Jonathan Mauricio Martínez Reyes
Expediente 912/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 912/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 30/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jonathan Mauricio Martínez Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Se notifica a la parte tercera interesada por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, la sentencia de treinta de diciembre de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción III y 29de la Ley de Amparo.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 912/2019; promovido por Jonathan Mauricio Martínez Reyes por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O: Primero. Mediante escrito presentado el veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, compareció Jonathan Mauricio Martínez Reyes por su propio derecho a demandar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad y de otra autoridad. La parte quejosa invocó como derechos violados los contenidos en los artículos 1º, 14, 16, 17, 19 y 20 inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión. Por razón de turno, le tocó conocer de dicha demanda a este Juzgado de Distrito, se registró bajo el número 912/2019, se admitió a trámite el veintidós de agosto de dos mil diecinueve, solicitó los informes justificado a las autoridades responsables, le dio a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete; ordenó el emplazamiento del tercero interesado M. Á. A.R. De igual forma, el veintisiete de agosto de la anualidad que transcurre ordenó el emplazamiento de los Agentes del Ministerio Público que intervinieron en el proceso de origen -Sandra Aguirre López y Tammi Anguiano Zamudio -. Así, seguido el juicio por sus trámites legales, celebró la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede, por lo que ahora se procede a dictar sentencia, al tenor de las siguientes: C O N S I D E R A N D O S: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues el acto reclamado tiene ejecución material en el ámbito territorial en el que ejerce jurisdicción este juzgado. Segundo. De conformidad con lo que establece el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se entrará al estudio de la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio señalado con antelación, los actos reclamados por el quejoso, consisten en: Del Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de la Región de Morelia, Michoacán: El auto de vinculación a proceso de veintidós de junio de dos mil diecinueve, dictada en la causa penal 386/2019, instruida en contra del quejoso y otros, por el delito de secuestro en agravio de M. A. R.. Del Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán: La sentencia de cinco de agosto de dos mil diecinueve, dictada en el toca penal XI-32/2019, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el peticionario de amparo y otros, en contra del auto de vinculación a proceso pronunciado en audiencia de veintidós de junio de la anualidad que transcurre, por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de la Región Morelia, dentro de la causa penal 386/2019. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza del acto reclamado. El Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia y el Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, aceptaron la existencia de los actos reclamados. Lo que se corrobora con los discos magnéticos que remitieron como complemento a su informe justificado, en las que obran las audiencias orales llevadas a cabo por el Juez de Control. Probanzas que alcanzan valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Y la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Luego, se tienen por ciertos los actos reclamados a las citadas autoridades responsables. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Cuarto. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Ahora bien, este juzgado de Distrito advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto del acto consistente en el auto de vinculación a proceso de veintidós de junio de dos mil diecinueve. En efecto, el citado precepto legal dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". Ahora bien, es pertinente establecer que existen dos hipótesis de cesación de efectos, a saber: a) Por revocación, se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. b) Por sustitución, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente. En el caso que nos ocupa, se actualiza el supuesto contenido en el inciso b. Ello porque el acto que se estudia en el presente apartado [veintidós de junio de dos mil diecinueve], fue apelado por el aquí quejoso mediante escritos presentados el veintiséis de junio de dos mil diecinueve (fojas 37-41 tomo de pruebas I), correspondiendo su conocimiento por razón de turno a la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. Órgano Colegiado que resolvió el citado recurso, el cinco de agosto de dos mil diecinueve, en el sentido de confirmar el auto combatido, al considerar inoperantes los motivos de agravio. En ese tenor, es evidente que cesaron los efectos de dicho acto reclamado, pues el auto recurrido obtuvo ejecutividad y firmeza en cuanto se decidió el recurso de apelación; por lo que, la resolución de cinco de agosto de dos mil diecinueve que resolvió el recurso de apelación sustituyó al auto de veintidós de junio de dos mil diecinueve. Sirve de apoyo a las consideraciones aquí vertidas, la tesis I.3o.C.769 C emitida por el Tercer Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Primer Circuito, visible en la página 1492, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Civil, Novena Época, Registro 165869: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos". Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo que conduce a sobreseer en el juicio de conformidad con el ordinal 63, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto del auto dictado el veintidós de junio de dos mil diecinueve, por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Judicial de Morelia, en el que emitió auto de vinculación a proceso en contra del quejoso Jonathan Mauricio Martínez Reyes. Sin que este juzgador advierta otra causal de improcedencia y las partes no hicieron valer causal alguna otra; por tanto, lo procedente es analizar los conceptos de violación. Quinto. Conceptos de violación. En primer término debe precisarse que el estudio del acto reclamado se realizará conforme a las cuestiones que fueron abordadas en la resolución dictada el cinco de agosto de dos mil diecinueve, dentro del toca de apelación XI-8/2019, que confirmó el auto de vinculación a proceso pronunciado en audiencia de veintidós de junio de dos mil diecinueve en la causa penal 386/2019, que se sigue en contra del quejoso, por el delito de secuestro, en perjuicio de M.Á.A.R. Ello atendiendo al principio de contradicción que rige en el sistema penal acusatorio, previsto en el artículo 6º del Código Nacional de Procedimientos Penales, que consiste en que se respete el derecho de defensa contradictoria de las partes contendientes, a través de la posibilidad de rechazar las pretensiones de su oponente, controvertir o confrontar los medios de prueba, es decir, tienen el derecho a contestar cualquier argumento de la contraparte, y desvirtuar pruebas para restar credibilidad a las ofrecidas por la contraria o para acreditar una versión alternativa. Por lo que, con base en el principio de contradicción, no se otorgan privilegios a ninguna de las partes, ni existe suplencia para corregir, subsanar o complementar sus intervenciones, sino que la actividad procesal depende de la intervención de las partes, quienes deben exponer sus respectivas afirmaciones y defensas ante el Juez de Garantía o en su caso tribunal de apelación, las discuten en un debate pleno y contradictorio, sobre los aspectos ahí ventilados, produciendo argumentos o pruebas en que se sustenten, y superado el debate el juez o magistrado resuelve conforme a derecho, con los elementos que le suministraron los contendientes, y de acuerdo con las tesis propuestas por ellos. Sentado lo anterior, el peticionario de amparo expresó los conceptos de violación que a su juicio le ocasiona el acto reclamado, los que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo, acorde