Jonathan Zúñiga Terreros o Alexis Jonathan Zúñiga Terreros

Expediente 599/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
599/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
04/11/2022

Partes del expediente

  • Jonathan Zúñiga Terreros o Alexis Jonathan Zúñiga Terreros

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el oficio de cuenta, mediante el cual se reproduce la resolución dictada en la Q.P. 165/2022, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por ***, en contra del auto de treinta de junio de dos mil veintidós, en el que resolvió: ".PRIMERO. Se confirma el acuerdo recurrido. .SEGUNDO. Se desecha la demanda de amparo. Notifíquese" Acúsese de recibo a la superioridad y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno. Se hace constar que este juicio carece de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa en éste y en los cuadernos incidentales que derivan del mismo, no se encontraron valores, ni documentos originales exhibidos por las partes. De igual forma, el presente asunto no es de relevancia documental y en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN- una vez transcurran tres años- al haberse al haberse desechado la demanda y carecer de relevancia documental. Con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese el oficio procedente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con el que acusa recibo del diverso por el que se le remitió copia certificada del expediente en que se actúa; original y copia del escrito mediante el cual interpuso recurso de queja y formuló agravios la parte quejosa, informando que el citado medio de impugnación se admitió a trámite y quedó registrado con el número Q.P. 165/2022, de su índice; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, como lo solicita y en aras de privilegiar los medios electrónicos, comisiónese al área correspondiente, a fin de que facilite el acceso al expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, sin que haya lugar realizarlo respecto del incidente de suspensión, pues no se aperturaron. Notifíquese.

