Jonathan Salinas Retama
Expediente 807/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 807/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Jonathan Salinas Retama
Actuaciones
- Principal
Culiacán, Sinaloa, cuatro de febrero de dos mil veintiuno. Con base en la certificación de cuenta y dado que las partes no recurrieron la sentencia dictada en este juicio de garantías, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En el entendido que hasta en tanto se encuentren debidamente notificadas las partes del presente acuerdo, se remitirá físicamente al archivo definitivo el juicio en que se actúa. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto, Número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción. En el entendido que de conformidad con las fracciones III y IV del artículo noveno, capítulo tercero del referido acuerdo, este expediente no es de valor jurídico ni de relevancia documental, por no encuadrar en ninguno de los supuestos indicados en las fracciones de referencia.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Vistos los autos, en especial la certificación de cuenta, se desprende que conforme la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, se regresó al esquema de trabajo implementado en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que suspendió labores, por lo que no corrieron plazos procesales, salvo para los juicios en línea y los casos urgentes. Sin embargo, mediante la diversa circular SECNO/1/2021 de ocho de enero actual se hace del conocimiento, entre otros aspectos, que el circuito judicial en el que se encuentra este juzgado tendrá aplicación para la actividad jurisdiccional el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que se reanudan los plazos en los términos y condiciones que establece. En la inteligencia que los plazos concedidos para cumplir con los requerimientos efectuados continuarán computándose a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído; lo que se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. En ese orden, agréguense a los autos sin mayor pronunciamiento los oficios enviados por los integrantes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa y el Actuario adscrito a dicha Junta, con residencia en esta ciudad; en virtud de que en diecisiete de diciembre del año dos mil veinte, se resolvió el presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
El Secretario da cuenta con las constancias relevantes, entre ellas: demanda de amparo, auto admisorio, escrito de ampliación de demanda y su respectivo acuerdo, así como notificación a las partes. El Juez acuerda: Téngase hecha la anterior relación de constancias, lo que será tomado en consideración al momento de dictar la resolución correspondiente; apertúrese la siguiente etapa. Se abre el período de pruebas, en el que a solicitud del Juez el Secretario hace constar que las partes no ofrecieron prueba alguna. El Juez acuerda: Al no existir medio de convicción a desahogar, se cierra esta fase y se ordena pasar a la siguiente. Se apertura el periodo de alegatos, en el que a instancia del Juez el Secretario hace constar que las partes no los formularon. El Juez acuerda: Se cierra esta fase de alegatos. Concluidas las etapas de pruebas y alegatos, se procede a dictar la correspondiente resolución. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto ********************. TRÁMITE: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el diecinueve de octubre de dos mil veinte ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Culiacán Rosales, Sinaloa, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa y otra autoridad. SEGUNDO. Trámite. Por acuerdo de veintidós de octubre siguiente se admitió a trámite la demanda, se ordenó solicitar informe justificado a las autoridades responsables, dar intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se fijó hora y día para la audiencia constitucional. Asimismo, en proveído de cinco de noviembre pasado se tuvo ampliada la demanda de amparo contra actos del Actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa a quien se le requirió informe justificado. La audiencia constitucional inició en términos del acta que antecede. RESOLUCIÓN PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo en virtud que se reclama una omisión atribuida a autoridades con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Actos reclamados. La quejosa reclama de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa: La omisión de radicar la demanda laboral presentada el cuatro de agosto del año en curso en el expediente laboral ********************. Las omisiones subsecuentes que se generen en el juicio obrero antes señalado. Del Presidente de la citada Junta: La omisión de cuidar los términos en el referido juicio laboral. Del Actuario adscrito a la mencionada Junta: La omisión de emplazar y notificar a las partes en el mencionado juicio laboral. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. En términos del artículo 117 de la Ley de Amparo se presumen ciertos los actos reclamados al haber sido omisas las autoridades responsables en rendir sus respectivos informes justificados a pesar de encontrarse debidamente notificadas como se advierte de la constancia de notificación a fojas 22 a 24. CUARTO. Causa de improcedencia. En el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el ordinal 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo por las siguientes consideraciones. Los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República; y, 5, fracción I, de la Ley de Amparo establecen uno de los principios rectores del juicio de amparo, el de instancia de parte agraviada; conforme al cual, dicho juicio sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado, lo que implica la necesidad de la demostración de la generación de algún agravio personal, directo, actual o inminente -interés jurídico-; o bien, quien acredite la afectación virtud su especial situación frente al orden jurídico -interés legítimo-. Esto