con la Jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." De igual forma, cabe señalar que tomando en consideración que el acto tildado de inconstitucional deriva de un proceso penal que se instruye contra del aquí quejoso y otros por el delito de secuestro, con fundamento en el artículo 20 apartado C fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los ofendidos de dicho ilícito tiene derecho al resguardo de su identidad y otros datos personales, por lo que a juicio de este juzgador es necesaria la protección de sus datos como víctimas del delito, por lo que se les tendrá en el presente juicio de amparo únicamente con sus iniciales. Asentado lo anterior, este Órgano se avoca el estudio de los argumentos de inconformidad expresados en la demanda de amparo, aunque ello sea en un orden distinto al en que fueran planteados, según lo autoriza así lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Amparo. Así, devienen inatendibles los múltiples motivos de inconformidad tendentes a demostrar esencialmente, la ilegalidad del auto de vinculación a proceso emitido por el juez de control. Ello es así, toda vez que tales conceptos de violación rebaten diversos aspectos sobre la actuación del resolutor de primera instancia al emitir la vinculación a proceso, lo cual no puede ser aquí atendido, pues esa decisión judicial no es materia del fondo en el presente juicio de amparo, sino únicamente la resolución emitida en la alzada por el Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, en la que se determinaron inoperantes e infundados los motivos de agravio expuestos en apelación; de manera que, la determinación reclamada formal y materialmente sustituyó procesalmente aquélla, por lo que técnica y legalmente el argumento enderezado a combatir el fallo judicial preliminar es ineficaz. En apoyo a lo anterior, es de citar la Jurisprudencia I.6o. C. J/4, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil de Primer Circuito, publicada en la página 121, del Tomo III, Enero de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES, CUANDO IMPUGNAN UNA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE YA FUE SUSTITUIDA POR OTRA DE SEGUNDO GRADO.- Si los conceptos de violación se encuentran orientados a impugnar la valoración que de un hecho hizo el Juez de primera instancia, en la sentencia que cesó en sus efectos puesto que se apeló la misma y se dictó fallo de segundo grado, los conceptos señalados resultan inoperantes, por no poderse analizar una sentencia que ya fue sustituida por la de segunda instancia." Por otra parte, los conceptos de violación vertidos en diversas porciones de los puntos primero y segundo, donde se refiere que el acto reclamado vulnera su esfera de derechos, toda vez que contrario a lo expuesto por el tribunal de alzada, en la especie no se encuentran reunidos los requisitos a que se refiere el artículo 19 de la Constitución y el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en razón de que no existe un hecho con apariencia de delito y menos una probabilidad de que el quejoso hubiese participado o cometido en ese hecho. Lo anterior, pues el amparista señala, que no existe dato de prueba alguno que demuestre que la víctima M.Á.A.R. fue privado de su libertad el trece de junio de la anualidad que transcurre, a las 04:15 horas, y que fue levantada por personas que circulaban en tres vehículos, pues ningún dato de prueba establece esa situación; eso era, que no existe testigo que lo convalide, por el contrario la propia víctima directa mencionó de una forma cronológica en donde se encontró antes y después de la hora que adujo la fiscalía fue privada de su libertad. Que además de los audios ofrecidos como dato de prueba por la fiscalía, no se advierte que el de la voz fuese la víctima directa; además de que se escuchaba que estaba tomando, por lo que en realidad no se sabía qué era lo que decía; y que jamás se estableció que se encontrara alterado o reflejara miedo o cierto estado de ánimo. Además en relación a su probable participación en el hecho adujo que si la policía refirió que la víctima llegó a su domicilio a las 12:30 horas y fueron detenidos a las 09:30 entonces, como lo tenían secuestrado precisamente en esta ciudad y fuera liberada por los secuestradores cuando para esa hora ya estaba detenido lo cual no resultaba razonable. De igual forma, señaló que nunca se le encontró dinero al momento de su detención, además de que Antonio señaló en audiencia que nunca se le tomaron fotos ni datos al dinero que se entregó. Son inatendibles, por novedosos, pues examinando los escritos a través de los cuales el quejoso y su defensor (apelantes) expresaron los agravios respectivos (fojas 37-41 del Tomo I de pruebas), se advierte que ante el tribunal de alzada -únicamente- señalaron los siguientes argumentos: La defensa: La resolución en que se vinculó a los imputados a proceso, es violatoria de los derechos humanos reconocidos en los artículos 1, 8, 16, 17 y 19 y 20 de la Constitución General de la República, así como en los numerales 265 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por las siguientes razones: La existencia del hecho considerado como delito de secuestro, se basó únicamente en la denuncia de Olivia Cuevas Velez, así como la entrevista de Antonio Anguiano Reyes y, los oficios de investigación rendidos por Luis Fernando Gutiérrez Ramírez. La probabilidad de la intervención de los investigados en la comisión de ese evento delictivo, se aprobó especialmente con su detención ocurrida después de recoger la camioneta Honda CVR, propiedad de la víctima directa M.Á.A.R., la que supuestamente fue parte del pago del "rescate"; y que además, les fueron asegurados diversos billetes que formaban parte del numerario pagado como "rescate". En la continuación de la audiencia inicial, se desahogaron como medios de prueba los testimonios de M.Á.A.R., Olivia Cuevas Veles y Antonio Anguiano Reyes, quienes de manera coincidente adujeron que no existió tal secuestro, menos aún se pagó un rescate. Que era cierto que se sorprendió a los imputados en poder de la camioneta de la víctima, pero ésta permitió que la fuera a recoger. La fiscalía no acreditó con qué calidad detentaba esa unidad vehicular. De acuerdo a la narrativa de la fiscalía, en dicho vehículo solamente fueron detenidos Marvin Ulises Hurtado Correa y Jesús Villalobos Barragán, por lo que los diversos imputados son ajenos a esa circunstancia. El imputado Jonathan Mauricio Martínez Reyes: Se inconforma con el auto de vinculación, en razón de que el juez no atendió las reglas de valoración -lógica y la sana crítica- establecidas en el numeral 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que no le otorgó credibilidad al dicho de la víctima, obtenido en el término constitucional, pues ésta declaró de manera libre sin que estuviera amenazada, aunado a que no existe dato alguno que compruebe ni meridianamente que su versión sea falsa. Que la fiscalía nunca se ocupó de tomar la entrevista de la víctima, siendo que tenía la obligación de aclarar los hechos, tomar denuncias, así como el deber de lealtad, objetividad, profesionalismo y exhaustividad, en atención a los numerales 131, 132 y 202 de la legislación procesal en comento. Que la víctima declaró de viva voz que no fue secuestrada e incluso, tuvo a la vista a los imputados, diciendo que no los conocía; más aun que en la carpeta tampoco se encontraba algún reconocimiento de persona, ni descripción de los imputados, ello por parte de la víctima, su esposa y hermano. Que no se respetaron los derechos de la víctima, afectando el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la verdad, lo que causaba agravio al imputado, puesto que la propia fiscalía se opuso a la verdad y al derecho de la víctima de declarar y aportar datos de prueba, insistiendo que no sólo omitió recabar su entrevista y denuncia, sino también se opuso a que se desahogara como órgano de prueba en el término constitucional, no obstante que la víctima refirió su deseo de declarar. Que el actuar del juez fue más grave al desestimar el dicho de la víctima, porque el artículo 130 de la legislación procesal, establece que es la propia fiscalía quien tiene la obligación de la carga de la prueba, cosa