Jonathan Sinoe Solorio López
Expediente 736/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 736/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Jonathan Sinoe Solorio López
Actuaciones
- Principal
MESA "6" Ciudad de México, once de marzo de dos mil veintiuno. Folio 2492 Vista la razón actuarial de cuenta firmada por la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado de Distrito, de la cual se desprende que en el acto de la notificación del proveído de dos de marzo de dos mil veintiuno, el quejoso ----------------------------- manifestó lo siguiente: "Me desisto del amparo promovido por lo que yo no quiero que se me venga a notificar en el lugar donde me encuentro detenido y se me notifique todo por medio de lista." Tómese conocimiento de lo anterior, sin embargo, toda vez que el diez de marzo de dos mil veintiuno, causó estado el proveído dictado el cuatro de diciembre de dos mil veinte, mismo que desechó la demanda de amparo, por lo que se ordenó el archivo definitivo del presente asunto, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento al respecto. Sin embargo, tal y como lo solicita; de conformidad con el artículo 261, fracción III de la Ley de Amparo, notifíquese por lista que se fije en los estrados de este juzgado, el acuerdo de referencia, así como los subsecuentes proveídos. Notifíquese...2
- Principal
MESA "6" Ciudad de México, diez de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja contra el proveído de cuatro de diciembre de dos mil veinte, por el que se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, toda vez que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, se determina que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; consecuentemente, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no constan documentos originales. Notifíquese....2
- Principal
MESA 6 Ciudad de México, dos de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta se advierte que a la fecha se han modificado las medidas de contingencia adoptadas por el Consejo de la Judicatura Federal con motivo del fenómeno global de salud pública COVID-19; en consecuencia, se estima procedente reanudar la tramitación del presente asunto a partir del estado procesal en que fue suspendido. Sentado lo anterior, y en atención al estado procesal que guardan los autos en la presente contienda, se provee: Agréguese a los autos la diligencia de notificación llevada a cabo por la fedataria judicial adscrita a este Juzgado Federal en cumplimiento al acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil veinte, en la que le haría del conocimiento a la quejosa que se desechó la demanda y se le previno para que nombrara a un abogado que la representara en aras de tutelar sus derechos humanos de acceso a la justicia y defensa adecuada. Razón actuarial de la cual se advierte que la quejosa *** señaló lo siguiente: "Recibí copia del acuerdo" "Ya no requiero del defensor de oficio". De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; por lo que una vez que fenezca el plazo para recurrir el auto que desechó la demanda de amparo se acordará lo conducente. Notifíquese.
- Principal
MESA "6" En la Ciudad de México, cuatro de diciembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por ----------------------------------------por propio derecho, contra los actos del -----------------------------------------------------y otra autoridad, regístrese en el Libro de Gobierno, bajo el número ---/2020-6y fórmese el expediente electrónico e impreso. Improcedencia de la suspensión de plano. No se soslaya, que la parte quejosa en su escrito de demanda, solicitó la suspensión de plano del acto reclamado; sin embargo, es de destacarse lo establecido en el artículo 126 de la Ley de Amparo que a la letra contempla: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." En tanto que el diverso 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reza lo siguiente: "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado." Sin embargo, del análisis de los citados preceptos, se advierte que la suspensión de oficio procede cuando los actos descritos en los referidos artículos se estén llevando a cabo, lo que no acontece en el presente asunto, ya que de la lectura íntegra de la demanda no se aprecia que en este momento se esté ejecutando alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional o por el 126 de la Ley de amparo, en perjuicio de la parte quejosa. Por lo anterior, no procede decretar la suspensión de plano en el presente asunto. Improcedencia del juicio de amparo Ahora bien, conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, es obligación de este órgano jurisdiccional analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo promovida por -------------------------------, se desprende que el quejoso pretende combatir la sanción impuesta por el ----------------------------------------------------------------- Ciudad de México consistente en interrumpir la visita familiar e íntima de su esposa -------------------------. Por tanto, este órgano de control Constitucional considera que en el caso, es improcedente el presente juicio de amparo respecto del acto reclamado, toda vez que se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el 61, fracción XX, de la ley de la materia, ya que para que el juicio de amparo sea procedente, se requiere de un elemento sine qua non atinente a que, previo a la interposición del juicio de amparo, deben agotarse