Jorge Abel Cabrera Ordoñez

Expediente 410/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
410/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
01/06/2023

Partes del expediente

  • Jorge Abel Cabrera Ordoñez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, uno de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el término previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el proveído de dieciocho de mayo de la presente anualidad, en el que por una parte se tuvo por no presentada y por otra se desechó la demanda de amparo, transcurrió sin que hubiera hecho uso de tal derecho; en consecuencia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. ARCHIVO Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), así como en la carátula del expediente y archívese este asunto como concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE Y RELEVANCIA DOCUMENTAL En atención a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se decreta que este expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, debido a que por una parte se tuvo por no presentada y por otra se desechó la demanda de amparo que le dio origen y carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 de dicho ordenamiento, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente, aunado a que no obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa. En el entendido que el expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse notificado el presente auto, y una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, deberá destruirse y remitir el acta de baja correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, así como realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). FIRMAS ELECTRÓNICAS El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa...

  3. Principal

    Debido a que la parte quejosa ******* no compareció a notificarse personalmente dentro del término concedido, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c, se publica el acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, que en lo conducente dice: Xalapa de Enríquez, Veracruz, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guarda este asunto, se advierte que la parte quejosa no acudió dentro del término de tres días, a fin de ratificar el contenido del escrito recibido en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el nueve de los actuales; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en acuerdo de diez mayo de dos mil veintitrés y se tiene por no presentado el ocurso de referencia. En otro aspecto, se advierte que transcurrió el término de cinco días concedido a la parte quejosa mediante proveído de cuatro de mayo de dos mil veintitrés; a fin que cumpliera con la prevención ahí formulada, sin que lo hiciera; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado y con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA la demanda de amparo respecto del acto reclamado señalado en dicho acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). CUESTION PREVIA Ahora bien, de la lectura integral del escrito de demanda, así como de los anexos que acompañó a la misma y conforme a lo que se estableció en auto de cuatro de mayo de este año (fojas 22-24), se procede a realizar el pronunciamiento correspondiente respecto de los siguientes actos reclamados: A) El auto de veinte de abril de dos mil veintitrés, a través del cual el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Xalapa, Veracruz, certificó que ******* a, es coadyuvante en el expediente ******* de su índice. B) Así como, el diverso acuerdo veinticuatro de abril de este año, dictado en dicho expediente, a través del cual se ordena la reanudación del procedimiento. PROPUESTA DEMOSTRATIVA El artículo 113 de la Ley de Amparo otorga facultad al órgano jurisdiccional para desechar la demanda de amparo si advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. DESECHAMIENTO RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO EN EL INCISO A) DE LA PRESENTE DETERMINACIÓN HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, establecen: LEY DE AMPARO "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - - [.] - XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Del análisis de lo dispuesto por dichos preceptos, en la parte y sentido citados, se advierte que el juicio de amparo contra actos dentro del juicio solamente procede cuando produzcan efectos de imposible reparación. Sobre el indicado tipo de actos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, en virtud que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió. Esto es, son aquellos que producen efectos materiales inmediatos sobre los derechos sustantivos de los gobernados. En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación, se caracterizan porque la afectación relativa solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento con vista a obtener una resolución favorable, por lo que al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que las quejosas no obtengan un fallo favorable al resolverse el medio ordinario que proceda contra la sentencia definitiva, estará en condiciones de reclamarlas como tales en el amparo directo que se intente contra esa sentencia que pondrá fin al juicio. Ahora, en la Ley de Amparo, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos dentro de juicio, ya que los actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que con ello: a) Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, b) Recaigan sobre derechos cuyo significado rebasará lo puramente procesal y lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Los actos en juicio que tienen una ejecución de imposible reparación y, por ende, susceptibles de impugnarse en amparo bi instancial, también, son aquellos que de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, también llamados derechos fundamentales y respecto de los que no se puede privar ni restringir al gobernado, sino en los casos previstos y en los cuales se cumplan los requisitos legales para ello. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2006589 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 37/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39 Tipo: Jurisprudencia PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." HECHOS En el caso, del análisis integral a la demanda de amparo, se advierte que el acto que reclama la parte quejosa, consiste en: A) El auto de veinte de abril de dos mil veintitrés, a través del cual el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Xalapa, Veracruz, certificó que *******, es coadyuvante en el expediente ******* de su índice. CONCLUSIÓN Se concluye respetuosamente que el presente juicio de amparo es improcedente, atento a que la determinación en la que el Juzgado responsable certifica que *******, es coadyuvante en el expediente ******* de su índice, no constituye un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal. Apoya lo anterior, en lo conducente, la tesis que dice: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 164602 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Civil Tesis: 1a./J. 96/2009 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 373 Tipo: Jurisprudencia "DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS. EL AUTO O RESOLUCIÓN QUE ORDENA SU ADMISIÓN, NO ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO (JUICIOS ORDINARIOS MERCANTILES Y CIVILES). Llamar a un tercero a juicio o litisdenunciación, es poner en conocimiento de una persona ajena la existencia de un litigio, que se estima, podría producir efectos directos, ejecutivos o constitutivos, en su esfera jurídica. Dicha intervención provocada en el proceso, no puede considerarse forzosa o coactiva, pues el tercero sólo