Jonathan Oswaldo Cuevas Valdez y Otros.
Expediente 128/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 128/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/04/2018
Partes del expediente
- Jonathan Oswaldo Cuevas Valdez y Otros.
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el término cinco días para que la parte quejosa recurriera el acuerdo de doce de marzo de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo ya feneció, sin que se haya impugnado; por lo que con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha quedado firme el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.Así lo firma, Marisela Reyes Calderón, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, asistida del Secretario que autoriza y da fe Julián Ramón Arellano Ávila, quien certifica que la promoción que, en su caso, generó el presente acuerdo y el acuerdo mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy Fe. MRC/JRAA/hmgr
- Principal
notificación personal.
- Principal
hago efectivo el apercibimiento del aviso de catorce de marzo de dos mil dieciocho, dejado en el domicilio procesal de la parte quejosa, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del proveído de trece de marzo de dos mil dieciocho, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE QUEJOSA, publicada el día veinte de marzo de dos mil dieciocho, en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con fundamento en el artículo 29, de la nueva Ley de Amparo, que dice: Se tiene por recibida la demanda que promueve *************, por derecho propio, contra actos de: 1. Juez Segundo de lo Familiar, con residencia en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 128/2018-V-B. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en: "La Sentencia Interlocutoria de fecha catorce de febrero del ario dos mil dieciocho, dentro del expediente número 1055/2016, recaída en el INCIDENTE DE EJECUCION DE CONVENIO, promovido por el C. *****************." Lo anterior, pues a juicio de esta juzgadora se actualiza la causal de improcedencia prevista fracción XVIII del artículo, 61, de la Ley de Amparo, que señala: "61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." De la cita que antecede se aprecia que la definitividad refiere, a la exigencia de agotar recursos y medios de defensa ordinarios antes de acudir al juicio de amparo indirecto, a fin de modificar, revocar o nulificar el acto impugnado. Ello, ya que al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa, no pueden analizarse cuestiones respecto de las cuales la ley común prevea un medio legal ordinario que pueda hacerse valer. Ahora bien, la hipótesis -acto reclamado- sujeta a estudio en el presente juicio, no cumple con la definitividad exigida, en razón que el acto impugnado puede ser modificado, revocado o anulado, a través del medio de defensa ordinario establecido en la norma secundaria, en el caso concreto, el recurso de apelación previsto en el numeral 674 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Baja California; precepto que a la letra reza: "Artículo 674.- El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. ". fracción II. Las sentencias interlocutorias, excepto cuando por disposición de la Ley no se otorgue a las partes el recurso o la sentencia definitiva no fuere apelable; (.)" En el caso que nos ocupa debe tomarse en consideración la naturaleza de la resolución cuyo reclamo aquí se plantea, pues si bien es cierto que acorde a lo expuesto por la quejosa en su demanda recae sobre una cuestión que deriva de una resolución judicial firme, como lo es la sentencia de divorcio recaída en un procedimiento de jurisdicción voluntaria, en donde como cuestión accesoria fue necesariamente aprobado un Convenio atinente a la guarda y custodia de un menor (incluido un régimen de convivencias) y ésta es una situación que conforme a la ley (artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Baja California) puede alterarse o modificarse cuando cambien las circunstancias que afectan el ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente. De ahí que si como lo reconoce la solicitante de amparo, en el juicio de divorcio voluntario que promovió con el padre del menor se estableció la disolución del vínculo matrimonial que los unía (y con ello la disolución y/o liquidación de la sociedad conyugal, si es que se contrajo bajo tal régimen el matrimonio), tales cuestiones resultan inmodificables por constituir lo que en la doctrina se conoce como 'cosa juzgada material', mientras que otras cuestiones accesorias o derivadas de esa acción de divorcio conjuntamente deducida (como la guarda del menor, incluido el régimen de convivencias respectivo, alimentos, etc.) constituyen medidas que aún cuando siguiendo la suerte de la sentencia de divorcio se reputan como 'definitivas firmes' (y como tales 'cosa juzgada formal'), admiten ser alteradas