Jonathan Prudencio Portillo Campaña

Expediente 977/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 30 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
977/2017
Año
2017
Actuaciones
30
Última actuación
21/02/2018

Partes del expediente

  • Jonathan Prudencio Portillo Campaña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    Agréguese el oficio signado por la Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con el que acusa de recibo e informa que se aceptó la competencia planteada por esta potestad, respecto del juicio de amparo 977/2017. En tal virtud, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo del referido acuerdo, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto en mención, deberá ser desincorporado y destruido por este juzgado. Finalmente, como esta ordenado en autos de dos y dieciséis de febrero remítase a la Juez oficiante dichas constancias previa copia certificada que se deje en autos.

  2. Principal

    Glósese a sus autos el oficio electrónico proveniente del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, a través del cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto locales 411/2017; dese de baja y efectúense las anotaciones de rigor en el libro de gobierno. Por otra parte, toda vez que mediante proveido de treinta y uno de enero pasado, esta potestad se declaró legalmente incompetente para continuar con la substanciación del presente controversial y declinó la misma a favor del Juez de Distrito en turno, con residencia en Irapuato, Guanajuato; una vez que se tenga certeza del Tribunal que conozca, remítansele dichas documentales, previa copia certificada que se deje como constancia.

  3. Principal

    Glósense a sus autos los oficios electrónicos provenientes de los Juzgados Noveno y Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, a través de los cuales devuelven debidamente diligenciados los exhorto locales 2/2018, 5/2018 y 7/2018; dense de baja y efectúense las anotaciones de rigor en el libro de gobierno. Por otra parte, toda vez que mediante proveido de treinta y uno de enero pasado, esta potestad se declaró legalmente incompetente para continuar con la substanciación del presente controversial y declinó la misma a favor del Juez de Distrito en turno, con residencia en Irapuato, Guanajuato; una vez que se tenga certeza del Tribunal que conozca, remítansele dichas documentales, previa copia certificada que se deje como constancia.

