Jordi Eliezer Víctoria Ávila
Expediente 401/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 401/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Jordi Eliezer Víctoria Ávila
Actuaciones
- Principal
Audiencia Constitucional. En la ciudad de Acapulco, Guerrero, a las CATORCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 401/2020, promovido por Jordi Eliezer Victoria Ávila, se procede a celebrarla encontrándose en audiencia pública Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistido de Patricia Monserrat Mares Ayala, Secretaria que autoriza y da fe. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, el Juez la declara abierta sin la asistencia personal de las partes; haciéndose constar además, que ninguna de dichas partes procesales solicitó apersonarse por otro medio alterno al presencial. A CONTINUACIÓN, LA SECRETARIA HACE RELACIÓN DE LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE; sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas, en atención a las consideraciones contenidas en la tesis de la Octava Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su anterior integración, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, visible en la página 185, que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas." ASIMISMO, LA SECRETARIA HACE CONSTAR: que en los presentes autos no obra el informe justificado de la autoridad responsable Ministerio Público Titular del Sector Central del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad; pese a habérsele solicitado con toda oportunidad, pues el término para que rindiera dicho informe le transcurrió del veinticuatro de agosto al once de septiembre del año en curso, descontándose los días veintinueve y treinta de agosto, así como cinco, seis, doce y trece de septiembre de este año; como se advierte de la constancia de notificación del oficio número 7128/2020 que obra en el sumario; asimismo certifica: que después de una búsqueda realizada en la libreta de entrada de correspondencia, no se encontró registro alguno del citado informe. ACTO SEGUIDO, EL JUEZ ACUERDA: Téngase por hecha la relación circunstanciada que antecede. ABIERTO EL PERIODO DE PRUEBAS: la Secretaria hace constar que las partes no ofrecieron medio de convicción alguno, cerrándose el periodo probatorio. ABIERTO EL PERIODO DE ALEGATOS: la Secretaria hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho, ni el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito formuló pedimento alguno, con lo que concluye el periodo en que se actúa. No habiendo diligencia pendiente por desahogar, alegatos que reproducir, ni pedimento del Fiscal Federal de la adscripción se da por terminada la audiencia, procediéndose a dictar la resolución correspondiente.Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo número 401/2020; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito recibido el diecinueve de agosto de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo, Jordi Eliezer Victoria Ávila, por propio derecho, presentó demanda de amparo contra las autoridades (en su denominación correcta) y por los actos que enseguida se mencionan: AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORAS 1. FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO, CON RESIDENCIA EN CHILPANCINGO. 2. AGENTE TITULAR DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN (SECTOR CENTRAL) DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO, CON RESIDENCIA EN CHILPANCINGO. 3. MINISTERIO PÚBLICO TITULAR DEL SECTOR CENTRAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. EJECUTORAS: 4. COORDINADOR GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL DEL ESTADO, RESIDENTE EN CHILPANCINGO, GUERRERO. 5. COORDINADOR DE GRUPO DE LA POLICÍA MINISTERIAL DEL ESTADO ENCARGADA DE LA COORDINACION DE ZONA ADSCRITA A LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO, CON RESIDENCIA EN CHILPANCINGO. 6. COORDINADOR DE ZONA DE LA POLICÍA MINISTERIAL DEL ESTADO, RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN REGIONAL ACAPULCO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. ACTOS RECLAMADOS La orden de detención y su ejecución. SEGUNDO. Trámite de juicio de amparo. Por acuerdo de veinte de agosto de dos mil veinte, se radicó la demanda de amparo en el libro de gobierno respectivo con el número 401/2020, y se admitió a trámite; se solicitó de las autoridades responsables sus respectivos informes justificados; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 35, párrafo primero, 37 y 107, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama un acto privativo de la libertad atribuido a autoridades de naturaleza administrativa y judicial. SEGUNDO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común (Sector Central) del Distrito Judicial de los Bravo, el Director General Jurídico en representación del Fiscal General de Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, la Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado responsable de la Coordinación Regional Acapulco, con residencia en esta ciudad, el Coordinador de Grupo de la Policía Ministerial encargada de la Coordinación de Zona adscrita a la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia en Chilpancingo, Guerrero y el Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado, Encargado de la Coordinación Regional Zona Centro de la Policía Ministerial del Guerrero en representación del Coordinador General de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, al rendir sus informes con justificación negaron los actos reclamados, consistentes en la emisión de la orden de detención y su ejecución girada en contra del citado quejoso. Por tanto, tomando en cuenta el contenido negativo de los informes relacionados y del estudio de las constancias que obran en el sumario, las que surten efectos