JORDAN DOIG ALVEAR PINEDA Y OTRO y Otros.
Expediente 928/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 30 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 928/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 15/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- DUNELI PINEDA COLLANTES y Otros.
- Jordan Doig Alvear Pineda Y Otro
- SALVADOR CHAVEZ PINEDA y Otros.
- JORDAN DOIG ALVEAR PINEDA Y OTRO y Otros.
- Salvador Chavez Pineda
- Duneli Pineda Collantes
- FRICCIA CIELOS PINEDA COLLANTES y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Incidental
Visto el estado de los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 928/2021, de los cuales se advierte como hecho notorio que en proveído de esta fecha, se ordenó archivar como asunto definitivamente concluido el juicio de amparo del que deriva esta incidencia; Asimismo, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, procede hacer la indicación en el sentido de que el cuaderno incidental del incidente de suspensión en que se actúa ES DEPURABLE, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. De igual forma, en atención al diverso vigésimo, fracción II, inciso a) del citado ordenamiento, el duplicado del incidente en mención deberá ser destruido, una vez que cuente con más de seis meses de haberse ordenado el archivo del juicio de amparo indirecto del que deriva.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta de la que se desprende que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en la Oficialía de partes de este Juzgado de Distrito, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que las partes de este juicio recurrieron el auto de veinte de julio del año en curso, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, considerando que la parte quejosa y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita fueron notificadas el veintiuno y veintiséis siguientes, quedando comprendido dicho plazo del veintiocho del citado mes de julio al once de los cursantes. En consecuencia, se declara que el aludido acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, ARCHÍVESE el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Asimismo, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, este juicio de amparo es DESTRUIBLE, toda vez que se sobreseyó en el juicio en que se actúa. Por otro lado, advirtiéndose que el cuaderno relativo a la suspensión del acto reclamado en este asunto se ubica en la hipótesis contenida en la fracción I inciso a) del ordinal 18 del acuerdo invocado en el párrafo anterior, provéase lo conducente en la referida incidencia para que se realice su valoración documental conforme a los lineamientos contenidos en el manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, de las constancias que integran el presente sumario, no se advierte la existencia de documentos originales ni tomo de pruebas que devolver a las partes.
- Principal
Visto el estado de los autos, de los que se advierte que de la interpretación integral de la demanda de amparo promovida por Duneli Pineda Collantes y Friccia Cielos Pineda Collantes, en nombre de los menores de iniciales J.D.A.P. y S.C.P, se señaló como acto reclamado destacado, la negativa u omisión de las autoridades responsables Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México, y otras, de aplicar a las personas menores de edad comprendidas de doce a dieciocho años, el esquema de vacunación en contra del virus Covid-19, a fin de garantizar los derechos a la salud y a la vida. En ese contexto y tomando en cuenta que las causas de improcedencia deben ser examinadas de oficio por el juzgador, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, quien esto provee estima que se actualiza la prevista en el ordinal 61, fracción XXII, del propio cuerpo normativo. Del dispositivo en cita se desprende que se surte la causa de improcedencia ahí prevista, cuando el acto reclamado, aun quedando subsistente, no sea factible examinarlo en razón de que ya no puede surtir efectos, por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. En ese contexto, a la fecha en que fue presentada la demanda de amparo, esto es, el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, los menores quejosos, reclaman de las autoridades señaladas como responsables la negativa por parte de éstas de aplicar la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, por no estar comprendido en la política pública de prevención de la enfermedad en virtud del grupo etario al que pertenece. Cuestión esta última que fue corroborada con lo argumentado en el oficio SSS/DJN/1389/2022, a través del cual, la licenciada Ana Lucía Carrión Román, representante legal del doctor Cuitláhuac González Galindo, en su carácter de Director General de los Servicios de Salud en Sinaloa y del Director del Hospital General de Mazatlán "Dr. Martiniano Carvajal", con sede en la ciudad de Culiacán, informó que los menores quejosos fueron citados a las trece horas del dieciséis de mayo del presente año, a fin de que fueran valorados por el pediatra en turno adscrito a dicho nosocomio, sin que fueran presentados a dicha valoración; indicando además, que se abrió oficialmente el pre-registro para todos los adolescentes de doce años en adelante, en el sitio https://mivacanuna.salud.gob.mx, página oficial del Gobierno de México, para recibir la vacuna contra el