Jonathan Vázquez Vélez y Otros.
Expediente 489/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 22 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 489/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 22/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Jonathan Vázquez Vélez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese. El cuaderno principal es susceptible de depuración, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en atención a que por una parte se sobreseyó y por otra se negó la protección constitucional. El original del incidente de suspensión es depurable de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo en virtud de que la medida cautelar solicitada por la parte quejosa fue concedida. El duplicado del incidente de suspensión es destruible con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, por lo que una vez transcurridos más de seis meses a partir de esta fecha, en su oportunidad y previo desglose, este Juzgado Federal procederá a su destrucción conforme a los lineamientos que establece ese Acuerdo. Además de que este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Ahora bien, toda vez que se considera innecesaria la retención de las constancias que adjuntó a su escrito inicial de demanda la parte quejosa, requiérasele para que en el lapso de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a efecto de recoger los documentos que presentó en este asunto, apercibida que de no hacerlo así en el término indicado, en su momento, se procederá a su destrucción junto con este expediente. En el entendido de que dicha entrega se realizará únicamente el día viernes dentro del horario establecido a este órgano jurisdiccional, y previa cita en términos del acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; asimismo, tendrá que llevar a cabo las medidas sanitarias necesarias para la pandemia que prevalece. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Michel Navarrete Archundia, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de marzo de dos mil veintidós. Téngase a ********** Asesor Jurídico Federal designado como representante especial de los menores de iniciales J.A.V.CH. y A.K.V.CH., solicitando se le autorice el usuario "JorgeLG4", para la consulta del expediente electrónico de este juicio de amparo y presentación de promociones. Se tiene por autorizado al usuario "JorgeLG4", para la consulta del expediente electrónico de este juicio de amparo y para las notificaciones electrónicas, por tanto, se instruye al oficial judicial A y a la Actuaria judicial a efecto de que habiliten el campo respectivo y se practiquen esta y las subsecuentes notificaciones por dicha vía. Notifíquese; mediante lista electrónica al quejoso y vía electrónica al representante especial de las menores de iniciales J.A.V.CH. y A.K.V.CH.. Así lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y el representante especial de las menores de iniciales J.A.V.CH y A.K.V.CH, interpongan recurso de revisión contra la sentencia con engrose al trece de septiembre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó este juicio y se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por Jonathan Darío Vázquez Vélez, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho fallo, ha causado ejecutoria, lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Glósense al presente los cuadernos de suspensión. Realícense las anotaciones respectivas. Notifíquese mediante lista electrónica a la parte quejosa y tercero interesada y vía electrónica al asesor jurídico representante de las menores. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de María del Carmen García Monjaraz, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
II. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 489/2021-II, R E S U L T A N D O I. Presentación de la demanda. ************, por derecho propio, y en representación de sus menores hijas de iniciales J.A.V.CH y A.K.V.CH, mediante escrito presentado el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Décimo Primero Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla en Nicolás Romero Estado de México y otras autoridades, mismo que por razón de turno tocó conocer a este juzgado, recibiéndose la demanda el uno de junio de este año. II. Admisión de la demanda de amparo. En proveído del dieciocho de junio de dos mil veintiuno, previos requerimientos de prevención, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se ordenó el emplazamiento de la tercero interesada Alejandra Abigail Chávez Tapia y se señaló hora y fecha para llevar a cabo la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos se celebró al tenor del acta constitucional del ocho de septiembre de este año. III. Emplazamiento de la tercero interesada. El veinte de julio de dos mil veintiuno, se practicó en forma personal el emplazamiento de la tercero interesada Alejandra Abigail Chávez Tapia, quien se apersonó mediante escrito con registro 8887. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37 de la Ley de Amparo; 48 y 56, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la demarcación territorial en la que decide el derecho este Órgano Jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de la Litis. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados consisten en: a) La determinación del veintiuno de abril de dos mil veintiuno emitida en el expediente 480/2020, en el cual la Juez Décimo Primero Civil de Primera Instancia de Tlalnepantla, con residencia en Nicolás Romero, Estado de México, ordenó turnar los autos a la ejecutora de su adscripción para que se constituyera en compañía de la parte actora y su abogado a efecto de requerir al demandado en el juicio natural (ahora quejoso), la entrega de las menores de iniciales J.A.V.CH y A.K.V.CH., con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, se ordenaría el uso de fuerza pública con rompimiento de cerraduras en caso de ser necesario. b) Acuerdo del once de mayo de dos mil veintiuno, en el que la Juez responsable hace efectivo apercibimiento decretado y autoriza el uso de la fuerza púbica, con rompimiento de cerraduras en caso de ser necesario y ordena girar oficio a la Comisión de Seguridad Pública Municipal de Nicolás Romero, Estado de México. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La Juez y Ejecutora, ambos adscritos al Juzgado Décimo Primero Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Nicolás Romero, Estado de México, al rendir sus informes justificados aceptaron el acto reclamado. El Comisario Seguridad Pública Municipal y Tránsito de Nicolás Romero, Estado de México, fue omiso en rendir su informe justificado; por tanto se tiene por cierto a dicha autoridad atribuido; aunado al hecho de que fue señalado como autoridad responsable ejecutora. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, sea que las partes lo aleguen o no, debe examinarse la procedencia de la acción de amparo, por ser de orden preferente de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la ley de la materia. En ese contexto, ese juzgado de oficio advierte que respecto del acto reclamado señalado en el incido a) se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, de la ley de la materia. El precitado numeral 17, es claro en disponer que el término para la interposición de la demanda de amparo es de quince días contados a partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado. Ahora, de las constancias que obran en el presente sumario constitucional se desprende lo siguiente: Acuerdo del veintiuno de abril de dos mil veintiuno emitida en el expediente 480/2020, en el cual la Juez Décimo Primero Civil de Primera Instancia de Tlalnepantla, con residencia en Nicolás Romero, Estado de México, tomando en cuenta las constancias que tuvo a la vista de la carpeta de investigación NUC: TLA/FVG/VFI/104/009293/21/01, ordenó turnar los autos a la ejecutora de su adscripción para que se constituyera en compañía de la parte actora y su abogado a efecto de requerir al demandado en el juicio natural (ahora quejoso), la entrega de las menores de iniciales J.A.V.CH y A.K.V.CH., con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, se ordenaría el uso de fuerza pública con rompimiento de cerraduras en caso de ser necesario. Constancia de notificación relativa al instructivo practicado con fecha cinco de mayo de dos mil veintiuno, mediante el cual se notificó al quejoso ****************, por conducto de *****************, quien dijo ser su señora madre, entre otros el aludido acuerdo de veintiuno de abril de este año. mc Diligencia de la misma fecha (cinco de mayo de dos mil veintiuno) de la que se advierte que la Ejecutora adscrita al juzgado responsable se constituyó en compañía de la actora, en el domicilio ubicado en ******************************, lugar en el que fueron atendidas por María Quintero Rocha quien dijo ser madre del buscado (********************), y al requerirle la presencia del demandado, refirió que no se encontraba, por lo que la Ejecutora, a efecto de dar cumplimiento al Acuerdo del veintiuno de abril pasado, le requirió hiciera entrega de las menores, quien le indicó que no lo haría hasta no hablar con su hijo; que tenía entendido que existía una orden de restricción. De ahí que contrario a lo manifestado por el quejoso en su escrito inicial de demanda y escritos aclaratorios, no