probatorios plenos en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la litis constitucional por remisión expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, se advierte que, el quejoso no rindió prueba alguna tendente a demostrar la existencia de los actos reclamados y, consecuentemente, a desvirtuar lo aseverado por las citadas autoridades responsables, no obstante el conocimiento oportuno que de aquellos tuvo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio. TERCERO. Presunción del acto reclamado. El agente del Ministerio Público del Sector Central del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante de habérsele solicitado con toda oportunidad, según se advierte de la constancia de notificación relativa al oficio número 7128/2020, por medio del cual se le requirió y que obra agregada al sumario; por tanto, lo que procede con fundamento en el tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, es presumirle cierto el acto reclamado consistente en la emisión de una orden de detención en contra del quejoso. Tiene aplicación al caso, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicado en la página 1363 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Marzo de 2002, Novena Época, que dice: INFORME JUSTIFICADO. ANTE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE RENDIRLO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE TENER POR PRESUNTAMENTE CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO REQUERIR NUEVAMENTE A DICHA AUTORIDAD. El artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto."; en virtud de lo anterior, cuando la autoridad responsable es omisa en rendir su informe con justificación, aun cuando haya sido debidamente notificada de su requerimiento, en términos del precepto de referencia, el acto que de aquélla se reclamó debe tenerse por presuntivamente cierto, de manera que el Juez de Distrito está obligado a considerarlo en este sentido y no requerir de nueva cuenta a la autoridad responsable omisa que rinda su informe con justificación en relación con el acto que se le reclama, pues con ello le está concediendo una oportunidad más, no prevista por la ley, para que subsane tal omisión, lo que transgrede el contenido del mencionado precepto legal. CUARTO. Las partes legitimadas en el presente juicio de amparo no alegan causas de improcedencia, ni el suscrito juzgador advierte que se actualice alguna; por tanto, se procede al análisis de los conceptos de violación que expresa el quejoso. Así tenemos que devienen infundados, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir en términos de lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley de Amparo, por los motivos que se exponen en líneas subsecuentes. El acto reclamado se hizo consistir en una orden de detención cuya emisión se atribuye al agente del Ministerio Público del Sector Central del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, el cual se tuvo presuntivamente por cierto, ante la omisión en rendir su informe justificado. No obstante, tomando en consideración que la emisión de la orden de detención combatida se atribuye a un agente del ministerio público, y que, por ese motivo, no son de aquellos actos que pudieran ser violatorios de derechos en sí mismos, sino que, su constitucionalidad o inconstitucionalidad depende directamente de los motivos, datos o pruebas en que éstas se hayan fundado para su dictado, la carga de la prueba para demostrar su inconstitucionalidad quedó a cargo del quejoso, conforme con lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 117, de la ley de la materia. En tal virtud, si el quejoso no allegó al juicio medio de convicción alguno para demostrar la violación de derechos que alega, este órgano de control constitucional se encuentra impedido para determinar si dicho acto presenta los vicios por los que se alega su inconstitucionalidad; y es por ese motivo que se estiman infundados los motivos de disenso que se plantean en la demanda, lo que da pauta para negar el amparo y protección de la justicia federal que se solicita en contra de la referida orden de aprehensión. No es obstáculo para considerar lo anterior, el hecho de que el artículo 75 de la Ley de Amparo establezca que deben recabarse de oficio las pruebas que se estimen necesarias para la resolución del asunto, ya que en ese supuesto, es necesario que la responsable reconozca en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, para que se pudieran recabar y determinar las pruebas en que se apoyó el juez responsable para emitir la resolución impugnada, y, en todo caso, de faltar alguna constancia estar en aptitud de recabarla de oficio; pero es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, pues como ya se dijo, el acto reclamado no es inconstitucional en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad depende directamente de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Tiene aplicación al caso particular en la parte conducente, por analogía, la jurisprudencia P./J. 17/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 108, tomo V, Febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya literalidad es la siguiente: PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Ahora, de la parte final de esta jurisprudencia, se deslinda expresamente que la regla de recabar constancias oficiosamente, no se aplica cuando la presunción de certeza del acto deriva de la falta de informe, y ésta tesis no admite alguna excepción que dé lugar a considerar que, si la naturaleza del acto reclamado se proyecta sobre la libertad personal, se justifica recabar constancias pues es enfática la afirmación en el sentido de que "corresponde al quejoso la carga de la prueba". De éste modo, al existir jurisprudencia del Pleno de la Corte, que es obligatoria para este Juzgado de Distrito, no es posible considerar un criterio de interpretación distinto, incluso con base en el principio pro personae, pues implicaría desatenderla, a pesar de que no se ha emitido resolución que la interrumpa, o la sustituya (esta última hipótesis siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 230 de la Ley de Amparo). En estas condiciones, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Jordi Eliezer Victoria Ávila, contra los actos y las autoridades precisados en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Jordi Eliezer Victoria Ávila, por las consideraciones vertidas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
