Jonathan Omar Ontiveros Balleza
Expediente 832/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 11 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 832/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 20/10/2022
Partes del expediente
- Congreso del Estado de Jalisco
- Jonathan Omar Ontiveros Balleza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y advirtiéndose del contenido de la certificación de cuenta, que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubieren interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y notificado que sea el presente acuerdo, con fundamento en los artículos 196, cuarto párrafo y 214, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto, previas las anotaciones que haga en el libro de gobierno. En otro aspecto, este expediente es susceptible de destrucción, Asimismo, de conformidad al Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante. Finalmente, toda vez que el juicio en que se actúa se encuentra totalmente concluido, resulta innecesaria la permanencia de las copias certificadas exhibidas por el Congreso del Estado de Jalisco, las cuales fueron ofrecidas como pruebas en juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen para los efectos legales procedentes.
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 832/2022-V, promovido por Sergio Alberto Castillo Chiquete, apoderado especial de Jonathan Omar Ontiveros Balleza, contra actos del Congreso del Estado de Jalisco y Comisión de Gobernación y Fortalecimiento Municipal del Congreso del Estado de Jalisco, por considerarlos violatorios de las garantías contenidas para su protección en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Sergio Alberto Castillo Chiquete, apoderado especial de Jonathan Omar Ontiveros Balleza, el veintisiete de abril de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, presentó demanda de amparo indirecto contra actos del Congreso del Estado de Jalisco y Comisión de Gobernación y Fortalecimiento Municipal del Congreso del Estado de Jalisco, que se precisan en el considerando segundo. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de garantías. La demanda de amparo de referencia, se turnó para su conocimiento a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, cuyo Titular, dictó proveído el veintiocho de abril de dos mil veintidós, en que ordenó: admitir la demanda de amparo y registrarla bajo expediente 832/2022-V; pedir informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; emplazar a la tercera interesada; dar intervención a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y, 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por virtud de que la omisión reclamada, se atribuye a autoridad especializada en materia administrativa, que tiene su residencia oficial dentro del territorio en que este juzgado Federal ejerce su jurisdicción constitucional. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; modificado por el Acuerdo General 24/2013, modificado por el Acuerdo General 41/2018. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad el libelo actio de amparo, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XI, abril de dos mil, página 32, cuyo texto y rubro, dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese sentido, de la lectura de la demanda de amparo y demás constancias que integran el juicio, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional consiste en: Del Congreso del Estado de Jalisco: A. La emisión del acuerdo legislativo No. 260/LXIII-22, aprobado por el pleno del Congreso del Estado de Jalisco con fecha 06 de abril de 2022 en la sesión extraordinaria número 37 y con el número de INFOLEJ 7787/LXII, en el cual se declara improcedente lo solicitado por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, consistente en incoar el procedimiento de suspensión, y aplicar la suspensión en el cargo por 15 días sin goce de sueldo del síndico municipal de Guadalajara, Jalisco, dictada dentro del expediente laboral 1207/2014-C1, en términos del artículo 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, no obstante que le fue requerido mediante el oficio MC1/2003/2021 y cuya ratificación del inicio del procedimiento de suspensión con fecha 12 de julio de 2021, el cual fue turnado al pleno con fecha 30 de septiembre de 2021 y en esa misma fecha fue turnado a la Comisión de Gobernación y Fortalecimiento municipal para su estudio. B. La emisión del acuerdo legislativo No. 259/LXIII/22, aprobado por el Pleno del Congreso del Estado de Jalisco con fecha 6 de abril de 2022 en la sesión extraordinaria número 37 y con el número de INFOLEJ 7788/LXII, en el cual se declara improcedente lo solicitado por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, consistente en incoar el procedimiento de suspensión, y aplicar la suspensión en el cargo por 15 días sin goce de sueldo del presidente municipal, síndicos y regidores del municipio de Guadalajara, Jalisco, dictada dentro del expediente laboral 1207/2014-C1, en términos del artículo 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, no obstante que le fue requerido mediante el oficio MC1/1746/2021, así como todos y cada uno de sus acumulados a los que se hace referencia MC1/3898/2020, MC1/4127/2021, MC1/4386/2021, MC1/094/2022, MC1/374/2022 y MC1/652/2022 mediante el número de (INFOLEJ 