los recursos ordinarios o medios de defensa que señale la ley que rija el acto que se reclame (principio de definitividad), salvo las excepciones que la misma establece. El citado numeral es del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;[.]" De una interpretación sistemática y armónica de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, se evidencia que el juicio de amparo es improcedente contra actos distintos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificaos, revocados o nulificados, salvo que se trate de un tercero extraño. Sobre el particular es necesario puntualizar, que el principio de definitividad atiende a la naturaleza del juicio de amparo como medio de control constitucional de carácter extraordinario y, básicamente, consiste en que previamente a instar la acción de amparo, el quejoso debe agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios mediante los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o confirmado. El principio de definitividad implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Es decir, es la obligación que tiene el quejoso de agotar, antes de acudir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocar o modificar el acto reclamado. Asimismo, vía jurisprudencia se ha sustentado que para los efectos de juicio de amparo, un medio ordinario de defensa es aquel que se encuentra establecido dentro del procedimiento regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar dicho acto. En el caso particular, como se destacó previamente, los actos reclamados por la impetrante de amparo, según lo afirmado en el apartado relativo de su escrito inicial, el cual es la sanción impuesta por el ----------------------------------------------------------------- la Ciudad de México consistente en interrumpir la visita familiar e íntima de su esposa -----------------------------. Del precepto en comento se desprende que la improcedencia del juicio de amparo indirecto deviene cuando se colman los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado se trate de una resolución proveniente de una autoridad distinta a un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa que suspenda los efectos del acto reclamado, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. c) Que por virtud de ese medio, la resolución pueda ser modificada, revocada o nulificada. Así, una vez contrastados el acto materia de la litis, con el precepto legal trascrito, es manifiesto e indudable que se actualizan los supuestos que se enuncian. En efecto, el acto reclamado se trata de una resolución proveniente de una autoridad distinta a un tribunal judicial, administrativo o del trabajo, en la medida que se hace consistir en la determinación por medio de la cual se ordenó que se le suspendía la visita familiar y conyugal, por lo que es evidente que el acto del que se duele el quejoso se trata de una resolución de una autoridad administrativa, por lo que se colmaría el inciso a) referido. En cuanto a la hipótesis del inciso b), antes señalado, la Ley Nacional de Ejecución Penal, en sus artículos 107 al 122, establecen lo siguiente: "Artículo 107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento". "Artículo 108. Legitimación Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; II. Los familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho; III. Los visitantes; IV. Los defensores públicos o privados; V. El Ministerio Público; VI. Cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de protección de los derechos humanos en el orden federal o de las entidades federativas, que tengan dentro de su mandato la protección de las personas privadas de la libertad o de grupos o individuos que se encuentren privados de la misma, y VII. Las organizaciones de la sociedad civil que tengan dentro de su objeto la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad y que se encuentren debidamente acreditadas". "Artículo 109. Sustanciación de las peticiones Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad". "Artículo 110. Formulación de la petición Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas". "Artículo 111. Acuerdo de inicio Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria,por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada". "Artículo 112. Trámite del procedimiento Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición". Artículo 113..... "Artículo 114.... Artículo 115. .. "Artículo 116.... Artículo 118. Controversia sobre la duración, modificación y extinción de la pena La Autoridad Penitenciaria es la competente para determinar el día a partir del cual deberá empezar a computarse la pena privativa de la libertad, que incluirá el tiempo en detención, la prisión preventiva y el arresto domiciliario. La persona sentenciada, su defensor o el Ministerio Público, podrán acudir ante el Juez de Ejecución para obtener una resolución judicial cuando surja alguna controversia respecto de alguna de las siguientes cuestiones: I. El informe anual sobre el tiempo transcurrido en el Centro o el reporte anual sobre el buen comportamiento presentados por la Autoridad Penitenciaria; II. La determinación sobre la reducción acumulada de la pena; III. La sustitución de la pena por los motivos previstos en esta Ley; cuando no se hubiere resuelto respecto del sustitutivo penal; la suspensión condicional de la ejecución de la pena en la sentencia, o porque devenga una causa superveniente; IV. El incumplimiento de las