tiene el derecho y la carga de comparecer en su interés, es decir, no tiene la obligación de hacerlo ni incurre en rebeldía, su actuación es voluntaria, aunque ha de aceptar los perjuicios que le ocasione su ausencia. Así, la litisdenunciación se entiende como una garantía para el interviniente, ya que puede evitar el efecto ejecutivo directo o perjudicial de una sentencia dictada en un juicio que le era ajeno. Por ello, es evidente que el acuerdo que acepta la denuncia del juicio a terceros dentro de los juicios ordinarios del orden civil y mercantil, no puede ser considerado como de ejecución de imposible reparación reclamable en amparo indirecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ello es así, toda vez que dicho proveído no produce de manera inmediata afectación a algún derecho sustantivo tutelado por las garantías individuales, pues eventualmente sólo entrañaría una transgresión a derechos adjetivos que tendrían efectos formales o intraprocesales, los que se podrían actualizar hasta el dictado de la sentencia correspondiente, y en ese momento se podrá apreciar si la violación procesal alegada, trascendió y afectó al quejoso." Consecuentemente, por las razones expuestas, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO ORIGEN DE ESTE JUICIO RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO EN EL INCISO A) DE LA PRESENTE DETERMINACIÓN. Máxime, que después de una consulta realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se obtuvo la sentencia dictada en el juicio de amparo ******* del índice Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad; lo cual se tiene como hecho notorio y se le concede pleno valor probatorio, por ser información obtenida del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), conforme con lo que se estipula en los artículos 79, párrafo segundo, 80, 88 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, según se insta en el artículo 2° de la Ley de Amparo, de cuya lectura se advierte que se concedió la protección constitucional para el efecto que el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Xalapa, Veracruz, diera cumplimiento a la resolución dictada en el toca *******, por la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede esta ciudad, en la cual se ordenó que la tercería coadyuvante planteada por *******, fuera asociada al actor *******, en el expediente ******* de su índice, y con las facultades que establece el artículo 484 del Código de Procedimientos Civiles; de ahí que, el Juzgado responsable haya certificado que la antes nombrada es coadyuvante dentro de dicho asunto. DESECHAMIENTO RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO EN EL INCISO B) DE LA PRESENTE DETERMINACIÓN PROPUESTA DEMOSTRATIVA Por otra parte, el suscrito advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, tal como se demuestra a continuación. HIPÓTESIS NORMATIVAS El artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; (.)"La causal de improcedencia invocada, se sustenta en la institución de la cosa juzgada, y al remitir a la fracción X del mismo dispositivo, parte del supuesto en el que un segundo juicio de amparo se promueve por el mismo quejoso, en contra de los mismos actos y autoridades responsables; que un proceso constitucional anterior en el que se dictó sentencia ejecutoriada, lo que impide que prospere el asunto presentado con posterioridad. Entonces, el juicio de amparo resulta improcedente, de acuerdo con la institución de cosa juzgada, siempre que se actualicen las siguientes hipótesis: a) Que ambos juicios de amparo sean promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado. b) Que el acto reclamado haya sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo. En el caso nos encontramos en el segundo supuesto de dicha norma de improcedencia. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio siguiente: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 192185 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: XXI.1o. J/15 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, Marzo de 2000, página 867 Tipo: Jurisprudencia IMPROCEDENCIA. INTELECCIÓN DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. Si se toma en cuenta la finalidad que se persigue con la norma, su razón legal y la aplicación constante y uniforme hecha por los tribunales federales, el correcto sentido del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, en lo que toca a la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones dictadas en ejecución de las determinaciones emitidas en los juicios de amparo, no es el que se pudiera deducir de una vista inicial de sus términos gramaticales, que llevarían a la actualización de esa hipótesis normativa en todos los casos en que el acto reclamado se emitiera teniendo como base lo ordenado en ese sentido en una resolución proveniente de un juicio constitucional, sin importar el alcance de esta última ni la medida en que vinculó a la autoridad responsable, sino que este motivo de improcedencia se da sólo cuando las cuestiones que se plantean en la nueva demanda de garantías fueron objeto de una decisión directa y definitiva en la resolución del juicio constitucional anterior o si constituyen su consecuencia lógica y jurídica inmediata, aunque la autoridad responsable se apoye en nuevos fundamentos y razones para sostener su criterio respecto a lo ya resuelto por las autoridades jurisdiccionales federales, pues es evidente que lo que quiso evitar el legislador ordinario con el establecimiento de la improcedencia referida, fue que una misma cuestión concreta pudiera ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, con el peligro de que se produjera una cadena infinita de dichos juicios sobre la misma materia, en demérito de la seguridad que se requiere para lograr la armonía social; es decir, que tanto la razón de la ley como el propósito perseguido, son semejantes a los de la institución de la cosa juzgada, pero ajustados a la estructura jurídica sobre la que se levanta el juicio de amparo." HECHOS Precisado lo anterior, es menester indicar que del escrito de demanda, así como de las constancias que anexó la parte quejosa, se advierte que el acto reclamado consiste en: El diverso acuerdo veinticuatro de abril de este año, dictado en el expediente ******* del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Xalapa, Veracruz, a través del cual, se ordena la reanudación de procedimiento. Al respecto, se destaca que en cumplimiento a la sentencia de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el juicio de amparo ******* del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Xalapa, Veracruz, emitió el acuerdo de veintiocho de abril de este año, a través del cual dicho órgano jurisdiccional tuvo a *******, como asociada a las prestaciones y material probatorio ofrecido por el aquí quejoso ******* , de ahí que el juzgado responsable haya ordenado la reanudación del procedimiento. CONCLUSIÓN Se concluye respetuosamente que el presente juicio de amparo es improcedente, atento a que se actualizan los presupuestos que exige la institución de cosa juzgada, toda vez que la determinación en la que el Juzgado responsable ordena la reanudación de procedimiento, constituye una acción en estricto cumplimiento a la ejecutoria de amparo del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. Consecuentemente, por las razones expuestas, con fundamento en los artículos 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO ORIGEN DE ESTE JUICIO RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO EN EL INCISO B) DE LA PRESENTE DETERMINACIÓN. FIRMAS ELECTRÓNICAS El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

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