que no cumplió, pues ni siquiera se ocupó de entrevistarla, siendo que estaba disponible en su propio domicilio, e, inclusive, jamás aportó dato que estableciera que estuviere mintiendo o faltando a la verdad. Que previo a que el juez resolviera la solicitud de vinculación, el asesor victimal refirió que por orden de la fiscalía, la policía ministerial a su cargo, se llevó detenidos a la víctima y testigos, por el supuesto delito de falsedad en declaraciones, lo que resultó violatorio de derechos humanos. Que el juez emitió razonamiento de manera subjetiva, al referir que no le daba credibilidad a la declaración de la víctima, porque su no presencia en la boda, ponía en claro que estaba privado de su libertad, lo cual no fue aceptado por ésta, quien afirmó que estuvo tomando y que perdió la noción del tiempo; además, su hermano expuso en audiencia inmediada por el propio juez, que no quería casarse; por tanto, lo vertido por el juez no es un dato razonable sino subjetivo, que además solo constaba en una transcripción de audio. Que de los datos de prueba tampoco se desprende que se haya pedido un rescate, pues del audio aportado por la fiscalía no se hablaba ni de la privación de la libertad, ni de ningún rescate; más aún que la víctima y testigos referidos (hermano y esposa), eran coincidentes en señalar que el dinero que les pidió la víctima, se trataba de una deuda, derivado del pago de una casa; incluso ante su presencia, refirieron que no se dio el secuestro, que estuvo bajo su propia voluntad tomando bebidas con sus amistades. Como se ve de lo anterior, ninguno de los agravios formulados por el aquí quejoso y su defensor dentro del recurso de apelación se relacionan con los temas que ahora exponen para sostener la ilegalidad de la resolución que confirma la vinculación, de suerte que al no haber formado parte de los planteamientos examinados por la sala responsable, este juzgador se encuentra imposibilitado para abordar su estudio, al no ser factible examinar la constitucionalidad de la resolución combatida a la luz de razonamientos sobre los cuales no tuvo oportunidad de pronunciarse la responsable. Sin que se oponga a lo considerado que subsista la suplencia de la queja deficiente, conforme a los artículos 107, fracción II, de la Constitución Federal y 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, habida cuenta que dicha figura jurídica opera tratándose de violaciones directas a derechos fundamentales que tutela la Constitución a través de sus garantías, como en materia penal serían la vida o la libertad personal, valores que no se trastocan en la especie, en virtud de que en el auto de vinculación a proceso sólo se fija la materia de la investigación y del eventual juicio que pudiera seguirse contra el imputado, surgiendo así su derecho a una adecuada defensa. En apoyo a lo anterior, es de citar la tesis XVII.2o.P.A.38 P, consultable en la página 1412, del Tomo XXXIV, Agosto de 2011, Materia Común, Penal, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, registro: 161239, que dice: "PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN. SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO Y EL IMPUTADO PRETENDE HACER VALER CUESTIONES QUE NO EXPUSO ANTE EL JUEZ DE GARANTÍA, EL JUZGADOR DE AMPARO NO DEBE PRONUNCIARSE AL RESPECTO, SIN QUE SE OPONGA A ELLO LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. En el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se consagra, entre otros principios, el de contradicción, conforme al cual el agente del Ministerio Público y el imputado pueden debatir los hechos y argumentos jurídicos, normativos y jurisprudenciales de su contraparte, así como controvertir cualquier medio de prueba, para lo cual podrán hacer comparecer, interrogar o, en su caso, contrainterrogar a los testigos y peritos; de ahí que si el acto reclamado consiste en el auto de vinculación a proceso y el imputado no ejerció su derecho a la contradicción, no es dable que pretenda hacer valer en el juicio de amparo cuestiones que no expuso ante el Juez de Garantía, pues si éste no estuvo en aptitud de pronunciarse al respecto, menos podrá hacerlo el Juez de Distrito, toda vez que ello implicaría que se sustituyera en atribuciones propias de la autoridad de instancia. Sin que se oponga a lo considerado que subsista la suplencia de la queja deficiente, conforme a los artículos 107, fracción II, de la Constitución Federal y 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, habida cuenta que dicha figura jurídica opera tratándose de violaciones directas a derechos fundamentales que tutela la Constitución a través de las garantías individuales, como en materia penal serían la vida o la libertad personal, valores que no se trastocan en la especie, en virtud de que en el auto de vinculación a proceso sólo se fija la materia de la investigación y del eventual juicio que pudiera seguirse contra el imputado, surgiendo así su derecho a una adecuada defensa." De igual forma sirve de sustento, la tesis 1a/J.17/2019 (10a), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 732, del tomo I, Abril de 2019, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "RECURSO DE APELACIÓN PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO. LAS SALAS DEBEN SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA PARA REPARAR OFICIOSAMENTE VIOLACIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL IMPUTADO. De una lectura del artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales se desprenden dos reglas: (i) el órgano jurisdiccional debe reparar oficiosamente las violaciones a derechos fundamentales; pero (ii) cuando no se esté en ese supuesto, el órgano jurisdiccional debe limitarse al estudio de los agravios planteados, sin tener que fundar y motivar la ausencia de violaciones a derechos. Para precisar lo anterior es importante distinguir entre dos momentos diferentes: el análisis del asunto y el dictado de la sentencia. Así, aunque las reglas antes descritas cobran vigencia al momento de dictar la sentencia de apelación, el Tribunal de Alzada debe analizar la sentencia impugnada en su integridad para verificar que no existan violaciones a derechos humanos; y posteriormente, al emitir su decisión, debe limitarse al estudio de los agravios, salvo que hubiere advertido violaciones a los derechos fundamentales del imputado, en cuyo caso deberá reparar las violaciones oficiosamente. Por lo tanto, aunque los Tribunales de Alzada deben analizar toda la sentencia, no tienen el deber de reflejar ese análisis en los considerandos de su decisión. En consecuencia, se puede concluir que el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla -de manera implícita- el principio de suplencia de la queja a favor del imputado. Es importante precisar que la facultad de reparar violaciones a derechos de forma oficiosa se encuentra acotada a la materia del recurso. En este sentido, la suplencia de la queja no opera del mismo modo en procesos abreviados, que en procesos ordinarios. En el primer caso, tal como esta Primera Sala sostuvo en la contradicción de tesis 56/2016, sólo puede analizarse la violación a los presupuestos jurídicos para la procedencia de esa forma de terminación anticipada del proceso penal. Mientras que en el segundo, se podrá analizar cualquier acto que sea materia de la sentencia que resuelva el juicio oral y que implique una violación a los derechos fundamentales del acusado, como lo podrían ser, según sea el caso: la valoración de pruebas, el estudio de tipicidad, la reparación del daño y la individualización de la pena, entre otras cuestiones. Ahora, también debe aclararse que sólo se hace referencia a la suplencia de la queja en favor del imputado, por lo que la Primera Sala, en este momento, no se pronuncia sobre la aplicabilidad de ese principio en favor de otras partes." Por otra parte, devienen infundados los motivos de inconformidad en los que el peticionario de amparo esencialmente señala, que el magistrado penal responsable apreció de una manera subjetiva el testimonio emitido por la víctima directa M.