Jorge Abraham Cruz González

Expediente 1083/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2024.

Datos del expediente

Expediente
1083/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
04/01/2024

Partes del expediente

  • JORGE ABRAHAM CRUZ GONZÁLEZ y Otros.
  • Jorge Abraham Cruz González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 1083/2023; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación se hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficio por el cual las autoridades responsables rindieron su informe justificado; C) Apersonamiento de la parte tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que ninguna de las partes las ofreció. Al no haber elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que ninguna de las partes los formuló y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no rindió intervención; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con el Secretario que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver el juicio de amparo 1083/2023, promovido por ..., por conducto de su apoderado, contra actos de la Cuarta Sala, Juez y Actuario adscritos al Juzgado Sexto de Proceso Escrito y de Extinción de Dominio, todos de lo Civil de la Ciudad de México; y RESULTANDO PRIMERO. Demanda. El quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, aduciendo que se violentaron en su perjuicio los artículos 14 y 16 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión de la demanda y substanciación del proceso. La demanda se admitió, se dio intervención a la representante social de la Federación adscrita; requirió los informes justificados; señaló a la parte tercera interesada y fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Las autoridades rindieron sus informes, la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no formuló intervención, la parte tercera interesada fue emplazada; finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. El suscrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la ley de la materia, pues se trata de un amparo indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza civil, seguido ante un tribunal común con sede en el ámbito territorial donde este órgano ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Conforme al artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se precisa que el acto reclamado es la sentencia de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el toca ... por la Cuarta Sala Civil de esta ciudad, donde revocó el auto de catorce de noviembre de dos mil veintidós emitido en el juicio ordinario civil .... del índice del Juzgado Sexto Civil de Proceso Escrito y de Extinción de Dominio de la Ciudad de México, y en su lugar, ordenó la desocupación y entrega del inmueble ubicado en ... , en esta ciudad. TERCERO. Existencia. Al rendir su informe justificado, las autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos reclamados, lo que se corrobora con las copias certificadas del proceso de origen, remitidas en su apoyo, de valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. QUINTO. Improcedencia. La procedencia del juicio es un presupuesto procesal que debe estudiar de oficio el juzgador antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la ley de la materia. En la especie, el suscrito advierte que el presente juicio constitucional debe sobreseerse al actualizarse la causal prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 en relación con la fracción IV, del 107, ambos de la ley respectiva que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]" De los artículos transcritos se advierte que contra actos reclamados derivados de un proceso judicial, el juicio de amparo biinstancial procede sólo contra aquéllos que se ejecuten fuera de juicio o después de concluido; y tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo procederá contra la última resolución emitida en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Conforme al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, debe entenderse a aquella donde se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para cumplirla. Lo que fue tomado en la jurisprudencia con número de registro 190035, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." En efecto, como última resolución dictada en la fase de ejecución, debe entenderse: aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la orden de archivo definitivo del expediente; pudiendo reclamar en ella las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. En el particular, el quejoso reclama la sentencia de segunda instancia que revocó el proveído donde se había negado ordenar el lanzamiento del inmueble materia de la litis, para en su lugar requerirle su desocupación y entrega, bajo apercibimiento de lanzamiento forzoso, ordenado en cumplimiento a la sentencia definitiva, dentro de un procedimiento donde no es tercero extraño, pues no reclama el llamamiento. Por tanto, resulta claro que no se está ante la última resolución emitida en tal fase, puesto que tampoco se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o declara la imposibilidad material o jurídica para cumplirla, ni la orden de archivo definitivo del expediente, de tal suerte que las violaciones e irregularidades que aduce, podrá hacerlas valer al momento en que se dicte la última resolución que determine el cumplimiento de lo sentenciado. Sirve de apoyo, por analogía, la jurisprudencia VI.2o.C. J/253, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Mayo de 2005, página 1331, Novena Época, Materia Civil, registro 178405, que dice: "ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que por la expresión "última resolución" en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, mediante la aplicación analógica del artículo 113 del mismo ordenamiento legal; ahora bien, la orden de lanzamiento dictada en ejecución de sentencia firme, emitida en un juicio en el que