es, el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé protección más amplia mediante el juicio de amparo a través del interés legítimo. Aunque se debe aclarar que dichos preceptos determinan que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; esto es, debe tener interés jurídico para instar la vía constitucional, de ahí que, en esos supuestos, se descarta la posibilidad de alegar interés legítimo. En concordancia con lo anterior, el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo dispone la improcedencia del juicio de garantías contra actos que no afecten el interés jurídico del quejoso. De tal manera, uno de los presupuestos de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, lo cual consiste en la comprobación de la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación con los derechos afectados por el acto de autoridad reclamado; por lo que si no se demuestra ese extremo en forma fehaciente, por consecuencia el juicio de amparo es improcedente. Existe interés jurídico cuando el acto reclamado lesiona de manera efectiva la esfera jurídica del quejoso, ya sea en su persona o patrimonio; eso es lo que provoca el fundamento de la acción constitucional. En esa virtud, la tutela del derecho sólo abarca bienes jurídicos reales y objetivos, motivo por el cual las afectaciones producidas al amparista deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir perjuicio. En el anterior sentido se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, visible en la página 225, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Enero de 2018, con registro 170500, donde se lee: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Entonces, tratándose de actuaciones jurisdiccionales es menester que el acto de autoridad afecte la esfera de derechos del gobernado de manera efectiva y directa, para que éste pueda acudir al juicio de garantías a reprocharlo; de lo contrario, el juicio constitucional resulta improcedente. El análisis del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa reclama, entre otras cosas, la omisión de la Junta responsable en radicar la demanda laboral presentada el dieciocho de agosto de este año en el expediente laboral ********************. De acuerdo al capítulo correspondiente de este fallo, los actos reclamados se presumieron ciertos ante la omisión de la autoridad responsable de rendir informe justificado, sin embargo, tal presunción atañe solo a la convicción de aquéllos, no así a la de los actos o hechos en que la parte quejosa funda su demanda de amparo. De tal manera, a la amparista correspondía demostrar que es parte en el juicio laboral fuente de los actos reclamados, solo de esa manera demostraría que los actos de los que se duele afectan su esfera de derechos; de lo contrario, esto es, de no demostrar ser parte, luego aun ante la certeza de los actos reclamados éstos no afectarían sus prerrogativas fundamentales, pues precisamente su calidad de parte procesal es lo que haría que se afectaran sus derechos. Por tanto, ante la falta de medio de convicción que ratifique el dicho de la parte quejosa de que es parte en el juicio del que derivan los actos reclamados, determina la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 23/2014 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 206, Libro 5, Tomo I, Abril de 2014, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2006144, de rubro: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. También es aplicable, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 50/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra en la página 304, Tomo VI, Octubre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta con registro 197499, de rubro: LAUDO, ABSTENCIÓN EN SU DICTADO. CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. CORRESPONDE AL QUEJOSO CUANDO SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO ES UN ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS EN SÍ MISMO. Jurisprudencias aún vigentes en términos del artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo al no oponerse a sus disposiciones. En esas condiciones, como la parte quejosa no acreditó ser parte en el juicio laboral carece de interés jurídico para impugnar las actuaciones de dicho procedimiento. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el ordinal 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo con apoyo en el numeral 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio. Notifíquese.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, cinco de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa Jonathan Salinas Retama, mediante el cual amplia demanda de amparo y señala como autoridad responsable al Actuario adscrito a la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado, encargado de realizar las notificaciones en el expediente 8-1257/2020 Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 111, fracción II, 115, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite a trámite la ampliación de la demanda en sus términos. Pídase informe justificado a la autoridad responsable Actuario adscrito a la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado, el cual deberá rendir en el término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, acompañando copia certificada, completa y legible, en su caso, de todas las constancias del expediente de donde derivan los actos reclamados en la ampliación de demanda que nos ocupa, incluyendo las pruebas que hubiesen sido rendidas y que por alguna razón no se hubieren incorporado al expediente, ya que son necesarias para la resolución del presente asunto, en el entendido de que dicha remisión deberá hacerse dentro del plazo indicado; apercibida que de no hacerlo, se le podrá aplicar una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, lo anterior, en términos del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, en su artículo único, así como primero y tercero transitorios; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo.
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