  3. Principal

    AVISO.- Se notifica por medio de lista de acuerdos a la parte QUEJOSA el proveído de TREINAT DE JUNIO del año en curso, que en lo conducente dice: " Visto el escrito de demanda y copias, presentado por ...por propio derecho, contra actos del Juez Especializado en Ejecución de Sanciones Penales del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la Ciudad de México, adscrito en el Reclusorio Sur y otras autoridades; regístrese en el libro de gobierno con el número 599/2022. DESECHAMIENTO En términos del numeral 62 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional estima que en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista, en el numeral 61, fracción XVIII de dicha legislación; respecto del acto reclamado consistente en la orden de traslado. En este sentido, se tiene como premisa que el juicio constitucional es de carácter extraordinario, su procedencia y su tramitación se rige por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de estas reglas fundamentales que constituyen el juicio de amparo, se encuentra el principio de definitividad, que establece que únicamente procede contra actos definitivos; es decir, respecto de los cuales no exista ningún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados, nulificados o revocados. El principio de definitividad que rige el presente medio de control de la constitucionalidad, encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación, salvo los casos de excepción. En el presente asunto, se advierte que el quejoso no agotó el principio de definitividad, previo a acudir al juicio de amparo, es decir, no agotó el recurso de apelación contemplado en el artículo 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece la obligación de agotar el recurso de apelación tratándose de traslados, como en el caso que nos ocupa. De lo antes expuesto, se desprende que en materia penal, específicamente dentro del sistema oral acusatorio que rige actualmente a partir de la reforma constitucional de dos mil ocho, conforme al procedimiento estatuido en la Ley Nacional de ejecución Penal, es procedente el recurso de apelación, mismas que pueden ser impugnadas ante el propio órgano judicial que las dictó, ya sea por escrito -como la del presente caso-, o en la propia audiencia, en los términos y plazos ahí indicados, con el objeto de revocarlas, nulificadas o modificarlas. En esas condiciones, no existe duda que la parte quejosa debió interponer primeramente el recurso de apelación, pues como taxativamente lo dispone el invocado numeral 132 del referido ordenamiento legal, y al no haber agotado ese recurso ordinario, dejó de observarse el principio de definitividad que rige el juicio de derechos, actualizándose con ello la causa de improcedencia de que se habla. No se soslaya que la determinación de la autoridad judicial pueda ser susceptible de transgredir en perjuicio de la parte quejosa los derechos que a su favor establece la Constitución Federal; sin embargo, la existencia formal y material de un procedimiento de defensa que resulta idóneo para impugnar dicha omisión con la posibilidad de obtener un resultado eficaz, permite exigir que se haga uso de éste, pues se trata de un verdadero recurso o medio ordinario de defensa. En este aspecto se invoca la tesis LXXXI/20123, de la Segunda Sala de Nuestro Más Alto Tribunal, de título y contenido: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables." Máxime, que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad; esto es, no se está en el caso de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, tampoco se advierte que se aleguen violaciones directas a la Constitución. Sustenta además lo determinado la tesis número XVI.1o.A.T.5 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, que dice: "DERECHO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, TUTELADO POR EL ARTÍCULO 25, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. SU EFECTIVIDAD NO IMPLICA SOSLAYAR LAS REGLAS DE PROCEDENCIA DE LOS MEDIOS DE DEFENSA. El citado artículo y numeral, de observancia obligatoria en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela el derecho que toda persona tiene a un recurso efectivo, sencillo y rápido, ante los Jueces o tribunales competentes, a fin de defender sus derechos. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado, en distintas ejecutorias, que no basta que el recurso se prevea en la legislación interna del Estado o que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea idóneo para remediar la violación o agravio que ocasione el acto materia de impugnación; sin embargo, tal declaración no significa que no haya restricción alguna para acceder al recurso, lato sensu, ya que la propia Corte, al resolver sobre la extemporaneidad de una demanda, asumió que debe guardarse un justo equilibrio entre la protección de los derechos humanos, como fin último del sistema, y la seguridad jurídica y equidad procesal que garantizan la estabilidad y confiabilidad de la tutela internacional, por lo que, precisó que continuar con un proceso enderezado para lograr la protección jurisdiccional, estando de por medio infracciones manifiestas a las reglas procedimentales previstas, acarrearía la pérdida de la autoridad y credibilidad indispensables en los órganos encargados de administrar el sistema de protección de derechos humanos (Caso Cayara contra Perú, Excepciones Preliminares, sentencia de tres de febrero de mil novecientos noventa y tres, párrafo 63). Ahora bien, este Tribunal Colegiado de Circuito ha considerado al respecto que todo proceso está sujeto a reglas fundamentales relacionadas con el acceso a la justicia y, una de ellas, es la vinculada, en un aspecto negativo, con la preclusión, figura procesal que lleva a la clausura definitiva de cada una de las etapas del proceso y permite que las resoluciones judiciales susceptibles de impugnarse a través de los recursos o medios ordinarios de defensa adquieran firmeza si no se ejerce ese derecho o no se hace en la forma legal prevista. Por tanto, la efectividad del indicado derecho no implica soslayar las reglas de procedencia de los medios de defensa, pues ello, además de contravenir el principio de impartición de justicia pronta, desatendería los de equidad procesal y seguridad jurídica tutelados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, debido a que el recurrente obtendría un beneficio no previsto en la norma e, incluso, contrario a ella, con lo que, siguiendo a la Corte Interamericana, se pondría en duda la fuerza vinculante de los fallos y demeritaría la autoridad y credibilidad indispensables en los órganos encargados de administrar justicia, al inobservar las disposiciones legales que regulan el acceso a la protección de los derechos humanos." Bajo esta tesitura, procede desechar la demanda planteada, por su notoria e indudable improcedencia, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo. DE LA PARTE QUEJOSA: Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado y por autorizadas a las personas que indica en los términos que precisa; así como el correo electrónico que refiere para entablar comunicaciones no procesales. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Y REQUERIMIENTO DE ALGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN: En términos del artículo 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se les exhorta a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, esto es: a) Promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; b) Consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo; y, c) Solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Para lo cual, deberán solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. La actuación por este medio requerirá de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, conforme con lo dispuesto en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General en cita, se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. AUTORIZACIÓN DE MEDIOS DIGITALES: Con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y en atención a lo dispuesto en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite fotocopiar los acuerdos que se emitan en el presente asunto a través del medio digital correspondiente, para lo cual se procurará evitar fotocopiar, fotografiar o escanear, las firmas y sellos que aparezcan en éstos; con excepción de las constancias respecto de las que, en su caso, se deba guardar sigilo, por lo que, únicamente las podrán tener a la vista en el plazo que para tal efecto establece la ley de la materia. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES: Con base a lo dispuesto por el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 9, 16, 68, 110, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, este juzgado está constreñido a garantizar el acceso a la información pública, así como a proteger los datos personales con los que cuenta, con motivo de la demanda de amparo que se provee, llevando a cabo las versiones públicas correspondientes, en las que deberán testarse las secciones reservadas o confidenciales, ello en pleno respeto a una interpretación armónica de los artículos mencionados y en atención al principio pro persona, como así lo establece el último párrafo del artículo 6 del ordenamiento citado. HABILITACIÓN AL ACTUARIO: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilita al actuario judicial para que en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen, las cuales deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos a que se hace referencia en el Acuerdo General en cita. Notifíquese personalmente. " toda vez que me constituí en el domicilio señalado en autos y al no haberse encontrado, de conformidad con el Artículo 27 Fracción I inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, le notifico por Lista de Acuerdos dicho proveído. Notifíquese.

  4. Principal

    Visto el escrito presentado por el quejoso ****, por el cual, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, interpone recurso de queja contra el auto de treinta de junio de dos mil veintidós, por el que se desechó de plano la demanda de amparo génesis de este asunto. Por tanto, en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe respecto a la queja interpuesta por el quejoso, en el sentido de que es cierto el acto impugnado; y, para justificar su legalidad, remítase el escrito original de queja y copia certificada de los autos que integran este sumario al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en turno; lo anterior, para la substanciación del medio de impugnación hecho valer. Notifíquese.

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