Jonathan Ulises Torres Delgado

Expediente 725/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
725/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
23/08/2018

Partes del expediente

  • Jorge Alberto Rodriguez Puga y Otros.
  • Jonathan Ulises Torres Delgado
  • Jonathan Ulises Torres Delgado y Otros.
  • Francisco Javier Romero Ramirez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    vii)Toluca, Estado de México; veintitrés de agosto de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; agréguese a los autos para los efectos legales a los que haya lugar el oficio de cuenta suscrito por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especial para la Investigación del Delito de Tortura; a través del cual informa que se inició y registró la carpeta de investigación NUC: TOL/FSP/FTT/107/171845/18/08, por los posibles actos de tortura cometidos en agravio de Jorge Alberto Rodríguez Puga, Francisco Javier Romero Ramírez y Jonathan Ulises Torres Delgado. Ahora bien, visto el estado procesal de autos del que se advierte que en sentencia de veintiséis de junio pasado (fojas 73 a 82), se ordenó dar vista al Agente del Ministerio Público adscrito a este órgano Jurisdiccional, con las manifestaciones atinentes a la tortura que comunicaron los quejosos en su escrito inicial de demanda. A lo que el citado adscrito mediante oficio, remitió copia certificada del presente juicio de amparo al Fiscal General de Justicia del Estado de México; a fin de que se investigara los posibles actos de tortura que los quejosos adujeron sufrir, tal y como se acredita con el acuse de recibo que obra en la foja 102. Asimismo, el citado Fiscal General de Justicia del Estado de México, remitió el diverso a la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Tortura del Estado de México; para que investigara lo conducente. En tales condiciones y toda vez que la citada Fiscalía Especializada ya inició la investigación correspondiente, tal y como se acredita en el oficio que se provee; se actualiza la hipótesis contenida en el numeral 33 de la Ley General para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, que establece: "Artículo 33.- El delito de tortura se investigará y perseguirá de oficio, por denuncia, noticia o vista de la autoridad judicial. La vista judicial tendrá por efecto que la autoridad competente inicie la investigación del delito de tortura en términos de lo dispuesto en la presente Ley y en el Código Nacional de Procedimientos Penales. En el caso de que la autoridad que tenga conocimiento de los hechos constitutivos del delito de tortura no tenga competencia para iniciar la investigación, ésta deberá remitir el asunto de manera inmediata y por cualquier medio, a las Fiscalías Especiales competentes." En tales condiciones y dado a que en el presente juicio no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito. Háganse, las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se hace la indicación siguiente: El presente juicio es susceptible de depuración, porque se concedió la suspensión de oficio y de plano a la parte quejosa en proveído de diecisiete de mayo de la presente anualidad (punto vigésimo primero, fracción IV, párrafo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia). En el entendido que no existen documentos exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este juzgado de Distrito carecen de relevancia documental y, además, no encuadran en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción de los mismos, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obre los acuses de notificación del presente proveído, el expediente en que se actúa se enviará materialmente al archivo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa

  2. Principal

    II) Toluca, Estado de México; dieciséis de julio de dos mil dieciocho. De la certificación de cuenta se desprende que la parte quejosa, a quien se considera podría causarle algún perjuicio la sentencia de veintiséis de junio del año en curso, a través de la cual se sobreseyó el presente juicio, dentro del plazo de diez días inserto en el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de revisión. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En otro orden de ideas y visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en sentencia de veintiséis de junio pasado (fojas 73 a 82), se ordenó dar vista al Agente del Ministerio Público adscrito a este órgano Jurisdiccional, con las manifestaciones atinentes a la tortura que comunicaron los quejosos en su escrito inicial de demanda, sin que a la fecha haya hecho pronunciamiento alguno con motivo de dicha vista, no obstante estar debidamente notificado de la citado sentencia (foja 86). Por tanto, con fundamento en el artículo 33 de la Ley General para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que establece que la vista judicial tendrá por efecto que la autoridad competente inicie la investigación del delito de tortura en términos de la citada ley y en el Código Nacional de Procedimientos Penales; requiérase al Agente del Ministerio Público de la Adscripción, para que en el término de veinticuatro horas, comunique a este órgano jurisdiccional las acciones que determinó implementar con motivo de la citada vista; apercibido que de no hacerlo dentro del término concedido o no manifestar la imposibilidad que para ello tenga, de conformidad a lo establecido por los artículos 237 y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa que podrá ser de cincuenta y hasta mil veces la unidad de medida y actualización, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Notifíquese.

  3. Principal

    VISTOS, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 725/2018-II, promovido por Jorge Alberto Rodríguez Puga, Francisco Javier Romero Ramírez y Jonathan Ulises Torres Delgado, contra actos del Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México y otras autoridades. R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 725/2018-II, promovido por Jorge Alberto Rodríguez Puga, Francisco Javier Romero Ramírez y Jonathan Ulises Torres Delgado, por los actos, contra las autoridades y por los motivos expuestos en los considerandos tercero y cuarto de este fallo. SEGUNDO. En atención a lo manifestado por los quejosos respecto de la tortura de la que son objeto, dése vista al Ministerio Público de la adscripción, para los efectos señalados en el considerando quinto de esta determinación. Notifíquese y personalmente a los quejosos en el lugar de su reclusión por conducto de su representante común y personalmente al ministerio público de la adscripción.

  4. Principal

    II) Toluca, Estado de México; once de junio de dos mil dieciocho. El estado procesal del presente asunto, así como la certificación de cuenta evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para hoy a las diez horas con cuarenta minutos, como se determinó en auto de diecisiete de mayo pasado; sin embargo, a la fecha se encuentra transcurriendo el plazo de ochos días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado rendido por el Director Técnico Legal en ausencia y suplencia del Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México. En tales condiciones, a fin de dar oportunidad a que se cumplimente lo anterior, se difiere la audiencia de ley y en su lugar se fijan las once horas con treinta minutos del veintiséis de junio de dos mil dieciocho. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia publicada con el número 7 en la página 11 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, que establece: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la ley de amparo, ('...el juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado,...'), sino que relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto, ('si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen.'),por lo tanto, el juez de distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. de esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el juez de distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese.

Quedan 6 actuaciones en este expediente

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