Jonathan René Torres Gallardo
Expediente 934/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 11 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 934/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 27/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Jonathan René Torres Gallardo
- Fiscalía General del Estado de Coahuila, Con Sede En Torreón, Coahuila
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; a veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado actual de los autos, se advierte que la autoridad vinculada emitió el oficio número SFA-PF-DJA-2904-4086/2021, la cual ordenó notificar personalmente en el domicilio de la parte quejosa, sin que hubiese remitió la constancia de notificación respectiva. Requerimiento. En tales condiciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Recaudador de Rentas de Gómez palacio, Durango, para que dentro del término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, remita copia certifica certificada de la notificación practicada a la parte quejosa, respecto de la mencionada resolución SFA-PF-DJA-2904-4086/2021, por la cual ordenó la desincorporación de los preceptos declarados inconstitucionales. Apercibimiento. En el entendido que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
- Incidental
Torreón, Coahuila de Zaragoza; a veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado actual de los autos, se advierte que la autoridad vinculada emitió el oficio número SFA-PF-DJA-0908-7186/2021, la cual ordenó notificar personalmente en el domicilio de la parte quejosa, sin que hubiese remitió la constancia de notificación respectiva. Requerimiento. En tales condiciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Recaudador de Rentas de Gómez palacio, Durango, para que dentro del término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, remita copia certifica certificada de la notificación practicada a la parte quejosa, respecto de la mencionada resolución SFA-PF-DJA-0908-7186/2021, por la cual ordenó la desincorporación de los preceptos declarados inconstitucionales. Apercibimiento. En el entendido que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Torreón, Coahuila de Zaragoza, a las diez horas con treinta minutos del veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, quien actúa en unión del licenciado Juan Antonio Villegas Domínguez, secretario quien da fe, la declaró abierta sin la asistencia personal de las partes. Acto seguido, el Secretario da cuenta con la demanda de amparo promovida por la parte quejosa y con los informes con justificación rendidos por las autoridades responsables, así como la constancia de notificación de la agente del Ministerio Público del Federación adscrita. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias de que se trata. Se abre el periodo probatorio. Se da cuenta al Juez con las pruebas existentes en este juicio. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tiene por recibidas y desahogadas las probanzas de que se trata, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno, con lo que concluye la etapa que nos ocupa. A continuación, se abre el periodo de alegatos. Se hace constar que no se formularon alegaciones en este asunto. El Juez acuerda: Ténganse por perdido el derecho de las partes sobre el particular. Con lo anterior se da por terminada la presente audiencia pública.VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación del juicio de amparo. Mediante escrito presentado el veintisiete de julio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, Jonathan Rene Torres Gallardo, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra las autoridades y los actos que a continuación se digitalizan: En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos y, señaló que los derechos humanos que en su concepto se transgredieron, son los contenidos en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. Por acuerdo de veintisiete de julio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, y se dio legal intervención la Ministerio Público Federal adscrito, y se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues, aunado a que el acto reclamado en este juicio incumbe a la vía indirecta, se atribuye a autoridades con residencia en el lugar en donde este tribunal federal ejerce jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención del impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que el quejoso exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, de los rubros y datos de identificación siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511.)" "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que el acto reclamado por la parte quejosa consiste en: La orden de arresto dictada en contra del quejoso, en el procedimiento Laboral 1474/2018, así como su ejecución material. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia del acto de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es de rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados Las autoridades responsables Presidente y Junta Especial Número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, Fiscalía General del Estado Región Laguna I, Director de Seguridad Pública Municipal y Primer Comandante de la Policía Civil, todos con residencia en esta ciudad,, al rendir sus respectivos informes justificados, negaron categóricamente los actos que se les reclama, sin que la parte quejosa aportara pruebas a fin de demostrar su existencia. En efecto, ante la negativa precisa externada por la autoridad responsable ante mencionada al rendir su informe justificado, en torno a los actos reclamados a ella atribuido, a la parte quejosa incumbe demostrar su existencia en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia, básicamente porque en esas condiciones dicha autoridad se halla en una imposibilidad jurídica de acreditar la negación de un hecho, en concreto, la certeza de los actos que se trata. A manera de ilustración, es aplicable la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página setenta y cuatro del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XXV, Tercera Parte, que es del tenor literal siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. Con arreglo a los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no le incumbe probar a quien apoya su pretensión en una situación negativa, como son una omisión o una abstención, sino que, a la inversa, la carga de la prueba recae sobre quien funda su pretensión en un hecho positivo. A la autoridad corresponde acreditar plenamente que, antes de efectuarse un pago, se había requerido al quejoso para tal fin". Luego, si las autoridades negaron la certeza de los actos que se trata y la parte promovente no desvirtuó tal negativa, es evidente que subsiste para efectos de este juicio de amparo; por lo cual, sin duda, son inexistentes los actos que nos ocupan. En congruencia con lo anterior, lo procedente, en la especie es, sin duda, sobreseer en este juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, lo que imposibilita a este juzgador abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, desde luego, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en el juicio respectivo. Por su aplicación, son de citarse las tesis sustentadas por el Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los que siguen: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." (Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo 1. Común Primera Parte-SCJN Segunda Sección. Tesis: 284. Página: 305.). SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." (Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen: 187-192 Primera Parte. Página: 88.). SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. Tomo: VI, Parte SCJN. Tesis: 509. Página: 335.). Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
AUDIENCIA DE INCIDENTE DE VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA En Torreón, Coahuila de Zaragoza, a las nueve horas con veinticinco minutos del diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, hora y fecha fijadas para la audiencia incidental, el Juez Primero de Distrito en La Laguna licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, asistido de la secretaria Dulce Lizbeth Gutiérrez Hernández, que autoriza y da fe, de conformidad con los artículos 206, 207 y 208 de la Ley de Amparo, procede a celebrar la audiencia de incidente de violación a la suspensión definitiva, promovido por el tercero interesado Enrique Fernández González, sin la asistencia personal de las partes. Abierta la audiencia, el secretario da cuenta con las constancias relativas, consistentes en el escrito que contiene el incidente de violación a la suspensión definitiva, con el informe rendido por la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Torreón, así como con el escrito de la parte tercero interesada, en el cual formula alegatos y el informe de la autoridad responsable, registrados con los números de promoción 14091 y 14049, y con las demás constancias de autos. A lo que el Juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación de constancias. Acto continuo, el secretario da cuenta con las pruebas ofrecidas por la partes. A lo que el Juez acuerda: Téngase por ofrecidas las pruebas de que se trata. Finalmente, en la etapa de alegatos, el secretario hace constar que la parte quejosa y el tercero interesado formularon los propios. A lo que el Juez acuerda: Ténganse por formulados los alegatos de la parte quejosa y del tercero interesado y por perdido el derecho de las demás partes, para formular alegatos. Por lo que, agotado lo anterior, se procede a dictar la siguiente resolución: VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Mediante escrito recibido en