Jonathan Morín Gallegos
Expediente 784/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 784/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Todas las Partes
- Jonathan Morín Gallegos
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido....
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de protección de derechos fundamentales promovida por Jonathan Morín Gallegos, por propio derecho, contra actos y autoridades ahí precisadas; fórmese expediente y regístrese con el número 784/2021-V, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO Ahora bien, del análisis integral de la demanda de protección de derechos fundamentales promovida por Jonathan Morín Gallegos, se advierte que carece de firma autógrafa del promovente; por tanto, se estima jurídicamente que en ese escrito no existe voluntad expresa de ejercitar la acción constitucional y, por ello, no se colma el requisito de iniciativa o instancia de parte agraviada, exigido para entablar el juicio de amparo. En ese sentido, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación que tiene el juzgador de examinar en su integridad la demanda y si se encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Sobre este tenor, se analizan las causas de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la ley de la materia. En la especie, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, constitucionales, en relación con los diversos 1, fracción I, 3, párrafos cuarto y quinto, 5, fracción I, 6, primer párrafo y 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo. Los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I del Pacto Federal, disponen lo siguiente: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada (.)". De los preceptos mencionados se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internacionales, por lo que en tales casos, los gobernados, titulares de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, pueden ocurrir a través del juicio de amparo en defensa de sus derechos que estimen violados, ya sea que aduzcan una afectación directa o en virtud de su situación especial frente al orden jurídico. De igual forma, el artículo 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, establece que se reputa autor de un documento privado el que lo suscribe y por suscripción se entiende la colocación al pie del escrito, de las palabras idóneas para identificar a la persona que suscribe; además, el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, define a la firma como el nombre y apellidos escritos por una persona de su propia mano en un documento, con o sin rúbrica, para darle autenticidad o mostrar la aprobación de su contenido. Asimismo, se considera que la suscripción o firma del promovente en determinado documento presentado en un juicio, es la manifestación de su voluntad para iniciar una contienda o solicitar determinados actos a un juez, por lo que resulta incuestionable que la falta de esta, refleja la ausencia de voluntad para instar al órgano jurisdiccional, lo que torna improcedente la acción que se pretende iniciar o la solicitud que se desea formular. En ese orden, el juicio de amparo solamente puede ser promovido por aquella persona, ya sea física o moral, que teniendo la calidad de gobernado, resienta en su esfera jurídica los efectos de un acto de autoridad; esto es, el juicio de amparo debe ser iniciado por la demanda que haga valer la persona que ha sido afectada por un acto de autoridad, de forma personal y directa, quien podrá impugnar el acto reclamado por sí mismo, por medio de su apoderado o representante legal, y en cualquier caso, deberá constar la firma autógrafa de quien promueve, ya que es este el signo gráfico generalmente aceptado por el cual se manifiesta la voluntad para promover el juicio de amparo. Ahora, del libelo constitucional exhibido por Jonathan Morín Gallegos puede apreciarse que carece de firma autógrafa, pues así lo hizo constar el personal adscrito a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, en esta ciudad, al recibirla el veinte del mes y año en curso, pues en el escrito de demanda se advierte el texto siguiente: "La Demanda Se recibe sin la firma autográfa (sic)"; en tales condiciones, el suscrito no puede proveer sobre la demanda que nos ocupa, tomando en consideración que el juicio de amparo es un procedimiento escrito, y por ende, la voluntad de las partes de ejercitar un derecho se manifiesta mediante la firma, o bien en su defecto, mediante la huella digital o la firma de otra persona a su ruego, para el dado caso que no sepa firmar o se encuentre impedido para hacerlo, por tanto, ante la falta de dicho requisito, no hay forma de saber si es voluntad de la persona hacer valer su derecho de promover el juicio de amparo; máxime que la demanda se presentó en forma física y no mediante el uso de las herramientas tecnológicas disponibles en la página oficial de internet del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, al no encontrarse exteriorizada la voluntad del promovente, por no haber estampado su firma autógrafa al calce de la demanda de amparo, ni en ninguna de sus fojas, ni en la copia de traslado que exhibió, la misma resulta improcedente, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6, de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis con registro 244476, visible en la página 25, del Semanario Judicial de la Federación, séptima época, de la entonces cuarta sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo 39, quinta parte, que dice: "FIRMA IMPROCEDENCIA DE AMPARO POR FALTA DE, EN LA DEMANDA DE AMPARO. De conformidad con los