Jonathan Neftali Sánchez Díaz
Expediente 392/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 392/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 16/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jonathan Neftali Sánchez Díaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
"... Vistos los autos y la certificación que antecede; toda vez que por sentencia de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, se sobreseyó el presente juicio de amparo, la cual no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo a través del recurso de revisión y dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; .... se declara que dicha resolución ha quedado firme. ...., archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que éste expediente, será conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción correspondiente, .... Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo..."
- Principal
".... S E R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee el presente juicio de garantías, promovido por ********, en términos de la consideración quinta de esta sentencia. SEGUNDO. Se ordena al Secretario supervise la captura de esta resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agregue la constancia que así lo acredite..."
- Principal
"... Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se desprende que se encuentra transcurriendo la vista concedida a las partes, mediante auto de veintinueve de abril de dos mil veintiuno con el informe justificado de la autoridad responsable precisada; tomando en consideración que se realizó la notificación el treinta de abril pasado. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia programada para este día y se fijan las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE MAYO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. Conviene advertir, que la razón por la que se fijan las doce horas con veinte minutos del veintiocho de mayo de mayo de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia de ley, estriba en que, la vista de ocho días que se le otorgan a las partes con base en el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, deberá transcurrir íntegramente, por lo que, el plazo comenzará a computarse una vez que surta efectos la notificación de este proveído. Al respecto, se cita de manera ilustrativa, el criterio 2a./J. 21/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. IMPONE QUE SE DIFIERA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL PARA OTORGAR ÍNTEGRAMENTE A LAS PARTES, EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO. De acuerdo con el análisis de dicho artículo, el plazo que permite al quejoso tener conocimiento del informe justificado, es de al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, que la circunstancia de que no se rinda con esa anticipación es imputable únicamente a la autoridad responsable y que en ningún caso puede provocar que se deje en estado de indefensión al quejoso. Conforme a ello, en el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, la audiencia debe diferirse para que se otorgue íntegramente a las partes el plazo de ocho días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, el cual, por tanto, debe computarse a partir de que surta efectos la notificación del auto en que se difiere la audiencia constitucional en términos del artículo 24, fracciones I y II del ordenamiento legal en cita, para que las partes se impongan del informe y, en su caso, cuenten con el tiempo suficiente para desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dando de esta manera, viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para el desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial; pues de computar ese plazo, contando los días que corren a partir del siguiente al en que surte efectos la notificación del proveído con que se da vista con el informe justificado hasta el anterior a la audiencia constitucional junto con los días que pasan entre el día siguiente a que surte efectos la notificación del auto que difiere la audiencia hasta que ésta se lleva a cabo, se deja en indefensión al gobernado ante la incertidumbre que genera el no conocer con seguridad el plazo efectivo que tiene para desvirtuar y probar las refutaciones que tenga contra el informe justificado, así como si dicho plazo verdaderamente será de ocho días, lo que puede ocasionar que actúe con vacilación respecto a imponerse del informe, realizar sus investigaciones, recabar los elementos probatorios necesarios para acreditar su derecho y ofrecerlos de manera oportuna. Por tanto, los jueces de Distrito tendrán que verificar, cuando difieran la audiencia constitucional con motivo de que el informe justificado se haya presentado en forma extemporánea, que entre la fecha en que surta efectos la notificación del proveído relativo y la nueva fecha señalada para su desahogo, transcurran cuando menos ocho días hábiles". .... Ahora,....se desprende que es opcional para las partes acudir al desahogo de las audiencias constitucionales, pues las mismas pueden llevarse a cabo, incluso, sin contar con la presencia de éstas. Por tal motivo, no se genera la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ" a que se refiere el numeral 6, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. La cual, sólo será procedente siempre y cuando se actualice el supuesto contemplado en el segundo párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo, en el que la parte quejosa pueda alegar verbalmente; es decir, se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada, o bien se encuentre pendiente el desahogo de probanzas o incidentes que ameriten la presencia física o virtual de las partes en la audiencia constitucional...."
- Principal
"... Agréguese el oficio y anexo de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, mediante el cual rinde informe justificado negando el acto reclamado, ... por el plazo de ocho días, se da vista a las partes. Asimismo, .... se tienen por anunciadas las documentales que anexa la responsable a su oficio de cuenta, probanza que se tiene por desahoga su propia y especial naturaleza, la cual se tomará en consideración más adelante. Cabe precisar que no ha lugar a requerir la ampliación de la demanda, respecto del auto de siete de abril de dos mil veintiuno, emitido el juicio laboral *****, a través del cual, la responsable fijó fecha para la celebración de la audiencia de ofrecimiento de admisión de pruebas; luego como dicha determinación no es de imposible reparación, es decir, no transgrede de manera irreparable derechos sustantivos protegidos por la Constitución General, toda vez, que contra dicho auto no procede el juicio de amparo indirecto ya que no constituye un acto de imposible reparación; conforme con lo dispuesto en el artículo 111, último párrafo, de la Ley de Amparo. .... Lo anterior es así, toda vez que contra dicha actuación el juicio de amparo indirecto deviene improcedente, de conformidad con la causal de improcedencia prevista en el 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107, fracción V, 170, fracción I, 171, párrafo primero y 172, fracción I, de la Ley de Amparo, que establecen: ..... Los artículos transcritos revelan que el juicio de amparo indirecto procede únicamente contra actos que son de imposible reparación, y no cuando se trata de violaciones procesales que se extinguen en el tiempo. Así mismo, que la improcedencia del juicio de amparo también resulta de alguna disposición tanto Constitucional, como de la propia ley, diversa de las veintidós fracciones del artículo 61 transcrito; que el juicio de amparo biinstancial procede contra actos cuyos efectos sean de imposible reparación, los cuales deben entenderse como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En este punto cabe resaltar que la Ley de Amparo que rige este acuerdo (publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación) en su artículo 107 fracción V, es taxativa al señalar qué debe entenderse por actos cuyos efectos sean de imposible reparación. Sin embargo, ya que la Ley de Amparo vigente limita la procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de los actos cuyos efectos sean de imposible reparación, precisando qué debe entenderse por éstos; entonces los actos procesales con las características referidas quedan excluidos de dicha categoría y, por ende, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclame un acto de naturaleza procesal o formal, ya que éste no tiene la característica de ser de "imposible reparación". En efecto, la redacción de la actual Ley de Amparo ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, proporcionando mayor seguridad jurídica para la promoción del juicio biinstancial contra esta clase de actos, pues a través de una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Dicho en otras palabras, para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, se requiere, primero, que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", esto es, que el acto autoritario impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; segundo, que esos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión totalmente opuesta a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, donde la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Lo anterior, ya que el juicio laboral ******, del índice la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, se encuentra en trámite; lo cual quiere decir que aún existe la posibilidad de que la parte quejosa obtenga resolución favorable a sus intereses en el procedimiento de origen...."
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