7788/LXII), MC1/3196/2021 (INFOLEJ 140/LXIII), MC1/2663/2021(INFOLEJ 120/LXIII), MC1/3012/2021 (INFOLEJ 119/LXIII), MC1/3196/2021(INFOLEJ 140/LXIII), y MC1/3493/2021(INFOLEJ 153/LXIII), y cuya ratificación del inicio del procedimiento de suspensión con fecha 21 de junio de 2021, el cual fue turnado al pleno con fecha 30 de septiembre de 2021 y en esa misma fecha fue turnada a la Comisión de Gobernación y Fortalecimiento Municipal para su estudio. C. La emisión del acuerdo legislativo No. 270/LXIII/22, aprobado por el Pleno del Congreso del Estado de Jalisco con fecha 6 de abril de 2022 en sesión extraordinaria 37 y con número de INFOLEJ 168/LXIII en el cual se declara improcedente lo solicitado por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, consistente en incoar el procedimiento de suspensión, y aplicar la suspensión en el cargo por 15 días sin goce de sueldo de los regidores del municipio de Guadalajara, Jalisco, dictada dentro del expediente laboral número 1207/2014-C1, en términos del artículo 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, no obstante que le fue requerido mediante el oficio MC1/2823/2021, mediante el número de (INFOLEJ 168/LXIII), y cuya ratificación del inicio del procedimiento de suspensión con fecha 02 de septiembre de 2021, el cual fue turnado al pleno con fecha 14 de diciembre de 2021 y en esa misma fecha fue turnado a la Comisión de Gobernación y Fortalecimiento Municipal para su estudio. De la Comisión de Gobernación y Fortalecimiento Municipal del Congreso del Estado de Jalisco: La negativa de incoar y aplicar la suspensión en el cargo de 15 días sin goce de sueldo del presidente municipal, síndicos y regidores del municipio de Guadalajara, Jalisco, solicitadas en los oficios MC1/2003/2021, MC11746/2021 y MC2823/2021, con número de INFOLEJ 7787/LXII, INFOLEJ 7788/LXII, e INFOLEJ 168/LXIII, respectivamente, procedimiento de suspensión solicitados dentro del expediente laboral 1207/2014-C1, por el Tribunal de Arbitraje Escalafón, en términos del artículo 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, siendo que a la fecha no ha dado cumplimiento al pago de lo laudado por parte del Ayuntamiento de Guadalajara, por lo que los acuerdos legislativos aprobados por la responsable en el sentido de tener por improcedente las solicitudes de coacción de procedimiento carecen de fundamentación y motivación, no obstante que la solicitud deviene de una autoridad jurisdiccional. A las autoridades responsables se le reclama la restitución total de los derechos y fundamentos de su representado violentados por las autoridades responsables por falta de administración de justicia pronta, completa, eficaz y la tutela judicial efectiva, así como la violación al principio de ejecutoriedad de las sentencias mismas que deben ser cumplidas a cabalidad dentro de los plazos y términos que señala la norma. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Congreso del Estado de Jalisco y Comisión de Gobernación y Fortalecimiento Municipal del Congreso del Estado de Jalisco, fueron omisos en rendir su informe con justificación, no obstante de habérselos solicitados oportunamente según se advierte del acuse de recibo de los oficios 15989/2022, 15990/2022 y 15991/2022, que obran respectivamente a fojas sesenta y tres, sesenta y cuatro y sesenta y cinco de autos, con el que se les remitió copia de la demanda de garantías, en consecuencia, con fundamento en el artículo 117, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se tienen como presuntivamente ciertos los acto que se les imputan y que precisados quedaron en el considerando segundo. A lo anterior, sirve de apoyo la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 41, tomo 62, Sexta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO OMISO O IMPRECISO. El artículo 149 de la Ley de Amparo establece que la falta de informe, lo que debe lógicamente extenderse a los informes omisos, vagos o confusos, establece la presunción de ser cierto el acto reclamado, quedando a cargo del quejoso la prueba de su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías por sí mismo, sino que su inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado. En tales condiciones, cuando el acto reclamado es omiso, vago o confuso, en cuanto a los hechos en que se funda, y la parte quejosa en su demanda precisa con claridad las cuestiones de hecho relativas, narrando hechos en que han tenido intervención las autoridades, los hechos así precisados deben presumirse ciertos si las autoridades responsables no establecen claramente controversia al respecto en sus informes justificados, y en caso de que establezcan tal controversia, la carga de la prueba podrá corresponderle a la parte quejosa cuando no se trate de hechos negativos, o de hechos internos de las propias autoridades que no esté al alcance de la quejosa probar. Y sólo en lo que toca a las cuestiones de derecho, en principio corresponderá siempre a la quejosa argüir legalmente los motivos de inconstitucionalidad del acto reclamado, a menos que esa inconstitucionalidad surja en forma clara y manifiesta de las características mismas de dicho acto". CUARTO. Causales de improcedencia. El estudio de la procedencia del juicio de amparo es de orden público y preferente a la cuestión constitucional planteada, conforme lo dispone el artículo 62, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación, la jurisprudencia 814, localizable en el Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 553, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". De oficio, se considera que, en el presente juicio se actualiza la causa de improcedencia a que refiere la fracción VII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, el que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "VII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente." En efecto, de las constancias que integran el presente sumario y de la lectura de la demanda de amparo, se observa que el quejoso reclama de las autoridades responsables: Del Congreso del Estado de Jalisco: A. La emisión del acuerdo legislativo No. 260/LXIII-22, aprobado por el pleno del Congreso del Estado de Jalisco con fecha 06 de abril de 2022 en la sesión extraordinaria número 37 y con el número de INFOLEJ 7787/LXII, en el cual se declara improcedente lo solicitado por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, consistente en incoar el procedimiento de suspensión, y aplicar la suspensión en el cargo por 15 días sin goce de sueldo del síndico municipal de Guadalajara, Jalisco, dictada dentro del expediente laboral 1207/2014-C1, en términos del artículo 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, no obstante que le fue requerido mediante el oficio MC1/2003/2021 y cuya ratificación del inicio del procedimiento de suspensión con fecha 12 de julio de 2021, el cual fue turnado al pleno con fecha 30 de septiembre de 2021 y en esa misma fecha fue turnado a la Comisión de Gobernación y Fortalecimiento municipal para su estudio. B. La emisión del acuerdo legislativo No. 259/LXIII/22, aprobado por el Pleno del Congreso del Estado de Jalisco con fecha 6 de abril de 2022 en la sesión extraordinaria número 37 y con el número de INFOLEJ 7788/LXII, en el cual se declara improcedente lo solicitado por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, consistente en incoar el procedimiento de suspensión, y aplicar la suspensión en el cargo por 15 días sin goce de sueldo del presidente municipal, síndicos y regidores del municipio de Guadalajara, Jalisco, dictada dentro del expediente laboral 1207/2014-C1, en términos del artículo 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, no obstante que le fue requerido mediante el oficio MC1/1746/2021, así como todos y cada uno de sus acumulados a los que se hace referencia MC1/3898/2020, MC1/4127/2021, MC1/4386/2021, MC1/094/2022, MC1/374/2022 y MC1/652/2022 mediante el número de (INFOLEJ 7788/LXII), MC1/3196/2021 (INFOLEJ 140/LXIII), MC1/2663/2021(INFOLEJ 120/LXIII), MC1/3012/2021 (INFOLEJ 119/LXIII), MC1/3196/2021(INFOLEJ 140/LXIII), y MC1/3493/2021(INFOLEJ 153/LXIII), y cuya ratificación del inicio del procedimiento de suspensión con fecha 21 de junio de 2021, el cual fue turnado al pleno con fecha 30 de septiembre de 2021 y en esa misma fecha fue turnada a la Comisión de Gobernación y Fortalecimiento Municipal para su estudio. C. La emisión del acuerdo legislativo No. 270/LXIII/22, aprobado por el Pleno del Congreso del Estado de Jalisco con fecha 6 de abril de 2022 en sesión extraordinaria 37 y con número de INFOLEJ 168/LXIII en el cual se declara improcedente lo solicitado por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, consistente en incoar el procedimiento de suspensión, y aplicar la suspensión en el cargo por 15 días sin goce de sueldo de los regidores del municipio de Guadalajara, Jalisco, dictada dentro del expediente laboral número 1207/2014-C1, en términos del artículo 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, no obstante que le fue requerido mediante el oficio MC1/2823/2021, mediante el número de (INFOLEJ 168/LXIII), y cuya ratificación del inicio del procedimiento de suspensión con fecha 02 de septiembre de 2021, el cual fue turnado al pleno con fecha 14 de diciembre de 2021 y en esa misma fecha fue turnado a la Comisión de Gobernación y Fortalecimiento Municipal para su estudio. De la Comisión de Gobernación y Fortalecimiento Municipal del Congreso del Estado de Jalisco: La negativa de incoar y aplicar la suspensión en el cargo de 15 días sin goce de sueldo del presidente municipal, síndicos y regidores del municipio de Guadalajara, Jalisco, solicitadas en los oficios MC1/2003/2021, MC11746/2021 y MC2823/2021, con número de INFOLEJ 7787/LXII, INFOLEJ 7788/LXII, e INFOLEJ 168/LXIII, respectivamente, procedimiento de suspensión solicitados dentro del expediente laboral 1207/2014-C1, por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, en términos del artículo 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, siendo que a la fecha no ha dado cumplimiento al pago de lo laudado por parte del Ayuntamiento de Guadalajara, por lo que los acuerdos legislativos aprobados por la responsable en el sentido de tener por improcedente las solicitudes de coacción de procedimiento carecen de fundamentación y motivación, no obstante que la solicitud de deviene de una autoridad jurisdiccional. Esto es, los acuerdos legislativos 260/LXIII-22, 259/LXIII/22 y 270/LXIII/22, en los cuales el Congreso del Estado de Jalisco, decide no llevar a cabo las sanciones impuestas por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, a los integrantes del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco. Ahora