Jonathan Ramsess Jácome Alarcón

Expediente 1075/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1075/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
16/08/2017

Partes del expediente

  • Jonathan Ramsess Jácome Alarcón

Actuaciones

  1. Principal

    De la razón actuarial que antecede se desprende la imposibilidad que tuvo el Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional para notificar personalmente a la parte quejosa el acuerdo de once de este mes y año por los motivos ahí expuestos; en tal virtud, notifíquese por lista el acuerdo en mención, así como los subsecuentes autos hasta en tanto señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Notifíquese; y por lista el acuerdo de once de agosto de dos mil diecisiete y las subsecuentes notificaciones de carácter personal. En esta fecha se notifica por medio de lista a la parte quejosa el auto de once de agosto de dos mil diecisiete que dice: Agréguese a los autos el oficio de cuenta del Apoderado del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, por medio del cual desahoga el requerimiento formulado el tres de agosto de dos mil diecisiete; asimismo manifiesta que a efecto de concluir el trámite de regularización, es necesario que el quejoso acuda a sus instalaciones y realice las gestiones correspondientes para tal efecto. En las relatadas circunstancias, dado que el procedimiento de ejecución es de orden público y este Juzgador puede dictar las órdenes necesarias para que se cumpla con el fallo protector y tomando en consideración que es necesaria la colaboración de la parte quejosa para propiciar el cumplimiento de la ejecutoria, dado que tratándose de sentencias de amparo que vinculan a restituirle en el goce de los derechos que indebidamente le fueron afectados, se transforma en ineludible la necesidad de instar a la parte protegida para su participación dentro del procedimiento de cumplimiento, siendo esto así ya que su colaboración no se limita únicamente a observar los trámites del procedimiento, pues también tiene la obligación de vigilar que el fallo que lo protege sea cumplido hasta sus últimas consecuencias, realizando las gestiones que sean necesarias ante el propio órgano jurisdiccional que dictó la sentencia y ante las autoridades que deban cumplirla, por lo cual, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, REQUIÉRASE NUEVAMENTE al quejoso, para que ... Apercibida que de no hacerlo así, ... Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Con la demanda de amparo presentada por Jonathan Ramsess Jácome Alarcón, por propio derecho, contra actos del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y otras autoridades fórmese cuaderno de amparo, regístrese en el libro de gobierno con el número 1075/2017 y dese de alta en el sistema correspondiente. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación que tiene el Juzgador de examinar en su integridad la demanda y si se encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Entonces, se deben analizar las causas de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la ley de la materia. Así, es conveniente precisar que la parte promovente señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: [.] [.] Por otra parte, con fundamento en el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, resulta un hecho notorio que en este Juzgado de Distrito se tramita un diverso juicio de amparo 1073/2017, promovido por Jonathan Ramsess Jácome Alarcón, contra actos del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y otras autoridades, el cual se tiene a la vista a fin de justipreciar la demanda de amparo que se atiende, por los motivos que se expondrán enseguida. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia XXII. J/12, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 295 del Tomo V, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo tenor es: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento". Asimismo es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia III.1o.A. J/13 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, impresa en el Semanario Judicial de la Federación 72, Diciembre de 1993, Octava Época, página 73, que establece: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SI HAY EVIDENCIA SOBRE SU EXISTENCIA DEBE INDAGARSE Y, EN SU CASO, RECABARSE OFICIOSAMENTE LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ACREDITARLA. De conformidad con el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia, por lo general, deben ser examinadas de oficio. Por ende si de autos se advierte alguna evidencia sobre su existencia como la indagación y, en su caso, recabación de pruebas necesarias para acreditar dichas causales también debe hacerse de oficio y en cualquiera de las instancias en que se encuentre el procedimiento en el juicio de garantías. Desatender tal obligación transgrede las reglas fundamentales que rigen dicho procedimiento y hace necesaria su reposición en términos del artículo 91, fracción IV, de la ley de la materia. Del juicio de amparo 1073/2017 se aprecia lo siguiente: 1. Mediante escrito presentado de manera electrónica el veintisiete de julio de dos mil diecisiete y turnado a este juzgado Jonathan Ramsess Jácome Alarcón promovió juicio de amparo señalando como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: (.) (.) 2. Por acuerdo de treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, se admitió la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado de las autoridades responsables y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En esa línea, se aprecia que la demanda que ahora se atiende ya había sido planteada por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por los mismos actos. En efecto, los actos reclamados por esta vía, también se combaten en el diverso juicio 1073/2017; en este contexto, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, el cual establece: ...Con esa base, se estima que en este asunto, se tienen por satisfechos los requisitos enunciados con antelación. De lo que se sigue que este juicio de amparo es improcedente, pues como ya se precisó, los actos reclamados son materia de un diverso juicio de amparo promovido por el mismo quejoso contra las mismas autoridades, incluso por los razonamientos jurídicos análogos; en consecuencia, se impone desechar la demanda de amparo, con apoyo en los artículos 61, fracción X, y 113 de la ley de la materia. Resulta aplicable el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece a página 41 del Semanario Judicial de la Federación, Primera Parte, XCIX, Sexta Época, Materia Común, que establece: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. La fracción IV del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, establece: "El juicio de amparo es improcedente: IV. Contra leyes o actos que hayan sido materia de otra ejecutoria en otro juicio de amparo en los términos de la fracción anterior". La fracción III a que alude la disposición transcrita señala: "El juicio de amparo es improcedente, contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas". Se establece estrecha relación entre ambas causales de improcedencia, porque la señalada en la fracción IV establece como elemento fundamental, que la ejecutoria se haya pronunciado en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior, que no puede tomarse en su integridad sino sólo en la parte en que se refiere a otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados. Esta limitación hace que no se confundan ambas causales y que su aplicación corresponda a momentos diferentes, pues en tanto que la causal de la fracción III se contrae a lo que debe llamarse litispendencia procesal que en el juicio constitucional da origen a su sobreseimiento, cualquiera que sea la instancia en que se encuentre, la de la fracción IV sólo puede aplicarse para el mismo efecto de sobreseer, cuando se haya producido la cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncia en el otro juicio en el que exista la identidad en los sujetos y en el objeto; entendiendo como cosa juzgada en el caso concreto de esta causa de improcedencia, aquella verdad legal que no admite ulterior recurso. ... No pasa inadvertido para este órgano de control constitucional que la causal de improcedencia en que se funda este desechamiento, podría ser estudiada en la resolución de fondo del juicio de amparo; sin embargo, se estima que tratándose de casos como este, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, llegar a la conclusión ahora formulada. Es aplicable, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo X, correspondiente al mes de octubre, que establece: ... En términos del artículo 12 de la Ley de Amparo se tienen como autorizados en términos amplios a las personas señaladas en la demanda. Asimismo, teniendo en cuenta que en este juicio el promovente solicitó la autorización de consulta vía internet del expediente electrónico a favor de José Antonio Álvarez Méndez y de José Alejandro Fournier de la Rosa, proporcionando el nombre de usuarios; por tanto, se les tiene por facultados en esos términos al haberse capturado las claves en el sistema habilitado; lo anterior, con apoyo en el numeral 3° de la Ley de Amparo; de igual forma, se autoriza que las notificaciones personales que en su caso se ordenen en autos, se efectúen de manera electrónica en el Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones personales que deban realizarse a las partes en este juicio, en términos del artículo 21 de la ley de la materia. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, pero éstas podrán oponerse a la publicación de los datos personales, en términos del artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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