Jonathan Ochoa Ramírez

Expediente 496/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
496/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
25/04/2022

Partes del expediente

  • Jonathan Ochoa Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Visto; agréguese a los presentes autos únicamente para que obre como corresponda el escrito de cuenta presentado por el licenciado José Molina Salcedo, en su carácter de autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que dentro de estos autos no existe sentencia; empero, deberá estarse a lo expuesto en autos de treinta de julio y veinticuatro de agosto, ambos de dos mil veintiuno

  2. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Visto; agréguese sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta que suscribe el actuario judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en el estado de Zacatecas, mediante el cual transcribe el proveído de diecisiete de agosto del año en curso, emitido en los autos del juicio de amparo directo civil 337/2021, del que se desprende que asume la competencia planteada dentro del juicio de amparo 496/2021-III, del índice de este Juzgado. Asimismo, ya que en el presente juicio de amparo, no existen documentos exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, y que se dio fe de que la versión electrónica del juicio de amparo en que se actúa, coincide en su totalidad con la versión impresa, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa destruible.

  3. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, treinta de julio de dos mil veintiuno. Visto; agréguese a los presentes autos para obrar como corresponda, el ocurso presentado por Jonathan Ochoa Ramírez, por el que cumple el requerimiento hecho en autos completa la narración de los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado; al respecto, se acuerda: Se tiene por cumplido el requerimiento de referencia. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La sentencia definitiva emitida por el Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar en Río Grande, Zacatecas, el diez de diciembre de dos mil veinte, dentro del Juicio Ordinario Civil 479/2017 y la resolución de ocho de junio de dos mil veintiuno, dictada por la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Zacatecas, dentro del toca de apelación civil 58/2021, en que confirmó la mencionada sentencia de diez de diciembre de la anualidad pasada. INCOMPETENCIA. De la lectura íntegra de la demanda que originó el presente expediente, se advierte que este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, carece de competencia legal para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 47, 48 y 170 de la Ley de Amparo. En efecto, reclama el promovente la sentencia definitiva emitida por el Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar en Río Grande, Zacatecas, el diez de diciembre de dos mil veinte, dentro del Juicio Ordinario Civil 479/2017 y la resolución de ocho de junio de dos mil veintiuno, dictada por la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Zacatecas, dentro del toca de apelación civil 58/2021, en que confirmó la mencionada sentencia de diez de diciembre de la anualidad pasada. Así las cosas, se afirma que contra dichas determinaciones es improcedente el juicio de amparo indirecto, por no actualizarse ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 107, de la Ley de Amparo, para solicitar la Protección de la Justicia Federal ante un Juez de Distrito. En efecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso a) y V inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 47 y 170 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo es procedente contra las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio; a su vez el diverso numeral 170, fracción I, párrafos segundo y tercero, precisa que se entenderán por resoluciones que ponen fin al juicio, aquéllas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, debiéndose agotar previamente los recursos ordinarios establecidos en la ley de la materia, por virtud de los cuales puedan ser modificadas o revocadas. Por lo que, en el presente asunto, los actos reclamados consistentes en la sentencia definitiva emitida por el Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar en Río Grande, Zacatecas, el diez de diciembre de dos mil veinte, dentro del Juicio Ordinario Civil 479/2017 y la resolución de ocho de junio de dos mil veintiuno, dictada por la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Zacatecas, dentro del toca de apelación civil 58/2021, en que confirmó la mencionada sentencia de diez de diciembre de la anualidad pasada, son determinaciones que ponen fin al citado juicio. Sobre el particular, resulta aplicable en lo conducente, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.), publicada en la página noventa y cinco, del Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, materia común, con registro: 2008791, del tenor: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor.". En atención a lo anterior, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, estima que los actos reclamados son determinaciones que ponen fin al juicio de origen, por lo que se declara incompetente de plano para conocer de la demanda de amparo en cuestión y, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracciones V, inciso d) y VI de la Constitución General de la República, 47 y 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda promovida por Jonathan Ochoa Ramírez, por su propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar en Río Grande, Zacatecas y de la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Zacatecas, anexos y copias simples de la misma, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito con residencia en Zacatecas, capital, en turno, para lo que tenga a bien determinar. Con copia certificada de la demanda y demás constancias conducentes, fórmese cuaderno de antecedentes.

  4. Principal

    se publica auto con efectos de notificar personalmente a la parte quejosa: Zacatecas, Zacatecas, treinta de julio de dos mil veintiuno. Visto; agréguese a los presentes autos para obrar como corresponda, el ocurso presentado por Jonathan Ochoa Ramírez, por el que cumple el requerimiento hecho en autos completa la narración de los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado; al respecto, se acuerda: Se tiene por cumplido el requerimiento de referencia. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La sentencia definitiva emitida por el Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar en Río Grande, Zacatecas, el diez de diciembre de dos mil veinte, dentro del Juicio Ordinario Civil 479/2017 y la resolución de ocho de junio de dos mil veintiuno, dictada por la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Zacatecas, dentro del toca de apelación civil 58/2021, en que confirmó la mencionada sentencia de diez de diciembre de la anualidad pasada. INCOMPETENCIA. De la lectura íntegra de la demanda que originó el presente expediente, se advierte que este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, carece de competencia legal para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 47, 48 y 170 de la Ley de Amparo. En efecto, reclama el promovente la sentencia definitiva emitida por el Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar en Río Grande, Zacatecas, el diez de diciembre de dos mil veinte, dentro del Juicio Ordinario Civil 479/2017 y la resolución de ocho de junio de dos mil veintiuno, dictada por la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Zacatecas, dentro del toca de apelación civil 58/2021, en que confirmó la mencionada sentencia de diez de diciembre de la anualidad pasada. Así las cosas, se afirma que contra dichas determinaciones es improcedente el juicio de amparo indirecto, por no actualizarse ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 107, de la Ley de Amparo, para solicitar la Protección de la Justicia Federal ante un Juez de Distrito. En efecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso a) y V inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 47 y 170 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo es procedente contra las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio; a su vez el diverso numeral 170, fracción I, párrafos segundo y tercero, precisa que se entenderán por resoluciones que ponen fin al juicio, aquéllas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, debiéndose agotar previamente los recursos ordinarios establecidos en la ley de la materia, por virtud de los cuales puedan ser modificadas o revocadas. Por lo que, en el presente asunto, los actos reclamados consistentes en la sentencia definitiva emitida por el Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar en Río Grande, Zacatecas, el diez de diciembre de dos mil veinte, dentro del Juicio Ordinario Civil 479/2017 y la resolución de ocho de junio de dos mil veintiuno, dictada por la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Zacatecas, dentro del toca de apelación civil 58/2021, en que confirmó la mencionada sentencia de diez de diciembre de la anualidad pasada, son determinaciones que ponen fin al citado juicio. Sobre el particular, resulta aplicable en lo conducente, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.), publicada en la página noventa y cinco, del Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, materia común, con registro: 2008791, del tenor: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor.". En atención a lo anterior, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, estima que los actos reclamados son determinaciones que ponen fin al juicio de origen, por lo que se declara incompetente de plano para conocer de la demanda de amparo en cuestión y, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracciones V, inciso d) y VI de la Constitución General de la República, 47 y 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda promovida por Jonathan Ochoa Ramírez, por su propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar en Río Grande, Zacatecas y de la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Zacatecas, anexos y copias simples de la misma, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito con residencia en Zacatecas, capital, en turno, para lo que tenga a bien determinar. Con copia certificada de la demanda y demás constancias conducentes, fórmese cuaderno de antecedentes.

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