bien, para sustentar la causa de improcedencia en estudio, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco reitera en su artículo 224 la facultad del Congreso del Estado para declarar la desintegración de los Ayuntamientos y la suspensión o revocación del mandato a alguno de sus miembros, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes. En cuanto al procedimiento que deberá substanciarse a efecto de garantizar el derecho de audiencia y defensa del funcionario, se prevé que una vez recibida alguna denuncia o queja contra los Ayuntamientos o alguno de sus miembros por actualizarse alguna o algunas de las causas graves tipificadas por la ley, la cual deberá ser ratificada por el solicitante, será turnada a las Comisiones de Gobernación y Desarrollo Municipal, quienes se encargarán de calificar si la causa atribuida corresponde a las previstas por la ley, así como si la denuncia reúne los requisitos de procedencia, emitiendo el dictamen correspondiente que será sometido a la Asamblea del Congreso Local. En el caso de que esta última apruebe la sustanciación del trámite, dicha determinación será notificada al denunciante y los denunciados, quienes podrán manifestar lo que a su derecho convenga y presentar las pruebas correspondientes. Durante el procedimiento las Comisiones de Gobernación y de Desarrollo Municipal actuarán como instancias instructoras del Congreso del Estado, haciéndose cargo de sustanciar la causa, allegarse y recibir información, argumentos, declaraciones, reconocimientos y, en general, todas las pruebas necesarias. Para el desahogo de los medios probatorios ofrecidos por las partes se celebrará una audiencia, en la que también podrán expresar sus alegatos; concluida ésta las comisiones deberán presentar el dictamen que contenga la propuesta de resolución que deba adoptar el Congreso del Estado. De tal determinación destaca que la "facultad de resolver soberana y discrecionalmente" a que alude la fracción VII del artículo 61 de la Ley de Amparo, implica el poder, atribución o derecho que otorga una norma de derecho positivo vigente a la autoridad para decidir acerca de algo sin sujetarse a determinadas reglas. Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que el Congreso del Estado de Jalisco es un órgano de representación conformado por la elección libre, auténtica y periódica de los ciudadanos mediante la emisión del sufragio universal, libre, secreto, directo e intransferible, conforme a los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos previstos en el artículo 11, 12 y 17 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; por tanto, se trata de un órgano colegiado que, al ejercer sus facultades, expresa la voluntad popular, lo que es un rasgo característico de las democracias constitucionales, en que el pueblo soberano está representado por el órgano legislativo. Así, que el Congreso del Estado de Jalisco tiene una facultad exclusiva y en aras de un gobierno democrático porque, en su carácter de representante popular, tiende a conformar uno de los órganos públicos establecidos en el texto constitucional local, en cumplimiento al propio mandato de éste; por tanto, la decisión del órgano legislativo estatal, en este caso, se encuentra revestida de significación constitucional relevante y del mayor grado de representatividad, lo que denota que la actuación del órgano legislativo es de naturaleza soberana, sin que los preceptos que la otorgan limiten de manera alguna, la autonomía que caracteriza a la facultad concedida al Congreso del Estado de Jalisco. En este contexto, debe decirse que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia en cuestión (establecida en el artículo 61, fracción VII de la Ley de Amparo vigente) en tanto que la parte quejosa reclamó, en esencia, los acuerdos legislativos 260/LXIII-22, 259/LXIII/22 y 270/LXIII/22, en los cuales el Congreso del Estado de Jalisco, decide no llevar a cabo las sanciones impuestas por el Tribunal de Arbitraje Escalafón del Estado de Jalisco, autoridad responsable y ordenadora a los integrantes del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, y en ese sentido, en los artículos señalados de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, ni alguna otra disposición local, exigen que la decisión del órgano legislativo respectivo deba ser avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo diverso. Asimismo, para que se actualice la causa de improcedencia en cuestión, no es necesario que la Constitución (federal o local, según el caso) establezca expresamente, como frase sacramental, que los actos emitidos por el Congreso u órganos respectivos, en relación con la suspensión o remoción de funcionarios, constituye una facultad soberana o discrecional, ya que, estamos ante una facultad soberana cuando la ejerce quien goza de independencia y no requiere de injerencia externa para adoptar sus decisiones, la propia facultad será discrecional cuando su titular la ejerza conforme a su arbitrio, pero con prudencia; esto es, la facultad discrecional no implica que se adopte una decisión en forma "arbitraria", sino conforme a la apreciación de las circunstancias que el titular realice o de acuerdo con la moderación de sus decisiones. En este contexto, resulta pertinente retomar las consideraciones anteriormente vertidas