cuando existan circunstancias que así lo posibiliten. Por lo que si como lo narra la quejosa en su demanda, mediante escrito de cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, el padre del menor promovió en vía incidental la ejecución del Convenio en alusión, que dio lugar al dictado de la resolución interlocutoria de catorce de febrero del año en curso, que aquí se reclama, ello implica que dicha cuestión incidental implica un procedimiento autónomo, cuyo objeto es exclusivamente resolver un nuevo estado de derecho entre los ex cónyuges en relación con sus derechos de custodia y convivencia con su menor hijo; que si bien bajo tal autonomía y haber sido iniciada después de concluido el juicio podría determinar la procedencia del amparo en la vía indirecta contra la resolución que la concluya, ello no obsta a la observancia del principio de definitividad, pues el que existan involucrados derechos de un menor en la controversia no es motivo para obviar tal observancia. Entonces, al tratarse de una interlocutoria recaída a una cuestión incidental, que no tiene expresamente excluida en la ley de la materia (Código de Procedimientos Civiles del Estado de Baja California) la procedencia de los recursos en ella previstos para ser combatida, debe subsistir la regla general de que son materia de apelación "las sentencias interlocutorias", que se contiene en el transcrito artículo 674 fracción II del Código en cita, de ahí que lo es de desecharse por notoriamente improcedente la demanda de amparo que nos ocupa. Apoyan estas consideraciones las tesis jurisprudenciales siguientes de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO SÓLO PROCEDE RESPECTO DE VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO IMPUGNABLES EN LA VÍA DIRECTA, TRATÁNDOSE DE CONTROVERSIAS QUE AFECTEN AL ESTADO CIVIL, AL ORDEN Y ESTABILIDAD DE LA FAMILIA O A MENORES O INCAPACES. La interpretación literal, sistemática y teleológica de lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 161 de la Ley de Amparo, permite concluir que la excepción al principio de definitividad que dichas normas establecen, procede exclusivamente cuando en amparo directo en materia civil, se impugnen sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio, por violaciones a las leyes del procedimiento que afecten las defensas del quejoso, siempre que dichas sentencias se hayan dictado en controversias relativas al estado civil o que afecten al orden y estabilidad de la familia o a menores o incapaces. Ahora bien, si se toma en consideración que sólo en este caso específico y respecto de la referida vía de amparo, el interesado queda eximido de preparar el juicio de amparo, resulta inconcuso que no puede hacerse extensiva la citada excepción a los casos en los que por la diversa vía del amparo indirecto se impugnen actos de tribunales civiles ejecutados fuera de juicio o después de concluido, no obstante que se trate de controversias del estado civil o de actos que pudieran afectar al orden y estabilidad de la familia o a menores o incapaces, pues del contenido textual y de la interpretación de los mencionados preceptos legales se infiere que fue voluntad del Constituyente Reformador y del legislador ordinario, que la excepción en cita procediera exclusivamente en vía de amparo directo. Lo anterior se confirma con la interpretación de lo establecido respecto al juicio de amparo indirecto, en el inciso b) de la fracción III del señalado precepto constitucional y en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, así como por el hecho de que por la propia naturaleza procedimental de esta vía, no se requiere de actos procesales tendientes a su preparación." [Novena Época. Registro: 189125. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, Agosto de 2001. Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 41/2001. Página: 101] "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." [Décima Época. Registro: 2005039. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 113/2013 (10a.). Página: 350] Sin que constituya obstáculo a la aplicación de la primera de esas tesis jurisprudenciales el hecho de que se haya sustentado bajo la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, puesto que el régimen de procedencia del juicio de amparo acorde a la obligación de agotar el medio de defensa procedente antes de acudir a instar la acción constitucional es la misma que rige con la actual Ley de Amparo, de ahí la procedencia de tal aplicabilidad, acorde con su Artículo Sexto Transitorio. Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo establecido por el artículo 113 en relación con el 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo en vigor, se estima procedente DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por la quejosa, por resultar notoriamente improcedente.
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