Jonathan Posadas Vázquez

Expediente 650/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
650/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
31/07/2019

Partes del expediente

  • Jonathan Posadas Vázquez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha fenecido el término de cinco días que la ley prevé para la interposición del recurso de queja en contra del acuerdo de dieciséis de julio del año en curso, en el cual se desechó la demanda que dio origen al presente juicio de amparo; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, ya que se desechó la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo, con posterioridad al TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.

  2. Principal

    Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por el quejoso Jonathan Posadas Vázquez, mediante el cual solicita la devolución de los documentos que anexó a su escrito de demanda; al respecto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, devuélvanse las documentales a que hace referencia, previo desglose y certificación que se deje en el expediente, autorizando a la persona que menciona en su ocurso de mérito para recibirlas, quien deberá firmar por su recibo, para debida constancia.

  3. Principal

    Con fundamento en lo previsto por el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa la siguiente determinación: Xalapa-Enríquez, Veracruz, dieciséis de julio de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Jonathan Posadas Vásquez contra actos reclamados al Subdelegado Xalapa, Delegación Veracruz, de la Procuraduría Federal del Consumidor, Unidad Administrativa Xalapa, con sede en esta ciudad. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 650/2019. DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. En ejercicio de la facultad que a este Juzgador confieren los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda de cuenta, conforme a lo que enseguida se expone. PRECISIÓN Y NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. En el caso, el acto reclamado consiste en la imposición de tres multas por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) cada una, que en total ascienden a la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.) impuestas por el Subdelegado Xalapa, Delegación Veracruz, de la Procuraduría Federal del Consumidor, Unidad administrativa Xalapa, con sede en esta ciudad, una con motivo de la inasistencia, otra por la no rendición de informe, y otra más por falta de extracto, acordado el veintiocho de junio del año en curso, dentro del expediente PFC.XAL.B. 3/000584-2019, del índice de la responsable, formado con motivo de la reclamación interpuesta por Alfonso Fernando Rodríguez Prado, quien reclamó la no entrega de obra de construcción e incumplimiento de contrato. FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Conforme al precepto transcrito, el suscrito juzgador se encuentra facultado para desechar de plano una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Por otra parte, cabe precisar que conforme al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Editorial Espasa, Vigésima Primera Edición, Tomo II, página 1309, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente, es decir, que aun y cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En la especie, este órgano de control de la constitucionalidad estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior. [.]" El numeral transcrito establece lo que la doctrina jurisprudencial ha denominado principio de definitividad, acorde al cual el juicio de amparo indirecto es improcedente en el supuesto de que, contra el referido acto reclamado, proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Es decir, previo a la promoción del juicio de protección de derechos humanos, debe agotarse la jurisdicción ordinaria o de lo contrario, el medio de control constitucional será improcedente. Para que ésta hipótesis de improcedencia opere, se requiere que el acto reclamado provenga de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; que contra dicho acto proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado; que conforme a la ley que rija ese medio defensivo, los efectos del acto reclamado puedan ser suspendidos, y que para tal suspensión, no se exijan mayores requisitos de los que consigna la Ley de Amparo al efecto. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver mediante ejecutoria de diez de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, la contradicción de tesis 12/99, determinó que para la aplicación de la causal de improcedencia en análisis, basta que alguna ley, formal y material, prevenga de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos sin solicitar mayores requisitos que los consagrados en la ley de la materia. Lo que significa que el establecimiento de los aludidos medios de impugnación no están restringidos solamente al ordenamiento del cual emane formalmente o en que encuentre su fundamento el acto de autoridad, puesto que ninguna de las disposiciones aplicables al juicio de garantías establece esa limitante, máxime que el legislador cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular. Se invoca en apoyo, por su sentido, la jurisprudencia 115/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y texto que son: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo". Así como la jurisprudencia 2a./J. 116/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y texto que dicen: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Para que opere la causal de improcedencia por incumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, basta con