Jonathan Smith Martinez Olvera

Expediente 367/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 20 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
367/2020
Año
2020
Actuaciones
20
Última actuación
02/09/2021

Partes del expediente

  • Jonathan Smith Martinez Olvera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    CÚMPLASE.

  2. Principal

    Cúmplase.

  3. Principal

    Monterrey, Nuevo León, once de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos del presente juicio de amparo, se observa que mediante proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno , se tuvo a la autoridad responsable Magistrado de la Segunda Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, y para tal efecto, allegó la comparecencia levantada a los licenciados ********************************, el veintiocho de mayo del presente año, dentro de los autos del toca en apelación 641/2020,de su índice, seguida contra el aquí quejoso ************************, así como copia certificada de las cédulas profesionales, emitidas por la Secretaría de Educación Pública, a nombre de *******************************, respectivamente. En dicho auto, se dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su legal interés conviniera, apercibidas de que, de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Ahora, considerando lo expuesto por el Secretario de la adscripción en la certificación de cuenta, de la que se desprende que ha transcurrido el plazo otorgado a las partes, previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que manifestaran lo que a su interés conviniera, respecto del cumplimiento de la ejecutoria por parte de la responsable, con apoyo en el párrafo segundo del citado precepto, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI Marzo de 2000, Novena Época, de rubro siguiente:"INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". En primer orden es importante señalar que en la resolución constitucional de cinco de noviembre de dos mil veinte, se negó la tutela constitucional solicitada por ********************; sin embargo, sus autorizados interpusieron recurso de revisión, medio de inconformidad del cual le tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal en el Estado, formando el amparo en revisión 165/2020, de su índice; Tribunal de Alzada, que mediante resolución de seis de mayo de dos mil veintiuno, resolvió revocar la resolución constitucional emitida por este órgano de control constitucional, y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por el impetrante de garantías **************, para efecto de que la autoridad responsable Magistrado de la Segunda Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado; Dejara insubsistente la resolución reclamada; Ordenará la reposición del procedimiento de segunda instancia, hasta el acuerdo inicial del trámite de apelación; Dictara ls medidas necesarias y pertinentes para verificar plenamente la acreditación jurídica, legal suficiente y comprobable con los documentos o medios idóneos, con la que contaban los defensores del justiciable; En el entendido, que si el resultado de la verificación es que los defensores no eran licenciados en derecho al momento de la audiencia inicial, el tribunal de alzada debería resolver sobre ese error in procedendo; y reponer dicha audiencia; Empero, si la responsable llega a la conclusión de que sí eran licenciados en derecho al momento se asistir al quejoso en la audiencia inicial, el tribunal de alzada deberá asentar el resultado de la verificación, ya sea en el auto inicial o en aquella determinación que por su naturaleza u efecto estime conveniente; Hecho lo anterior, en caso del último supuesto, deberá seguir con la tramitación del recurso de apelación y en el momento procesal emitir la sentencia que corresponda con libertad de jurisdicción. Motivo por el cual esta autoridad federal, el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, solicitó a la responsable para que en el término de tres días, procediera a dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por lo que, el veintiséis y treinta y uno de mayo de siguiente, se tuvo a la responsable Magistrado de la Segunda Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, manifestando haber dado cumplimiento a la sentencia constitucional, para lo cual, comunicó el pronunciamiento que emitió el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, con motivo a la ejecutoria de amparo y allegó la comparecencia levantada a los licenciados ***********************, el veintiocho de mayo del presente año, dentro de los autos del toca en apelación 641/2020,de su índice, seguida contra el aquí quejoso *********************** **********************************. Así pues, las documentales exhibidas, por la responsable, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen eficacia demostrativa plena, y por tanto, de las mismas, se advierte que el Magistrado de la Segunda Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el veinticuatro de mayo del presente año, emitió un pronunciamiento dentro del toca de apelación en artículo, en el que dejó insubsistente la sentencia reclamado de veinticuatro de agosto de dos mil veinte (acto reclamado); ordenó la reposición del procedimiento hasta la etapa de radicación, respecto al trámite de apelación interpuesto por el agente del Ministerio Público, contra el auto de no vinculación a proceso, dejándose únicamente en la parte en la que se dejó el asunto en estado de sentencia; ordenó tomar las medidas necesarias para verificar plenamente la calidad de licenciados en derecho con cédula profesional debidamente registrada ante la instancia correspondiente, de las personas que fungieron como defensores del imputado, aquí quejoso *****************************, en primera instancia, en lo que refiere a la audiencia inicial, por lo que requirió a los profesionistas que fungieron como defensores del quejoso en comento, ****************************, para que de inmediato comparecieran ante dicho tribunal, a fin de acreditar ser licenciados en derecho, es decir justificar legalmente la personalidad legal con documento idóneo que los acredite como licenciados en derecho. Posterior a dicho pronunciamiento y requerimiento efectuado a los profesionistas señalados en dicho auto, allegó