tuvo conocimiento de dicho acuerdo el veinte de mayo de dos mil veintiuno, sino que fue notificado por conducto de su señora madre el cinco de mayo de este año, pues así de advierte de las copias certificadas generadoras del acto reclamado que la autoridad responsable remitió a éste juzgado federal relativas al juicio 480/2020. Por lo anterior, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo que da origen a este juicio, que fue el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, según sello receptor de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, el plazo para promover la demanda de amparo feneció el veintisiete de mayo de este año; pues empezó a correr al día siguiente a aquel en el que se le surtió efectos la notificación del acuerdo del veintiuno de abril del año que transcurre, esto fue del siete al veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. En tal virtud, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo respecto del acuerdo del veintiuno de abril de dos mil veintiuno emitido en el expediente 480/2020, del índice del Juzgado Décimo Primero Civil de Primera Instancia de Tlalnepantla, con residencia en Nicolás Romero, Estado de México. QUINTO. Estudio del asunto. No habiéndose invocado diversa causa de improcedencia por las partes, ni tampoco de oficio advierte este Órgano de Control Constitucional la existencia de alguna, se procede al estudio del acto reclamado que se indicó en con el inciso b) en el considerando segundo de este sentencia a saber: -Acuerdo del once de mayo de dos mil veintiuno, en el que la Juez responsable hace efectivo apercibimiento decretado y autoriza el uso de la fuerza púbica, con rompimiento de cerraduras en caso de ser necesario y ordena girar oficio a la Comisión de Seguridad Pública Municipal de Nicolás Romero, Estado de México. De los conceptos de violación se tiene que el quejoso en esencia se duele de qué dicha determinación no se encuentra fundada ni motivada. Es infundado dicho motivos de inconformidad, aun supliendo la deficiencia de los conceptos de violación. En principio, debe analizarse si en la especie la determinación del once de mayo de dos mil veintiuno, en el que la Juez responsable hace efectivo apercibimiento decretado y autoriza el uso de la fuerza púbica, con rompimiento de cerraduras en caso de ser necesario y ordena girar oficio a la Comisión de Seguridad Pública Municipal de Nicolás Romero, Estado de México, cumple con los principios de fundamentación, motivación, congruencia y exhaustividad de que se duele el impetrante del amparo y que señala vicia el acto reclamado, siendo que los artículos 14, párrafo cuarto, 16, párrafo primero, y 17, párrafo segundo, de la Carta Magna disponen: "Artículo 14. (.) En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho". "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.)". "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. (.)." De acuerdo con el primer precepto transcrito, las resoluciones que dicten las autoridades jurisdiccionales deben ser emitidas conforme a la ley aplicable al caso, en congruencia con su propio texto, o bien, acorde con la interpretación que le corresponda, en cumplimiento de ese derecho humano. Por ello, resulta evidente que primero debe acudirse a la literalidad del texto normativo, cuando es completamente claro y no dé lugar a confusiones, sin que sea necesario realizar una labor hermenéutica compleja, dado que el sentido de éste es suficiente para considerar la actualización del supuesto jurídico en él contenido y de sus consecuencias de derecho. Así, resulta dable precisar que en los juicios del orden civil, los tribunales tienen el deber de aplicar e interpretar las disposiciones legales que regulan los recursos, en la forma más favorable a su admisión, ya que el acceso a éstos se rige por los mismos principios del derecho a la tutela judicial efectiva, dado que constituyen la continuación del proceso. En tanto que los dos restantes preceptos constitucionales transcritos establecen el derecho humano a la legalidad consistente en la debida fundamentación y motivación, que obliga a todas las autoridades en sus actos y más aún cuando éstos son tendentes a realizar un acto de molestia en los particulares o gobernados, así como el principio de exhaustividad que deben observar las autoridades al resolver una cuestión sometida a su potestad, entiéndase como tal, que deben pronunciarse sobre todos los pormenores de la litis, valorando la totalidad de los elementos probatorios aportados por las partes, y en los casos permitidos, los que de oficio se allegue. Por fundamentación del acto de autoridad, se debe entender la sustentación en una