este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, el veintidós de agosto de dos mil diecinueve, Gabriela Gómez Vargas, por su propio derecho y en representación de la menor V. M. F. G., solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades que a continuación se digitalizan: SEGUNDO. Suspensión definitiva. El veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, se resolvió en definitiva la suspensión solicitada por la quejosa para los efectos que en seguida se digitalizan: El trece de febrero de dos mil veinte, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, al substanciar el recurso de revisión 265/2019, con motivo del recurso de revisión interpuesto en contra de la interlocutoria de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, resolvió: TERCERO. Mediante escrito recibido en este juzgado federal el cinco de agosto de dos mil veintiuno, el tercero interesado Enrique Fernández González promovió incidente de violación a la suspensión definitiva otorgada en el presente incidente de suspensión, así como en el diverso 225/2020, sin embargo, respecto a la suspensión dictada en el último de los mencionados, no se hace pronunciamiento especial alguno, en virtud de que dicho expediente se encuentra acumulado en los presentes autos, y, los efectos de la suspensión definitiva se determinaron tal y como la autoridad responsable estableció las convivencias en cumplimiento a la suspensión definitiva otorgada en los autos del incidente de suspensión en que se actúa. CUARTO. Trámite. En cinco de agosto de dos mil veintiuno, se aperturó la incidencia planteada, se despacharon las diligencias necesarias para su integración, y, previo diferimiento, se llevó a cabo conforme el acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, con sede en esta ciudad, es legalmente competente para resolver este incidente, conforme con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción X de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37, 107, 125, 126, 127, 206, 207 y 208 de la Ley de Amparo, pues en este tribunal federal se tramita el juicio principal respecto del cual deriva la presente incidencia. SEGUNDO. Procedencia. Al incidente de violación a la suspensión, le son aplicables las siguientes disposiciones de la Ley de Amparo: "Artículo 158. Para la ejecución y cumplimiento del auto de suspensión se observarán las disposiciones relativas al Título Quinto de esta Ley. En caso de incumplimiento, cuando la naturaleza del acto lo permita, el órgano jurisdiccional de amparo podrá hacer cumplir la resolución suspensional o podrá tomar las medidas para el cumplimiento. CAPÍTULO V Incidente por Exceso o Defecto en el Cumplimiento de la Suspensión Artículo 206. El incidente a que se refiere este Capítulo procede en contra de las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. Este incidente podrá promoverse en cualquier tiempo, mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo. Artículo 207. El incidente se promoverá ante el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de la suspensión concedida en amparo indirecto, y ante el presidente del tribunal colegiado de circuito si la suspensión fue concedida en amparo directo. Artículo 208. El incidente se tramitará de conformidad con las reglas siguientes: I. Se presentará por escrito, con copias para las partes, ante el órgano judicial correspondiente señalado en el artículo anterior; en el mismo escrito se ofrecerán las pruebas relativas; II. El órgano judicial señalará fecha para la audiencia dentro de diez días y requerirá a la autoridad responsable para que rinda informe en el plazo de tres días. La falta o deficiencia del informe establece la presunción de ser cierta la conducta que se reclama; y III. En la audiencia se recibirán las pruebas ofrecidas por las partes, se dará oportunidad para que éstas aleguen oralmente y se dictará resolución. Artículo 209. Si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, el órgano judicial, en su resolución, la requerirá para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, que rectifique los errores en que incurrió al cumplirla o, en su caso, que subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada al Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de esta Ley." El incidente de violación a la suspensión procede en contra de las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. Si se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, el órgano judicial, en su resolución, la requerirá para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, que rectifique los errores en que incurrió al cumplirla o, en su caso, que subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada al Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de la Ley de Amparo. Ahora, en el juicio de amparo, los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. La suspensión de los actos