Jonathan Muñoz Lemus
Expediente 76/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 76/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado
- Jonathan Muñoz Lemus
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de febrero de dos mil veintitrés. 1. Causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictado en el presente juicio el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, que desechó la demanda; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración del expediente. En términos del artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. 2.2. Transferencia. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. 3. Constancia. De conformidad con el natural 35 del multicitado acuerdo, hágase constar en la carátula del expediente relativo, la valoración correspondiente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.SSCH/AEAA/vmv
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE FECHA VEINTISÉIS DE ENERO DEL DOS MIL VENTITRÉS QUE EN SÍNTESIS DICE: Morelia, Michoacán, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. 1. Recepción y registro. Vista la demanda de amparo promovida por Jonathan Muñoz Lemus, por su propio derecho, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. 2. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 76/2023. 3. Causa de improcedencia. En términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a DESECHAR la demanda, al advertir oficiosamente que en el particular se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, en el artículo 61, en relación con el numeral 5°, fracción I y 6° de la Ley de Amparo, en virtud de que la demanda de amparo carece de firma del quejoso. De la lectura del precepto 6° de la ley de la materia, se obtiene que uno de los principios rectores del juicio de amparo, es el de instancia de parte agraviada, el cual nos indica que el juicio de amparo podrá ser promovido precisamente por la persona que considere violentados sus derechos con motivo de la actuación de determinada autoridad, lo que además podrá realizar por sí mismo, es decir, por su propio derecho, también por conducto de su representante -por ejemplo tratándose de las personas morales- o, bien, a través de su representante legal [acreditada esa personería con el documento idóneo]; y, sólo en casos excepcionales, por conducto de cualquier persona [supuesto reservado para los casos expresamente señalados en el numeral 15 de la ley de la materia y 22 constitucional, en los que incluso la petición de amparo puede ser verbal]. Luego, tal principio obliga al juzgador de amparo a verificar si la petición de amparo corresponde con certeza a la voluntad de quien se dice agraviado por el acto de autoridad de que se trate, precisamente porque al tratarse de un juicio protector de los derechos humanos de una persona o colectividad de personas concretas, es indispensable que las mismas expresen su voluntad de acceder a un procedimiento de esa naturaleza. Por su parte, la fracción XXIII del numeral 61 en comento, establece que la improcedencia del juicio de amparo puede actualizarse no sólo al colmarse cualquiera de los supuestos previstos en las fracciones previas, sino además cuando tal improcedencia se derive de cualquier otra disposición legal vigente. Así, la interpretación conjunta de tales porciones normativas nos permite establecer que será improcedente el juicio de amparo, cuando no se tenga la expresión de la voluntad de la parte quejosa para acudir al juicio de amparo, precisamente porque tal circunstancia resultaría atentatoria del principio de instancia de parte agraviada que rige el procedimiento constitucional. Por su parte, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, precisando que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En el caso, al examinar el escrito inicial de demanda, se colige que la misma carece de firma. Ahora, tradicionalmente se ha considerado que la firma autógrafa imprime la expresión de la voluntad del signante a toda promoción o acto que se presentan ante los órganos jurisdiccionales de la Federación y constituye la base para tener por cierta la manifestación de voluntad del promovente; por lo que, en sentido contrario, la falta de firma en un documento implica que carece de la voluntad de la persona, cuyo nombre aparece impreso en el mismo. Debe acotarse que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° de la ley de la materia y, con la salvedad que señala el propio numeral, el juicio de amparo se puede promover e impulsar de forma escrita asentando firma autógrafa o, bien, de manera electrónica mediante el empleo de la firma digital correspondiente. Por tanto, para existir pronunciamiento sobre la procedencia o pertinencia de una demanda de amparo debe existir instancia de parte agraviada y esa manifestación de voluntad puede hacerse de forma tradicional, es decir, por escrito estampando el signo gráfico que corresponda a la firma del promovente; o, bien, a través de mecanismos tecnológicos empleando una firma electrónica. Con relación al primer supuesto de manifestación de voluntad, es claro que si la demanda de amparo se presenta de manera física por escrito con la firma del quejoso, su representante o apoderado y en original, el tribunal de amparo estará facultado y obligado para pronunciarse sobre su pertinencia y procedibilidad; por lo contrario, de no contar con tal signo gráfico, es inconcuso que no se tiene una expresión de voluntad de quien aparezca como promovente, por lo que ello hace improcedente la petición de amparo de que se trate. De expuesto hasta aquí se obtiene que si una demanda es presentada de manera tradicional obligatoriamente debe emplearse la firma de quien promueve, siendo el caso que, si tal ocurso inicial carece de ella, tal petición de amparo debe ser desechada, lo que resulta de ese modo, porque tal demanda, como se ha venido demostrando no cuenta con evidencia de la voluntad de la parte promovente. En el caso particular, la demanda de amparo fue presentada de manera tradicional y no cuenta con firma. Apoya las consideraciones anteriores la jurisprudencia P./J. 12/90, del Pleno de nuestro Máximo Tribunal, acorde a las consideraciones en ésta contenidas, de rubro: "REVISION. DEBE DESECHARSE ESE RECURSO CUANDO NO ES AUTOGRAFA LA FIRMA QUE LO CALZA". Por tanto, se considera actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 6°, primer párrafo, segunda parte, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que no existe manifestación de la voluntad de la persona a quien se señala como afectada en sus derechos humanos. Así, al actualizarse la causa de improcedencia citada, se desecha de plano la demanda de amparo que se analiza, por los motivos y fundamentos expuestos en el cuerpo del presente proveído. 4. Domicilio parte quejosa. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio, para oír y recibir notificaciones el que refiere en su escrito y autorizando para tal efecto a Osvaldo Vega Pineda y Maximiliano Meza Piña, Dulce Adriana Patricio Fabián y Karina Infante López, por así haberlo solicitado. 5. Uso de medios electrónicos. Por lo que ve a la diversa solicitud que realiza, con apoyo en la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de scanner, cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico, para capturar las actuaciones judiciales que obran en el expediente, siempre y cuando los solicitantes cumplan con los siguientes requisitos: a) solicitarlo por escrito o por comparecencia; y, b) señalar las constancias que serán reproducidas y especificar el medio tecnológico con el que serán capturadas, de lo que se dejará constancia en autos. En el entendido que la reproducción se realizará con la supresión de las firmas de los servidores públicos, que intervengan en la actuación respectiva. 6. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 7. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación dela Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales; en el entendido de que, ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8º y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Informe previo, sin mayor trámite. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos sin mayor trámite el oficio signado por el Subdirector de Amparos y representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con residencia en la Ciudad de México, a través del cual refiere rendir informe previo; lo anterior, toda vez que no se ordenó la apertura del incidente de suspensión de los actos reclamados por el quejoso en su escrito de cumplimiento de prevención acordado el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.
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