Á.A.R., así como los diversos de Olivia Cuevas Velez y Antonio Anguiano Reyes, en la continuación de la audiencia inicial; además de que inobservó el principio de inmediación establecido en el artículo 20 de la Constitución y 9º, del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como lo dispuesto por los artículos 61, 68, 261, 265 y 316 de este último cuerpo de leyes. Esto pues esgrime medularmente que, no se tomó en consideración que sus testimonios fueron inmediados directamente en audiencia por el juez de control, por lo que tenía mayor valor que cualquier indicio subjetivo; dado que no se hizo valer contradicción en sus declaraciones. Que no obstante que la víctima señaló que no fue secuestrado, que se encontraba tomando con unas personas, que perdió la noción del tiempo, que el dinero que requirió fue por una deuda que tenía de una casa; el ad quem realizó apreciaciones subjetivas restándole credibilidad, no obstante que no existe registro previo de alguna entrevista o denuncia que contradijera su dicho. Que también apreció de manera subjetiva el testimonio de la víctima con lo referido en los audios, pues señaló la existencia de un hecho con apariencia del delito de secuestro, porque M.Á.A.R refirió que "en cuanto lo arregle se va ir a su casa y que quería llegar a la boda y no llegó", resultando que objetivamente en ningún momento se habló de un secuestro, ni de pago de rescate. Que el único que podía referir el contexto de lo que sucedió era la víctima, lo que fue corroborado por el testimonio de su hermano Antonio, quien además precisó que aquél no quería casarse. Que debía recordarse, que M.Á.A.R la víctima estuvo tomando en un bar al igual que la persona que le recordó la deuda, que no existía dato aportado por la fiscalía que demostrara lo contrario, que el cobro de la deuda no se realizó en su casa porque el deudor y el acreedor se encontraban en el mismo lugar. Que resultaba subjetiva la apreciación de la responsable en el sentido de que no le era creíble que la víctima no refiriera los nombres y apellidos de las personas con las que estuvo, pues era razonable que los supiera; pues dice el quejoso, que no obstante que aquél señaló que los conocía, no estaba obligado a saber ni mucho menos a recordar sus nombres completos, si algunas las llamaban por su apodo. Que en cuanto a lo aducido por el magistrado atinente a que no era razonable lo declarado por la víctima en el sentido a que se fue a tomar el viernes y llegó a su casa hasta el domingo por la mañana; resultaba que su propia pareja -Olivia- refirió que en ocasiones no llegaba a dormir y aun cuando ello no fuera cotidiano, motivo por el que considera que no existe razón para no creerle, pues lo cierto es que la víctima señaló que sí lo hizo, aún y cuando haya sido la primera vez. Que le resta valor en algunas cosas al testimonio de Olivia y en otras se lo otorga, no obstante que se trata de un testigo con el que se intenta acreditar el cuadro fáctico de la fiscalía y con ello el hecho con apariencia de delito y sólo se le aprovecha para acreditar lo que le conviene a la fiscalía y lo que le perjudica al quejoso como inculpado, violentando la objetividad y que con ello no existe razonabilidad, que si no se le da credibilidad no se le debe dar a nada. Que divide las declaraciones de la víctima y de los testigos, vulnerando su presunción de inocencia tomando en cuenta únicamente lo que le perjudica, no obstante que esa teoría es del sistema inquisitivo; que en este caso lo que se debía valorar es si el dicho de la víctima y testigos eran creíbles y los datos que aportaban eran objetivos y causaban razonabilidad; que si en ese caso refirió que no existía credibilidad, luego entonces no existía razonabilidad y por ende anularse los testimonios. Insiste que interpretó de manera subjetiva lo dicho por los testigos, no obstante que son ellos quienes conocen los datos y no la responsable quien solo supone de manera subjetiva. Que únicamente se puede establecer con objetividad que hubo una denuncia por desaparición y que se grabaron unos audios en los cuales la víctima llamó a su hermano que le consignara un dinero para pagar una deuda, pero que aquél señaló el sentido de ese audio, corroborando lo relativo a la deuda y que nunca estuvo secuestrado. Que Antonio también señaló que su hermano nunca fue privado de su libertad y mucho menos secuestrado, que estuvo tomando y jugando, refiriéndose a una deuda de carácter civil, que no quería casarse y que la camioneta CVR no fue dada como pago. Que en dichas declaraciones no se estableció el secuestro, ni tampoco su participación y tampoco se hizo valer contradicción en sus declaraciones, lo que realmente debe ponderarse para determinar el valor y alcance de la prueba y no lo que obre en registros previos, la tesis intitulada: "PRUEBA TESTIMONIAL EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL.SALVO LAS EXCEPCIONES LEGALES, LA ÚNICA INFORMACIÓN QUE EL TRIBUNAL DE CASACIÓN PUEDE VALORAR PARA SU DECISIÓN, ES LA ENTREGADA POR LOS TESTIGOS DURANTE EL JUICIO, POR LO QUE TODA DECLARACIÓN PREVIA NO TIENE VALOR NI PUEDE UTILIZARSE EN REMPLAZO DE LA DECLARACIÓN PERSONAL DE ÉSTOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO). Que se debe tomar en cuenta todo lo manifestado por el testigo y no tomar en consideración nada, sino se puede determinar dicho testimonio y su dicho genera duda, no debe ser tomado en cuenta, y por lo tanto no se puede determinar si existe o no víctima, porque dicha carga es para el ministerio público y no para el inculpado. Se dice de este modo, esto es infundados tales motivos de disenso; toda vez que en primer lugar no debe confundirse la inmediación con la valoración y alcance demostrativo de la prueba personal; es decir, es necesario distinguir la herramienta metodológica de formación de la prueba del manejo que realiza la autoridad con la información que como resultado arroja la prueba; y en segundo, porque los argumentos vertidos por la víctima y los testigos en la audiencia, por el momento, no resultan creíbles en razón de que existen diversos medios de convicción que determinan lo contrario. Para determinar lo anterior, resulta conveniente traer a glosa el contenido de los artículos 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señalan: "Artículo 261. Datos de prueba, medios de prueba y pruebas El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el Órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. Se denomina prueba a todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al Tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación." "Artículo 265. Valoración de los datos y prueba El Órgano jurisdiccional asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas, de manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas y explicará y justificará su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios. De la anterior transcripción deriva: Que el dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el Órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Que los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. Que se denomina prueba a todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al Tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación. Que el Órgano jurisdiccional asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas, de manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas y explicará y justificará su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios. Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 492/2017, abordó el análisis de los componentes del principio de inmediación en el nuevo sistema de justicia penal, respecto de los cuales, en su vertiente a la exigencia de la percepción directa y personal de los elementos probatorios útiles para la decisión, señaló lo siguiente: "ii) Exige la percepción directa y personal de los elementos probatorios útiles para la decisión. Como pudo constatarse, para el poder reformador de la Constitución, el principio de inmediación "presupone que todos los elementos de prueba que son vertidos en un proceso y que servirán para la toma de decisiones preliminares en el proceso y la determinación de la responsabilidad penal de una persona, sean presenciados sin mediaciones o intermediarios por el Juez en una audiencia, de modo tal que esté en aptitud de determinar, previa una valoración libre de la prueba ofrecida, la decisión en cuestión". Dicho propósito adopta las nociones del principio de inmediación en su sentido estricto, lo que implica reconocer que en la etapa de juicio es donde cobra plena aplicación, pues el contacto directo que el Juez tiene con los sujetos y el objeto del proceso lo coloca en las mejores condiciones posibles para percibir -sin intermediarios- toda la información que surja de las pruebas personales, esto es, de aquellas que, para su desahogo, requieren de la declaración que en juicio rinda el sujeto de prueba, como la testimonial, la pericial o la declaración del acusado. Lo anterior quiere decir que, en la producción de las pruebas personales, la presencia del Juez en la audiencia le proporciona las condiciones óptimas para percibir una serie de elementos que acompañan a las palabras del declarante; esto es, componentes paralingüísticos como el manejo del tono, volumen o cadencia de la voz, pausas, titubeos, disposición del cuerpo, dirección de la mirada, muecas, sonrojo, etcétera. De manera que al Juez gracias a su inmediación con la prueba, le permitirá formarse una imagen completa del contenido y exactitud de lo expuesto, para luego de motivar su valor y alcance probatorio decida la cuestión esencial del asunto: si el delito quedó o no demostrado. De ahí que, en esta vertiente, el principio de inmediación se configura como una herramienta metodológica de formación de la prueba, es decir, el modo en que debe incorporarse la prueba al proceso y que permite al Juez percibir toda la información que de ella se desprende. En ese sentido, no debe confundirse la inmediación con la corrección en la motivación sobre la valoración y alcance demostrativo de la prueba personal, es decir, es necesario distinguir la herramienta metodológica de formación de la prueba, del manejo que realiza el Juez con la información que como resultado arroja la prueba. En la valoración de la prueba es posible advertir tres estadios diferentes, a saber: a) constatar que lo aportado al juicio como prueba reúne las condiciones para catalogarse como prueba válida; b) de ser realmente una prueba válida, determinar el valor que probatoriamente le corresponde; y, c) después de determinar su valor probatorio, establecer su alcance demostrativo: para qué sirve. De esos tres estadios, el principio de inmediación rige para el primero, dado que atañe a la fase de producción de la prueba, donde la presencia del Juez en la audiencia de juicio oral lo coloca en las mejores condiciones posibles para percibir -sin intermediarios- toda la información que surja de las pruebas personales. En cambio, para los dos siguientes estadios la inmediación es un presupuesto, que se traduce en la exigencia de que el Juez que intervino en la producción de la prueba sea el mismo que asigne su valor y alcance demostrativo, pero la corrección en la motivación que al respecto emita el Juez o tribunal correspondiente no se verifica a través de la inmediación, sino de la observancia a las reglas que rigen el sistema de libre valoración de la prueba." De lo anterior deriva, que el principio de inmediación se configura como una herramienta metodológica de formación de la prueba, es decir, el modo en que debe incorporarse la prueba al proceso y que permite al juez percibir toda la información que de ella se desprende. Esto es, la corrección en la motivación que al respecto emita el juez o tribunal correspondiente no se verifica a través de la inmediación, sino de la observancia a las reglas que rigen al sistema de valoración de la prueba. En concordancia con lo anterior, contrario a lo señalado por el peticionario de amparo, el hecho de que el juez natural hubiese inmediado la declaración de la víctima directa M.Á.A.R., así como los diversos de Olivia Cuevas Velez y Antonio Anguiano Reyes, en la continuación de la audiencia inicial, de ninguna manera implica que por ello deba otorgarse mayor valor demostrativo, en relación con aquéllos datos de prueba aportados por el fiscal; atento a que ello depende únicamente de la observancia a las reglas que rigen el sistema de libre valoración, en la que debe explicarse y justificarse la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios. Lo que así realizó, porque el tribunal de alzada señaló que lo manifestado libremente por la víctima directa y los dos testigos, por el momento, no resultaban creíbles, ya que subyacían datos de prueba que determinaban lo contrario, explicando y justificando su valoración. Pues basta imponerse del contenido de la sentencia que se revisa, para poder advertir que el Magistrado Penal responsable, advirtió que de la información generada al juzgador éste concluyó en que las afirmaciones de los declarantes se contradecían con los datos de prueba que se generaron en la audiencia, en específico con el audio textualizado, el cual no fue controvertido por la defensa, y en el que se estableció textualmente "dando el dinero voy a estar con ustedes"; lo que dice el ad quem, lo interpretó el juez en el sentido de que era necesario que se cubriera el pago, para que de esa forma pudiera regresar la víctima a su domicilio. Por ello precisó, que el juez no considerara razonable el argumento de la víctima de que no estaba secuestrado, y de que estaba a gusto tomando y que por eso no se quedó. También mencionó el ad quem, que el juez reiteró que se generó la denuncia y seguimiento de las llamadas, en donde se estableció precisamente de los propios audios, que se solicitaba el pago de $4'000,000.00 pesos, y que independientemente de que se tratara de una deuda de un inmueble o de un rescate; lo cierto era que esa información, vinculada con los audios, le permitió concluir que la víctima estaba reunida en contra de su voluntad en el lugar en donde se le tenía. Señaló, que el juzgador precisó que se generó información del pago, con el propio testimonio de Antonio Anguiano, quien aseveró haber acudido a realizar el pago de 4'000,000.00, e incluso, se dio la camioneta CRV, de color azul marino, aunque el testigo hubiese señalado en la audiencia que no fue como pago de rescate, pues de la evidencia de contradicción que se dio en torno al audio, se pudo conocer que sí se ofreció como pago del rescate. Máxime que una vez que lo anterior fue cubierto, la víctima regresó a su domicilio, precisamente el día dieciséis de junio, entre las 10:00 y las 10:30 diez treinta horas con treinta minutos, como así lo dijeron la víctima y los testigos. Por ello adujo la responsable, que en opinión del juez de control, generó mayor credibilidad el registro de audio que fue textualizado, insistiendo que éste no fue controvertido por la defensa y que por ello concluyera que sí había datos objetivos suficientes para justificar el hecho que la ley señala como delito de secuestro. De ahí, que se estime que el tribunal de Alzada estuvo en lo correcto en privilegiar los datos de prueba aportados por la Fiscalía en relación con lo declarado por la víctima y testigos, por más que se hubiesen incorporado en la continuación de la audiencia inicial. Además de que señaló, cómo es que el juez natural explicó de manera razonada que las versiones de la víctima y testigos que acudieran ante él, no les resultaban creíbles. Eso era, que atendiendo a las reglas de valoración que se consignan en el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, precisó los razonamientos con los que estimó que no era creíble la versión de la víctima en el sentido de que el trece de junio, a las 4:00 horas salió del bar y que se fue con unos amigos a quienes conoce desde hace tres años, que a esas personas solamente las conoce -a uno- por su nombre y apodo; pues señaló, que en opinión del juez no existía una explicación del porqué si una persona es su amigo, no sepa ni su nombre ni sus apellidos. Que tampoco se podía admitir que la víctima estuvo tres días tomando a gusto en ese lugar; porque no adujo de manera detallada cuál fue la actividad que realmente realizó en el lugar donde dijo haber estado; tampoco se reveló que acostumbrara ese tipo de reuniones y durar tres días perdido; aludió que no acostumbraba a realizar eso; que no era razonable entender que un día antes de su boda, se perdiera por tres días y no regresara, cuando esa conducta no era reiterada; y que Olivia mencionó que efectivamente el