Jonathan Norberto Orozco Navarro

Expediente 1107/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1107/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
22/09/2023

Partes del expediente

  • Jobany Beltrán Hernández
  • Jonathan Norberto Orozco Navarro
  • Jonathan Norberto Orozco Navarro y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio del Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; comisiónese a la Oficial Judicial A adscrita a este órgano de control constitucional, a fin de que facilite el acceso al expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa al del juzgado oficiante para los efectos legales a que haya lugar; se advierte que el presente juicio, fue destruido el cuatro de agosto de esta anualidad; al efecto obténgase copia del acta y relación correspondiente para que obren en el expediente en que se actúa. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los autos oficio 5735/2023, signado por el secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; en atención a su contenido, se hace de su conocimiento que el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés se instruyó al funcionario correspondiente habilitara la consulta electrónica del presente expediente, el cual se cercioró que el asunto relacionado con este juicio de amparo, pueda ser consultado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por el juzgado oficiante, tal y como se advierte de la imagen que a continuación se inserta: Notifíquese

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio procedente del Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, con el que devuelve parcialmente diligenciado el exhorto 209/2022 (orden 209/2022-II), mediante el cual se ordenó notificar a los quejosos el acuerdo de siete de diciembre pasado, por el que se declaró incompetente este órgano para conocer del presente juicio de amparo; en consecuencia, realícense las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Por otra parte, de la constancia de mérito se advierte la imposibilidad de notificar a los quejosos ******************** y ********************, en razón que el primero de ellos, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número uno "El Altiplano" y el segundo fue puesto en libertad; y toda vez que mediante acuerdo de diecisiete de diciembre de dos mil veintidós, emitido en el juicio de amparo 776/2022 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Uruapan, se aceptó la competencia declinada, a efecto de no dejar en estado de indefensión a dichas partes, se ordena notificar por medio de lista la determinación de siete de diciembre de dos mil veintidós, emitida en este expediente. Notifíquese y por lista a los quejosos ******************** y ********************. En cumplimiento al proveído que antecede, se notifica el proveído de siete de diciembre de dos mil veintidós, que en lo conducente dice: "SUSPENSIÓN DE PLANO Toda vez que la promovente solicita la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados y su ejecución a efecto de que estos cesen de inmediato y no se les reubique ni traslade a diverso centro penitenciario; sin embargo, que no ha lugar a acordar de conformidad la suspensión de plano solicitada, toda vez que no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo en relación con el artículo 22 constitucional, en razón que los actos reclamados no se tratan de un ataque a la libertad fuera de procedimiento, de tal manera que no se actualiza el supuesto a que se refiere el artículo 126 de la Ley de Amparo. Ahora bien, respecto de los actos reclamados consistentes en la ". posible desaparición forzada." y ".la incomunicación de que sean objeto..", los cuales pueda ser objeto al momento en el que se ejecute la orden de traslado o reubicación que reclama, son actos futuros y de realización incierta, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión de plano, pues ésta tiene por objeto evitar o cesar la consumación del acto reclamado con el consecuente perjuicio irreparable para el quejoso, por lo que procede en contra de actos que sean inminentes, aquellos que se estén ejecutando y que la medida cautelar pueda impedir que ello ocurra; condiciones que no acontecen en el caso que nos ocupa al tratarse de un acto futuro e incierto, toda vez que su realización se encuentra sujeta no sólo a que los trasladen o reubiquen, sino al acaecimiento de actos contingentes, pues es inexacto que con la sola ejecución de dichos actos se les causen los daños que alude aquellos. INCOMPETENCIA: Visto el contenido de la demanda, toda vez que la provente señala que los quejosos se encuentran privados de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social N°17 CPS, Michoacán; y como actos reclamos señala la orden de traslado y su ejecución a un centro de reclusión distinto al en que actualmente se encuentran, es necesario analizar la competencia de este juzgado para conocer del presente asunto, en virtud de que su estudio es de orden público y por tanto, preferente. Lo anterior, en consideración a que con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, es obligación de los jueces de distrito al determinar su legal competencia para conocer del asunto que se les plantea y en caso contrario, remitir las actuaciones al que estime competente, sin importar el momento procesal en que esto surja. Al caso es aplicable, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 679, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página cuatrocientos cincuenta y seis, Tomo VI, del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, Octava Época, que dice: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquel acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Así también, el numeral 37, de la propia ley citada, dispone: "Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis de los preceptos transcritos se desprende que existen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que para mejor compresión se puntualizan a continuación en el orden siguiente: La primera señala: cuando conforme a las prescripciones de la ley de la materia sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, requiere de ejecución. La segunda previsión normativa que se contiene en el comentado artículo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la primera, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito a que se ha hecho alusión en el párrafo precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. En el último supuesto, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se hubiera presentado la demanda. Expuesto lo anterior este juzgador estima que se actualiza el primer supuesto a que alude el numeral 37 de la ley de la materia, toda vez que el acto destacado tiene ejecución material en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, pues los quejosos se encuentra internos en el Centro Federal de Readaptación Social N°17 CPS, Michoacán; por lo que, se concluye, que debe de conocer de la demanda de amparo un Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno, toda vez que en ese distrito tienen ejecución los actos reclamados ya que la competencia para conocer del referido juicio, radica precisamente en el Juez que tenga jurisdicción en el lugar donde se encuentre recluido el quejoso, esto es en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, pues es donde se les está afectando en su libertad personal y donde se pudieran ejecutar dicho acto. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis 1ª./j.48/2005, consultable en la página 5, del Tomo XXI, junio de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario." En tales condiciones, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito declina la competencia para conocer del asunto a favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno, a quien deberá remitirse el presente expediente, previo cuaderno de antecedentes que se forme para constancia legal. Solicítese al juez que corresponda conocer de la presente demanda, acuse recibo y comunique la determinación correspondiente. DE LA PARTE QUEJOSA: De la demanda de amparo se advierte que la promovente se encuentra privada de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17 CPS Michoacán; el cual se encuentra esta fuera de la jurisdicción de este órgano federal, a efecto de evitar mayores dilaciones procesales, con fundamento en los artículos 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Uruapan, para que en auxilio las labores de este órgano federal notifique el presente proveído a los quejosos. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Y REQUERIMIENTO DE ALGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN. Se exhorta a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, se continúe la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, esto es: a) Promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; b) Consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo; y, c) Solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Para lo cual, deberá solicitarse la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. La actuación por este medio requerirá de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, para que se propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. AUTORIZACIÓN DE MEDIOS DIGITALES. Con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y en atención a lo dispuesto en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite fotocopiar los acuerdos que se emitan en el presente asunto a través del medio digital correspondiente, para lo cual se procurará evitar fotocopiar, fotografiar o escanear, las firmas y sellos que aparezcan en éstos; con excepción de las constancias respecto de las que, en su caso, se deba guardar sigilo, por lo que, únicamente las podrán tener a la vista en el plazo que para tal efecto establece la ley de la materia. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Finalmente, con base en lo dispuesto por el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 9, 16, 68, 110, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 73 fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, este juzgado está constreñido a garantizar el acceso a la información pública, así como a proteger los datos personales con los que cuenta, con motivo de la demanda de amparo que se provee, llevando a cabo las versiones públicas correspondientes, en las que deberán testarse las secciones reservadas o confidenciales, ello en pleno respeto a una interpretación armónica de los artículos mencionados y en atención al principio pro persona, como así lo establece el artículo 6 último párrafo del ordenamiento citado. HABILITACIÓN AL ACTUARIO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilita al actuario judicial para que en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen, las cuales deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos correspondientes." En cumplimiento al proveído que antecese, se notifica por medio de lista a los quejosos, el acuerdo de siete de diciembre de dos mil veintidós, que en lo conducente dice: "SUSPENSIÓN DE PLANO Toda vez que la promovente solicita la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados y su ejecución a efecto de que estos cesen de inmediato y no se les reubique ni traslade a diverso centro penitenciario; sin embargo, que no ha lugar a acordar de conformidad la suspensión de plano solicitada, toda vez que no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo en relación con el artículo 22 constitucional, en razón que los actos reclamados no se tratan de un ataque a la libertad fuera de procedimiento, de tal manera que no se actualiza el supuesto a que se refiere el artículo 126 de la Ley de Amparo. Ahora bien, respecto de los actos reclamados consistentes en la ". posible desaparición forzada." y ".la incomunicación de que sean objeto..", los cuales pueda ser objeto al momento en el que se ejecute la orden de traslado o reubicación que reclama, son actos futuros y de realización incierta, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión de plano, pues ésta tiene por objeto evitar o cesar la consumación del acto reclamado con el consecuente perjuicio irreparable para el quejoso, por lo que procede en contra de actos que sean inminentes, aquellos que se estén ejecutando y que la medida cautelar pueda impedir que ello ocurra; condiciones que no acontecen en el caso que nos ocupa al tratarse de un acto futuro e incierto, toda vez que su realización se encuentra sujeta no sólo a que los trasladen o reubiquen, sino al acaecimiento de actos contingentes, pues es inexacto que con la sola ejecución de dichos actos se les causen los daños que alude aquellos. INCOMPETENCIA: Visto el contenido de la demanda, toda vez que la provente señala que los quejosos se encuentran privados de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social N°17 CPS, Michoacán; y como actos reclamos señala la orden de traslado y su ejecución a un centro de reclusión distinto al en que actualmente se encuentran, es necesario analizar la competencia de este juzgado para conocer del presente asunto, en virtud de que su estudio es de orden público y por tanto, preferente. Lo anterior, en consideración a que con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, es obligación de los jueces de distrito al determinar su legal competencia para conocer del asunto que se les plantea y en caso