que en alguna ley, formal y material, se prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la Ley de Amparo. Ahora bien, el establecimiento de los aludidos medios de impugnación no está restringido solamente al ordenamiento del cual emane formalmente o en que encuentre su fundamento el acto de autoridad, puesto que ninguna de las disposiciones aplicables al juicio de garantías establece esa limitante, máxime que el legislador cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular." Sentado lo anterior, conviene precisar que el principio de definitividad que rige el juicio de protección de derechos humanos, tiene que ver con la naturaleza jurídica del juicio de control constitucional, pues no es un recurso, sino un medio extraordinario de defensa que sólo procede respecto a actos definitivos, con relación a los cuales no exista algún recurso cuya interposición pueda dar lugar a la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado; y en el supuesto de la fracción que se examina atañe a los actos de autoridades no judiciales, como lo son las administrativas o fiscales; el cual no es absoluto sino que admite algunas excepciones, a saber: a) Que no tendrán que agotarse esos recursos, juicios o medios de defensa legales, antes de promover el amparo, si en virtud de la interposición de ellos no se obtiene la suspensión de los efectos de los actos de las citadas autoridades. b) Tampoco tendrán que agotarse esos recursos, juicios o medios de defensa legales, antes de promover el amparo, para obtener la suspensión de los efectos de los actos de autoridad administrativa o fiscal, se exigen mayores requisitos que los que la Ley de Amparo señala para conceder la suspensión definitiva. c) De igual forma, no es indispensable la promoción del medio ordinario de defensa, cuando se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal. d) Finalmente el supuesto en examen, prevé una excepción más al apuntado principio, que se actualiza en los casos en que el acto carezca de fundamentación, lo que se justifica, pues es inútil impugnar previamente lo carente de respaldo jurídico, que de suyo es inconstitucional en sí mismo, por violar el artículo 16 de la Carta Magna, dada la omisión de fundamentación; además por la propia naturaleza de los actos administrativos que de ordinario nacen de manera unilateral de parte de las autoridades sin intervención del particular, que de esa forma no tiene oportunidad de conocer, si la autoridad que la emite tiene competencia para hacerlo y si dentro de sus facultades se encuentra precisamente el actuar en la forma conocida, por lo que se hace imprescindible invocar su fundamentación para que el particular pueda defenderse de manera adecuada. Es aplicable al caso concreto, la tesis número 2a. LVI/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, Página 156, tomo XII, julio de 2000, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." Acorde con lo expuesto en la porción normativa transcrita, es necesario agotar todas las instancias a que haya lugar antes de interponer la demanda de amparo contra un acto de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ello con el fin de cumplir el principio de definitividad que, al igual que otros, rige el juicio de amparo, cuyo sustento descansa en su naturaleza extraordinaria. En efecto, podemos concluir que, como lo precisa el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley, exceptuando de lo anterior, los casos en que el acto reclamado carezca de fundamentación. En ese contexto, el artículo 3, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, establece lo siguiente: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] IV. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales; [.]" De igual manera, el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ordena: "Artículo 28. La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión a la que se refiere este inciso quedará sin efecto, si previa resolución del Magistrado Instructor, el tercero otorga a su vez contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la notificación del acto impugnado al solicitante y a pagar los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado, si finalmente la sentencia definitiva que se dicte fuere favorable a sus pretensiones, así como el costo de la garantía que este último hubiere otorgado. No procede admitir la contragarantía si, de ejecutarse el acto, quedare sin materia el juicio. c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado Instructor o quien lo supla. III. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia firme. b) Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad del Magistrado Instructor. c) El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud. d) El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de tres días. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los tres días siguientes. IV. Mientras no se dicte sentencia firme en el juicio, el Magistrado Instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado Instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad.". Del primer artículo citado se advierte que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan, entre otros actos, contra las resoluciones que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales. Apoya a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 153/2013 (10a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "MULTA IMPUESTA COMO MEDIDA DE APREMIO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. Las medidas de apremio constituyen instrumentos jurídicos a través de los cuales el juzgador o la autoridad en el procedimiento administrativo pueden hacer cumplir coactivamente sus requerimientos o determinaciones, lo que implica que, una vez dictadas, se convierten en actos definitivos e independientes del procedimiento del que derivaron; por ello, cuando una autoridad perteneciente a la Procuraduría Federal del Consumidor, en el desempeño de sus atribuciones legales, impone como medida de apremio la multa prevista en el indicado precepto, ésta es impugnable a través del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en términos de la fracción III del artículo 14 de su Ley Orgánica, en virtud del fundamento legal en que se apoyó su emisión, esto es, una norma administrativa federal y por la independencia que guarda la multa en relación con el procedimiento en el que se dictó." Por lo que respecta a la segunda disposición, se sigue que, en el caso sujeto a estudio, la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, en el citado ordinal 28, no estipula mayores requisitos que la Ley de Amparo para obtener la suspensión de los actos reclamados, de hecho, en ésta se establecen símiles exigencias al solicitante para obtener la medida cautelar (comparado con las establecidas en los numerales 128 y 129 de la Ley que rige a la materia); por consiguiente, se estima que no se actualiza las excepciones descritas en los incisos a) y b) citados con antelación. Asimismo, se invoca para sustentar lo anterior la jurisprudencia , 2a./J. 27/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria." Ahora bien, es de resaltar que el acto reclamado consiste en la imposición de tres multas por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) cada una, que en total ascienden a la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.) impuestas por el Subdelegado Xalapa, Delegación Veracruz, de la Procuraduría Federal del Consumidor, Unidad administrativa Xalapa, con sede en esta ciudad, una con motivo de la inasistencia, otra por la no rendición de informe, y otra más por falta de extracto, acordado el veintiocho de junio del año en curso, dentro del expediente PFC.XAL.B. 3/000584-2019, del índice de la responsable, formado con motivo de la reclamación interpuesta por Alfonso Fernando Rodríguez Prado, quien reclamó la no entrega de obra de construcción e incumplimiento de contrato. La determinación reclamada que se ubica en la hipótesis de procedencia de asuntos de competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues se trata de una determinación en la que se imponen diversas multas por infracción a normas administrativas; por lo que debe acudir ante la instancia ordinaria a reclamar la resolución administrativa que le causa perjuicio. Por ende, es claro que, mediante el juicio contencioso administrativo pueden revocarse o nulificarse los actos reclamados, sin que del análisis realizado a la demanda de amparo, se advierte que en el caso se reclamen violaciones directas a la constitución o la ausencia de fundamentación y motivación del acto reclamado, por lo que tampoco se actualizan las excepciones descritas en el inciso c) y d). Máxime, que el acto reclamado, en esencia, consistente en la imposición de tres multas por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) cada una, que en total ascienden a la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.) impuestas por el Subdelegado Xalapa, Delegación Veracruz, de la Procuraduría Federal del Consumidor, Unidad administrativa Xalapa, con sede en esta ciudad, una con motivo de la inasistencia, otra por la no rendición de informe, y otra más por falta de extracto, acordado el veintiocho de junio del año en curso, dentro del expediente PFC.XAL.B. 3/000584-2019, del índice de la responsable, formado con motivo de la reclamación interpuesta por Alfonso Fernando Rodríguez Prado, quien reclamó la no entrega de obra de construcción e incumplimiento de contrato, el cual no constituye un acto privativo de derechos, sino únicamente un acto de molestia, ya que éste solo tiene el efecto de imponer diversas sanciones administrativas, determinación que es susceptible de ser modificada o revocada a través del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como se precisó en líneas precedentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.3o.C. J/47, emitida en instancia de Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en página 1964, Tomo XXVII, febrero de dos mil ocho, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo." Por tanto, no se actualiza alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad, debido a que el acto que aquí se reclama no contraviene aspectos de constitucionalidad de leyes, ni constituye alguna violación directa a la Constitución y, la ley que rige el juicio contencioso, no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado. En esta tesitura, es evidente que la promovente inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, actualizándose la hipótesis prevista por la fracción XX del numeral 61 de la ley de la materia, dado que la existencia de dicho medio defensivo se advierte en forma patente y se tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia actualiza la inobservancia del principio de definitividad que regula al juicio constitucional. En este orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda en cuestión. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Antonio Dorantes Candanedo, quien acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con el registro número 41699. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOSToda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente al quejoso.

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