reclamados es una providencia cautelar, de carácter meramente instrumental, para preservar la materia del juicio constitucional, cuyo contenido reviste la forma de un mandato asegurador del cumplimiento y la ejecución de otra providencia principal que pudiere ordenar la anulación de la conducta prevista, positiva o negativa, de una autoridad, haciendo cesar temporalmente sus efectos obligatorios mientras se resuelve el juicio en lo principal. El objeto primordial de la providencia cautelar consiste en mantener viva la materia del juicio constitucional, impidiendo que el acto que lo motiva, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el agraviado la protección de la Justicia Federal, evitando a éste los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle; por tanto, en virtud de la suspensión, el acto que se reclama queda en suspenso mientras se decide si es violatorio o no de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues si tal consumación ocurre, no podrían volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como sucedería en el caso que se conceda el amparo. Esto es, la suspensión no tiene como único objeto mantener viva la materia de amparo sino también se propone evitar al agraviado durante la tramitación del juicio de amparo los perjuicios que la ejecución del acto pudiera ocasionarle. Los efectos de la suspensión, entonces, son obrar sobre la ejecución del acto reclamado ya que afecta las medidas tendentes a su ejecución paralizándolas impidiendo que el acto reclamado se ejecute o haciendo cesar tales medidas si la ejecución ya se ha iniciado; en su caso, de conformidad con el artículo 147, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se podrá restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. TERCERO. Decisión judicial. Ahora, en el caso, el tercero interesado Enrique Fernández González señala en su escrito de denuncia de violación a la suspensión, que la autoridad responsable fue omisa en dar cumplimiento a la misma, toda vez que la quejosa Gabriela Gómez Vargas sigue impidiendo las convivencias supervisadas que decretó la autoridad responsable desde el mes marzo de dos mil veinte, condicionando a que le de dinero, a lo cual, él se ha negado porque su hija no es materia de negociación, además aduce que la quejosa tiene aislada a la niña, ya que ésta con fecha veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, presentó un escrito ante la responsable, indicando que se llevaría a la niña fuera de la ciudad, por lo que él se opuso, ya que ambos comparecieron a una audiencia de conciliación el seis de julio del presente año, en la que el Juez responsable citó para audiencia el quince del propio mes y año, audiencia a la que no acudió la quejosa, por lo que deduce que se llevó a la niña violentando la suspensión decretada y abusando de la custodia. La autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Torreón, Coahuila de Zaragoza, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe, respecto al incidente de violación a la suspensión, informó que conforme a la suspensión dictada en los presentes autos, efectuó un requerimiento al Centro de Evaluación Psicosocial, en el que se le encomendó realizar estudios pertinentes con el objeto de fijar un régimen de convivencia definitivo entre Enrique Fernández González -aquí promovente- y su menor hija, así como que verificara el estado actual emocional de la menor, para determinar si es pertinente que se lleve a cabo o no las convivencias presenciales o si éstas son perjudiciales para la menor, así como para que llevara a cabo las prácticas de los estudios psicosociales a las partes en el litigio, en respuesta a ello, se recibió un oficio en el que la Coordinadora del mencionado Centro de Evaluación Psicosocial del Poder Judicial del Estado de Coahuila Unidad Laguna, informa el avance correspondiente, del que se desprende, que la encomienda se encuentra en proceso en el área de psicología y trabajo social, incluso, que a la fecha se han llevado cinco entrevistas psicológicas con enfoque sistémico, tres con el señor Enrique Fernández González y dos con Gabriela Gómez Vargas, además de una cita programada para iniciar los estudios con su menor hija V.M.F.G.. Asimismo, informa la responsable, que con fecha dieciséis de julio de dos mil veintiuno, emitió un acuerdo en el cual se ordenó a Gabriela Gómez Vargas se abstuviera de sacar fuera de la ciudad a su menor hija; además, mediante diverso proveído de diez de agosto del presente año, comisionó a la actuaria de su adscripción a efecto de que se constituyera en el domicilio de Gabriela Gómez Vargas y su menor hija, el ubicado en Cerrada Milán número 117, de la Colonia Campo Nuevo Zaragoza, de esta ciudad, cuyo resultado de la indagatoria, obra en la constancia actuarial de doce de agosto del año en curso, de la que se advierte, en lo que aquí interesa, que