contrario, remitir las actuaciones al que estime competente, sin importar el momento procesal en que esto surja. Al caso es aplicable, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 679, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página cuatrocientos cincuenta y seis, Tomo VI, del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, Octava Época, que dice: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquel acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Así también, el numeral 37, de la propia ley citada, dispone: "Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis de los preceptos transcritos se desprende que existen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que para mejor compresión se puntualizan a continuación en el orden siguiente: La primera señala: cuando conforme a las prescripciones de la ley de la materia sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, requiere de ejecución. La segunda previsión normativa que se contiene en el comentado artículo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la primera, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito a que se ha hecho alusión en el párrafo precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. En el último supuesto, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se hubiera presentado la demanda. Expuesto lo anterior este juzgador estima que se actualiza el primer supuesto a que alude el numeral 37 de la ley de la materia, toda vez que el acto destacado tiene ejecución material en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, pues los quejosos se encuentra internos en el Centro Federal de Readaptación Social N°17 CPS, Michoacán; por lo que, se concluye, que debe de conocer de la demanda de amparo un Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno, toda vez que en ese distrito tienen ejecución los actos reclamados ya que la competencia para conocer del referido juicio, radica precisamente en el Juez que tenga jurisdicción en el lugar donde se encuentre recluido el quejoso, esto es en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, pues es donde se les está afectando en su libertad personal y donde se pudieran ejecutar dicho acto. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis 1ª./j.48/2005, consultable en la página 5, del Tomo XXI, junio de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario." En tales condiciones, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito declina la competencia para conocer del asunto a favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno, a quien deberá remitirse el presente expediente, previo cuaderno de antecedentes que se forme para constancia legal. Solicítese al juez que corresponda conocer de la presente demanda, acuse recibo y comunique la determinación correspondiente. DE LA PARTE QUEJOSA: De la demanda de amparo se advierte que la promovente se encuentra privada de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17 CPS Michoacán; el cual se encuentra esta fuera de la jurisdicción de este órgano federal, a efecto de evitar mayores dilaciones procesales, con fundamento en los artículos 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Uruapan, para que en auxilio las labores de este órgano federal notifique el presente proveído a los quejosos. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Y REQUERIMIENTO DE ALGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN. Se exhorta a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, se continúe la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, esto es: a) Promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; b) Consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo; y, c) Solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Para lo cual, deberá solicitarse la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. La actuación por este medio requerirá de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, para que se propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. AUTORIZACIÓN DE MEDIOS DIGITALES. Con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y en atención a lo dispuesto en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite fotocopiar los acuerdos que se emitan en el presente asunto a través del medio digital correspondiente, para lo cual se procurará evitar fotocopiar, fotografiar o escanear, las firmas y sellos que aparezcan en éstos; con excepción de las constancias respecto de las que, en su caso, se deba guardar sigilo, por lo que, únicamente las podrán tener a la vista en el plazo que para tal efecto establece la ley de la materia. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Finalmente, con base en lo dispuesto por el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 9, 16, 68, 110, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 73 fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, este juzgado está constreñido a garantizar el acceso a la información pública, así como a proteger los datos personales con los que cuenta, con motivo de la demanda de amparo que se provee, llevando a cabo las versiones públicas correspondientes, en las que deberán testarse las secciones reservadas o confidenciales, ello en pleno respeto a una interpretación armónica de los artículos mencionados y en atención al principio pro persona, como así lo establece el artículo 6 último párrafo del ordenamiento citado. HABILITACIÓN AL ACTUARIO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilita al actuario judicial para que en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen, las cuales deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos correspondientes."

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio proveniente del Juzgado Sexto en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, con el que comunica que se avocó al conocimiento del juicio de amparo 1107/2022 del índice de este órgano de control constitucional, registrándolo bajo el diverso 776/2022 de su control; en consecuencia, realícense las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Se hace constar que el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la incompetencia declinada carece de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa en éste, no se encontraron valores ni documentos originales exhibidos por las partes. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 20, fracción I, inciso a), al tratarse de un cuaderno de antecedentes formado con motivo de que este juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto y carecer de relevancia documental. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese.

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