señor no revelaba esa conducta de manera cotidiana porque lo que sí dijo es que a veces no llegaba, pero porque se iba con sus sobrinos, con sus hijos y que no sé qué; jamás estableció eso de irse tres días a ponerse ebrio, jugar y no regresar a su casa, y es más no comunicarse. Que no se podía dar por cierta la existencia de la deuda que refirió la víctima de $4'000.000.00 cuatro millones de pesos; en virtud de que, no era razonable esa circunstancia que hubiese detonado precisamente en la generación de ese pago que se dijo se realizó; solo dijo que había comprado una casa a una maestra de nombre Elsa, pero no explicaron las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se generó esa compra; es más, ni siquiera dijo dónde estaba esa casa; su hermano dijo que se encontraba en la veintidós de octubre en Apatzingán; pero él no refirió nada de eso; que no era razonable que una persona que tuviera una deuda de esa naturaleza, se le generen llamadas durante tres días, y se enviaran mensajes en la madrugada; que a ninguna persona que debe una deuda de esa naturaleza, se le genere un cobro en la madrugada, como incluso lo señaló la propia Olivia que salieron en la madrugada el día quince de la Procuraduría para generar el pago; que la víctima dijo que ni siquiera recordaba la deuda; que lo recordó porque una persona se le acercó en el lugar ahí donde estaba y le dijo de la deuda de cuatro millones, requiriéndole el pago; y que no era razonable que se hubiese generado toda una serie de llamadas, de mensajes para que les pagaran $4'000,000.00. Que no le resultaba creíble el testimonio de Olivia Cuevas Veles, atinente a que el pago derivaba de una deuda; toda vez que no era razonable que un pago de una deuda de carácter civil respecto de una compra de un inmueble, se generaran todo ese tipo de llamadas y de audios, menos a altas horas de la noche; que inclusive en la madrugada del día quince, se retiraran del lugar porque tenían pensado generar el pago; además que la testigo adujo que pagaran el dinero para que la víctima regresara y estuviera ahí con ellos, precisamente refiriéndose al día de la boda; resultando contradictorio lo que decía de que no se trataba de un secuestro; ya que precisamente la víctima también afirmó que era necesario que se pagara ese dinero para que pudiera estar en la boda y que ante esa contradicción, el juez determinó que no le otorgaba credibilidad a esa parte del testimonio de la testigo. Que por lo que tocaba a su dicho en el sentido de que ella no sabía que el día trece de junio, la víctima se encontraba en el bar El Tiburoncito, que sólo tuvo contacto por mensaje; señaló que esa información de que la víctima estaba en el bar El Tiburoncito el día 14, por la madrugada, sólo la proporcionó la testigo, como quedó asentado en su entrevista, ya que la víctima apareció hasta el día 16, por lo que ésta no pudo haber proporcionado ese dato; además, la víctima dijo -o corroboró- que ese día 14, sí estuvo en ese bar, de cuyo lugar salió en la madrugada. Finalmente, respecto del testimonio de Antonio Anguiano Reyes, adujo que no notó que la víctima estuviera contra su voluntad; que su hermano no estuvo secuestrado y que éste le comentó que estuvo a gusto, tomando y jugando; lo que tampoco lo dio por cierto dado que el juez señaló que no encontraba explicación alguna de porqué se afirmaba ello, porque si hubiese sido así, entonces, porqué se recibieron las llamadas de cobro de una deuda de carácter civil, a altas horas y en las circunstancias en que se generaron y que quedó textualizado; además de que esa información se contradecía con el contenido del audio señalado y que fue leído por el propio testigo; reiterando que la información derivada de ese dictamen pericial, no fue controvertida por la defensa, lo que implicaba que efectivamente así se generó ese audio, en el que se estableció "Carnal quiero ir a la boda échale ganas"; por lo que concluyó el juez que el lugar en donde se encontraba el ofendido, no lo fue por su voluntad. Consideraciones que éste órgano Constitucional estima correctas, en atención a que opuesto a lo aducido por el quejoso no se aprecia que el Tribunal Penal responsable hubiese valorado de manera subjetiva su declaración y la de los testigos, rendida en la audiencia, porque a su decir: En el audio en ningún momento se habla de secuestro ni pago de rescate; y que toma en cuenta el señalamiento de la deuda y de su pago. El único que podía referir el contexto de lo que sucedió era la víctima, lo que fue corroborado por los testigos. Que no existía dato de la fiscalía que demostrara que no estuvo en un bar al igual que la persona que le recordó la deuda. Que no estaba obligado a saber ni recordar los nombres completos y si algunas las llamaban por su apodo. Que no había razón de no creerle a la víctima el hecho de que no llegó a dormir. Que el cobro de la deuda no se realizó en su casa porque el deudor y el acreedor se encontraban en el mismo lugar Atento a que como se observó, se explicaron y justificaron los motivos por lo que se estimó que lo declarado no resultaba razonable, pues respecto de lo anterior señaló que: En el audio textualizado, no fue controvertido por la defensa, en el que se estableció textualmente "dando el dinero voy a estar con ustedes", se interpretó en que era necesario que se cubriera el pago, para que de esa forma pudiera regresar la víctima a su domicilio. Los argumentos vertidos no resultaban creíbles, ya que existían datos de prueba que determinaban lo contrario. Porque de la denuncia y seguimiento de llamada, en donde se estableció precisamente de los propios audios que solicitaba el pago de $4'000,000.00, y que con independencia de que se tratara de una deuda de un inmueble o rescate; lo cierto era que esa información vinculada con los audios, se concluía que la víctima estaba retenida en contra de su voluntad en el lugar en donde se le tenía; que se generó información de pago, con el propio testimonio de Antonio, quien aseveró acudió a entregar esa cantidad, e incluso se le dio la camioneta CVR, de color azul marino, aunque señalara en la audiencia que no fue como pago de rescate, pero de la evidencia de contradicción que se dio en torno al audio, se pudo conocer que sí se ofreció como pago de rescate; máxime que después de cubierto, la víctima regresó a su domicilio. Que no existía una explicación del porqué si una persona es su amigo, no supiera su nombre ni apellidos. Que Olivia señaló que efectivamente el señor no revelaba esa conducta de manera cotidiana, porque lo que sí dijo es que a veces no llegaba, pero porque se iba con sus sobrinos, con sus hijos y no sé qué; jamás estableció eso de irse tres días a ponerse ebrio, jugar y no regresar a su casa y es más no comunicarse. Porqué una persona que tuviese una deuda de esa naturaleza, se le generen llamadas durante tres días, y se envíen mensajes en la madrugada; la víctima dijo que ni siquiera recordaba la deuda; que la recordó porque una persona se le acercó en el lugar y le dijo de la deuda de cuatro millones, requiriéndole del pago y que no era razonable que se hubiese generado toda una serie de llamadas de mensajes para que le pagaran $4'000,000.00. Es decir, se insiste, se expuso los razonamientos lógico jurídicos que lo llevaron a concluir los motivos por los que consideró que lo declarado por la víctima y los testigos, no le merecían valor probatorio para desvirtuar los datos de prueba ofertados por el Ministerio Público, dado que explicó y justificó su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de éstas. Sin que impida estimar lo anterior, la manifestación del impetrante del amparo en el sentido de no existe registro previo de alguna entrevista o denuncia que contrajera el dicho de la víctima; es así, pues además de que, como en forma acertada lo precisó el magistrado responsable, ello no le reporta agravio ya que el análisis se centraba solamente respecto a lo resuelto por el juez de control; debe precisarse, que existen diversos datos de prueba que las contradicen, principalmente el audio textualizado que no controvirtió en aquélla instancia. Tampoco impide estimar lo anterior, el argumento vertido en el sentido de que la responsable divide las declaraciones de la víctima y