en el sentido de que el Congreso del Estado de Jalisco es un órgano de representación conformado por la elección libre, auténtica y periódica de los ciudadanos mediante la emisión del sufragio universal, libre, secreto, directo e intransferible, conforme a los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos previstos en los artículos 11, 12 y 17 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; por tanto, se trata de un órgano colegiado que, al ejercer sus facultades, expresa la voluntad popular, lo que es un rasgo característico de las democracias constitucionales, en que el pueblo soberano está representado por el órgano legislativo, y por ende, cuando el Congreso decide no llevar a cabo las sanciones impuestas por el Tribunal Responsable ordenador, lo hace en ejercicio de una facultad exclusiva y en aras de un gobierno democrático porque, en su carácter de representante popular, tiende a conformar uno de los órganos públicos establecidos en el texto constitucional local, en cumplimiento al propio mandato de éste. En las relatadas condiciones, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, respectos de los actos reclamados al Congreso del Estado de Jalisco y Comisión de Gobernación y Fortalecimiento Municipal del Congreso del Estado de Jalisco, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción VII, del propio ordenamiento legal invocado. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la Jurisprudencia 2a./J.102/2018 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 887, Tomo I, Libro 58, septiembre de 2018, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: "MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. SU ELECCIÓN POR PARTE DEL CONGRESO LOCAL ES UN ACTO SOBERANO EMITIDO EN USO DE FACULTADES DISCRECIONALES, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 60 de la Constitución Política del Estado de Jalisco establece sustancialmente, que para la elección de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, el Consejo de la Judicatura, previa convocatoria realizada por el Congreso del Estado a la sociedad en general, someterá a consideración de éste una lista de candidatos al cargo, y que por acuerdo de las dos terceras partes de los diputados presentes, elegirá al Magistrado que deba cubrir la vacante dentro de un término improrrogable de 30 días; de lo que se concluye que quien elige de manera independiente a esos juzgadores, sin injerencia de algún otro ente o poder público, es el Poder Legislativo. Entonces, si la elección de los Magistrados no requiere de la aprobación, supervisión o aval de algún otro órgano o ente público, esto significa que se está ante un acto soberano emitido en uso de facultades discrecionales y, por tanto, esa elección y el procedimiento que le antecede no son impugnables a través del juicio de amparo, al actualizarse el supuesto contenido en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, por cuanto prevé que ese juicio es improcedente cuando se reclaman, entre otras, resoluciones de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, relativas a la elección de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente. Además, el hecho de que en el procedimiento de elección corresponda a la Comisión de Justicia del Congreso Local calificar que los candidatos reúnen los requisitos para ocupar el cargo de Magistrado, lo cual queda plasmado en el dictamen que somete a consideración de la Asamblea, es una circunstancia que no disminuye el carácter soberano de la facultad de nombramiento, ya que una vez elaborada la lista respectiva, y sometida a votación ante el Pleno del Congreso, queda a discreción de cada diputado emitir su voto; y la valoración que en lo personal realicen dichos legisladores de las aptitudes de cada uno de los candidatos, es una cuestión que corresponde a su fuero interno al momento de votar." En esas circunstancias, procede sobreseer en el presente juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, al actualizarse las causales de improcedencia previstas en la fracción VII del artículo 61 de la Ley de amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Jonathan Omar Ontiveros Balleza, contra los actos del Congreso del Estado de Jalisco y Comisión de Gobernación y Fortalecimiento Municipal del Congreso del Estado de Jalisco, por las razones y motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL
- Principal
Visto el oficio de cuenta que suscribe el Coordinador de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado de Jalisco; mediante el cual en atención los oficios números , de dieciocho de agosto del año en curso, remite copias certificadas de la totalidad de las constancias que le fueron solicitadas; al respecto, se provee: agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, y con fundamento en el artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes con el oficio y anexos de mérito. Por otra parte, a fin de facilitar el manejo de las presentes actuaciones, fórmese un cuaderno de pruebas por separado, así como garantizar su gestión electrónica eficiente; en el entendido que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o a datos personales o que no formen parte del expediente electrónico, quedarán a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado.
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