condiciones impuestas para la sustitución de la pena; V. La adecuación de la pena por su aplicación retroactiva en beneficio de la persona sentenciada; VI. La prelación, acumulación y cumplimiento simultáneo de penas; VII. El cómputo del tiempo de prisión preventiva para efecto del cumplimiento de la pena, y VIII. Las autorizaciones de los traslados internacionales de conformidad con el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución. Cualquiera que sea el promovente, se emplazará a las demás partes procesales y el Ministerio Público no podrá fungir como representante de la Autoridad Penitenciaria. La víctima o su asesor jurídico, sólo podrán participar en los procedimientos ante el Juez de Ejecución, cuando el debate esté relacionado con la reparación del daño y cuando se afecte de manera directa o indirecta su derecho al esclarecimiento de los hechos y a la justicia. Artículo 119. Controversias sobre medidas de seguridad Las controversias sobre la modificación, extinción o cesación de las medidas de seguridad, se resolverán de acuerdo con las normas previstas en el Código para personas imputables con los ajustes razonables que en el caso concreto acuerde el Juez de Ejecución, para garantizar su derecho a la defensa. "Artículo 120. Principios del procedimiento Las acciones y recursos judiciales se sustanciarán conforme a un sistema adversarial y oral y se regirán por los principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad. La persona privada de la libertad deberá contar con un defensor en las acciones y recursos judiciales; mientras que la Autoridad Penitenciaria podrá intervenir por conducto de la persona titular de la dirección del Centro o de la persona que ésta designe. El promovente podrá desistirse de la acción y del recurso judicial en cualquier etapa del procedimiento, siempre que esto no implique la renuncia a un derecho fundamental". "Artículo 121. Partes procesales En los procedimientos ante el Juez de Ejecución podrán intervenir como partes procesales, de acuerdo a la naturaleza de la controversia: I. La persona privada de la libertad; II. El defensor público o privado; III. El Ministerio Público; IV. La Autoridad Penitenciaria, el Director del Centro o quién los represente; V. El promovente de la acción o recurso, y VI. La víctima y su asesor jurídico, cuando el debate esté relacionado con la reparación del daño y cuando se afecte de manera directa o indirecta su derecho al esclarecimiento de los hechos y a la justicia. Cuando se trate de controversias sobre duración, modificación o extinción de la pena o medidas de seguridad, sólo podrán intervenir las personas señaladas en las fracciones I, II, III, IV y VI, del presente artículo y en este último caso respecto de la reparación del daño. Cuando el promovente no sea la persona privada de la libertad, el Juez de Ejecución podrá hacerlo comparecer a la audiencia si lo estima necesario". "Artículo 122. Formulación de la controversia La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital. El Juez de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto". Como se advierte de los dispositivos en comento, la Ley de Ejecución Penal Nacional prevé sendos procedimientos, uno administrativo y otro de índole jurisdiccional (procedimiento administrativo ante la autoridad carcelaria o la controversia planteada al Juez de Ejecución Penal), instituidos a favor de las personas privadas de su libertad y demás sujetos legitimados con el objeto de que, en principio, sea la propia autoridad penitenciaria la que conozca y resuelva las peticiones e inconformidades en torno a todos aquellos aspectos que incidan en las condiciones de reclusión, y de subsistir la inconformidad u omisión en atender la petición, podrá plantearse controversia ante el juez de Ejecución, excepto en los casos urgentes en los que pudieran estar en riesgo la vida e integridad física del interno, en los que se acudirá directamente ante el Juez de Ejecución a plantear la petición o controversia, quien posee facultades para ordenar de inmediato la suspensión de los actos u omisiones respectivas. Bajo ese panorama, resulta claro que si el quejoso reclama La sancion impuesta por el -------------------------------------------------la Ciudad de México consistente en interrumpir la visita familiar e íntima de su esposa ------------------------------------, es inconcuso que existe un procedimiento administrativo y controversia judicial prevista por la Ley Nacional de Ejecución Penal, que pueden evitar la ejecución de dicho acto, los cuales deben agotarse previo a la promoción del juicio de amparo. Máxime que si con motivo de la interposición del procedimiento administrativo y controversia judicial ante el Juzgado de Ejecución, se puede suspender y analizar la legalidad del acto en cuestión, tal proceder puede conllevar a que se modifique, revoque o nulifique la determinación o acto que se reclama; situación que satisface la tercera de las hipótesis antes precisadas. Por tanto, si el quejoso acude a esta instancia constitucional a solicitar el amparo y la protección de la justicia federal contra La sancion impuesta por el Comité Técnico Interdisciplinario de la Ciudad de México consistente en interrumpir la visita familiar e íntima de su esposa --------------------------- sin antes haber agotado el procedimiento administrativo ante la autoridad penitenciaria, ni la controversia ante el Juez de Ejecución Penal, que constituyen los medios