testigos, tomando en cuenta únicamente lo que le perjudica, no obstante que esa teoría es del sistema inquisitivo. En razón de que a partir de la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública, se introdujeron los elementos para un proceso penal acusatorio y oral, destacando la modificación al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se establecieron las directrices correspondientes. La fracción II del apartado A de dicho precepto constitucional, dispuso esencialmente que el desahogo y la valoración de las pruebas en el nuevo proceso, recae exclusivamente en el Juez, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica. Por ello, bajo la nueva óptica del proceso penal acusatorio, el Constituyente consideró que las pruebas no tuvieran un valor jurídico previamente asignado, sino que las directrices se enfocarían a observar las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, lo que debe estar limitado por la sana crítica y la forma lógica de valorarlas. De igual forma, el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que el Órgano jurisdiccional asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas, de manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas y explicará y justificará su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios. En consecuencia, si la responsable dividió la información que le fue generada por la víctima y testigos de mérito, esto es, tomó válida una parte, y a la otra, le restó credibilidad; ello se estima correcto, atento a la libre valoración de la prueba que rige al sistema de justicia penal oral, la cual descansa en la justificación objetiva que el juzgador efectúe en torno al alcance y valor probatorio. En apoyo a lo anterior es de citar la tesis 1a. LXXIV/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1320, de la Décima Época, del Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, Materia Penal, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro 2020480, que dice: "PRUEBAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. SU VALORACIÓN LIBRE Y LÓGICA POR EL JUZGADOR EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. La valoración de la prueba constituye la fase decisoria del procedimiento probatorio, pues es el pronunciamiento judicial sobre el conflicto sometido a enjuiciamiento. Regularmente se define como la actividad jurisdiccional en virtud de la cual el juzgador, mediante algún método de valoración, aprecia la prueba delimitando su contenido, a fin de establecer si determinados hechos han quedado o no probados, debiendo explicar en la sentencia tal proceso y el resultado obtenido. Por tal razón, se han creado sistemas teóricos de valoración, distinguiendo la prueba legal o tasada, así como los de prueba libre y mixtos, que permiten determinar la existencia de un hecho que ha resultado probado o la falta de prueba. A partir de la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, se introdujeron los elementos para un proceso penal acusatorio y oral, destacando la modificación al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se establecieron las directrices correspondientes. La fracción II del apartado A de dicho precepto constitucional, dispuso esencialmente que el desahogo y la valoración de las pruebas en el nuevo proceso, recae exclusivamente en el Juez, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica. En ese tenor, bajo la nueva óptica del proceso penal acusatorio, el Constituyente consideró que las pruebas no tuvieran un valor jurídico previamente asignado, sino que las directrices se enfocarían a observar las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, sin que el juzgador tenga una absoluta libertad que implique arbitrariedad de su parte (íntima convicción), sino que tal facultad debe estar limitada por la sana crítica y la forma lógica de valorarlas. En esa perspectiva, el punto toral de dicha valoración será la justificación objetiva que el juzgador efectúe en la sentencia en torno al alcance y valor probatorio que confiera a la prueba para motivar su decisión. Asimismo, cabe precisar que por lo que se refiere a los testigos Olivia Cuevas Veles y Antonio Anguiano Reyes, si bien se advierten versiones distintas -incorporadas como dato de prueba y prueba- al no ser medios distintos, son susceptibles de valoración conjunta a fin de precisar su posible eficacia demostrativa y en cuál de los sentidos, pero no quiere decir que los datos aportados por los declarantes de la carpeta de investigación, en forma automática, carezcan de eficacia por no haberse rendido en la audiencia inicial. En apoyo a lo anterior es de citar la tesis -en lo que interesa- II.2º.P.56 P (10ª) consultable en la página 2385, del Libro 53, Abril de 2018, Tomo II Materia Penal, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, registro 2016644, que dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS DIFERENTES VERSIONES DE LA DECLARACIÓN DE UNA MISMA PERSONA (INCULPADO, TESTIGO O VÍCTIMA) -INCORPORADAS AL JUICIO COMO DATO DE PRUEBA O PRUEBA-, AL NO SER MEDIOS DISTINTOS, SINO UNO SOLO, SON SUSCEPTIBLES DE VALORACIÓN CONJUNTA CON LA POSIBILIDAD DE SUJETARLAS AL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN. El dicho de un testigo, primero como dato de prueba y su posterior complementación (ya sea en el mismo sentido, retractándose o contradiciéndose), no implican dos medios de prueba distintos, sino uno solo susceptible de ser analizado en su integridad contextual, a la luz del principio de contradicción, llevando todo al análisis por la incorporación mediante lectura; de modo que cuando existen diversas manifestaciones de una persona, ya sea como inculpado, testigo o víctima, todas ellas son susceptibles de valoración conjunta, como resultado del juicio oral al que se incorporan como parte del análisis convictivo que corresponde al órgano judicial, y todo ello sujeto a la posibilidad de la contradicción, a fin de precisar su posible eficacia demostrativa y en cuál de los sentidos, en un examen integral que se corresponde con el juicio oral, pero no quiere decir que los datos o versiones aportadas por el declarante de manera previa a la fase de juicio, en forma automática y sin reparo, carezcan de eficacia por no haberse rendido en juicio en sentido estricto; sino que, ante esa posibilidad de multiplicidad de versiones o manifestaciones debidamente evidenciadas y, por ende, incorporadas como parte del juicio, forman parte de la obligada labor judicial de valoración de la prueba. Sin que asista razón al quejoso cuando señala, que únicamente debe tomarse en cuenta las pruebas desahogadas en la audiencia inicial, a saber, la declaración de la víctima y testigos vertidos en la audiencia y no así aquéllos que obren en registros previos, de conformidad -según dice- con el artículo 20, apartado A, fracciones III y V, así como la tesis del rubro: "PRUEBA TESTIMONIAL EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SALVO LAS EXCEPCIONES LEGALES, LA ÚNICA INFORMACIÓN QUE EL TRIBUNAL DE CASACIÓN PUEDE VALORAR PARA SU DECISIÓN, ES LA ENTREGADA POR LOS TESTIGOS DURANTE EL JUICIO, POR LO QUE TODA DECLARACIÓN PREVIA NO TIENE VALOR NI PUEDE UTILIZARSE EN REMPLAZO DE LA DECLARACIÓN PERSONAL DE ÉSTOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO). Esto, porque el precepto Constitucional que invoca como la tesis que cita, resultan aplicables para la etapa de juicio oral, y no en la que nos encontramos -investigación- en la que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 316, fracción III del Código Nacional de Procedimientos Penales, exige como requisito para el dictado de un auto de vinculación a proceso, que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; que se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo. Por lo que si en la especie, se tomó en consideración además de los medios de prueba que fueron desahogados en la audiencia -testimonios de la víctima, Olivia Cuevas Velez y Antonio Anguiano Reyes- los antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público, entre los que destacan, la denuncia presentada por la víctima, quien reportó o denunció la desaparición de su pareja; los oficios de investigación rendidos por Luis Fernando Gutiérrez Ramírez dando lugar a la investigación