Jordan Sebastian Castro Gallegos
Expediente 902/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 902/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jordan Sebastian Castro Gallegos
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN DE OFICIO. Téngase por recibido el oficio 31797/2023, signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, al cual anexa el expediente relativo al juicio de amparo 1227/2023, formando con la demanda de amparo promovida por Jordán Sebastián Castro Gallegos, por su propio derecho, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en Zamora, Michoacán de Ocampo; así como el incidente de suspensión respectivo y un tomo de pruebas. Lo anterior, toda vez que mediante resolución de quince de noviembre del año en curso, el titular del referido órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo, por los motivos expuestos en el referido comunicado. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el Artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia del Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 902/2023-llI; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado. De igual manera, con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo, párrafo de la Ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al Secretario, a los oficiales judiciales de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no formaran parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. NO SE ACEPTA LA COMPETENCIA DECLINADA. Ahora, de las constancias que integran el cuaderno de incompetencia en cuestión, se advierte que el titular del juzgado declinante, declaró carecer de competencia legal, por razón de territorio, para conocer de la demanda en cuestión, al determinar que el acto reclamado consistente en el acuerdo emitido el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, en el juicio ordinario familiar 267/2023, relativo al divorcio sin expresión de causa y otras prestaciones, promovido por Laura Zavala García, frente a Jordán Sebastián Castro Gallegos, mediante el cual ordenó girar oficio a la parte patronal -residente en Jacona, Michoacán-, del deudor alimentario, para que realizara el descuento mensual de la pensión que le fue fijada en el auto admisorio, tendrá ejecución material en Jacona, Michoacán de Ocampo, lugar donde este Juzgado de Distrito ejerce competencia. Por lo que, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, ordenó remitir los autos al Juzgado de Distrito en el Estado, en turno, con sede en esta ciudad; al respecto, respetuosamente, la suscrita no comparte el criterio en el que se sustenta la declinación de la competencia, por las razones que a continuación se expondrán. En el caso, el promovente señaló como acto reclamado: El acuerdo emitido el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, en el juicio ordinario oral familiar 267/2023, relativo al divorcio sin expresión de causa y otras prestaciones, promovido por Laura Zavala García, frente a Jordán Sebastián Castro Gallegos, mediante el cual ordenó girar oficio a la parte patronal del deudor alimentario, para que realizara el descuento mensual de la pensión que le fue fijada en el auto admisorio de dieciséis de mayo del año en curso, por el monto de $4,148.80 (cuatro mil ciento cuarenta y ocho pesos 80/100 moneda nacional). Acto atribuido al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en Zamora, Michoacán de Ocampo. Consecuentemente, se considera que este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, resulta legalmente incompetente por razón de territorio para conocer y resolver el presente juicio. Lo anterior, conforme a lo establecido por el artículo 37 de la ley de la materia, que dice: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De la exégesis al numeral que antecede, se colige que prevé tres supuestos para fijar la competencia de los jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda. La primera se refiere a que será competente el juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; la segunda, alude a la hipótesis en que el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, en cuyo caso es juez competente aquél ante el cual se presente la demanda; y, la tercera, gravita sobre la hipótesis de que el acto reclamado no requiera ejecución material, evento en el que será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Bajo ese contexto, es evidente que lo que distingue a las dos primeras reglas de la tercera, radica en que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que para que operen las otras, es necesaria esa materialización, y así, lo que distingue a una de otra no lo es que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de Distrito, pues la primera regla competencial