Jonathan Sinue Solorio López
Expediente 98/2015 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 98/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/08/2015
Partes del expediente
- Juez Vigésimo Segundo En Material Penal del Distrito Federal
- Jonathan Sinue Solorio López
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el numeral 98 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha haya interpuesto recurso de queja contra el auto en el que se tuvo por desechada la demanda de amparo promovida por *****, en consecuencia, con fundamento en el citado numeral 97, fracción I, inciso a) de la ley en cita, y numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme al artículo 2 de la ley de la materia, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO.
- Principal
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A TREINTA DE JULIO DE DOS MIL QUINCE Vista la razón actuarial que antecede, de cuyo contenido se desprende el motivo por el cual no fue posible notificar a la parte quejosa el proveído de veinticuatro de julio del año en curso; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena hacer la notificación por lista de la determinación de mérito y de los autos subsecuentes, aún los de carácter personal, hasta en tanto sea indicado nuevo domicilio, para tal efecto.
- Principal
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL QUINCE 1. REGISTRO DE LA DEMANDA Vista la demanda de garantías promovida por ********************por propio derecho, contra actos del Juez Vigésimo Segundo en Materia Penal del Distrito Federal y otra autoridad. En consecuencia, se ordena registrar en el libro de gobierno de este juzgado, con el número 98/2015-V. 2. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA POR LOS ACTOS CONSISTENTES EN LOS PROVEÍDOS DE VEINTIUNO DE MAYO Y UNO DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, DICTADOS POR EL JUEZ VIGÉSIMO SEGUNDO EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO FEDERAL. Con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente, esto es, por surtirse las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por las siguientes razones. El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. .........En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de que en el juicio de amparo se obtenga una reparación constitucional referida en el artículo 77 de la Ley de la materia. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Ahora, en el caso el amparista reclama del Juez Vigésimo Segundo en Materia Penal del Distrito Federal, los autos de veintiuno de mayo y uno de junio de dos mil quince, donde en el primero no se acordó de conformidad la prueba de inspección ministerial y judicial en el sentido de solicitar una reconstrucción de los hechos; y en el segundo, donde se no se admitió el recurso de apelación interpuesto contra el auto citado en primer término. Cabe resaltar que de las manifestaciones del quejoso, se obtiene que contra el segundo de los proveídos mencionados (inadmisión del recurso de apelación), interpuso recurso de denegada apelación, mediante la cual el tribunal de alzada confirmó la no admisión de aquél medio de impugnación. Como puede observarse, respecto de los actos reclamados consistentes en los proveídos por los que no se admitió la prueba descrita y se inadmitió el recurso de apelación intentado contra el mismo, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, porque esas determinaciones dejaron de surtir sus efectos al modificarse en segunda instancia, con motivo del recurso de denegada apelación interpuesto por el propio quejoso. De lo anterior se concluye que, los efectos de los actos reclamados analizados han dejado de existir, pues ya no se podría analizar su constitucionalidad sin afectar la situación jurídica actual, generada con el dictado de la sentencia pronunciada en la denegada apelación, en razón de que ya no pueden ser materia de examen en este juicio de amparo. En efecto, porque ya no sería procedente conceder el amparo, en su caso, contra los actos reclamados en el presente juicio (inadmisión tanto de la prueba como del recurso de apelación), es decir, para el efecto de que la autoridad responsable los dejara insubsistentes, al haber sido afectados jurídicamente por la sentencia emitida en segunda instancia (denegada apelación), con lo cual se destruyeron sus efectos de manera inmediata, absoluta e incondicional. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia III.2o.C. J/22, publicada en la página 1579 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII Febrero de 2006, Novena Época, que establece lo siguiente: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." La tesis I.3o.C.769 C, publicada en la página 1492 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia Civil, Novena Época, de contenido siguiente: " "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Conviene prevenir que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, derivan necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual implica que las fracciones anteriores del artículo mencionado, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos que pueden estimarse para decretar la improcedencia del juicio de amparo, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia Ley de Amparo. A lo anterior sirve de apoyo, de manera analógica, la tesis 2a. LXXXVI/99, publicada en la página 373, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Junio de 1999, tomo IX, Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece la siguiente: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno de las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción." Por su parte, el diverso artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Bajo ese contexto, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo transcrito, establece que el amparo indirecto procede contra actos en juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Los actos tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución o los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, por medio de las derechos humanos, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, por el contrario, los actos de ejecución reparables no tocan tales valores. En efecto, porque los actos de imposible reparación generan una afectación a los derechos fundamentales del gobernado, dejando alguna huella en su esfera jurídica. En el caso concreto, la resolución combatida dictada en el recurso de denegada apelación (que confirmó el auto que inadmitió la apelación, interpuesto contra el diverso que desechó la prueba de reconstrucción de hechos), no constituye para la parte quejosa un acto de imposible reparación, que transgreda en su perjuicio algún derecho fundamental tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en los artículos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), constitucional. Por su aplicación al caso se cita la jurisprudencia número 189, publicada en la página ciento cincuenta y cuatro, tomo VI, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a dos mil, cuyos rubro y texto son: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV, previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Así, el acto reclamado (resolución que confirmó la inadmisión de la apelación, interpuesta contra el desechamiento de la prueba de reconstrucción de hechos) no es de imposible reparación, debido a su naturaleza, porque se encuentra ampliamente vinculada con la no admisión de una probanza, hipótesis que encuadra en el artículo 173, fracción X de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: (.) X. No se reciban al imputado las pruebas pertinentes que ofrezca o no se reciban con arreglo a derecho, no se le conceda el tiempo para el ofrecimiento de pruebas o no se le auxilie para obtener la comparecencia de las personas de quienes ofrezca su testimonio en los términos señalados por la ley;." Por tanto, tal acto no hace procedente el juicio de amparo indirecto; en virtud de que el perjuicio que en su caso podrá actualizarse, es hasta que la autoridad responsable efectúe la valoración de la totalidad de las pruebas desahogadas en el juicio de origen, circunstancia que sólo tiene lugar al dictarse la sentencia respectiva, y es hasta entonces cuando se podrá saber si el acto reclamado (la inadmisión de la prueba de reconstrucción de hechos) agravió a la parte quejosa y trascendió al resultado del fallo. Asimismo, no es una afectación superior, posible de analizarse mediante el juicio constitucional sin necesidad de esperar al dictado del fallo definitivo, pues si el acto reclamado lo constituye una resolución que confirmó una inadmisión del recurso de apelación intentado contra el desechamiento de una prueba, podría en su caso, constituir una violación acontecida dentro del juicio, reclamable en amparo directo, en caso de que la resolución dictada le sea desfavorable. Sirve de sustento al razonamiento expuesto, por analogía y en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 358 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 303 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo tenor es: "Ante lo argumentado, al actualizarse la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, aplicado en sentido contrario y 173, fracción X, todos de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo, por cuanto hace al acto descrito. 4. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y PERSONAS AUTORIZADAS. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el señalado en la demanda. Se tienen por autorizadas para oír, recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas descritas, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. 5. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Este juzgado de Distrito, habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las diligencias que se deriven del presente juicio de amparo, con apoyo en el numeral 21 del citado ordenamiento legal. ........
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