el quejoso fue parte y, por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo." No es impedimento a lo anterior, que la parte quejosa refiera que se está modificando la cosa juzgada, pues en la sentencia definitiva se había referido el inmueble ubicado en la colonia Unidad de Aragón Tercera Sección, y ahora se precisó que es la colonia San Juan de Aragón Tercera Sección. Sin embargo, sobre ese punto es importante señalar que al dictar sentencia, dentro de la parte considerativa del fallo, el A quo sostuvo lo siguiente: "[.] Atento a lo anterior, se tiene por acreditado el primer elemento de la acción, con la documental pública exhibida por la parte actora relativa al instrumento notarial número treinta y nueve mil setenta y dos, de fecha veintiuno de junio de dos mil uno, otorgada ante la fe del Licenciado .., titular de la Notaría ciento diecinueve del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, actuando como suplente y en el protocolo del Licenciado... Notario Público cuatro de esta Ciudad, documental inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, bajo el folio real número ...., desde el uno de octubre de dos mil uno, en virtud de la cual se hizo constar el contrato de compra venta, celebrado por ..., en su carácter de vendedora y ...a en su carácter de parte compradora, respecto del LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL NÚMERO ..., documental que goza de valor probatorio pleno en términos del artículo 327 fracción I en relación con el artículo 403 del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad. [.] RESUELVE PRIMERO.- Ha sido procedente la Vía Ordinaria Civil en la cual, la actora acreditó los elementos de la acción, los codemandados ... y ..., no acreditaron sus excepciones y defensas y el codemandado ..., se constituyó en rebeldía, en consecuencia: SEGUNDO.- Se condena a los codemandados ..., .... y ...N, a la desocupación y entrega a favor de la parte actora .... del inmueble ubicado en ..., CIUDAD DE MÉXICO, con sus frutos y accesiones, lo cual deberá efectuarse en el término de CINCO DÍAS contados a partir del siguiente a aquel en que la presente resolución cause ejecutoria, apercibidos que en caso de no hacerlo, se procederá a la ejecución forzosa. [.]" De la transcripción anterior se advierte que en el considerando de la sentencia el juez refirió que la parte actora acreditó la propiedad del inmueble ubicado en la colonia San Juan de Aragón Tercera Sección, y por otra parte en el resolutivo lo refirió como Unidad Aragón Tercera Sección. Siendo así, el hecho de que la Sala responsable haya precisado en la resolución reclamada que el nombre de la colonia es el primero referido por el propio A quo en el fallo, no puede considerarse como un aspecto ajeno a la cosa juzgada, pues no puede perderse de vista que los considerandos rigen al fallo y sirven para su interpretación y cumplimiento. En apoyo a lo anterior, se cita la Jurisprudencia XX.1o. J/62, de la Novena Época, en Materia Común, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en Materia Común, que dice: "SENTENCIA. LOS CONSIDERANDOS DE ÉSTA, RIGEN A LOS RESOLUTIVOS Y SIRVEN PARA INTERPRETARLOS. Cuando existe discrepancia entre un considerando de una sentencia y un resolutivo de la misma, debe entenderse que los considerandos rigen a los resolutivos y sirven para interpretarlos; y, por ende, los argumentos de la sentencia, por sí mismos, no causan agravios al quejoso, cuando éstos no han conducido a la ilegalidad de la resolución reclamada." También se cita al respecto la tesis I.3o.C.21 K (10a.), de la Décima Época, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en Materias Civil, Común, que dice: "COSA JUZGADA. AL ANALIZARLA DE OFICIO, EL JUZGADOR DEBE RESPETAR EL PRINCIPIO DE QUE EN EL ESTUDIO DE CUALQUIER SENTENCIA LOS CONSIDERANDOS RIGEN A LOS RESOLUTIVOS Y SIRVEN PARA INTERPRETARLOS. La cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, por lo que el Juez está obligado a analizarla de oficio en cuanto advierta su existencia. Ahora, en ese ejercicio el juzgador debe respetar un principio esencial en el estudio de cualquier sentencia, consistente en que los considerandos rigen a los resolutivos y sirven para interpretarlos. Esa postura es reconocida por la doctrina procesal moderna, ya que ésta ha admitido que así como para interpretar la demanda es necesario su estudio conjunto y racional, el mismo criterio rige para interpretar una sentencia." Conforme a lo anterior, no puede considerarse que el acto reclamado contenga algún pronunciamiento distinto a la cosa juzgada, lo que pone de manifiesto que la orden de lanzamiento coincide íntegramente con lo fallado. De ahí que sea dable afirmar que no se están vulnerando derechos distintos a los afectados por la cosa juzgada. Consecuentemente, al no constituir el acto que reclama la parte quejosa, la última resolución dictada en ejecución de sentencia, cobra vigencia la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción IV del artículo 107, ambos de la Ley de Amparo. Sobreseimiento extensivo respecto de las autoridades ejecutoras, pues no se combaten por vicios propios. Lo anterior acorde a la jurisprudencia sustentada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 339 del Apéndice al Semanario Judicial 1917-1995, Tomo VI, Séptima Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73 a 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. SE SOBRESEE el juicio promovido por ..., contra actos de la Cuarta Sala, Juez y Actuario adscritos al Juzgado Sexto de Proceso Escrito y de Extinción de Dominio, todos de lo Civil de la Ciudad de México, por los razonamientos expresados en este fallo. NOTIFÍQUESE. Lo sentencia y firma electrónicamente, ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ...., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, el día en que tiene verificativo la audiencia constitucional. Doy fe.