COVID-19, sin importar que tengan comorbilidades De todo lo anterior, puede obtenerse que hasta el siete de marzo de dos mil veintidós, existía una negativa expresa por parte de las autoridades Sanitarias Federales de incluir en la política pública de prevención de la enfermedad derivada del virus SARS COVID-19, a través de la campaña nacional de vacunación, a las personas comprendidas en el grupo etario de doce años en delante. Sin embargo; constituye un hecho notorio para el suscrito juzgador que -a la fecha en que se emite esta determinación- las autoridades Sanitarias Federales incorporaron en la Política Nacional de Vacunación a los menores pertenecientes al grupo etario comprendido de los doce a dieciocho años de edad, para la inoculación del biológico Pfizer-Biontech y cuyo registro en el portal nacional mivacuna.salud.gob.mx dio inicio a partir del doce de abril de dos mil veintidós. Información que puede ser corroborada en la página web oficial de la Secretaría de Salud de Sinaloa. Ahora bien, la materia del presente juicio consiste en establecer: (1) la constitucionalidad o no de la negativa de las responsables de incluir a la menor de edad quejosa, por razón de su grupo etario, en la política pública de prevención de la enfermedad derivada del virus SARS COVID-19, a través de la campaña nacional de vacunación y (2) la eficacia de la vacuna desarrollada por los laboratorios Pfizer-BioNTech en el grupo de menores de cinco a doce años, a la luz del derecho a la salud de J.D.A.P. y S.C.P. en relación con las políticas internacionales adoptadas en materia de vacunación a personas pertenecientes al citado grupo etario. Ergo, si bien es verdad que a esta data los menores quejosos no han sido inoculados en los términos pretendidos en su demanda de amparo; sin embargo, el motivo por el que las autoridades sanitarias federales no la incorporaba dentro del programa de vacunación y, específicamente, con la aplicación del biológico Pfizer-Biontech COVID-19 Vaccine (BNT162b2), dejó de tener existencia dentro de su esfera de derechos. Lo anterior es así, teniendo en cuenta que J.J.A.C. pertenece ahora al grupo etario incluido en la Política Nacional de Vacunación y tendrá acceso al biológico Pfizer-Biontech, conforme al sistema de registro para la obtención de su expediente clínico y en términos del calendario de aplicación que será establecido por las autoridades sanitarias en su oportunidad. De ahí que, aun cuando el acto reclamado se encuentra parcialmente subsistente, dejó de surtir sus efectos en perjuicio del derecho a la salud de los menores de edad quejosos. Sin que para arribar a la anterior conclusión obste que en términos de lo previsto en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1, 2 y 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en los Estados Unidos de América, en la Ciudad de Nueva York, el veinte de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, ratificada por el Estado Mexicano el veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa, y promulgada por decreto de veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno, en el Diario Oficial de la Federación, es un deber, tanto de los tribunales federales como de las autoridades responsables, velar por la exacta protección de los derechos humanos de los gobernados y especialmente de los niños. En tanto que los niños constituyen una parte sustancial de la población y enfrentan condiciones especiales de vulnerabilidad, de acuerdo con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Más aun, en tratándose del derecho a la salud de los menores de edad en el marco global de la pandemia derivada del Virus SARS COVID-19; sin embargo, dicha tutela no exime la posibilidad de que se actualicen -como ocurre en la especie- causas de improcedencia que lleven al juzgador a decretar el sobreseimiento. De ahí que, al ser indudable y manifiesto que las responsables ya no trastocan el derecho a la salud de los menores quejosos, por las razones dadas en el presente proveído, es innecesario entonces esperar a la fecha en que tenga verificativo la audiencia constitucional, para examinar el estudio de la causa de improcedencia de que se trata. Por ende, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en el presente asunto respecto del acto que en esta vía se reclama, y dejar sin efecto las providencias aquí decretadas, así como la citación para la celebración de la audiencia constitucional. Da apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE."
- Principal
Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo indirecto 928/2021, de los cuales se advierte que proveído de seis de los cursantes, se requirió a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, informara a este órgano jurisdiccional, si a los menores quejosos ya les fue aplicada la vacuna contra el Covid-19 materia de reclamo y en caso de haber sido así, remitiera copia de las constancias de vacunación correspondientes; en consecuencia, para dar margen a lo anterior, SE DIFIERE la celebración de la audiencia constitucional programada para este día y se señalan las ONCE HORAS DEL DIECINUEVE DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, para su verificativo. Lo que se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar.
Quedan 26 actuaciones en este expediente
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