- Principal
Acapulco, Guerrero, veintitrés de octubre de dos mil veinte. Agréguese el escrito signado por el abogado autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele copia certificada de lo actuado en el presente juicio, así como de los informes justificados de las autoridades responsables, previa razón que obre para constancia legal, en la inteligencia de que es a su costa su reproducción. En el entendido que para recibirlas, acorde con el numeral 3 del Acuerdo General 21/2020 deberá generar una cita, la cual estará sujeta a la disponibilidad que arroje el sistema, para lo cual habrá de ingresar al Portal de Servicios en Línea en el micrositio de "Servicios Jurisdiccionales", en el apartado "Agenda OJ", a fin de obtener fecha y hora para tal fin, y una vez concluido el proceso el sistema le proporcionara un Código QR que permitirá su ingreso al órgano jurisdiccional (y en su caso el de otra persona autorizada al expediente), mismo que estará condicionado a que quien acuda se identifique como la persona a cuyo nombre se generó la cita, haciéndole de su conocimiento que el acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. Ahora, una vez que haya agendado debidamente su cita para acudir al juzgado a recoger la copia solicitada, con la finalidad de llevar a cabo la reproducción fotostática de la actuación que requiere, se solicita al promovente que se comunique al teléfono celular 744 166 86 22, que este órgano jurisdiccional ha designado exclusivamente para esos efectos, únicamente de lunes a viernes en un horario de las nueve a las quince horas. Finalmente, en virtud de que del ocurso de cuenta se observa que el promovente solicitó copia de los informes previos, agréguese copia certificada del citado escrito al cuaderno incidental que deriva del presente juicio, a efecto de que se provea lo conducente. Notifíquese.Así lo proveyó y firma electrónicamente el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Patricia Monserrat Mares Ayala, Secretaria adscrita al propio Juzgado de Distrito que autoriza y da fe.
- Incidental
Acapulco, Guerrero, veintitrés de octubre de dos mil veinte. Agréguese copia certificada del escrito signado por el abogado autorizado de la parte quejosa, misma que se ordenó glosar mediante proveído de esta misma fecha, dictado en el juicio principal del cual deriva el presente incidente de suspensión; en atención a su contenido, con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele copia certificada de lo actuado en el presente incidente, así como de los informes previos de las autoridades responsables, previa razón que obre para constancia legal, en la inteligencia de que es a su costa su reproducción. En el entendido que para recibirlas, acorde con el numeral 3 del Acuerdo General 21/2020 deberá generar una cita, la cual estará sujeta a la disponibilidad que arroje el sistema, para lo cual habrá de ingresar al Portal de Servicios en Línea en el micrositio de "Servicios Jurisdiccionales", en el apartado "Agenda OJ", a fin de obtener fecha y hora para tal fin, y una vez concluido el proceso el sistema le proporcionara un Código QR que permitirá su ingreso al órgano jurisdiccional (y en su caso el de otra persona autorizada al expediente), mismo que estará condicionado a que quien acuda se identifique como la persona a cuyo nombre se generó la cita, haciéndole de su conocimiento que el acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. Finalmente, una vez que haya agendado debidamente su cita para acudir al juzgado a recoger la copia solicitada, con la finalidad de llevar a cabo la reproducción fotostática de la actuación que requiere, se solicita al promovente que se comunique al teléfono celular 744 166 86 22, que este órgano jurisdiccional ha designado exclusivamente para esos efectos, únicamente de lunes a viernes en un horario de las nueve a las quince horas. Notifíquese.Así lo proveyó y firma electrónicamente el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Patricia Monserrat Mares Ayala, Secretaria adscrita al propio Juzgado de Distrito que autoriza y da fe.
- Principal
Acapulco, Guerrero; a treinta de septiembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, se recibieron los informes justificados del Agente del Ministerio Público del Fuero Común (Sector Central) del Distrito Judicial de los Bravo, Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado, Encargado de la Coordinación Regional Zona Centro de la Policía Ministerial del Guerrero en representación del Coordinador General de la Policía Ministerial del Estado y Director General Jurídico en representación del Fiscal General de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, los cuales no fueron conocidos por la parte quejosa con la anticipación a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, como lo establece el artículo 117 de la Ley de Amparo; para dar margen a lo estipulado en el numeral de referencia, se difiere la audiencia señalada para este día según se advierte de la certificación de cuenta, para las CATORCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Notifíquese.
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