la actuaria asentó, que una vez constituida en dicho domicilio, procedió a dar fe que en el exterior del mismo se encontraba sentada en una banca la quejosa Gabriela Gómez Vargas, junto con su menor hija V.M.F.G., incluso que la menor se encontraba en compañía de dos niñas jugando y platicando, en un ambiente aparentemente sano. Documentales a las que se le otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su artículo 2°. Lo anterior a la luz de la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Bien, el incidente de violación a la suspensión tiene como fin solamente establecer si la o las autoridades responsables incumplieron o no con la suspensión de los actos reclamados, por lo que el juez de amparo que conozca de dicho incidente al resolverlo debe constreñirse a ese aspecto, pues es su condición y límite, al ser esa la litis a que se circunscribe la incidencia. Resulta importante destacar, en principio, que los presupuestos necesarios para determinar la existencia de una violación a la suspensión son los que a continuación se indican: a) Que la suspensión haya sido concedida por órgano competente; b) Que se le haya notificado debidamente y legalmente a la responsable la resolución de la suspensión. c) La autoridad responsable, habiendo sido notificada de la resolución, en que se concedió la suspensión cuya violación se reclama, haya ejecutado el acto reclamado, o bien, incumplido con sus efectos. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis emitida por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, consultable en la página 680, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Junio de 1994, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL, VIOLACIÓN A LA, PRESUPUESTOS QUE DEBEN REUNIRSE. Para que pueda determinarse violación a la suspensión provisional, es indispensable que se evidencie lo siguiente: a), que la medida cautelar se concedió por el órgano competente; b), que el acuerdo donde se otorgó y decidió surtió efectos, se notificó a las autoridades responsables o éstas, por cualquier medio, se enteraron de su existencia, y c), que en fecha posterior al conocimiento de la medida suspensiva otorgada, las autoridades responsables ejecutaron los actos reclamados materia de la suspensión concedida." En ese tenor, se procede a estudiar si en el caso se actualizan los presupuestos descritos. El supuesto previsto en el inciso a), se encuentra acreditado, pues el veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, fue otorgada la suspensión definitiva en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 935/2019, del índice de este Juzgado de Distrito, y, el trece de febrero de dos mil veinte, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con sede en esta ciudad de Torreón, Coahuila, modificó y concedió la suspensión definitiva, para los efectos descrito en párrafos que anteceden. De igual forma, se satisface el requisito señalado en el inciso b), toda vez que en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo, la suspensión definitiva referida, surtió efectos desde que se pronunció la resolución relativa, es decir, en el mismo momento que se concedió. Además, en los autos del incidente de suspensión en que se actúa, obra la constancia de notificación que acredita que la autoridad responsable fue notificada de la concesión de la suspensión definitiva, así como de la ejecutoria pronunciada por la superioridad. Finalmente, en cuanto al supuesto previsto en el inciso c), relativo a que debe acreditarse que en fecha posterior al conocimiento de la medida suspensiva otorgada, las autoridades responsables violaron la suspensión definitiva, debe considerarse lo siguiente. El tercero interesado promovió el incidente de violación a la suspensión definitiva bajo el argumento sustancial de que la autoridad responsable fue omisa en dar cumplimiento a la misma, toda vez que la quejosa Gabriela Gómez Vargas sigue impidiendo las convivencias supervisadas que decretó la autoridad responsable desde el mes marzo de dos mil veinte, condicionándolo a que le de dinero, a lo cual, él se ha negado porque su hija no es materia de negociación, además aduce que la quejosa tiene aislada a la niña, ya que ésta con fecha veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, presentó un escrito ante la responsable, indicando que se llevaría a la niña fuera de la ciudad, por lo que él se opuso, ya que ambos comparecieron a una audiencia de conciliación el seis de julio del presente año, en la que el Juez responsable citó para audiencia el quince del propio mes y año, audiencia a la que no acudió la quejosa, por lo que deduce que se llevó a la niña violentando la suspensión decretada y abusando de la custodia. Por su parte, la autoridad responsable señaló que conforme a la suspensión definitiva que le fue notificada a la entonces autoridad responsable, se realizó un