Jorge Abraham Mezquita Ponce de León

Expediente 1923/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 20 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1923/2022
Año
2022
Actuaciones
20
Última actuación
22/06/2023

Partes del expediente

  • Jorge Abraham Mezquita Ponce de León
  • Jorge Abraham Mezquita Ponce de León y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de junio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia firmada el diez de mayo de dos mil veintitrés, en la que en su primer punto resolutivo se sobreseyó el presente juicio; por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquella resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. (...) Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las once horas con cuarenta y tres minutos del diez de mayo de dos mil veintitrés, día y hora señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1923/2022, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo aplicable. El Juez declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. A continuación, la Secretaría da cuenta con el escrito inicial de demanda, auto admisorio de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, y con las demás constancias que obran en autos. Acto seguido el Juez acuerda: téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las documentales, instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto legal y humano que ofreció la parte quejosa en su escrito aclaratorio de demanda, así como con las copias certificadas remitidas por la Encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional Delegación Yucatán y el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional con sede en Ciudad de México. En relación con lo anterior, el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tengan por admitidas las pruebas ofrecidas por la autoridad responsable, al igual que las ofrecidas por la parte quejosa, por lo que se cierra el periodo de pruebas. Posteriormente, se abre el período de alegatos en el que la Secretaría no da cuenta con promoción alguna, por lo que se cierra dicho periodo. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y al encontrarse debidamente integrado este expediente, se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Vistos para resolver el juicio de amparo número 1923/2022-III promovido por Jorge Abraham Mezquita Ponce de León, contra actos de la Dirección General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional y otras autoridades, por violación a los artículos 1 y 8 Constitucionales; y, R e s u l t a n d o: PRIMERO. En demanda de amparo presentada el dieciséis de agosto de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, Jorge Abraham Mezquita Ponce de León, solicitó el amparo en contra de los actos que reclama de la Dirección General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional y otras autoridades. SEGUNDO. Por auto de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo; ordenándose dar al Representante Social de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito, la intervención legal que le compete, se solicitó a las autoridades responsables su correspondiente informe justificado, todo lo cual se hizo en sus términos, fijándose fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgado de Distrito; lo anterior porque en el presente caso se reclama un acto omisivo que carece de ejecución pero presentado ante este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo aplicable y con el criterio sustentado en la tesis P.VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.", se procede a precisar el acto reclamado. Al respecto, debe decirse que de la lectura integral de la demanda de amparo, de los informes rendidos por las autoridades responsables se advierte que la parte quejosa reclama: TERCERO. Existencia de actos. Al momento de rendir su informe justificado correspondiente la Encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional Delegación Yucatán y el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional con sede en Ciudad de México negaron la certeza del acto que se les reclama, no obstante de las manifestaciones vertidas en sus informes justificados se evidencia su certeza, por lo que se desvirtúa dicha negativa y se tienen por ciertos los actos reclamados. CUARTO. Estudio Oficioso de las Causales de Improcedencia. Ahora bien, es innecesaria la trascripción y estudio de los conceptos de violación que aduce la parte quejosa, toda vez que por ser una cuestión de orden público este Juzgado de Distrito estudia en primer término si en la especie se actualiza la existencia de alguna causal de improcedencia, lo hagan valer o no las partes, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, respecto del acto que reclama la parte quejosa, se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La casual de improcedencia prevista en el precepto legal transcrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si hubiera concedido el amparo. En efecto, se considera actualizada esta causal toda vez que de las copias certificadas remitidas por las autoridades responsables, a las que este órgano de control constitucional les confiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que mediante oficio RAN/YUC/SR/0807/2022, de fecha de once de marzo de dos mil veintidós, la Delegación Yucatán del Registro Agrario Nacional remitió la solicitud 31220001946 y documentación anexa a la Dirección General de Registro y Control Documental con sede en la ciudad de México para que en el ámbito de sus atribuciones realizara la calificación registral y de ser procedente la inscripción correspondiente, a fin de que la Delegación Yucatán de dicho organismo estuviera en aptitud de expedir el título de propiedad de origen parcelario correspondiente a la parcela número 30 Z1 P1/3. Seguidamente, el veintiocho