  2. Incidental

    Vista la certificación que antecede, se advierte que ya transcurrió el plazo de cinco días concedido a la quejosa para exhibir el monto fijado en la suspensión definitiva, a fin de garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a la parte tercera interesada, sin que lo haya hecho; por tanto la medida deja de surtir efectos. Debe puntualizarse que si la ejecución del acto reclamado no se ha llevado a cabo, la peticionaria puede exhibir la garantía en cualquier momento y por ende, sería susceptible de paralizarse de inmediato su ejecución; por lo que, infórmese a las autoridades responsables que hasta la presente data, la parte quejosa no ha otorgado la garantía que se le fijó para que siga surtiendo efectos la suspensión definitiva. Finalmente agréguense los escritos de Stephany Iris Hernández Ortiz autorizada de la tercera interesada en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia; en atención a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en esta fecha. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Agréguese el escrito de ***** (tercera interesada), atento a su contenido, se le tiene apersonándose al presente juicio; asimismo, por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizadas a las personas que señala para los efectos que refiere (con excepción de la entrega de valores, dado que por su naturaleza, requiere de un poder con facultades específicas). Respecto de quienes autoriza conforme al artículo 12 de la Ley de Amparo, gozarán de las facultades amplias que prevé si tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales; ya que de no ser así únicamente lo estarán para oír y recibir notificaciones. Finalmente, se le tiene por hechas sus manifestaciones en vía de alegatos, con las que se ordena hacer relación en la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Visto el estado procesal de autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por el motivo asentado en la certificación de cuenta; en consecuencia, se difiere y se fijan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para su verificativo. Considerando que esta determinación no contiene requerimiento con apercibimiento o petición para las autoridades responsables, ni actualiza algún supuesto del artículo 26 de la Ley de Amparo, no es necesario enviarles oficio, y con fundamento en la fracción III del citado numeral, se ordena notificarles por lista este auto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, Décima Época, Materias(s): Común, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Por otro lado, atendiendo a que mediante acuerdo de tres de octubre de este año se reservó ordenar el emplazamiento de la tercera interesada ****** por no contar con un domicilio para tal efecto, y toda vez que de las constancias remitidas por el Juez responsable se advierten dos lugares en donde puede efectuarse su llamamiento; se comisiona al fedatario adscrito a este Juzgado, a fin de que se constituya en los mismos y una vez que se cerciore que ahí puede ser localizada, la emplace al presente juicio, corriéndole traslado con las constancias necesarias para tal efecto. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario de la adscripción lleve a cabo la notificación encomendada. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA TERCERA INTERESADA.

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