a esta autoridad el treinta y uno de mayo del presente año, la comparecencia levantada a los licenciados *********************************, el veintiocho de mayo del presente año, dentro de los autos del toca en apelación 641/2020, de su índice, seguida contra el aquí quejoso ************************, así como copia certificada de las cédulas profesionales, emitidas por la Secretaría de Educación Pública, a nombre de **************************, respectivamente; comparecencia en la que los mencionados profesionistas se identificaron con las cédulas profesionales con números, 9460007 y 10493668, respectivamente, expedidas por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, identificaciones con las cuales, determinó los acredita para ejercer su profesión de licenciados en derecho, de igual forma, los profesionistas en comento proporcionaron sus datos generales, y manifestaron que en la fecha de la celebración de la audiencia inicial dentro de la carpeta judicial 641/2020, de la que emanó el toca de apelación del índice del tribunal, sí contaban con la acreditación jurídica, suficiente y comprobable, para asistir legalmente al aquí quejoso, asimismo, para representarlo en la tramitación del recurso de apelación interpuesto en la segunda instancia. Aunado a tales manifestaciones y asentar los datos de las cédulas profesionales de referencia, se hizo constar que el Secretario de Acuerdos de la autoridad responsable, procedió a verificar la página de la Secretaría de Educación Pública en su apartado Registro Nacional de Profesionistas, donde constató que las cédulas proporcionadas se encuentra a nombre de ************************************, respectivamente, así también refirió se encuentra debidamente registrados ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Y, finalmente, como lo ordenó el tribunal de alzada, al encontrarse en la hipótesis planeada en el inciso e) de la ejecutoria de amparo que nos ocupa, la autoridad responsable llegó a la conclusión de que sí eran licenciados en derecho al momento se asistir al quejoso en la audiencia inicial, por lo que, en auto de esa data, reiteró, se tenía acreditada la personalidad jurídica, legal, suficiente y comprobable de que ***********************************, son profesionistas en derecho; y, dentro de los lineamientos del inciso f), finalmente, admitió el recurso de apelación interpuesto por la agente del Ministerio Público, contra el auto de no vinculación a proceso, dictado en favor del aquí quejoso, ordenado proceder a resolver, dejando en estado de sentencia dicho asunto. Con la narrativa precisada en párrafos que anteceden, esta autoridad estima que si resolvió conforme a los lineamientos con los que se le conminó en la ejecutoria de amparo emitida por el Tribunal de Alzada. Consecuentemente, el actuar de la autoridad responsable restituye al quejoso, que aquí promovió el ejercicio de la acción constitucional, en el goce de sus derechos humanos violados, por lo que la resolución constitucional ha quedado cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada 2a. CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, Octubre de 1997, página 414, que dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Atendiendo a que no existe actuación pendiente por realizar, se ordena en su oportunidad, el ARCHIVO del expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, esto al tenor de lo establecido por el artículo 196, párrafo cuarto de la expresada ley reglamentaria. Ahora bien, al encontrarse totalmente concluido el presente asunto, devuélvanse a la autoridad responsable Magistrado de la Segunda Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, las constancias remitidas como justificación a su informe. En la inteligencia de que el acuse de notificación del presente proveído, bastará para saber que dicha autoridad recibió las constancias en mención, es decir, no tendrá que acusar recibo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; el presente expediente, deberá ser conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años; y toda vez que se concedió la protección de la justicia federal a la parte quejosa, con apoyo en lo dispuesto en el citado numeral, el presente expediente se considera susceptible de depuración; por lo que, una vez que transcurra el plazo antes aludido, esta autoridad dentro de los siguientes noventa días, deberá depurar el expediente, para lo cual se deberá conservar la demanda o escrito inicial del recurso de que se trate, entendiéndose como parte integrante de la demanda; la sentencia, entendiéndose la emitida por esta autoridad; el auto mediante el cual se declara la ejecutoria de la resolución que pone fin al juicio; así como el presente proveído; hecho lo anterior, esta autoridad deberá solicitar la transferencia del presente expediente al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación correspondiente. Por lo que hace al duplicado del incidente de suspensión, conforme al artículo 20 fracción II, inciso a) del Acuerdo en cita, deberá desincorporarse y destruirse una vez que haya transcurrido el plazo de seis meses a que hace alusión el referido numeral; mientras que el original del cuaderno de suspensión, en términos de lo dispuesto por el artículo 18 inciso a) del mencionado acuerdo en relación con el punto 7.1.1, número 2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, es depurable en virtud de haberse concedido en definitiva la medida cautelar solicitada por el impetrante de garantías. Lo anterior, pues de la certificación secretarial de cuenta se desprende que el presente asunto no se considera de relevancia documental, en atención a que su naturaleza no actualiza las hipótesis previstas en el artículo 15 del acuerdo que nos ocupa. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el Juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, licenciado **********************, ante el Secretario que da fe, licenciado *********************. Doy fe.

  4. Principal

    Se notifica por medio de lista el auto de once de junio de dos mil veintiuno a la parte quejosa y tercero interesada y sus asesores jurídicos, por no acudir al órgano jurisdiccional a notificarse personalmente; Se tiene por cumplida ejecutoria de amparo

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