de julio de dos mil veintidós, recayó la calificación registral en sentido positivo, hecho que fue comunicado a la Dirección en Jefe mediante oficio DGRCD/DP-1554/2022 para su registro correspondiente. Posteriormente y habiendo realizado la tramitación necesaria, mediante oficio RAN/YUC/SR/DJ/1025/2023 la encargada del despacho de la Delegación Yucatán, informó que el título de propiedad 1006212 que ampara la parcela 30 Z1 P1/3, se encontró disponible para su entrega fijando las doce horas con treinta minutos del treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, para dicho acto, no obstante el quejoso no se presentó tal y como lo manifiesta en su oficio RAN/YUC/SR/DJ/1247/2023 por lo que dejó a disposición el título en comento en el Centro de Atención al Público (CAT) de dicha Delegación; por tanto, en diverso auto de diez de abril de dos mil veintitrés, se ordenó notificar de forma personal al quejoso para que acudiera a recoger el título de propiedad de la parcela 30 Z1 P1/3, notificación que se advierte tuvo lugar el doce de abril del presente año, siendo que hasta la fecha la parte quejosa no se ha apersonado a fin de que le fuera entregado el título parcelario. En las relatadas consideraciones, es obvio que en el caso opera la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues es incuestionable que en la especie cesaron los efectos del acto reclamado, desde el momento en que quedó a disposición de la parte quejosa el título de propiedad, máxime la notificación personal realizada para que acuda a su recepción, se llevó a cabo con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, que lo fue el dieciséis de agosto de dos mil veintidós, lo cual motiva el sobreseimiento en este juicio de amparo, por lo tanto, se SOBRESEE en el presente juicio, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la invocada Ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior por similitud de razón, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, Novena Época, visible en la página 38, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUÍDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." QUINTO. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y considerado y con apoyo además en los artículos del 73 al 79 de la Ley de Amparo: R e s u e l v e: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido Jorge Abraham Mezquita Ponce de León, contra los actos que reclama de la Dirección General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional y otras autoridades, por los motivos expuestos en el cuerpo de esta sentencia. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el oficio de la encargada del despacho del Registro Agrario Nacional Delegación Yucatán, mediante el cual comunica que el quejoso en el presente juicio no se presentó a la hora y fecha señaladas a efecto de que le fuese entregado el título de propiedad correspondiente a la parcela materia del presente asunto, no obstante informa que dicho documento se dejó a disposición del interesado en el centro de atención a usuarios de dicha Unidad Administrativa en un horario de lunes a viernes de nueve a catorce horas. En mérito de lo anterior, considerando que la comparecencia del quejoso ante el mencionado Registro Agrario, resulta indispensable para que le sea notificado y entregado el título de propiedad correspondiente a la parcela materia del presente juicio; por tanto, hágase lo anterior de su conocimiento, con el fin de que se presente ante la autoridad oficiante en el horario señalado para que se notifique y entregue el documento antes mencionado, apercibiendo a la parte quejosa que de no comparecer a recibir el título de propiedad en comento, se podrá declarar la actualización de una causal de improcedencia en el presente juicio. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva hora y fecha para su celebración las once horas con cuarenta y tres minutos del diez de mayo de dos mil veintitrés. Sin que este acuerdo deba notificarse por oficio a las autoridades responsables, por no considerarse de trascendencia, acorde a la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Atento a lo informado en la cuenta que antecede, en el sentido que por auto de diez de febrero de dos mil veintitrés, se declaró sin materia el cumplimiento de la sentencia ejecutoriada por existir imposibilidad jurídica; en consecuencia, toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el párrafo primero del artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes se hubieren inconformado con el auto que declaró sin materia el cumplimiento de la sentencia ejecutoriada por existir imposibilidad jurídica dictada por este Juzgado de Distrito; con fundamento en el penúltimo párrafo del numeral 196 de la invocada Ley de la Materia, se ordena archivar este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que en el presente asunto, se concedió el amparo solicitado a la parte quejosa, la cual se declaró sin materia el cumplimiento de la sentencia ejecutoriada por existir imposibilidad jurídica; en consecuencia, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; por tanto, se hace la observación que el presente expediente es susceptible de depuración, debiendo conservarse únicamente la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Por último, se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso; esto es, los acuerdos que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Asimismo, agréguese copia autorizada del presente proveído al original y duplicado del incidente de suspensión que derivan de este juicio de amparo, para que se provea lo conducente en relación a su archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el secretario licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, que autoriza y da fe.

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