se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que éste se efectúe en una jurisdicción, mientras que la segunda regla se refiere a la realización en más de un distrito diferente. Precisado lo anterior, cabe decir, que el acto reclamado consiste en el proveído de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el juicio ordinario oral familiar 267/2023, relativo al divorcio sin expresión de causa y otras prestaciones, promovido por Laura Zavala García, frente a Jordán Sebastián Castro Gallegos, mediante el cual ordenó girar oficio a la parte patronal -residente en Jacona, Michoacán de Ocampo- del deudor alimentario, para que realizara el descuento mensual de la pensión que le fue fijada; dada su naturaleza positiva, sí requiere de ejecución material, que se traduce precisamente en aquel descuento con cargo a la nómina del deudor alimentista. Asimismo, de las constancias que integran el citado juicio oral familiar del cual derivan los actos reclamados, se desprende que en proveído de siete de septiembre del año en curso, el juez responsable en cumplimiento al auto de veintinueve de agosto pasado, ordenó girar oficio a Leonardo Castro Zaragoza, en cuanto patrón del demandado, para que procediera a descontar a éste de manera mensual la cantidad fijada por concepto de alimentos provisionales, dejando a disposición de la parte actora el oficio respectivo para hacerlo llegar a su destino. En esa virtud, dada la naturaleza de tales actos reclamados, se estima pertinente precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en la jurisprudencia 1a./J. 25/2012 (10a.), que más adelante se transcribe, tres reglas específicas para definir la competencia por territorio de los jueces de Distrito, en tratándose de juicios de amparo indirecto en los que se reclama la resolución que fija el monto de la pensión alimenticia provisional; siendo en concreto, las siguientes: 1) Que cuando el juez de la causa se prevale de un exhorto o despacho para conseguir la ejecución de la resolución reclamada, referente a la orden de descuento al salario del porcentaje fijado como pensión alimenticia, el juez de Distrito competente será el del lugar en que dicho exhorto se ejecute, toda vez que aun cuando la autoridad exhortante tiene un papel destacado; sin embargo, la autoridad exhortada es quien se encarga de llevar hasta sus últimas consecuencias la ejecución ordenada y, en esa condición, es quien enfrenta directamente al particular afectado. 2) Que cuando es la parte interesada en la ejecución, quien se ocupa de hacer entrega del oficio de descuento relativo al ente patronal del deudor alimentista, y así lo acredita ante el juez de la causa, el Juez de Distrito competente será aquél en cuya jurisdicción reside el juzgador que conoce del juicio de origen, ponderando que este último reúne tanto el carácter de autoridad ordenadora como ejecutora, por ser quien gira directamente el oficio de descuento, y sólo se prevale de la gestión del gobernado en su carácter de auxiliar en la administración de justicia. 3) Que si la legislación procesal así lo autoriza, y el juez de la causa remite el oficio de descuento directamente al responsable de la fuente de trabajo del deudor alimentista (sin prevalerse para su entrega, de un exhorto o de la gestión de la parte interesada en la ejecución del acto), el Juez de Distrito competente será aquél en cuya jurisdicción reside la autoridad responsable, porque, en ese supuesto, esta última también reúne la calidad de ordenadora y ejecutora. Reglas las anteriores que, como se señaló, fueron definidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 25/2012 (10a.), publicada en la página 145, Libro XI, Tomo 1, agosto de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA CUANDO SE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE FIJA EL MONTO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, dispone que será competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Ahora bien, si el acto reclamado es la orden de descuento al salario del porcentaje fijado como pensión alimenticia provisional, a llevarse a cabo por una dependencia o entidad del Estado en cumplimiento a la orden girada dentro de un juicio de alimentos que, a su vez, se instruye en un lugar distinto, ello no implica que pueda considerarse a dicho ente público como autoridad ejecutora, pues su intervención en el juicio se equipara a la de un particular que actúa como auxiliar en la administración de justicia. En consecuencia, para determinar la competencia del juez de distrito, debe atenderse a, por lo menos, los siguientes supuestos: (i) que el juez de la causa se prevalga de un exhorto o despacho para conseguir la ejecución; (ii) que la parte interesada se ocupe de hacer