disposición normativa de carácter general; o sea, la ley debe prever una situación concreta para la cual resulte procedente realizar el acto de autoridad, es decir, que exista una ley que así lo autorice, de donde se sigue que las autoridades sólo pueden hacer lo permitido en la ley. Por motivación del acto de autoridad debe entenderse la expresión de las circunstancias y modalidades del caso particular que encuadren dentro del marco general correspondiente establecido por la ley; así, si una determinada conducta no corresponde o no encuadra en el caso concreto establecido por la norma jurídica, el acto de autoridad respectivo violará la exigencia de la motivación legal, por más que se hubiese previsto en alguna disposición, es decir, aunque esté fundado. En otras palabras, la motivación legal implica la necesaria adecuación que debe hacer la autoridad entre la norma general fundatoria del acto de molestia y el caso específico en el cual éste va a operar o surtir sus efectos. En conclusión, para que una autoridad cumpla con los requisitos de fundamentación y motivación a que se refiere el derecho humano a la legalidad contenido en el artículo 16 de la Constitución Federal, es necesario citar en sus determinaciones los preceptos legales de apoyo y, además, expresar los razonamientos lógico-jurídicos que la llevaron a la conclusión del asunto concreto tratado y que encuadra en los supuestos de la norma invocada. Es ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 97-102, Tercera Parte, página 143, Materia Común, Séptima Época, con registro 238212, del rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN". Respecto al principio de exhaustividad, el dispositivo 17 constitucional señala que las sentencias deben ser claras y decidir todos los puntos litigiosos, así como la existencia de dos principios fundamentales o requisitos que deben observarse en el dictado de las sentencias: el de congruencia y el de exhaustividad. El primero es explícito, y el segundo se halla imbíbito en la propia disposición legal. El principio de congruencia, está referido a que la sentencia debe ser congruente no sólo consigo misma, sino también con la litis tal y como haya quedado establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, por un lado, de congruencia interna, entendida como aquella característica de que la sentencia no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí; y, por otro, de congruencia externa, que en sí atañe a la concordancia que debe haber con la demanda y contestación formuladas por las partes, esto es, que la sentencia no distorsione o altere lo pedido o lo alegado en defensa, sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir alguna que no se hubiera reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que no fue parte en el juicio. Sobre el tema, es ilustrativa la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen XI, Cuarta Parte, página 193, Materia Común, Sexta Época, con registro 272666, que indica: "SENTENCIAS, CONGRUENCIA DE LAS". Mientras el principio de exhaustividad está relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir alguno, es decir, dicho principio implica la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento, tomando en cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en la contestación, y las demás pretensiones deducidas oportunamente en el juicio, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo, sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. Por tanto, cuando la autoridad jurisdiccional no resuelve algún punto litigioso, en realidad no resulta contrario al principio de congruencia, sino al de exhaustividad, contemplado en el artículo 17 constitucional, que establece que los tribunales impartirán justicia de manera, entre otras "completa". Entonces, la congruencia externa significa que sólo debe ocuparse de las personas que contendieron como partes y de sus pretensiones, mientras que la exhaustividad implica que la sentencia ha de ocuparse de todos los puntos discutibles. Precisado lo anterior, en la especie se considera que el acuerdo del once de mayo de dos mil veintiuno que emitió la Juez responsable, en el que en atención a un escrito presentado por la actora hizo efectivo el apercibimiento decretado en el diverso de veintiuno de abril del mismo año, y autorizó el uso de la fuerza pública con rompimiento de cerraduras en caso de ser necesario, a efecto de que se cumpla con la diligencia ordenada de entrega de las menores a su progenitora. De igual modo ordenó girar oficio a la Comisión de Seguridad Pública Municipal de Nicolás Romero, Estado de México, a fin de que se sirviera proporcionar el auxilio de elementos para apoyar