Jorge Abraham Selem Aguilar
Expediente 915/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 30 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 915/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 17/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jorge Abraham Selem Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Principal
Mérida, Yucatán; diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos para que obre como corresponda, el sobre que contiene los oficios 8016/2021 y 17986/2020, devuelto por la Oficina de Servicios Directos del Poder Judicial, dependiente del Servicio Postal Mexicano, dirigido al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Segundo Distrito Judicial del Estado, con sede en ciudad del Carmen, Campeche, a fin de hacer de su conocimiento el auto de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, en el que se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en este asunto; misivas que no fueron entregadas a su destinatario, pues asentó la leyenda: "NO EXISTE LA RAZÓN SOCIAL". Ahora bien, virtud a que se aprecia que el referido sobre fue enviado a una dirección que no corresponde al domicilio señalado en autos, reexpídanse las misivas de mérito y remítanse al domicilio en el cual fue emplazado el agente del ministerio público en comento, ubicado en: Carretera Carmen - Puerto Real, km. 4.5, Jueces Penales anexos al CERESO de ciudad del Carmen, Campeche, código postal 24108. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a este expediente el sobre que contiene el oficio 17986/2020, de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, dirigido al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Segundo Distrito Judicial del Estado, con sede en Ciudad del Carmen Campeche, a fin de hacerle de su conocimiento el auto de la propia fecha, mediante el cual se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en este asunto, el cual no fue entregado a su destinatario, ya que fue enviado a una dirección que no corresponde al domicilio señalado en autos. Por tanto, a fin de que la aludida autoridad quede debidamente notificada del auto de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, último, reexpídase dicha misiva a su domicilio correcto. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firmó el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, secretaria del Juzgado que autorizó y dio fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo causarle perjuicio, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución dictada el veintiocho de octubre de dos mil veinte. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos del incidente de suspensión, agregando a los mismos, copia autorizada del presente proveído. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado ejecutoria la sentencia señalada en líneas que anteceden, el hecho de que aún no obre en autos el acuse de recibo relativo al oficio por medio del cual se notificó la resolución de que se trata a la autoridad responsable foránea, ya que la misma sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales, y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar los actos dictados por la autoridad señalada como responsable. Y en relación a la autoridad responsable, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que éstas sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de cada una de ellas se haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que es un fallo en el que se sobreseyó en el presente juicio, y que por tanto, no afecta el interés que en un momento determinado pudiera tener la autoridad en que sus actos subsistan. Es aplicable al caso, la Tesis Aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Asimismo, tampoco es óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado ejecutoria la sentencia señalada en líneas que anteceden, el hecho de que aún no obre en autos la tarjeta de acuse de recibo relativa al oficio por medio del cual se notificó la resolución de que se trata al tercero interesado. Ya que como se apuntó, la misma sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales, y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar los actos dictados por las autoridades señaladas como responsables. En efecto, el sobreseimiento sólo resulta desfavorable a los intereses de la parte promovente de la acción constitucional, quien, en cuyo caso, tuvo la posibilidad de promover el recurso de revisión. Por su parte, el tercero interesado tendría la posibilidad de acudir al recurso de revisión de forma adhesiva, lo cual, preserva la naturaleza del juicio de amparo contenida en el artículo 107 constitucional, fracción I, que dispone que siempre se sigue a instancia de parte agraviada; lo cual, no se cumpliría si se le permitiera que instara el recurso mencionado. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 6/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 556m del Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro: 2013630, que indica: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió tanto la suspensión provisional como definitiva solicitadas, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las veintiocho de octubre de dos mil veinte, estando en audiencia pública el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido de la licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria con quien actúa y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional, sin la asistencia personal de las partes ni representante legítimo de ellas. Visto para resolver el juicio de amparo número 915/2019-III-A, promovido por *****, en contra del acto que reclama del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, ubicado en Ciudad del Carmen, y de otras autoridades, y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el tres de julio dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado al día siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció ***, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos reclamados al Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen; Director de la Policía Estatal de Investigación y Secretario de Seguridad Pública, ambos del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Por auto de cinco de julio de dos mil diecinueve, se admitió la demanda de amparo, se otorgó al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional la intervención que legalmente le compete; se solicitó a las autoridades responsables que rindieran su informe justificado; y se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, por auto de ocho de agosto de dos mil diecinueve, se tuvo por ampliada la demanda de amparo, para tener como nueva autoridad responsable a la Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. TERCERO. Medida preventiva frente al Coronavirus Covid-19. En fecha diecisiete de marzo de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió el acuerdo 4/2020, en el que adoptó diversas medidas frente a la pandemia ocasionada por el Coronavirus Covid-19, entre ellas, la suspensión de funciones de los órganos jurisdiccionales, lo que también implicó que no corrieran plazos