entrega del oficio de descuento a la parte patronal y así lo acredite ante el juez; (iii) o bien, si la legislación procesal así lo autoriza, que el juez remita el oficio directamente al responsable de la fuente de trabajo, aun cuando la diligencia deba practicarse en un distrito judicial distinto de aquel en el que se sigue el juicio, siempre y cuando se encuentre dentro del territorio del Estado. Si se trata del primer supuesto, el juez de distrito competente será el del lugar en que dicho exhorto se ejecute, toda vez que aun cuando la autoridad exhortante, en tanto ordenadora, tiene un papel destacado, lo cierto es que la autoridad exhortada se encarga de llevar hasta sus últimas consecuencias la ejecución ordenada y, en esa condición, es quien enfrenta directamente al particular afectado. En el segundo caso, sólo interviene una autoridad -la que giró el citado oficio-, quien reúne tanto el carácter de ordenadora como de ejecutora, pues sólo se prevale de la gestión del gobernado en su carácter de auxiliar en la administración de justicia, por lo que será juez competente aquel en cuya jurisdicción reside la referida autoridad. Y en cuanto al último supuesto, también es la propia autoridad ordenadora quien asumirá el carácter de autoridad ejecutora, de ahí que será igualmente competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida el juez de la causa. Énfasis añadido. Así, atendiendo a que la autoridad responsable dejó a disposición de la parte actora el oficio respectivo para hacerlo llegar a su destino se colige que fue la propia parte interesada quien se ocupó de hacer entrega del oficio de descuento a la fuente patronal del deudor alimentista, por tanto, en el presente caso se actualiza la segunda de las reglas que estableció el Máximo Tribunal del País, para determinar la competencia cuando se impugna la resolución judicial que fija el monto de la pensión alimenticia, ya que sólo interviene una autoridad -la que giró el citado oficio-, quien reúne tanto el carácter de ordenadora como de ejecutora, pues sólo prevalece la gestión del gobernado en su carácter de auxiliar en la administración de justicia, por lo que será juez competente aquel en cuya jurisdicción reside la referida autoridad, esto es, el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en Zamora, Michoacán de Ocampo. Consecuentemente, se toma en cuenta que el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en lo que aquí interesa, expresamente dispone: [...] XI. DECIMOPRIMER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acuitzio, Alvaro Obregón, Angamacutiro, Angangueo, Aporo, Ario, Carácuaro, Coeneo, Contepec, Copándaro, Cuitzeo, Charo, Chucándiro, Churintzio, Churumuco, Epitacio Huerta, Erongarícuaro, Hidalgo, Huandacareo, Huaniqueo, Huetamo, Huiramba, Indaparapeo, Irimbo, Jiménez, José Sixto Verduzco, Juárez, Jungapeo, Lagunillas, La Huacana, La Piedad, Madero, Maravatío, Morelia, Morelos, Nocupétaro, Nuevo Urecho, Numarán, Ocampo, Panindícuaro, Pátzcuaro, Penjamillo, Puruándiro, Queréndaro, Quiroga, San Lucas, Santa Ana Maya, Salvador Escalante, Senguio, Susupuato, Tacámbaro, Tarímbaro, Tiquicheo de Nicolás Romero, Tlalpujahua, Tlazazalca, Turicato, Tuxpan, Tuzantla, Tzintzuntzan, Tzitzio, Yurécuaro, Zacapu, Zamora, Zináparo, Zinapécuaro y Zitácuaro. Por tanto, se estima que corresponde la competencia del presente juicio al juez de Distrito ante el que se presentó la demanda constitucional de que se trata, que en el caso es el Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo. En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 37, de la Ley de Amparo, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, respetuosamente no acepta la competencia declinada por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, respecto de la demanda de amparo promovida por Jordán Sebastián Castro Gallegos. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. En virtud de lo expuesto en el apartado anterior, se ordena la devolución del juicio de amparo y anexos respectivos remitidos por la Juez declinante, previo cuaderno de antecedentes que al efecto se forme, y se le solicita comisione a quien corresponda a efecto de que acuse el recibo de estilo correspondiente. ANOTACIONES. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integran de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como en el libro de gobierno correspondiente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las parte y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, cuyo contenido es el siguiente: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULARIZACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE; por oficio a la autoridad declinante.
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