a la funcionaria judicial en la práctica de la diligencia encomendada. El mismo cumple con los principios de exhaustividad y congruencia, además de estar fundado y motivado. Lo anterior es así, debido a que en dicho acuerdo la Juez primeramente y atendiendo la petición presentada por la actora al manifestarle que el demandado no había hecho entrega de las menores y le solicitó hiciera efectivo el apercibimiento decretado el veintiuno de abril de este año, la responsable conforme a los artículos 2.157, 2.158, 2.160, 5.1, 5.3 y 5.16 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, hizo efectivo el apercibimiento que había decretado en el aludido auto (veintiuno de abril), y autorizó el uso de la fuerza pública, con rompimiento de cerraduras en caso de ser necesario, a efecto de que su cumpliera la diligencia ordenada. Posteriormente, ordenó girar oficio a la Comisión de Seguridad Pública Municipal de Nicolás Romero, Estado de México, a fin de que proporcionara el auxilio de diversos elementos para apoyar a la funcionaria judicial en la práctica de la diligencia ordenada. Sin que pase desapercibido el hecho de que dicho oficio fue devuelto por la actora en razón de que la denominación de la autoridad ejecutoria no era el correcto, ya en lugar de ir dirigido a la "Comisión de Seguridad Pública Municipal de Nicolás Romero, Estado de México" debía dirigirse al "Comisario de Seguridad Pública Municipal de Nicolás Romero, Estado de México", lo que originó el diverso acuerdo del veinte de mayo de este año, en el que únicamente se hizo la precisión de la autoridad y ordenó se diera cumplimiento en los términos y formalidades ordenados en el acuerdos del veintiuno de abril y once de mayo, ambos del dos mil veintiuno. De lo anterior, se advierte que no existe algún acto de transgresión de derechos humanos, pues la autoridad responsable motivo su acuerdo al atender la petición de la actora dada la negativa de la parte demandada de hacer entrega de las menores, por ello hizo efecto el apercibimiento decretado y giró oficio para en su caso, hacer uso de la fuerza pública para lograr el cumplimiento de la diligencia ordenada el veintiuno de abril de dos mil veintiuno, haciendo alusión a los ordenamientos legales en los cuales fundó su actuar. Lo anterior, con el fin de que le sean entregadas a la actora sus menores hijas, por ser ella quien tiene la guarda y custodia de las mismas. De ahí que se considere que los argumentos de la autoridad responsable, a juicio de este Órgano de Control Constitucional, resultan acertados y conforme a derecho, además de que cumplen con los requisitos constitucionales para su emisión. En consecuencia, este Órgano de Control Constitucional advierte que la autoridad responsable señaló los fundamentos legales en apoyo a su decisión, además de que fue clara y precisa en exponer los motivos que tuvo para emitir su acuerdo, cumpliendo con lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. Sirve de sustento a lo anterior, por su contenido esencial y espíritu que la motiva, la jurisprudencia por contradicción 1a./J. 139/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, página 162, Materia común, Novena Época, con registro 176546, del rubro "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE". Así como la tesis P. CXVI/2000 del Pleno del Máximo Tribunal del País, consultable en dicho Semanario, Tomo XII, Agosto de 2000, página 143, Novena Época, con registro 191358, de epígrafe: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS". Por tanto, los argumentos de la parte quejosa en estudio, relacionados con el derecho humano de fundamentación y motivación, así como de incumplimiento a los principios de congruencia y exhaustividad, resultan infundados. En consecuencia, al no estar demostrado que el acto reclamado transgreda prerrogativa constitucional alguna en perjuicio del quejoso, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo por los motivos y fundamentos expresados en el cuarto considerado de esta resolución. SEGUNDO. Se niega el amparo y protección de la justicia federal al quejoso *********************, por derecho propio, y en representación de sus menores hijas de iniciales J.A.V.CH y A.K.V.CH, en los términos expresados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese mediante lista electrónica a la parte quejosa y tercero interesada y vía electrónica al asesor jurídico representante de las menores. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de María del Carmen García Monjaraz, Secretaria, hasta hoy trece de septiembre de dos mil veintiuno en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
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