Jorge Abel Hermosillo Pulido
Expediente 754/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 754/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jorge Abel Hermosillo Pulido
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio 01358/2021, signado el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, mediante el cual remite constancias de la lista de acuerdos, de la que se advierte que por medio de lista notificó al quejoso ----, el acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veinte, dictado en el juicio de amparo en que se actúa. Finalmente, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente auto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso b), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que inexiste constancia del envió del exhorto número 549/2020 (308/2020), que se giró a fin de notificar por lista al quejoso Jorge Abel Hermosillo Pulido, el acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veinte. Por tanto, a fin de evitar mayores dilaciones procesales dése de baja la citada comunicación, y toda vez que el quejoso Jorge Abel Hermosillo Pulido, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados del Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, con fundamento en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, gírese atento exhorto al Juez Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda notifique por lista al quejoso Jorge Abel Hermosillo Pulido, el acuerdo dictado el nueve de noviembre de dos mil veinte, del cual se anexa copia autorizada; asimismo, deberá requerirlo para que señale domicilio en esta ciudad de Morelia, Michoacán, para oír y recibir notificaciones relacionadas con el presente juicio, apercibiéndolo que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal, se practicarán por medio de lista, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor. En la inteligencia de que para el envío y devolución del exhorto de que se trata, deberá hacerse uso del Sistema Integral para el Seguimiento de Expedientes (SISE), sin que sea necesario que la autoridad exhortada acuse recibo, toda vez que éste es generado automáticamente por el referido sistema. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Luis Fernando Arreola Villa, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Omar Auseigesd Benítez Olmos, Secretario con quien actúa y da fe.-
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Agréguese el oficio 13221/2020, signado por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, al que adjunta el juicio de amparo número 1188/2020, así como tres copias de la demanda, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Jorge Abel Hermosillo Pulido, contra actos de la Actuaria del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, por el acto que hace consistir en: "... IV. EL ACTO RECLAMADO: Lo constituye LA NEGATIVA DE LLEVAR A CABO UNA NOTIFICACIÓN PERSONAL DE FORMA OFICIOSA derivada de la sentencia definitiva de fecha 04 de Septiembre de 2020." Lo anterior, en razón a que declaró su incompetencia por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo promovida por el citado quejoso; por tanto, con fundamento en el numeral 45 de la Ley de Amparo, esta potestad federal SE AVOCA A SU CONOCIMIENTO y continúa con el trámite del mismo; acúsese el recibo de estilo. En consecuencia, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respectivamente, con el número 754/2020-IVI. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que resulta notoriamente improcedente, pues en el caso se actualiza, de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". Del artículo transcrito se desprende que la procedencia del juicio constitucional está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso, juicio o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o bien, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, es terminante en que se agoten los medios legales establecidos como requisito indispensable para estar en posibilidad de acudir al juicio de amparo. En el caso concreto, se colige que contra el acto reclamado procede el incidente de nulidad de actuaciones previsto en el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, como se expondrá a continuación. Como ha quedado precisado, el acto reclamado emerge de un juicio ejecutivo mercantil; en ese orden, el artículo 1414 del Código de Comercio establece lo siguiente: "Artículo. 1,414. Cualquier incidente o cuestión que se suscite en los Juicios Ejecutivos Mercantiles será resuelto por el juez con apoyo en las disposiciones respectivas de este Título; y en su defecto, en lo relativo a los incidentes en los Juicios Ordinarios Mercantiles; y a falta de uno u otro, a lo que disponga el Código Federal de Procedimientos Civiles, o en su defecto la ley procesal de la Entidad Federativa correspondiente, procurando la mayor equidad entre las partes sin perjuicio para ninguna de ellas.". El precepto transcrito dispone que los incidentes o cuestiones que se susciten dentro de los juicios ejecutivos mercantiles se regirán por las disposiciones de dicha codificación y en caso de no prever procedimiento alguno se aplicará en forma supletoria a dicho ordenamiento, las disposiciones contenidas en el Código Federal de Procedimientos Civiles o, bien, las leyes del procedimiento locales que correspondan. Por su parte, el arábigo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece lo siguiente: "Artículo 319. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará, en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse, sin haberse pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que éste sea resuelto". Esto es, dicho numeral dispone que cuando una notificación se hiciera en forma distinta a la contenida en tal ordenamiento la parte agraviada podrá promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo se procede a fijar en forma clara y precisa el acto reclamado en la presente litis constitucional, mismo que se hace consistir en: La negativa de llevar a cabo la notificación de la sentencia definitiva dictada el cuatro de septiembre de dos mil veinte, dentro del juicio mercantil ejecutivo con número de expediente 1719/2017. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, tomo XI, abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En vista de lo anterior, resulta evidente que el quejoso, como parte del juicio de donde emana el acto reclamado, como lo manifestó bajo protesta de decir verdad, debió agotar el principio de definitividad que rige el juicio constitucional, esto es, debió impugnar la falta y/o indebida notificación, mediante el incidente de nulidad de actuaciones previsto por el numeral 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, que establece que las notificaciones que se hagan en contravención de las disposiciones legales serán declaras nulas; entonces, debe arribarse a la conclusión de que la diligencia reclamada pudo haber sido invalidada mediante la tramitación del citado incidente y, como consecuencia, todos y cada uno de los actos procesales posteriores a ella. En esas condiciones, al ser impugnable el acto reclamado por el peticionario de amparo, este debió promover el incidente de nulidad de actuaciones antes de acudir al juicio constitucional, de forma que al no hacerlo así, no agoto el principio de definitividad necesario para la procedencia de esta instancia constitucional. Cobra aplicación a lo anterior por identidad de razón la jurisprudencia III 1º.C J/34 visible en la página 1041, del Tomo XVI, correspondiente al mes de noviembre de 2002, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "NULIDAD DE ACTUACIONES, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. Si bien es cierto que la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo no habla de agotar precisamente incidentes, sino recursos ordinarios, también lo es que tal fracción se refiere no sólo a recursos sino también a medios ordinarios de defensa dentro del procedimiento, por virtud de los cuales puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas las resoluciones de que se trate, y en tanto el incidente de nulidad de actuaciones cumple con el último de los objetivos mencionados, pues mediante él puede lograrse la nulificación del acto materia del incidente, es válido su encuadramiento dentro de los medios ordinarios de defensa a que el precepto invocado se refiere". Así como la diversa tesis visible en la página 82, del Tomo 42, Sexta Parte, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "NOTIFICACIONES ILEGALMENTE HECHAS EN MATERIA LABORAL, AMPARO IMPROCEDENTE EN CONTRA DE. Cuando la parte quejosa en el juicio de garantías tuvo debido conocimiento de la existencia del juicio laboral iniciado en su contra y reclama una notificación que en su concepto fue indebidamente hecha, el amparo es improcedente y debe ser sobreseído, porque antes de promoverlo debió acudir ante la responsable a promover la nulidad de la notificación que a su juicio fue ilegalmente hecha, medio ordinario de defensa que debe agotarse antes de acudir al juicio constitucional". Por lo cual, al no haberlo hecho así, es de considerarse que en el particular se actualiza la causal de improcedencia de referencia, ya que a través del citado incidente de nulidad de actuaciones bien pudo obtener la revocación del acto impugnado. De donde se sigue, que si el inconforme dejó de agotar el principio de definitividad que impera en el juicio de garantías, por ende en términos del artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo la presente demanda de amparo deviene improcedente. Sirven de apoyo las tesis de jurisprudencia números VI. 2o.J/52, y 986, publicadas en las páginas 401 y 678, de los Tomos VI, Segunda Parte-1, julio a diciembre de 1990 y, Tomo VI, Octava y Séptima Épocas, del Semanario Judicial de la Federación y del Apéndice 1995, que a continuación por su orden se transcriben: "RECURSOS ORDINARIOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común." "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN INPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Así como la diversa tesis I.3o.C.25 K (10a.), visible en la página 2055, del Tomo Tomo 3, correspondiente al mes de Marzo de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. CONTRA ACTOS EN JUICIO CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, FUERA DE JUICIO O DESPUÉS DE CONCLUIDO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO PROCEDENTE CUANDO SEA DE TRAMITACIÓN INMEDIATA, RESULTE IDÓNEO, EFICAZ Y SE RESUELVA EN UN TIEMPO RAZONABLE AUNQUE NO TENGA EL EFECTO DE SUSPENDER LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Conforme a lo dispuesto en la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, cuando en el juicio de amparo se reclamen actos jurisdiccionales cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, deberán agotarse previamente los recursos que en su caso procedan, y no se establece expresamente como excepción a esta obligación legal que dichos recursos deban suspender o no el acto reclamado, como sí acontece tratándose de los actos previstos en la diversa fracción IV del mismo precepto para la materia administrativa. Por otro lado, mediante la jurisprudencia 1a./J. 44/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro indica: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL.", se definió que los actos de ejecución irreparable no se ubican en un supuesto de excepción al principio de definitividad. En consecuencia, se deduce que, tratándose de actos de tribunales judiciales en materia civil, previo a la promoción del juicio de amparo contra actos dictados en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, deben agotarse los recursos que en su caso procedan conforme a la ley procesal que rija la actuación del órgano jurisdiccional responsable, siempre que por su forma de tramitación sea inmediata, resulte idóneo, eficaz y se resuelva en un tiempo razonable aunque no tenga como consecuencia la suspensión inmediata de la ejecución y consecuencias de la resolución materia del recurso porque sólo se admita en el efecto devolutivo y no en el suspensivo. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, la demanda de amparo se debe DESECHAR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Ahora bien, toda vez que el quejoso Jorge Abel Hermosillo Pulido, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados del Juzgado declinante y mediante auto de veintiséis de octubre del año en curso, el Juez Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, ordenó notificarle los posteriores proveídos, aún los de carácter personal, por medio de lista de acuerdos, en términos del artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, gírese atento exhorto al Juez Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda notifique por lista al quejoso Jorge Abel Hermosillo Pulido, el presente acuerdo; asimismo deberá requerirlo para que señale domicilio en esta ciudad de Morelia, Michoacán, para oír y recibir notificaciones relacionadas con el presente juicio, apercibiéndolo que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal, se practicarán por medio de lista, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor. En la inteligencia de que para el envío y devolución del exhorto de que se trata, deberá hacerse uso del Sistema Integral para el Seguimiento de Expedientes (SISE), sin que sea necesario que la autoridad exhortada acuse recibo, toda vez que éste es generado automáticamente por el referido sistema. Asimismo, téngase a la parte quejosa autorizando para oír y recibir notificaciones a Arturo Casillas Duran y Verónica Beatriz Rivera Mayorga, quienes podrán imponerse de los autos, toda vez que en esos términos fueron autorizados. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Notifíquese personalmente.
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