de defensa judicializados, eficaces e idóneos para resolver sobre las peticiones e inconformidades en relación con las condiciones de su reclusión, es evidente que el acto aquí reclamado no es definitivo. En ese sentido, debe decirse que los normativos 115 y 122 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes transcritos, contemplan la suspensión del hecho o acto que motiva la petición y del acto que da origen a la controversia, respectivamente. Siendo así que, en concordancia con lo dispuesto en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, la legislación citada en el párrafo que antecede, prevé la suspensión del acto combatido, con los mismos alcances que la ley de la materia, esto es, sin exigir mayores requisitos ni plazo mayor al que ésta, establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Tampoco se está en el caso de que se surta alguna de las diversas excepciones al principio de definitividad previstas en el penúltimo párrafo de la fracción XX del artículo 61 invocado. Ello, en razón de que el quejoso no hace referencia a violaciones directas a la Constitución, ni indica que el acto que combate carezca de fundamentación, pues si bien es cierto que apunta diversos normativos constitucionales, no menos lo es que, esto lo realiza a fin de fundamentar su demanda, pues expresamente los coloca en el segundo párrafo del escrito que se atiende, así como en el apartado relativo a las "Garantías violadas", sin que del contenido del mismo se aprecie que el impetrante de derechos haga consideración alguna en relación a los citados tópicos. Siendo que tal extremo, no puede quedar al arbitrio del interesado, pues no puede colocarse motu propio en el caso de excepción. Máxime que, como se ha puntualizado, la ley especial contempla el medio de impugnación accesible para que la autoridad judicial analice el acto que ahora pretende combatir. En ese orden, la presente resolución no deja en estado de indefensión a la parte quejosa pues aun en contra de la resolución que en su caso llegara a emitir la autoridad responsable, la referida Ley Nacional de Ejecución Penal, en su artículo 48 establece: "Artículo 48. Impugnación de resoluciones Las resoluciones del Comité Técnico se impugnarán dentro de los tres días siguientes a su notificación y procederá su revisión ante el Juez de Ejecución. Cuando se impugne resoluciones administrativas por faltas disciplinarias, se dejará en suspenso la aplicación de las sanciones impuestas, hasta que el Juez de Ejecución resuelva en definitiva, sin perjuicio de que se adopten las medidas administrativas necesarias que salvaguarden la seguridad y orden en el Centro Penitenciario." Lo anterior, pues el normativo 48 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes transcrito, contempla la suspensión de las sanciones impuestas por medidas disciplinarias cuando éstas son emitidas en resoluciones administrativas. Así las cosas, al no agotarse el procedimiento administrativo ante la autoridad carcelaria y la controversia judicial ante el Juez de Ejecución Penal, es inconcuso que se inobservó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, lo que conlleva que se actualice la causal de improcedencia contenida en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113, en relación con el numeral en cita, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de derechos fundamentales, únicamente por el acto anteriormente precisado. Domicilio del quejoso. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala. Con apoyo en la fracción I, inciso a) del artículo 26 de la ley de la materia, realícense todas las notificaciones de manera personal al quejoso en el lugar donde se encuentre recluido. Requerimiento a la parte quejosa. Vista la certificación de cuenta no pasa desapercibido para este juzgado que el solicitante del amparo no designó autorizados o defensor, que haga suponer que está recibiendo asistencia jurídica, puesto que promovió el presente juicio de amparo por propio derecho. En consecuencia, se estima que el promovente se encuentra en un estado que le obstaculiza ejercer plenamente la defensa de sus intereses. Por lo tanto, en la diligencia por la que se le comunique este proveído, prevéngase al quejoso para que nombre a un abogado que lo represente, en aras de tutelar sus derechos humanos de acceso a la justicia y defensa adecuada. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, este órgano jurisdiccional de amparo le nombrará uno de oficio. Se exhorta al trámite electrónico. Por otra parte, de conformidad con el Capítulo V del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones que estipula el capítulo segundo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y dado que el artículo 16 dispone lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra." Se expone lo anterior, a efecto de que considere una vez realizado dicho trámite proporcione a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización respectiva, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además de solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 5° del citado Acuerdo General 21/2020, a efecto de brindar atención a las partes -respecto de comunicaciones no procesales-, se habilita el correo electrónico ---------------------------------, así como el teléfono (55)-----------------, extensión 4321. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo...."
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