo jurídico, que de suyo es inconstitucional en sí mismo, por violar el artículo 16 de la Carta Magna, dada la omisión de fundamentación; además por la propia naturaleza de los actos administrativos que de ordinario nacen de manera unilateral de parte de las autoridades sin intervención del particular, que de esa forma no tiene oportunidad de conocer, si la autoridad que la emite tiene competencia para hacerlo y si dentro de sus facultades se encuentra precisamente el actuar en la forma conocida, por lo que se hace imprescindible invocar su fundamentación para que el particular pueda defenderse de manera adecuada. Es aplicable al caso concreto, la tesis número 2a. LVI/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 2, que a la letra dice: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los 2 Página 156, Tomo XII, Julio de 2000, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." En el caso que nos ocupa debe decirse que se actualiza la causal de improcedencia invocada, porque la parte quejosa no impugnó el acto reclamado mediante el Juicio de nulidad previsto por el artículo 1º de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, que dispone: ".Artículo 1. El juicio en materia administrativa tiene por objeto resolver las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre las autoridades del Estado, las municipales y de los organismos descentralizados de aquellas, con los particulares. Igualmente, de las que surjan entre dos o más entidades públicas de las citadas en el presente artículo. (.)" En el presente caso, según lo manifestado por el promovente dentro de la demanda de amparo, señala que al checar en la página de internet web de adeudo vehicular el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, verificó el estado fiscal del vehículo marca Veloci, línea Sub marca Xeverus, con placas ZJR4S. Afirmaciones que constituyen confesión expresa, admisibles en el juicio de garantías y con valor probatorio pleno, que adminiculadas con las documentales que exhibe el quejoso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199, 200 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, son aptas para demostrar que el acto reclamado consiste en la impugnación de los adeudos fiscales originados por su vehículo. Luego, si el ahora quejoso acude al juicio constitucional a pedir amparo en contra de las determinaciones fiscales impuestas a su vehículo, entonces debe acudir al propio juicio de nulidad a impugnar la determinación reclamada en sede constitucional; entonces, la parte promovente no observó el principio de definitividad que obliga a las partes antes de acudir al juicio de garantías a promover el medio de defensa que esté a su alcance por el cual podría modificarse o revocarse la resolución que por esta vía se combate. En tales condiciones, el peticionario estuvo en aptitud legal de acudir ante las autoridades competentes, en los términos de lo dispuesto por el artículo 1º de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, a efecto de combatir por medio del juicio administrativo las determinaciones fiscales de las que ahora se duele, y al no haberlo hecho así, debe considerarse que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del numeral 61 de la Ley de Amparo. Por otra parte, es importante mencionar que en el caso que nos ocupa de acuerdo a las reformas publicadas el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, de los artículos 66 y 67 de la ley procesal administrativa se podrá decretar la suspensión del acto reclamado para evitar que quede sin materia el juicio o se cause daño irreparable a la parte demandante. Para esto, únicamente será necesario realizar una apreciación preliminar, sobre la legalidad de la resolución administrativa impugnada, de manera que, para conceder tales medidas, bastará la comprobación de la apariencia del buen derecho, a fin de mantener la situación de hecho existente en el estado que se encuentra. Asimismo, la promoción en donde se soliciten las medidas cautelares señaladas, deberá contener los hechos que se pretenden resguardar; manifestar el interés suspensional del promovente y expresar los motivos por los cuales solicita la suspensión o medida cautelar positiva. Luego, el Magistrado instructor deberá proveer lo conducente sobre las medidas cautelares provisionales peticionadas, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud, y en dicho acuerdo, ordenará correr traslado a quien se impute el acto administrativo o los hechos objeto de la controversia, pidiéndole un informe que deberá rendir en un plazo de cuarenta y ocho horas siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo respectivo. Por último, tratándose de créditos fiscales podrá suspenderse su ejecución, pero sólo surtirá efectos si, quien la solicita, garantiza su importe ante las secretarias hacendarias y tesorerías municipales. De tal manera que la suspensión, en tratándose de actos de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre las autoridades del Estado, las municipales y de los organismos descentralizados de aquellas, con los particulares, ya no requiere de mayores requisitos que los que la Ley de Amparo señala para conceder la suspensión, como lo estableció la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 172237, de la Novena Época, en Materias(s): Administrativa, Tesis: 2a./J. 104/2007, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Junio de 2007, página 283 que dice " "CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO. NO ES NECESARIO AGOTAR ESE JUICIO ANTES DEL DE AMPARO PUES SE DA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD AL ESTABLECERSE EN EL ARTÍCULO 67, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE ESE ESTADO MAYORES REQUISITOS PARA LA SUSPENSIÓN QUE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO. Al instituirse en el precepto citado que quien solicite la suspensión de los actos reclamados deberá justificar su interés jurídico, se contiene un requisito adicional de los que exige el artículo 124 de la Ley de Amparo, para conceder dicha medida suspensional, en atención a que la única condición que establece el citado numeral respecto a la instancia de parte, es el contenido en la fracción I, relativo a que tal medida debe ser solicitada expresamente al órgano jurisdiccional respectivo. Por tanto, si en la Ley de Amparo no se establece como obligación del solicitante de la medida cautelar, que tenga que justificar su interés jurídico al pretender la medida suspensiva y, en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se exige expresamente la comprobación de este extremo, es obvio, que son mayores los requisitos exigidos en la Ley antes citada que en la Ley de Amparo, lo que determina que se está en el caso de excepción al principio de definitividad que rige el juicio de garantías, por lo que éste resulta procedente de conformidad con el contenido del artículo 73, fracción XV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Carta Magna, sin que sea necesario acudir previamente al juicio contencioso administrativo." Además de que tampoco existe violación al derecho de audiencia, pues a pesar de que la parte quejosa dice desconocer o que no le fueron notificadas las cédulas de infracción; de conformidad a lo que disponen el artículo 38 fracción II, y 38 Bis, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, que establece que si la parte demandante manifiesta que no conoce la resolución administrativa que pretende impugnar, así lo expresará en su demanda, señalando la autoridad a quien la atribuye, su notificación o su ejecución. Por tanto, el quejoso en el juicio contencioso podrá ampliar la demanda cuando desconozca los actos impugnados dentro de los diez días siguientes a aquél en 3 Artículo 67. La solicitud de medidas cautelares, presentada por la parte demandante o su representante legal, se tramitará y resolverá con el incidente respectivo, de conformidad con lo siguiente: La promoción en donde se soliciten las medidas cautelares señaladas, deberá contener los siguientes requisitos: I. Señalar los hechos que se pretenden resguardar; y II. Manifestar el interés suspensional del promovente y expresar los motivos por los cuales solicita la suspensión o medida cautelar positiva. (.) 4 Artículo 38. Cuando se alegue que la resolución administrativa no fue notificada o que lo fue ilegalmente, siempre que se trate de las impugnables en el juicio en materia administrativa, se estará a las reglas siguientes: . II. Si la parte demandante manifiesta que no conoce la resolución administrativa que pretende impugnar, así lo expresará en su demanda, señalando la autoridad a quien la atribuye, su notificación o su ejecución. En este caso, al contestar la demanda, la autoridad acompañará constancia de la resolución administrativa y de su notificación, mismas que deberá combatir mediante ampliación de la demanda; y Artículo 38 Bis. Se podrá ampliar la demanda, dentro de los diez días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo que admita su contestación, en los casos siguientes: . II. Contra el acto principal del que derive la resolución impugnada en la demanda, así como su notificación, cuando se den a conocer en la contestación; III. Cuando con motivo de la contestación, se introduzcan cuestiones que, sin violar el primer párrafo del artículo 45 de esta Ley, no sean conocidas por el actor al presentar la demanda; y que surta efectos la notificación del acuerdo que admita su contestación; entre otros casos contra el acto principal del que derive la resolución impugnada en la demanda, así como su notificación, cuando se den a conocer en la contestación de la misma o cuando se introduzcan cuestiones que no tuvo conocimiento el actor. Por ello, no existe violación al derecho de audiencia porque puede impugnar dentro del mismo juicio de nulidad los actos que dice desconocer, que la final de cuentas traería el mismo resultado en aquel juicio que lo que pretende dentro del proceso constitucional. Finalmente, no se está en caso de excepción prevista en el último párrafo de la causal invocada, porque el medio de defensa establecido en la Ley de Justicia Administrativa se encuentra expresamente regulado; como tampoco se necesita realizar una interpretación adicional de lo que ahí se dispone. En consecuencia, lo que procede es desechar de plano la demanda de que se trata, con apoyo en el artículo 113 de la ley en cita. Lo manifiesto e indudable de la causal de improcedencia reseñada estriba en que aun cuando se admitiera a trámite la demanda, a nada práctico conduciría, ya que el motivo de improcedencia seguiría subsistiendo. Autorizados y domicilio para oír y recibir notificaciones. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en la demanda de amparo; asimismo, se le tiene designando como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Manuel Humberto Tejeda Gómez, en virtud de que sí cuenta con cédula profesional de abogado registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, en términos restringidos de dicho numeral a las demás personas que menciona por así haberlos designado expresamente. Como lo solicita la parte quejosa, autorícese la consulta vía electrónica, con el usuario "manuelhumberto", lo anterior, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los dispositivos 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Medios electrónicos. Asimismo, se autoriza la reproducción de las actuaciones que obren en el expediente en que se actúa, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, dejando constancia en el expediente de la reproducción obtenida a través de medios electrónicos, tales como cámaras fotográficas, escáner portátiles, celulares con dispositivos fotográficos o similares. En el entendido, que deberá contar con los medios para su reproducción (cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos), así como si se trata de documentos cuya difusión este reservada por disposición legal, le será negada la copia solicitada. Asimismo, dígasele al solicitante que el uso que le dé a las copias obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, será bajo su más estricta responsabilidad. Apoya a lo anterior por las razones que la informan, la tesis I.3o.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de dos mil nueve, página dos mil ochocientos cuarenta y siete, cuyo rubro dice: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Notificación electrónica. En un diverso orden de ideas, se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de, así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo. Para ello, deberá registrarse en el sitio:http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/jucioenlinea/juic ioenlinea. Hecho lo anterior, deberá presentar vía oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el acuse de recibo de la inscripción de la solicitud de consulta y una vez que se acuerde favorablemente, estará listo para consultarlo en el portal de expediente electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal. En el entendido de que la consulta del expediente por vía electrónica, no constituirá la notificación de las determinaciones que en su caso se emitan. Habilitación de días y horas inhábiles. Se habilitan días y horas inhábiles en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, por estimarse pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Protección de Datos Personales. Los datos personales que obren en las constancias que forman parte del juicio de amparo en que se actúa serán protegidos en términos de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, con las excepciones que la propia ley en la materia refiere. Gratuidad del Servicio de Justicia. Hágase del conocimiento de las partes que el servicio de justicia que proporciona este órgano jurisdiccional es gratuito, conforme a los que dispone el artículo 17 constitucional Luego, atento a las condiciones actuales, con motivo de la propagación de la pandemia del coronavirus (COVID19), a fin de proteger la salud de los justiciables, así como del personal de este órgano jurisdiccional, atento a lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-191, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, mediante la utilización de la Firel o firma electrónica del SAT, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Esquema de atención al público. En términos del artículo 3 del Acuerdo General de referencia, se hace del conocimiento de las partes que requieran realizar una consulta física del presente asunto o sus anexos, que está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales" donde encontraran el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este juzgado para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas será un proceso automatizado que otorgara a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen a este órgano jurisdiccional. Cuando sea este órgano jurisdiccional quien cite físicamente a las partes o a diversas personas para una comparecencia, para el desahogo de un requerimiento o para su participación en una diligencia o audiencia, será el propio órgano jurisdiccional quien genere la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ" que le permita realizar dicha funcionalidad, el cual se generará y se notificará en términos del artículo 6 del acuerdo general. Información relativa a la expedición de copias. En atención a las medidas de prevención antes expuestas, se hace del conocimiento que conforme a los términos previstos por el Acuerdo General 12/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, acorde al artículo 36 del citado acuerdo, que las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico en los asuntos de la competencia del PJF podrán descargar en sus equipos de cómputo copias de las constancias que obren en aquel. Asimismo, cuando estas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, por lo que se exhorta a las partes a la utilización de dicha herramienta, para evitar su presencia física en las instalaciones de ciudad judicial y la consecuente concentración innecesaria de personas, lo anterior como medida de contención a la pandemia.

  3. Principal

    Se requiere al Tribunal de Arbitraje y Escalafón en el Estado de Jalisco, para que el próximo veintitrés de junio del presente año, remita copia certificada del pago que en su caso se realice a la parte quejosa. Bajo apercibimiento... Coordinador de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado de Jalisco, y atento a su contenido solicita una ampliación de plazo para emitir el dictamen de las solicitudes de suspensión, se está a la espera de que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, cumpla con el requerimiento efectuado en líneas anteriores.

  4. Principal

    No se desprende el acuse de recibo relativo al oficio 45117/2021 que se giró el siete de diciembre de dos mil veintiuno, al Juzgado Décimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco. Comisiónese al actuario...

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