artículos 103 y 107 constitucionales y el artículo 4 de la Ley de Amparo se desprende que al no estar firmada la demanda de garantías, debe entenderse que toda vez que la demanda de amparo en que se hacen valer los conceptos de violación correspondientes no está firmada, por lo que conforme a lo dispuesto por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, la demanda de garantías es improcedente y debe sobreseerse en el juicio conforme a lo ordenado por la fracción III del artículo 74 de la misma Ley." Asimismo, es aplicable al caso, la tesis con registro 225017, del Semanario Judicial de la Federación, de la octava época, del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, tomo VI, segunda parte2, página 508, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO, SU FALTA DE FIRMA DETERMINA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. El juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de "iniciativa o instancia de parte agraviada" consagrada por el artículo 107 constitucional en su fracción I, que dice: "El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada"; principio que reproduce el diverso artículo 4o. de la Ley de Amparo, al estatuir que el juicio, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame; además el principio enunciado no tiene excepciones y, por consiguiente, rige en todo caso. Ahora bien, la parte agraviada exterioriza su voluntad a través de la firma estampada en la demanda de garantías, formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales; por tanto, si la demanda de garantías no se suscribe, por quien aparece como promovente en su texto, debe entenderse que conforme a las disposiciones invocadas, propiamente no existirá agraviado y la demanda resultará improcedente, según lo previene el artículo 73, fracción XVIII de la misma ley, en relación con el artículo 4o. del propio ordenamiento." En esas condiciones, al haberse actualizado el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 113, de la ley de la materia, se desecha de plano por notoriamente improcedente la presente demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en el proemio de su demanda y como autorizado con las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente a José Alfredo Romero Costales, José Antonio Zarate Viveros, Christopher Romero Torres, Ernesto Manuel Escobar Martinez y Erika Nathalia González Granillo, por estar legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho, a través del registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, así como ante el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública; y solamente para oír y recibir notificaciones e imponerse en autos a Elsie Flores Hernández y Rita Carolina Romero Torres, ya que no se encuentran registradas en el sistema anteriormente citado y tampoco se proporcionan los números de cédulas profesionales para que se pueda llevar a cabo una consulta ante el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO: Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS: Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN A CUALESQUIERA DE LOS ACTUARIOS ADSCRITOS AL JUZGADO: Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. REQUERIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales implementadas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud público derivados del virus Covid-19, requiérase a las partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde se puedan localizar, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, ello de conformidad con el artículo 2, fracción XIX, del acuerdo en comento. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, de conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del citado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de ocho de junio de dos mil veinte, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Notifíquese personalmente a la parte quejosa....
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 22-09-2021, POR NO ATENDER AL CITATORIO DE 23-09-2021: .. Boca del Río, Veracruz, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de protección de derechos fundamentales promovida por Jonathan Morín Gallegos, por propio derecho, contra actos y autoridades ahí precisadas; fórmese expediente y regístrese con el número 784/2021-V, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO Ahora bien, del análisis integral de la demanda de protección de derechos fundamentales promovida por Jonathan Morín Gallegos, se advierte que carece de firma autógrafa del promovente; por tanto, se estima jurídicamente que en ese escrito no existe voluntad expresa de ejercitar la acción constitucional y, por ello, no se colma el requisito de iniciativa o instancia de parte agraviada, exigido para entablar el juicio de amparo. En ese sentido, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación que tiene el juzgador de examinar en su integridad la demanda y si se encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Sobre este tenor, se analizan las causas de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la ley de la materia. En la especie, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, constitucionales, en relación con los diversos 1, fracción I, 3, párrafos cuarto y quinto, 5, fracción I, 6, primer párrafo y 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo....En esas condiciones, al haberse actualizado el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 113, de la ley de la materia, se desecha de plano por notoriamente improcedente la presente demanda de amparo....
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