Jonathan Ruiz Andrade

Expediente 223/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
223/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
04/04/2018

Partes del expediente

  • Jonathan Ruiz Andrade

Actuaciones

  1. Principal

    HA CAUSADO ESTADO; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de destrucción.

  2. Principal

    Dada imposibilidad de notificar personalmente, efectúese por lista de acuerdos la parte quejosa así como las subsecuentes notificaciones: "Xalapa, Veracruz, catorce de marzo de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por ***********, contra actos del ***********; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 223/2018 que le corresponde. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Tal consideración se encuentra sustentada por la Tesis I.1o.A. J/4 emitida por el Primer Tribunal en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable a página ochocientos noventa, tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, novena época, cuyo rubro es el siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Del anterior criterio, se concluye que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del presente juicio de amparo, toda vez que se surte la causal prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, ya que previo a acudir al juicio biinstancial, la parte quejosa debió agotar el principio de definitividad. El artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Sirve de sustento, la tesis jurisprudencial I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página novecientos dos, tomo XV, Mayo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Ahora bien, los artículos 509 y 510 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, establecen: "ARTICULO 509. El recurso de apelación tiene por efecto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Son apelables las sentencias, los autos que resuelven un incidente y los autos que causan daño irreparable en la sentencia. ARTICULO 510. Pueden apelar: el litigante, si creyere haber recibido algún agravio; los terceros que hayan salido al juicio y los demás interesados a quienes perjudique la resolución judicial. No puede apelar el que obtuvo todo lo que pidió; pero el vencedor que no obtuvo la restitución de frutos, la indemnización de daños y perjuicios o el pago de costas, si puede hacerlo." En el caso a estudio, del análisis integral a la demanda de amparo que se provee, se desprende en lo sustancial, que la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, señala que: a) El aquí tercero interesado (actor en el juicio de origen) ***********, interpuso demanda en su contra en la vía ***********; b) Dicha demanda fue contestada, interponiendo recurso de reclamación y demanda en reconvención; y c) Seguidamente, el ***********, se resolvió la *********** en el juicio de origen ***********, del índice del ***********. Por otra parte, el acto reclamado consiste en; ? La ***********, dentro del juicio ***********, del índice del ***********, en la cual se aprobó la *********** provisional. En ese sentido, este juzgador estima que el citado acto reclamado, carece de definitividad para los efectos del amparo, ya que pudo ser impugnado a través del recurso de apelación que debió ser planteado ante el mismo Juzgado, para impugnar la resolución que menciona, el cual el quejoso estaba obligada a agotar previamente al juicio constitucional, habida cuenta que con tal medio de defensa el acto reclamado puede ser confirmado, revocado o modificado. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia IX.1º.J/22, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página dos mil ochocientos cincuenta y nueve, del semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, Enero de dos mil once, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA DETERMINACIONES DE TRÁMITE DICTADAS DENTRO DE LA SECUELA PROCESAL DE UN INCIDENTE. Es improcedente el juicio de amparo en sus dos vías (directa o indirecta) para reclamar determinaciones de trámite dictadas dentro de la secuela procesal de un incidente, porque éstas no constituyen una resolución definitiva, en tanto que no deciden todos los puntos jurídicos debatidos, dado que aún falta por pronunciar la interlocutoria del propio incidente. En este sentido, para efectos del juicio de garantías, el trámite de un incidente es equiparable a un juicio común, con sus características procesales como demanda, contestación, término de ofrecimiento y desahogo de pruebas, alegatos y sentencia, con la aclaración de que en los incidentes la demanda y contestación vendrían siendo el escrito en que éste se plantea y el desahogo de la vista a la contraparte, respectivamente. En consecuencia, el juicio de amparo no puede promoverse contra cualquier auto, acuerdo, determinación o sentencia pronunciada en un juicio, sino únicamente contra aquellas que constituyan una resolución final y que en su contra no proceda ni esté pendiente de resolver un medio de defensa o recurso ordinario que pueda tener por efecto nulificar, revocar o modificar dicha determinación, salvo cuando se trata de algún acto que cause un gravamen irreparable en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo." Así las cosas, en el caso concreto, el aquí quejoso es parte demandada en el procedimiento de origen, en el cual compareció interponiendo recurso de reclamación y demanda en reconvención, por tanto, antes de promover el juicio de amparo, estuvo en aptitud de plantear el recurso de apelación respecto de la resolución de que se duele, con el cual, podía ser confirmado, revocado o modificado el acto aquí reclamado. Sin embargo, al no haberlo hecho así, es obvio que incumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Es aplicable, la jurisprudencia 113/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD." Máxime, que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la citada fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que no se está ante actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Así mismo, el acto reclamado no constituye una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto, ni constituye un acto que afecte la libertad personal del inconforme. De igual forma, el peticionario no tiene el carácter de tercero extraño a juicio, toda vez que señaló, bajo protesta de decir verdad, que es parte demanda en el juicio de origen y que contestó la demanda. En consecuencia, es evidente que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contemplada en los artículos 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, y por tanto, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA. Consérvese por separado en la Secretaría de este juzgado, las copias de la demanda de amparo que acompañan para mejor manejo del expediente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***********, debido a que cuenta con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. De igual forma, en términos del párrafo segundo del artículo 24 de la Ley de Amparo, a ***********, debido a que no cuenta con cédula registrada en el citado sistema. LEY DE TRANSPARENCIA Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a la digitalización del expediente. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS Finalmente, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios Judiciales de la adscripción puedan efectuar las actuaciones y diligencias que deriven de este juicio de amparo, incluso, fuera del horario que para tal efecto dispone la Ley de Amparo. SOLICITUD DE COPIAS En términos de lo previsto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se autoriza la entrega del presente proveído y copias de las actuaciones de este juicio de amparo que las partes soliciten ante el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, quien hará entrega de las mismas a quien se encuentre autorizado para tal efecto, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos para debida constancia. Con la salvedad de que, no procederá la entrega de copias en los casos expresamente prohibidos por la ley aplicable."

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