Jonnatan Giovanny Velazco Tejeda
Expediente 1295/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 9 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1295/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 15/11/2023
Partes del expediente
- Jonnatan Giovanny Velazco Tejeda
- Director de Contraloria Interna de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, Con Sede En Mexicali
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Tijuana, Baja California, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese al presente expediente el telegrama remitido por la autoridad señalada como responsable; en atención al contenido y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado que le fue requerido; con el contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que les convenga. De igual manera, de conformidad con el artículo 9º de la Ley de Amparo, ténganse como delegados de la autoridad responsable a las personas que menciona. Notifíquese.
- Incidental
Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1295/2023-F, promovido por ****, por propio derecho, contra actos del Director de Contraloría Interna de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con residencia Mexicali, Baja California, y de otras autoridades; y, R e s u l t a n d o I. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el diez de octubre de dos mil veintitrés, en este Juzgado ******, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos y autoridades que, previa aclaración de su denominación, son las siguientes: Autoridades responsables 1. Director de Contraloría Interna de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con residencia en Mexicali, Baja California. 2. Secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California, con sede en Mexicali; y, 3. Comandante Regional de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana Plaza Tijuana y Tecate. Actos reclamados "ACTO RECLAMADO.- DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN SU CARÁCTER DE ORDENADORAS 1 Y 2, RECLAMO, todo lo actuado dentro del procedimiento de investigación administrativa ****/***/*** seguido en mi contra por la dirección de contraloría interna de la secretaría de seguridad ciudadana del estado de baja california, así como la inconstitucional orden de suspensión del cargo dictada en contra del suscrito quejoso en fecha 2 de octubre del año 2023 notificada en esa misma fecha de manera personal. DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS RECLAMO,la ejecución de las consecuencias de la orden de suspensión del cargo dictada en contra del suscrito quejoso en fecha 2 de octubre del año 2023." Segundo. Trámite. En proveído de once de octubre de dos mil veintitrés, se ordenó abrir en original del presente cuaderno incidental, se solicitaron los informes previos, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental, la que previo trámite correspondiente se desarrolló al tenor del acta que antecede C o n s i d e r a n d o Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, toda vez que deriva del juicio de amparo indirecto 1295/2023-F, del cual conoce este órgano de control constitucional, ya que conserva jurisdicción para conocer de las cuestiones relativas a las incidencias que deriven de tal procedimiento, atento al principio de unidad que rige al juicio de amparo, asimismo de conformidad con los Acuerdos Generales 3/2013 y 13/2019 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se señala que el acto reclamado a la autoridad responsable, consiste en lo siguiente: El procedimiento de investigación administrativa ****/***/***, seguido en contra del quejoso, así como la orden de suspensión del cargo dictada en su contra. Tercero. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Director de Contraloría Interna de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con residencia en Mexicali, Baja California, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe previo. Las autoridades responsables Secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California, con sede en Mexicali y Comandante Regional de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana Plaza Tijuana y Tecate, al rendir su informe previo, respectivamente, negaron la existencia de los mismos. Sin embargo, no obstante la negativa de los actos, del informe previo rendido por la autoridad ordenadora Director de Contraloría Interna de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con residencia en Mexicali, Baja California, se advierte que ésta aceptó la existencia de los mismos, y tomando en consideración que las autoridades responsables por las que en esta interlocutoria se resuelve les reviste el carácter de ejecutoras, por lo que en cualquier momento pueden ejecutar los actos ordenados por la responsable con tal carácter, por tanto, se desvirtúa dicha negativa. Cuarto. Ahora, en relación con el acto reclamado consistente en el procedimiento de investigación administrativa ***/***/****, seguido en contra del aquí quejoso ********, con fundamento en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se niega la suspensión definitiva solicitada, toda vez que la colectividad está interesada en que se lleve a cabo la investigación de los hechos o conductas de los miembros de las instituciones policiacas del Estado, estimar lo contrario, sería anteponer el interés particular al de la sociedad, así como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al órgano de control interno de los cuerpos policiacos. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, página 2426, con registro digital 2019368, de texto y rubro siguiente. "INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS MIEMBROS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. QUIEN ES SUJETO DE ÉSTA, CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SALVO QUE SE DECRETE LA SUSPENSIÓN PREVENTIVA DE SUS LABORES. De los artículos 109, fracción III, primer párrafo y 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 144, 151 y 152 de la Ley de Seguridad Pública, así como 77, fracciones IV, VII, VIII, IX, X y 78, fracciones I, II y IV, del Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California, se advierte tanto la facultad constitucional de iniciar e instruir el procedimiento de investigación contra los servidores públicos, a fin de determinar las responsabilidades a que haya lugar y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, como la diversa facultad exclusiva para la investigación administrativa de los miembros de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad mencionada, la cual corresponde a la Contraloría Interna, esto es, a la Dirección de Asuntos Internos, quien tiene a su cargo, por mandato legal y reglamentario, el inicio de la investigación previa, con la finalidad de allegarse de elementos que permitan concluir con objetividad sobre la existencia de la conducta imputada. En estas condiciones, las actuaciones generadas en esa fase de investigación son distintas del inicio del procedimiento administrativo de separación definitiva o de responsabilidad administrativa de aquéllos, el cual puede generar perjuicio en su esfera jurídica. Asimismo, el director de Asuntos Internos de la Secretaría señalada, al iniciar una investigación administrativa relacionada con un miembro de esa dependencia, cumple con una función a su cargo, esto es, vigilar que el desempeño de los elementos que integran la seguridad pública corresponda a los intereses de la colectividad. Por tanto, dado el interés social que subyace en la investigación administrativa, como parte de la obligación constitucional y legal del órgano de control interno, se concluye que quien es sujeto de ésta, carece de interés jurídico para promover el amparo indirecto en su contra, debido a que no existe derecho particular alguno que emane de la Constitución ni de las leyes secundarias, oponible al interés general de que se investiguen los hechos o conductas de los miembros de las instituciones policiales del Estado. Estimar lo contrario, sería anteponer el interés particular al de la sociedad, así como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al órgano de control interno de los cuerpos policiacos, respecto de lo cual, la colectividad está interesada en que se lleve a cabo. Además, las actuaciones generadas en la fase de investigación constituyen actos previos a un procedimiento seguido en forma de juicio, las cuales no generan agravio personal ni directo al servidor público objeto de éstas, ya que el inicio y conclusión del procedimiento administrativo de separación del cargo es lo que, en todo caso, le afecta; sin perjuicio de que pueda actualizarse una excepción que justifique la procedencia del amparo, cuando la violación vulnere directamente los derechos sustantivos del quejoso, como podría ser que la autoridad responsable decrete la suspensión preventiva de sus labores, mientras se lleva a cabo la investigación." Del mismo modo, por lo que hace al acto reclamado consistente en la suspensión del cargo que venía desempeñando el quejoso, se niega la suspensión definitiva, en virtud de que el acto reclamado tiene el carácter de consumado; considerar lo contrario, equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia, ya que implicaría dar un alcance indebido a la medida cautelar, de acuerdo a lo establecido por el artículo 77 de la Ley de Amparo, pues se estaría prejuzgando sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los mismos, situación que es propia del estudio de fondo que se realice en el juicio principal del que deriva el presente cuaderno incidental, con base en un procedimiento más amplio y con mayor información para efectos del estudio del acto impugnado. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial II.3o.J/37, del otrora Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a página 51, diciembre de 1992, tomo 60, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, que textualmente dice: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE.- Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie." Se determina lo anterior ya que sería aventurado anticipar que los actos son inconstitucionales, pues éstos exigen un pronunciamiento sobre la infracción a los derechos humanos de la parte quejosa, para lo cual se requieren mayores elementos que corroboren la demanda, como los informes justificados y pruebas que se rindan en el juicio en lo principal, sin que baste lo relatado por el promovente bajo protesta de decir verdad, porque no debe perderse de vista el principio de buena fe y legalidad con que actúan las autoridades, y para hacer este análisis previo se requieren elementos que hagan probable la ilegalidad del acto a primera vista; lo que en todo caso, será materia de estudio en la sentencia que se dicte en el juicio principal del que deriva el incidente de suspensión en que se actúa. Quinto. Por otra parte, con fundamento en los artículos 139 y 147 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva, para el efecto de que, con motivo de la suspensión temporal del quejoso, se garanticen las prestaciones necesarias que constituyan un mínimo vital, equivalente al 30% (treinta por ciento) de su ingreso real y nunca inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución en la que labora el servidor público. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 2/2017 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE PERMITE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL EN EL EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE PERCEPCIONES, DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PREVENDRÁ UN INGRESO MÍNIMO PARA LA SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR PÚBLICO DURANTE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, HASTA EN TANTO NO SE DICTE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE DETERMINE AQUÉLLAS. En concordancia con los principios de presunción de inocencia y derecho al mínimo vital, previstos en los artículos 1o., 3o., 4o., 6o., 13, 14, 16, 17, 27, 31 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que potencializan significativamente la protección de la dignidad humana, se concluye que el artículo 21, fracción V, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en cuanto permite la suspensión temporal en el empleo y la retención de las percepciones del servidor público que es investigado, resulta conforme con el texto de la Norma Fundamental, particularmente con su artículo 113, siempre y cuando se interprete en el sentido de que la autoridad administrativa sancionadora contemple en el acuerdo de inicio del procedimiento de responsabilidades, el pago de una cantidad equivalente al salario o ingreso mínimo de subsistencia, esto es, desde el momento en que el servidor público es notificado del inicio del procedimiento de responsabilidad y suspendido en sus labores y, por ende, en el pago de sus emolumentos, durante el periodo en que se lleven a cabo las investigaciones respectivas y hasta en tanto la autoridad no dicte la resolución que ponga fin al procedimiento de responsabilidad. En esa virtud, la autoridad instructora debe garantizar el derecho a un ingreso mínimo para la subsistencia del presunto responsable; de ahí que, en forma simultánea, habrá de determinar la cantidad que le otorgará para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda, salud, entre otras, la cual deberá ser equivalente al 30% de su ingreso real y nunca inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución en la que laboraba el servidor público al decretarse la suspensión, dependiendo de la gravedad de la infracción cometida, y que deberá cubrirse hasta en tanto se dicte resolución administrativa en el procedimiento de origen, pues sólo en el supuesto de que se determine su responsabilidad y se le destituya del cargo de manera definitiva, al haber sido desvinculado de la institución, podrá buscar otra fuente de ingresos." Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 125, 128, 141 y 144 de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e: Primero. Se niega la suspensión definitiva solicitada por *****, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisada en el considerando tercero, y por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta interlocutoria. Segundo. Se concede la suspensión definitiva solicitada por *****, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisada en el considerando tercero, y por los motivos expuestos en el quinto considerando de esta interlocutoria.
- Principal
Tijuana, Baja California, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se desprende que a la fecha no transcurre el término que refiere el segundo párrafo del artículo 117, de la Ley de Amparo, a efecto de que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable en el auto de dieciocho de octubre del año en curso; en consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las diez horas con treinta minutos del trece de diciembre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese.
- Incidental
Tijuana, Baja California, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el telegrama remitido por la autoridad responsable; en atención a su contenido y con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe previo que le fue requerido; con el contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que les convenga. De igual manera, de conformidad con el artículo 9º de la Ley de Amparo, ténganse como delegados de la autoridad responsable a las personas que menciona. Notifíquese.
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