Jorge Abraham Ortiz González
Expediente 950/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 950/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/10/2017
Partes del expediente
- Jorge Abraham Ortiz González
Actuaciones
- Principal
. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, mediante el cual remite el testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja administrativa número 127/2017; acúsese recibo, y por cuanto a la ejecutoria se trata, se advierte que el Tribunal revisor en su único punto resolutivo determinó que es infundada la queja interpuesta por ******, autorizado de la parte quejosa, en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia, contra el auto de catorce de julio de dos mil diecisiete, dictado por éste Juez Federal, dentro del presente juicio; consecuentemente, hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los fines legales a que hubiere lugar, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y archívese este asunto como total y legalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos.....II
- Principal
Téngase por recibido el oficio signado por el SECRETARIO DE ACUERDOS DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO; a través del cual, acusa recibo del oficio 18395/2017, del índice de este Juzgado Federal, informando que admite el recurso de queja promovido por Rafael Enrique Sibaja López, autorizado del quejoso *****; en contra del proveído de catorce de julio de dos mil diecisiete, quedando registrado como recurso de queja número 127/2017, de su índice.....II
- Principal
Visto; agréguese a los presentes autos, para que obre como legalmente corresponda, el escrito de cuenta, signado por *****, autorizado del quejoso ******, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto dictado el catorce de julio de dos mil diecisiete, en el presente juicio, en el cual se DESECHO DE PLANO su demanda de amparo; en esa virtud, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 97 fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece; ríndase el informe justificado sobre la materia de la queja en el sentido de que es cierto el acto reclamado, pero no las violaciones que aduce; remitiéndole para tal efecto el original del escrito de queja, copia del mismo, así como las copias necesarias para la substanciación del recurso interpuesto.....II
- Principal
EGISTRO DEL EXPEDIENTE Vista la demanda de amparo promovida *******, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia Civil, con residencia en San Juan del Río, Querétaro, con fundamento en los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 950/2017-II, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO Debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiere causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del anterior precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda, sólo procede ante la concurrencia de los siguientes requisitos: 1.- Que se encuentre una causa de improcedencia del juicio constitucional. 2.- Que este causa sea manifiesta e indudable. En relación con lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo, del escrito aclaratorio o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción, de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, página: 730: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." De igual forma, es aplicable la tesis de jurisprudencia XVII.2o. J/11, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, bajo el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." En ese tenor, en el caso, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV, párrafo segundo de dicho ordenamiento legal, que disponen: "61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley ..." "107. El amparo indirecto procede: .IV.- Contra actos de tribunales judicial, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." De lo expuesto resulta que tratándose de actos dictados después de concluido el juicio, sólo podrá promoverse el amparo contra la "última resolución" resuelta en el procedimiento de ejecución, donde por "última resolución" debe atenderse a la definición que la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. ACTO RECLAMADO: Cabe precisar que el quejoso de mérito señala como acto reclamado esencialmente lo siguiente: "a) Todas y cada una de las actuaciones judiciales practicadas en la vía de apremio en el juicio Sumario Hipotecario, radicado ante el Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia de San Juan del Río, en el Estado de Querétaro, identificado con el número de expediente 54/2016 del índice de dicho juzgado, procedimiento que fue promovido por SCOTIABANK en su carácter de parte actora, en contra de ANA LAURA GONZÁLEZ ORDOÑEZ y el suscrito, controversia que parece ser que está en la fase de ejecución. b) Todas y cada una de las consecuencias legales, directas, naturales y/o necesarias derivadas de LA CONTROVERSIA referida en el punto que antecede. Destaco desde ahora a su Señoría que la razón fundamental de la presente solicitud de amparo es que NUNCA fui notificado de los actos ejecutados en la vía de apremio y por ello resulta completamente procedente que se declare la nulidad todo lo actuado en dicha vía." ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO Para dar mayor claridad a lo anterior, es necesario abordar los antecedentes del acto reclamado, que el propio quejoso bajo protesta de decir verdad, manifiesta en su demanda de amparo: 1.- Que el treinta de marzo del año dos mil trece, el quejoso y su esposa ANA LAURA GONZÁLEZ ORDOÑEZ, adquirieron la casa ubicada en Calle Cedro, número 90, Fraccionamiento Bosques de San Juan, en San Juan del Río, en el Estado de Querétaro, al precio de $1'100,000.00 (un millón cien mil pesos 00/100 M.N.), mediante un cofinanciamiento por parte del INFONAVIT y Scotiabank. 