  4. Principal

    Glósese a sus autos el escrito signado por el autorizado en términos restringidos del quejoso **********; atento a su contenido, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad lo que solicita, pues acorde con el proveído de ocho de los corrientes, únicamente cuenta con las facultades restringidas del artículo de la Ley de Amparo, es decir, para recibir notificaciones e imponerse de autos, no para solicitar copias del expediente en que se actúa. En otro contexto, visto el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo otorgado al impetrante *********, en proveído de quince de los corrientes, en el sentido de que exteriorizara si era su deseo ampliar su demanda por cuanto al Jefe de Grupo de la Policía Ministerial con residencia en Valle de Santiago, Guanajuato, sin que hubiese hecho manifestación alguna al respecto: consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado y se provee bajo esa circunstancia: En razón de lo anterior, esta potestad considera que no es competente legalmente para continuar con la substanciación del presente controversial, y por ende, resolverlo por cuestión de territorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y por ende, se declina la misma a favor del Juez de Distrito en turno, con residencia en Irapuato, Guanajuato, con base en las siguientes consideraciones: I. El quejoso *********, actualmente se encuentra recluido en el Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social (CERESO MIL) de Valle de Santiago, Guanajuato, virtud a la vinculación a proceso emitida entro de la causa penal *** del índice del Juzgado de Oralidad Penal de esa localidad, por su probable intervención en la comisión de los hechos señalados por la Ley como delitos de secuestro agravado y robo equiparado. II. El once de octubre de dos mil diecisiete, el impetrante demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal por los actos que señaló como: ".la ilegal e inconstitucional orden u órdenes de aprehensión que eventualmente hubiese girado la Responsable Ordenadora en mi contra. la materialización de tales mandamientos." Contra las siguientes autoridades: a. Juez de Control de Oralidad del Estado de Guanajuato Segunda Región en Irapuato, Guanajuato ; b. Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral en Dolores Hidalgo, Guanajuato ; c. Juez de Control del Juzgado de Oralidad en materia Penal de la Tercera Región del Estado con Sede en esta ciudad ; y, d. Encargada de la Jefatura de la Policía Ministerial Especializado en Mandamientos Judiciales en esta ciudad . III. Las citadas autoridades al rendir su informe justificado manifestaron: ******* IV. El quince de enero pasado, ante la negativa de la autoridad ejecutora de los actos reclamados, se dio vista al impetrante para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda por cuanto al Jefe de Grupo de la Policía Ministerial con residencia en Valle de Santiago, Guanajuato, puesto que, al encontrarse recluido en el Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social (CERESO MIL) de Valle de Santiago, Guanajuato, evidente resulta que la ejecución del acto será en ese lugar, al encontrarse privado de su libertad deambulatorio. V. En el presente proveído, se tuvo al peticionario por omiso en la vista otorgada en el punto que antecede, haciéndose afectivo el apercibimiento ahí contenido. De lo que se desprende que existe un mandato de captura librado contra el impetrante por el Juez de Control del Juzgado de Oralidad en materia Penal de la Tercera Región del Estado con Sede en esta ciudad, dentro de la causa penal ***, el cual, resulta evidente que se ejecutará en el Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social (CERESO MIL) de Valle de Santiago, Guanajuato, virtud a que *********, se encuentra privado de su libertad en dicho centro carcelario; por tanto, la materialización del acto reclamado se efectuará fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. En razón de lo anterior, resulta obligado analizar la competencia, por tratarse de un presupuesto procesal de orden público. Así, la competencia de la autoridad es una garantía de legalidad y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a invalidar lo resuelto por el juez incompetente. Que debe atenderse a lo que la carta magna ?máxima fuente del derecho interno en el país? establece respecto de la competencia, para después acudir a la ley de la materia. Entonces, conforme al artículo 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Federal, la competencia ?por razón de territorio? recae en el juez de distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. Es aplicable a lo anterior, el criterio jurisprudencial contenido en la tesis 679, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito , cuyo rubro y texto a continuación se citan: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquel acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo". Asimismo, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37.- Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Dicho precepto alude a "ejecución material", como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo; por ende, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación. Es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Es importante en grado sumo destacar, que lo que distingue las dos primeras hipótesis de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material y, lo que hace la diferencia entre aquéllas, no es que el acto se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, en razón de que la primera se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción; mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. En tal virtud, a efecto de delimitar la competencia para conocer del asunto se debe atender a la naturaleza del acto reclamado, esto es, si se trata de un acto declarativo, caso en el cual se debe atender al lugar donde reside la autoridad que lo emitió o bien, si el acto tiene ejecución material, pues de ser así, se debe atender al lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Sirve de apoyo, la tesis I. 1o. A. 44 A, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito , bajo el rubro siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO." Además de lo expuesto, para establecer su competencia, el Juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es menester analizarla de manera integral con los demás elementos que se alleguen a la misma, incluso los escritos que la aclaren, para deducir los datos que razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que trata el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Lo anterior se apoya en la tesis 1a. II/92, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , bajo el rubro: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU.". Así, para fijar la competencia de un juez de Distrito para conocer de un juicio de amparo se debe determinar si el acto reclamado requiere o no ejecución material y, en caso de que sí la requiera, analizar si ya se ejecutó, se va a ejecutar o se está ejecutando y en qué sitio tuvo, tiene o tendrá lugar dicha ejecución; lo que en el caso se concluye que al ser el acto reclamado una orden privativa de libertad, necesariamente requiere ejecución en la ciudad de Valle de Santiago, Guanajuato, pues el quejoso se encuentra recluido en el Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de esa localidad. Sobre esa línea, el suscrito juzgador, estima que no se actualiza la competencia legal por territorio a favor de este Juzgado, para resolver el presente juicio, al actualizarse la primera regla de competencia mencionada dado que el acto reclamado tiene ejecución material en Valle de Santiago, Guanajuato, en donde, acorde con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, quien ejerce jurisdicción son los Juzgados de Distrito con residencia en Irapuato, Guanajuato. Esto, virtud a que la orden de aprehensión reclamada, habrá de ejecutarse en Valle de Santiago, Guanajuato (donde se encuentra recluido actualmente el impetrante). Sirve de sustento a lo anterior por mayoría de razón, la tesis visible en la página 30, del Informe de labores rendido por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al año de 1986, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN DEBA EJECUTARSE EL ACTO RECLAMADO. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que debe conocer de un juicio de garantías bi-instancial es el de la jurisdicción en donde haya de ejecutarse el acto reclamado, independientemente de que la autoridad responsable radique en una demarcación distinta." Por su contenido ilustrativo, resulta aplicable en lo conducente, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, Volumen 74 Cuarta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "COMPETENCIA EN AMPARO.- La competencia en amparo corresponde al juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que ejecuta, o puede ejecutar, los actos que se reclaman, aunque la autoridad de quien emanen las órdenes, resida fuera de la jurisdicción de ese juez." Así también, por identidad de criterio, la tesis número XIX.2o.P.T.9 L (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, consultable en la página 2299, registro 2005662, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con encabezado y contenido siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN INCIDENTAL DE LIQUIDACIÓN DE UN LAUDO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE TENGA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE AQUÉLLA DEBA EJECUTARSE. En el caso de una resolución incidental de liquidación del laudo, que contiene requerimiento de pago y ejecución contra la demandada y, ante su negativa, orden de embargar bienes suficientes para garantizar el crédito laboral, que vía exhorto se encomendó a la autoridad señalada como ejecutora, residente en la jurisdicción territorial de un Juez de Distrito diverso al que previno, debe considerarse que la competencia se surte a favor del primero, dado que, si bien es cierto que la autoridad responsable que dictó la resolución de liquidación respectiva tiene su residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda, no menos lo es que, al contener aquella resolución un mandato de requerimiento y ejecución, se surte la regla de competencia prevista en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece que es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde deba ejecutarse el acto reclamado." Consecuentemente, ante las consideraciones expuestas, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: a. Remitir el cuaderno principal del presente asunto al Juez de Distrito en turno en Irapuato, Guanajuato, para lo que a bien tenga ordenar, en compañía de los cuadernillos incidentales respectivos, en los que, acorde con el fallo de seis de diciembre pasado, esta potestad se pronunció por cuanto a la suspensión definitiva. b. Solicitar comedidamente remita el acuse de recibo correspondiente; y c. Formar el cuaderno de antecedentes respectivo y realizar las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente. Finalmente, en razón de la incompetencia planteada, no será posible la celebración de la audiencia constitucional señalada para esta data. No se soslaya la jurisprudencia con número de registro 2004166 , intitulada "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE"; sin embargo, la misma no es aplicable al caso, dado que se refiere a la transitoriedad del domicilio del impetrante, y en el presente asunto, éste se encuentra privado de su libertad en el Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social (CERESO MIL) de Valle de Santiago, Guanajuato, virtud a la vinculación a proceso emitida entro de la causa penal 1P4217-80 del índice del Juzgado de Oralidad Penal de esa localidad, por su probable intervención en la comisión de los hechos señalados por la Ley como delitos de secuestro agravado y robo equiparado; lo que evidentemente lleva a concluir que no nos encontramos en la hipótesis del criterio invocado, pues no es un domicilio transitorio que pudiera variar el impetrante a su libre arbitrio, sino que se encuentra privado de su liberad por orden judicial, y por tanto, habrá de ejecutarse en ese lugar. Máxime que la autoridad ejecutora de esta localidad negó los actos atribuidos y el impetrante fue omiso en atender la contenida en el proveído de quince de los actuales. A lo que se suma que el Juez responsable, ordenó por conducto de la Fiscalía la cumplimentación de la orden de aprehensión reclamada, quien acorde con sus facultades, asigna a la Policía Ministerial del Estado la captura de impetrante, por tanto, resulta inconcuso que la autoridad ejecutora (policía ministerial), que habrá de materializar el mandato privativo de libertad, lo será aquella con residencia en Valle de Santiago, Guanajuato, ante la reclusión del impetrante en el Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social (CERESO MIL) de esa urbe, en donde, tiene jurisdicción el Juez de Distrito con residencia en Irapuato, Guanajuato.

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