requerimiento al Centro de Evaluación Psicosocial, en el que se le encomendó realizar estudios pertinentes con el objeto de fijar un régimen de convivencia definitivo entre Enrique Fernández González -aquí promovente- y su menor hija, y verificara el estado actual emocional de la menor, para determinar si es pertinente que se lleve a cabo o no las convivencias presenciales o si éstas son perjudiciales para la menor, así como para que lleve a cabo las prácticas de los estudios psicosociales a las partes en el litigio, por lo que en cumplimiento a ello, se recibió en respuesta un oficio en el que la Coordinadora del Centro de Evaluación Psicosocial informa el avance correspondiente, del que se desprende, que la encomienda se encuentra en proceso en el área de psicología y trabajo social, incluso, que a la fecha se han llevado a cabo cinco entrevistas psicológicas con enfoque sistémico, tres con el señor Enrique Fernández González y dos con Gabriela Gómez Vargas, además de una cita programada para iniciar los estudios con su menor hija V.M.F.G.. Asimismo, informa la responsable, que con fecha dieciséis de julio de dos mil veintiuno, emitió un acuerdo en el cual se ordenó a Gabriela Gómez Vargas se abstuviera de sacar fuera de la ciudad a su menor hija; además, mediante diverso proveído de diez de agosto del presente año, comisionó a la actuaria de su adscripción a efecto de que se constituyera en el domicilio de Gabriela Gómez Vargas y su menor hija, el ubicado en Cerrada Milán número 117, de la Colonia Campo Nuevo Zaragoza, de esta ciudad, cuyo resultado de la indagatoria, obra en la constancia actuarial de doce de agosto del año en curso, de la que se advierte, en lo que aquí interesa, que la actuaria asentó, una vez constituida en dicho domicilio, procedió a dar fe que en el exterior del mismo se encontraba sentada en una banca la quejosa Gabriela Gómez Vargas, junto con su menor hija V.M.F.G., incluso que la menor se encontraba en compañía de dos niñas jugando y platicando, en un ambiente aparentemente sano. Expuesto lo anterior, este órgano constitucional estima que la autoridad responsable no incurrió en desacato de la suspensión definitiva emitida el veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, así como de la ejecutoria de trece de febrero de dos mil veinte, emitida por la superioridad. Lo anterior es así, porque aún y cuando en las resoluciones mencionadas en el párrafo precedente, se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados, para los efectos ya precisados, las cuales se notificaron a la responsable, lo cierto es que, la autoridad responsable, con las constancias que allegó mencionadas con anterioridad, acredita no haber incumplido con la suspensión definitiva, sin que el promovente haya exhibido medio de prueba alguno que demuestren que la responsable haya violado la suspensión definitiva. En ese sentido, debe decirse que si el promovente afirmó que la autoridad responsable realizó actos omisivos que violaron la suspensión definitiva otorgada y la referida autoridad, en su informe respectivo, acreditó haber efectuado actos tendientes a dar cumplimiento a la medida cautelar de que se trata, era a dicho promovente al que correspondía probar su afirmación, con base en el principio general de derecho consistente en que quien afirma debe probar su dicho. Apoya este criterio la tesis VII.2o.A.T.6 K, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, octubre de mil novecientos noventa y nueve, página 1362 que dice: "VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, INCIDENTE DE. INFORME NEGATIVO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. CARGA DE LA PRUEBA. Si la parte quejosa afirmó que la autoridad responsable realizó actos que violaron la suspensión definitiva otorgada en su favor, y la referida autoridad, en su informe respectivo, negó haber efectuado acto alguno tendente a desobedecer la medida cautelar de que se trata, era a dicha quejosa a la que correspondía probar su afirmación, con base en el principio general de derecho consistente en que quien afirma debe probar su dicho." Lo anterior, no obstante, que mediante proveído de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, se requirieron constancias al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Torreón, Coahuila de Zaragoza, se considera que las mismas no son necesarias para resolver el presente asunto. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en el artículo 143, de la Ley de Amparo, en relación con el 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley invocada, se: SE RESUELVE: ÚNICO.- Es infundado el incidente de violación a la suspensión definitiva concedida dictada en los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 935/2019, promovido por el tercero interesado Enrique Fernández González. Notifíquese.
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