2.- En virtud de los atrasos en el pago, tanto el quejoso como su esposa, fueron demandados en la Vía Sumaria Hipotecaria por parte de Scotiabank en enero de dos mil dieciséis, juicio que fue radicado en el Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia de San Juan del Río, en el Estado de Querétaro identificado con el número de expediente 54/2016. 3.- Con motivo del juicio instaurado, el impetrante y su esposa, firmaron un Convenio Judicial de Reconocimiento de Adeudo y Regularización del Crédito con Scotiabank, en fecha veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, mismo que fue aprobado por el Juzgado responsable, en ocho de abril del mismo año, actuación que según el dicho del quejoso, fue la última que conoció del citado juicio. 4.- Manifiesta el amparista que, desde mediados del mes de diciembre de dos mil dieciséis, se fue de la casa en donde habitaba con su esposa, misma que se adquirió con el Crédito Hipotecario indicado y se regresó a vivir a la Ciudad de México. 5.- Posteriormente, aduce el quejoso que tuvo conocimiento de los actos reclamados, el veintiséis de junio del año en curso, cuando su esposa le informó que Scotiabank estaba a punto de rematar la casa antes señalada, por lo que al consultar la página de Internet del Poder Judicial de Querétaro, observó un total de seis acuerdos emitidos en el año que transcurre, siendo el último el veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, mediante el cual se da vista y se notifica por lista a la parte demandada (quejoso y su esposa). Ahora, en acatamiento al mandato constitucional, la ley de la materia y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tuvo como base la exposición de motivos de la ley citada en el sentido de evitar abusar del juicio de amaparo, la procedencia del amparo que promueva quien fue parte en el procedimiento contra actos dictados después de concluido el juicio en la etapa de ejecución de sentencia, están condicionados a que dichos actos sean la última resolución dictada en la citada etapa en donde podrán reclamarse conjuntamente las demás violaciones que hubieren dejado sin defensa a la peticionaria siempre que estén encaminadas al cumplimiento de la cosa juzgada. La finalidad que persigue este criterio, es la de evitar que se promuevan tantos amparos como violaciones que en el procedimiento de ejecución sucedan, pues de lo contrario se obstaculizarían los procedimientos tendentes a cumplimentar las resoluciones que constituyan la verdad legal para quienes previamente fueron oídos en el juicio; resulta así, ya que se pretende dar un equilibrio entre el interés individual de quien estima sufrir un agravio en sus garantías individuales frente al interés de la sociedad para que se cumplan las sentencias. Entonces, si en el caso particular, como del escrito de demanda se aprecia que el quejoso, reclama esencialmente todas y cada una de las actuaciones llevadas a cabo dentro del expediente 54/2016, del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia de San Juan del Río, en el Estado de Querétaro, con motivo de la falta de notificación de los actos ejecutados en la vía de apremio llevados a cabo en dicho juicio, todos emitidos en ejecución de la sentencia dictada en el referido expediente. Luego, en esas condiciones, las sentencias firmes deben cumplirse cuidando que no se entorpezca la ejecución de las mismas; además, también debe cuidarse que el juicio de amparo no sea utilizado como instrumento que retarde la administración de justicia y, en cuanto a las personas que efectivamente hayan sufrido una violación en sus garantías individuales, podrán ser restituidas en el goce de éstas desde que se cometió la violación en ese procedimiento de ejecución si así lo determina el órgano de control constitucional. En el caso concreto se advierte que los actos que reclama el promovente, fue emitido en el período de ejecución de sentencia; por lo tanto, no satisface los requisitos para la procedencia del juicio de amparo derivados del ordinal 107, fracción IV párrafo segundo, de la ley en comento y su interpretación jurisprudencial, pues no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución. Lo anterior, cobra relevancia, ya que como el propio quejoso señala bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo, que figura como parte demandada dentro del juicio 54/2016, ya que él y su esposa, quien fue nombrada como representante común, fueron demandados por Scotiabank en la Vía Sumaria Hipotecaria y, posteriormente ambos firmaron un Convenio Judicial de Reconocimiento de Adeudo y Regularización del Crédito con dicha institución bancaria, en fecha veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, mismo que fue aprobado por el Juzgado responsable, en ocho de abril del mismo año, con lo cual se evidencia que, es parte en el juicio natural, y éste se encuentra en la etapa de ejecución. En mérito, de lo anterior, en el caso, la última resolución lo es aquella que ordene el otorgamiento de escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados, o en su caso, aquella que declare la imposibilidad para cumplirla. Lo que en el caso no acontece, toda vez que de las copias que acompaña el impetrante y de lo narrado en su escrito de demanda, se evidencia que reconoce que compareció en el juicio de origen, en donde inclusive el veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, firmó un convenio judicial con la parte actora, el cual