Jonathan Ramírez García

Expediente 681/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
681/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
30/08/2023

Partes del expediente

  • Jonathan Ramírez García

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término para interponer el recurso de queja contra el proveído por el que se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2o., de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; hágase las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los criterios establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora, acorde a lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de ser DESTRUIDO, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción. Asimismo, se instruye al secretario, a efecto de que certifique que la versión electrónica del expediente coincida en su totalidad con la impresa. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, a ocho de agosto de dos mil veintitrés. Aspectos Generales Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio 681/2023-III. Genérese el expediente electrónico e impreso. Fijación de Litis De la lectura integral de la demanda, se advierte que los actos reclamados que se combaten en esta vía consisten en: a) La omisión del Ministerio Público al no llevar actos, ni diligencias de investigación, ni ordenar mediante oficio la preservación y no destrucción de indicios dentro de la carpeta de investigación ***********. b) La omisión en citar a comparecer en la citada indagatoria a la persona imputada. Actos que atribuye a la siguiente autoridad responsable: - Ministerio Público ********, adscrito a la Fiscalía de Investigación Estratégica del Delito de Robo de Vehículo y Transporte en el Área de Irregulares 2, de la Ciudad de México. Cabe precisar que el justiciable, bajo protesta de decir verdad, se ostenta con el carácter de denunciante dentro de la carpeta de investigación ******** Improcedencia De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a examinar los mismos a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio, tal precepto establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". En el caso en concreto, respecto de los citados actos se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.).". Lo anterior en razón que, las omisiones reclamadas no encuadran en alguna de las excepciones del precepto de la Ley de Amparo antes transcrito, ya que no implica un ataque a la libertad personal, pues se trata de omisiones del Ministerio Público, en que según adujo la parte quejosa, repercuten en la integración y trámite de la indagatoria de origen. Tampoco los quejosos son personas extrañas al procedimiento ya que son los denunciantes en la carpeta de investigación que dio origen a la indagatoria. Asimismo, no reclama un auto de vinculación a proceso. Ni tampoco se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento judicial, deportación o destierro o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional; ni es una orden de aprehensión o reaprehensión, o alguna resolución que sea restrictiva de la libertad y por ello, se itera, los casos de excepción mencionados para agotar el principio de definitividad no se actualizan. Por otro lado, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuya legislación regula el acto reclamado, señala: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno.". En tales circunstancias, la parte promovente puede recurrir las omisiones reclamadas, mediante el recurso previsto en el precepto 258 transcrito, ante el Juez de Control, a quien le corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Así de manera eficaz, el citado artículo 258, prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público, que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. Así, las omisiones del representante social en la etapa de investigación inicial, encuadran en este supuesto, ya que los actos reclamados (omisión del Ministerio Público al no llevar actos, ni diligencias de investigación, ni ordenar mediante oficio la preservación y no destrucción de indicios dentro de la carpeta de investigación CI/FIAO/UAT-AO-4/UI-1S/D/5012/07-2023, y omisión en citar a comparecer en la citada indagatoria a la persona imputada), supone la paralización de su debida función investigadora. Por tanto, el quejoso podía impugnar ante el Juez de Control, los actos que reclama a la autoridad ministerial, ya que deriva de su facultad investigadora. En esas condiciones, al no haber acudido previamente al recurso de mérito, el acto carece de definitividad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, se desecha de plano la demanda de amparo. Sobre el tema merece invocarse la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos.". Así, como la diversa jurisprudencia de la referida Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad.". En consecuencia, se itera, al surtirse la causal de improcedencia antes indicada, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la citada causal respecto a los actos reclamados. Domicilio de la parte quejosa y autorizados Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Por autorizados a las personas que menciona en su escrito inicial de demanda que cuenten con cédula profesional, con las facultades que establece el artículo 12 de la ley de la materia, siempre y cuando acrediten estar facultados para ejercer dicha profesión; y, de no ser así, exclusivamente para oír notificaciones e imponerse de autos, acorde a lo dispuesto por el numeral 24, párrafo segundo, de dicho ordenamiento legal. Acceso al expediente electrónico y notificaciones respecto al quejoso Toda vez que este órgano de control constitucional cuenta con el nombre de usuario generado por el Sistema de Consulta de Expediente Electrónico del quejoso instrúyase a la Oficial judicial "A" para que capture la autorización en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En ese tenor, infórmese al quejoso, que desde este momento queda en aptitud de consultar las actuaciones judiciales por medio de la página del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, y en virtud de garantizar la expedites en la tramitación del presente juicio y transitar en la medida de lo posible bajo el esquema de actuaciones electrónicas, instrúyase al actuario judicial adscrito, para que le realice la notificación del presente acuerdo, así como las subsecuentes a través de la vía electrónica respecto de dicha parte. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Notifíquese; y, personalmente a la Oficial Judicial "A".

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