procesales; motivo por el cual no pudo verificarse la audiencia constitucional en la fecha que se estableció para ello. Medida que fue prorrogada por diversos Acuerdos Generales, siendo el último en este sentido el 18/2020, que reformó el similar 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, en relación con el periodo de vigencia, extendiendo la suspensión hasta el treinta y uno de julio de dos mil veinte. CUARTO. Reanudación del procedimiento. Por auto de cuatro de agosto de dos mil veinte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, se determinó el levantamiento de la suspensión y la reanudación de los plazos y términos procesales, anteriormente decretada. Por tal motivo, se señaló fecha y hora para la celebración de la continuación de la audiencia Constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado es legalmente competente para conocer del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". Atento a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia a reclamar de las autoridades responsables, lo siguiente: La resolución de fecha diez de junio de dos mil diecinueve, mediante la cual decretó como medida de apremio en su perjuicio una orden de arresto por el término de veinticuatro horas y su ejecución. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, pues así lo manifestaron en sus informes justificados por lo que así deberá tenerse para los efectos del presente juicio. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Actualización de una causa de sobreseimiento. Previamente al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Lo anterior con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis jurisprudencial número J/5, sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, Marzo de 1991, página 95, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, en el presente asunto la parte justiciable señala como acto reclamado, tal como ya se indicó la resolución de fecha diez de junio de dos mil diecinueve, mediante la cual decretó como medida de apremio en su perjuicio una orden de arresto por el término de veinticuatro horas y su ejecución. Al respecto, debe decirse que en relación con lo anterior se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el precepto 63, fracción II, la cual a continuación se transcribe con el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo: "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: [.] III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: [.] b) [.] Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo. [.]" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó; [.]". Conforme los preceptos anteriormente señalados, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo, cuando el quejoso no acredite sin causa razonable, haber entregado los edictos para su publicación, dentro del plazo de veinte días, contados a partir de que le sean puestos a su disposición; y que la única causa por la cual se le relevará de esa obligación, será cuando, a juicio del órgano jurisdiccional, se trate de una persona de escasos recursos, porque en ese supuesto, se ordenará la publicación correspondiente en el Diario Oficial de la Federación sin costo para la parte promovente del juicio constitucional. En el presente caso se afirma que se actualiza la causa de sobreseimiento en cita, en virtud de que la parte quejosa no cumplió con la obligación de acreditar que realizó la publicación de los edictos para el emplazamiento del tercero interesado José Bernardo Puch Uicab, cuya publicación se ordenó a costa de la parte amparista, sin que obre en autos constancia que exista una causa razonable que permita a este tribunal tener por justificada esa omisión. Lo anterior, en virtud de que la parte impetrante del amparo no dio cumplimiento al requerimiento efectuado en acuerdo de diez de septiembre de dos mil veinte, en el sentido de acreditar ante este Juzgado haber entregado para su publicación los edictos ordenados en dicho proveído, lo anterior dentro del plazo de veinte días que se le concedió para tal efecto, mismo que transcurrió del dieciocho de septiembre al veinte de octubre de dos mil veinte, sin contar los días inhábiles. Omisión en que incurrió el justiciable, no obstante encontrarse debidamente notificado, dejando el presente juicio en total abandono y mostrando su evidente falta de interés en la prosecución del mismo. En mérito de lo anterior, y tomando en consideración que, si bien este Juzgado Federal está obligado a llevar a efecto ciertos actos de carácter procesal, a fin de no paralizar el procedimiento, ello no excluye a la parte quejosa de la obligación de promover en el juicio de amparo, con el objeto de continuar con el procedimiento correspondiente. Por lo que si en el caso, se han agotado todos los medios legales de localización donde pudiera ser encontrado el mencionado tercero interesado, a efecto de ser debidamente emplazado, sin que estos hayan sido exitosos, y por ello, la parte quejosa al estar obligada a darle trámite a los edictos correspondientes, a fin de que sean publicados y cumplir así con el emplazamiento a juicio del multicitado tercero interesado, tampoco lo hizo, por consiguiente, resulta evidente que con dicha conducta retarda y entorpece indefinidamente la función de administrar justicia. Lo anterior es así, ya que la no integración del juicio de amparo, contraviene el principio que al respecto consagra el artículo 17 constitucional, por lo que se estima que, ante la evidente falta de interés de la parte quejosa en la prosecución del juicio, lo procedente es hacer efectivo el apercibimiento decretado en auto de diez de septiembre de dos mil veinte. Sirve de apoyo a lo anterior, por cuanto a su contenido y alcance, la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 416, del tomo XXXII, Agosto de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." En tal virtud, al haber incumplido el quejoso con el requerimiento efectuado en proveído de diez de septiembre de dos mil veinte, se actualiza la causal prevista en el precepto 63, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO EN EL PRESENTE JUICIO. En tales condiciones, se hace innecesario el análisis de los conceptos de violación, lo cual impide el examen de constitucionalidad del acto reclamado, de conformidad con la jurisprudencia J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito Tiene aplicación al caso, la tesis de jurisprudencia V.2o., Visible en la página 115, tomo IX, Enero de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". QUINTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el arábigo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los dispositivos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se: RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ****, en contra de las autoridades responsables, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen; Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial, Director de la Policía Estatal de Investigación y Secretario de Seguridad Pública, todos del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.
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