incumplieron al no poder realizar los pagos y que posteriormente, por motivos personales, el quejoso se fue a vivir a la Ciudad de México desde mediados de diciembre de dos mil dieciséis y reconoce aún más, que su esposa le manifestó que ella se encargaría del pago del crédito, por lo que al transcurrir el tiempo, el impetrante le preguntó a su esposa Ana Laura, sobre el tema de la quita, y ésta se limitaba a decir que el banco estaba valorando la propuesta y que no había respuesta aún, razón por la cual el hoy quejoso se enteró el veintiséis de junio del año en curso por dicho de su esposa, que le ayudara a reunir la cantidad de la propuesta de la casa antes de que se rematara ésta, sin mayor información. En consecuencia, de lo expuesto, se aprecia que se decretó el inicio de la fase de ejecución de convenio dictado en el juicio de origen, y la última actuación que el promovente anexó a su demanda es el proveído de veintiséis de mayo del año en curso, en el cual se le da vista a la parte demandada respecto del auto del incidente de planilla de liquidación admitido en el auto de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, por el término de tres días para que manifieste lo que a su interés convenga, por ende, es evidente que se trata de un acuerdo en el período de ejecución de convenio, que no constituye de ninguna manera, la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, del cual el ahora quejoso es parte. Máxime que al tratarse de un acto emitido en la etapa de ejecución, su ejecución no constituye una imposible reparación, en virtud de que la parte quejosa ya fue oída y vencida en juicio, en el cual fue definido el derecho que ahora argumenta le es afectado, lo que legitima la ejecución de la sentencia en la cual fue condenada al pago de prestaciones que le fueron reclamadas. Tiene aplicación la jurisprudencia I.5o.C.J/9, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, visible en l página 1088, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Agosto de 2002. Que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO NO EXISTEN ACTOS CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, DE LOS PREVISTOS EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. Los actos que tienen ejecución de imposible reparación, en contra de los cuales procede el juicio de amparo indirecto, son aquellos que se producen en el juicio, es decir, antes del dictado de la sentencia definitiva correspondiente, en términos de lo dispuesto en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo; pero cuando el acto reclamado fue dictado una vez concluido el juicio, no es procedente dilucidar, conforme a la citada fracción del aludido precepto legal, si tenía o no ejecución de imposible reparación, ya que este examen debe hacerse cuando se reclaman actos dictados en juicio, pues solamente en esta etapa los actos que transgreden las leyes del procedimiento pueden tener ejecución irreparable, porque aún no se ha resuelto sobre el derecho que el actor pretende que se declare o constituya, y es necesario proteger a aquel cuyos derechos sustantivos se ven afectados por actos ocurridos dentro del procedimiento y que pudieran ser ilegales; sin embargo, después de concluido el juicio, cuando ya se definieron los derechos cuestionados, si el acto que tienda a cumplir la sentencia lesiona derechos sustantivos, lo hace en ejecución del fallo que constituye la verdad legal acerca de la controversia y, por tanto, es un acto legítimo, de ahí que, en ese caso, no exista ejecución irreparable. Por tal razón, las fracciones III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo tienen aplicación en hipótesis diferentes. De no ser así, en este ordenamiento y en el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, se habría previsto la procedencia del amparo ante el Juez de Distrito, contra actos en el juicio, fuera de juicio o después de concluido éste, que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación." De igual manera, tiene aplicación la diversa jurisprudencia 1ª./J.29/2003, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Junio de 2003, que establece: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías." De igual manera, la ejecución forzosa no implica la emisión inmediata de una orden de desalojo porque está sujeto a varias condiciones, como su actuar ante el requerimiento contenido en el acto reclamado y que además, se lleve a cabo el procedimiento de remate, lo que a la fecha no acontece. Bajo tal panorama, es claro que el quejoso, al ser parte del juicio de origen, se encuentra en aptitud de acudir ante el juez responsable a hacer valer sus derechos, máxime que de la última actuación que el impetrante anexa a su demanda de amparo, consistente en el acuerdo de fecha veintiséis de mayo del año en curso, se advierte que el Juez Segundo de Primera Instancia Civil con residencia en San Juan Del Río, Querétaro, les notifica por listas las subsecuentes notificaciones y, les otorga vista a efecto de que manifiesten lo que a su interés legal convenga, respecto del incidente de planilla de liquidación interpuesto por la institución actora SCOTIABANK INVERLAT S.A. Sirve de apoyo la jurisprudencia 32/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, abril de dos mil uno, página treinta y uno, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Este requisito persigue, de conformidad con la exposición de motivos de la ley citada, evitar abusos del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente.". En tales condiciones, se actualiza la causal de improcedencia 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, del mismo ordenamiento jurídico en consulta, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, la presente demanda de amparo, en términos del diverso 113 de la propia ley. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en los artículos 304 y 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica; y como autorizado de su parte en términos del dispositivo 12 de la referida ley al licenciado Rafael Enrique Sibaja López, no obstante, únicamente en términos del diverso 24 de la Ley de la materia a las diversas personas que menciona, hasta en tanto acrediten ante este Juzgado ser licenciados en derecho, con cédula profesional debidamente inscrita en el Sistema utilizado para tal efecto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite. NOTIFICACIÓN EN CASO DE NO ATENDER CITATORIO O AVISO En otro aspecto, en el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de esos órganos del Poder Judicial de la Federación, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en concordancia con el numeral 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para omitir sus datos personales cuando se haga pública la sentencia respectiva que se dicte en el presente asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que dicha sentencia se publique sin supresión de datos, salvo los considerados sensibles. NOTIFICACIONES POR LISTA EN CASO DE QUE SE SEÑALE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES FUERA DE ESTA CIUDAD Y ÁREA CONURBADA. En caso de que alguna de las partes señalen domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la ciudad y área conurbada, con fundamento en el artículo 27, fracción I, a contrario sensu, en relación con el numeral 29 ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones se les harán por lista que se fija en lugar visible y de fácil acceso de este juzgado. PROMOCIONES QUE PRESENTEN LAS PARTES Y QUE NO INCIDAN EN LA PROSECUSIÓN EFECTIVA DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y acorde con el derecho a la tutela judicial pronta, expedita y efectiva, así como observando el debido proceso contenido en los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, este juzgador determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio solamente se agregarán al expediente sin mayor acuerdo, previa certificación del (la) Secretario(a) en la que se haga constar que dicha promoción se agrega al presente expediente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 de la Constitución Federal, así como que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Estas promociones exclusivamente son: 1. Cuando se reciba un informe, escrito u oficio por más de una ocasión (caso en el cual el primero se agregará mediante acuerdo y los siguientes sólo se sumarán al expediente con la certificación en comento); 2. Acuses de recibido para diligenciar de exhortos o despachos (caso en el cual se agregará mediante certificación el acuse que se reciba para su diligenciación, mientras que se agregará mediante acuerdo cuando ya se reciba el exhorto o despacho diligenciado o no); 3. Acuses de recibido de devolución de constancias a las autoridades. 4. Autorizaciones de las partes a personas para oír y recibir notificaciones y documentos. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la autorización no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente. 5. Representaciones del Presidente de la República, las que se tienen por realizadas a favor de las autoridades que se indiquen y que se agregarán a los autos surtiendo sus efectos desde luego, emitiéndose el acuerdo respectivo cuando rindan su respectivo informe justificado. 6. Oficios informando sobre meros trámites relativos al cumplimiento de la sentencia en que se llegue a otorgar el amparo. Los cuales se agregarán a los autos mediante simple certificación para que surtan sus efectos, emitiéndose el acuerdo respectivo con vista personal cuando se informe sobre el cumplimiento efectivo y sustancial de la sentencia concesoria o requiriendo el cumplimiento en caso de advertir retraso en acatar la ejecutoria relativa. 7. Solicitud de copias simples o certificadas. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la solicitud no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente, dichas copias sólo se podrán entregar en un solo tanto, ya que para el caso de que las partes deseen obtener más de un tanto deberán acudir a un fedatario público, tomando en cuenta que la principal actividad de los fedatarios adscritos a este órgano jurisdiccional es auxiliar en la impartición de justicia y no dar fe en más de una ocasión de las constancias que integran los autos. Sirven de apoyo los siguientes criterios: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE AMPARO. PUEDEN SOLICITARSE EN CUALQUIER ESTADO PROCESAL Y SU EXPEDICIÓN DEBE SER EN UN SOLO TANTO O EN UNA OCASIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). (Décima Época, Registro: 2007376, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: IX.1o.7 K (10a.), página: 2387). "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS PROCESALES. LA DECISIÓN JUDICIAL DE NEGAR SU EXPEDICIÓN EN MÁS DE UN TANTO NO ENTRAÑA INFRACCIÓN NI DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS PARTES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES." (Novena Época, Registro: 174117, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, octubre de 2006, Materia(s): Común, Tesis: I.10o.C.13 K, página: 1374). DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE Y, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal.....II VNotifíquese personalmente.
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