sobre su paradero; fijación fotográfica de las series de billetes respecto de la suma de $1'000.000.00; entrevista de Antonio Anguiano Reyes; dictamen en materia de balística; dictamen de análisis de datos conservados; dictamen de inspección de lugares -del pago, privación de la libertad y liberación de la víctima-; dictamen de análisis de evidencia digital; dictamen suscrito por el perito Jorge García Juárez de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, relativo a la descripción y fijación de objetos -billetes-; bolso tipo cartera; dictamen sobre textualización de audios de diecisiete de junio de dos mil diecinueve; dictamen de análisis de video de dieciocho de junio de dos mil diecinueve y dictamen pericial en materia de comparativo de serial de papel moneda; de los que advirtió que se cometió un hecho que la ley señala como delito de secuestro, es evidente que la responsable actuó en forma correcta, puesto que al ser valoradas como parte del ejercicio racional del juzgador, expresaron el grado de credibilidad que le proporcionaron. Por otra parte, son infundados los diversos argumentos en los que el peticionario de amparo esgrime esencialmente, que le correspondía a la Fiscalía, la carga de probar la existencia de datos objetivos que demostraran un hecho con apariencia de secuestro. Que sin embargo, no obstante que la víctima directa acudió a la continuación de la audiencia inicial a rendir su tstimonio en donde dijo que no fue secuestrada, surgiendo una hipótesis distinta a la propuesta por la fiscalía que contradice su cuadro fáctico; omitió contra interrogarla y establecer que sí ocurrió; arrojando a la víctima y al inculpado la carga de probar que el primero es víctima de un delito y al segundo su inocencia, convirtiéndose el resolutor en fiscal acusador. Añade, que el hecho de que la víctima no señalara las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la compra de la casa motivo del pago de la deuda, no quería decir que no se hubiese dado, pues quien tenía que probarlo era la fiscalía, lo que no hizo; quien jamás logró habilitarla o rehabilitarla en el contra interrogatorio, lo que ahora se pretende demostrar con meras suposiciones subjetivas, máxime que sostuvo que no le conocía y que nunca le había visto. Se dice de este modo, esto es infundados los motivos de disenso de que se trata, toda vez que como se advirtió en párrafos precedentes, la responsable, de ninguna manera realizó apreciaciones subjetivas; por el contrario, explicó y justificó de manera razonada, los motivos por los que estimó que las declaraciones de la víctima y testigos rendidos en la audiencia, se contradecían con los datos de prueba aportados por la fiscalía, los que permitieron presumir la existencia de un hecho delictivo, por lo que no es verdad que le hubiese arrojado la carga de la prueba a la víctima y al inculpado. De igual forma, cabe mencionar que no es verdad que la fiscalía omitió interrogar a la víctima, pues del contenido del audio y video se observa que en la audiencia oral (minuto 13:52:17) la representante social sí le interrogó; sin embargo, no obstante que dio una hipótesis distinta a la expuesta por la fiscalía, al apreciarlo de manera conjunta con los datos de prueba y pruebas incorporadas a la audiencia inicial, llevó al juzgador establecer las razones que permiten establecer la existencia de un hecho delictivo. Además no debe pasar desapercibido que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 Constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que, con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Así lo estableció la Primera Sala de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 35/2017 (10ª), que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Así como la tesis 1ª. CCXLIX/2011 (9ª.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 292, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SE SUSTENTA EN EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN. Del primer párrafo del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se advierte que el sistema procesal penal acusatorio y oral se sustenta en el principio de contradicción que contiene, en favor de las partes, el derecho a tener acceso directo a todos los datos que obran en el legajo o carpeta de la investigación llevada por el Ministerio Público (exceptuando los expresamente establecidos en la ley) y a los ofrecidos por el imputado y su defensor para controvertirlos; participar en la audiencia pública en que se incorporen y desahoguen, presentando, en su caso, versiones opuestas e interpretaciones de los resultados de dichas diligencias; y, controvertirlos, o bien, hacer las aclaraciones que estimen pertinentes, de manera que tanto el Ministerio Público como el imputado y su defensor, puedan participar activamente inclusive en el examen directo de las demás partes intervinientes en el proceso tales como peritos o testigos. Por ello, la presentación de los argumentos y contraargumentos de las partes procesales y de los datos en que sustenten sus respectivas teorías del caso (vinculación o no del imputado a proceso), debe ser inmediata, es decir, en la propia audiencia, a fin de someterlos al análisis directo de su contraparte, con el objeto de realzar y sostener el choque adversarial de las pruebas y tener la misma oportunidad de persuadir al juzgador; de tal suerte que ninguno de ellos tendrá mayores prerrogativas en su desahogo." En concordancia con lo anterior, devienen inatendibles los múltiples conceptos de violación en los que substancialmente se alega, que al no existir víctima directa, no puede haber un hecho con apariencia de secuestro; que usando la lógica, no podía haber delito si no existía víctima y por ende tampoco inculpado Esto, porque tales argumentos los hace derivar del supuesto en que se otorgara credibilidad al dicho de la víctima y testigos en tal sentido, lo cual ya fue desvirtuado en líneas anteriores, bajo la consideración esencial de que existen otros datos de prueba que determinan lo contrario. Finalmente, también devienen inatendibles los diversos motivos de inconformidad, tendentes a evidenciar que no se respetaron los derechos humanos de la víctima -tales como que no se les dio la atención médica debida- así como a tener una participación activa, ya que en plena audiencia le privó de su libertad; puesto que ello, en nada perjudica al quejoso, en la medida en que la afectación que ello pudiera generar sólo encuentra cabida en la esfera de derechos de M.Á.A.R. En otro orden, en relación a la probable participación del quejoso en el hecho, éste señala que se estableció que la camioneta CRV jamás fue motivo del pago; que no se determinó su participación en ningún hecho con apariencia de delito, lo único fue, que lo detuvieron en cierto lugar y que en ese mismo espacio en la salida a salamanca aprehendieron a dos personas en la camioneta CVR la cual fueron a recogerla, pero que él en nada intervino, siendo importante señalar que la víctima refirió no conocerle y que jamás lo había visto. Esto, porque el Magistrado estimó que el quejoso sí intervino, dado que hizo acto de presencia en el lugar en donde se encontraba la camioneta de la víctima, por lo que no era ajeno a esa circunstancia, lo que para el estadío procesal en la que nos encontramos hacen probable la participación del imputado. Por tanto, bajo aquél panorama, debe concluirse que contrario a lo considerado por la parte quejosa, los requisitos y las consecuencias jurídicas para el dictado de un auto de vinculación a proceso se encuentran legal y debidamente satisfechos en términos de los artículos 316, 317 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es, como puede advertirse, y como ya había quedado precisado con anterioridad para el dictado del auto de vinculación a proceso es suficiente que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, sin establecer con un grado de certeza la existencia de ese hecho y la participación del imputado, ya que dichos datos se obtendrán, en su caso, al concluir la investigación complementaria -se otorgaron cuatro meses que concluían el veintidós de octubre de dos mil diecinueve-, e influirá para que el fiscal dentro de la etapa intermedia o de preparación a juicio formule o no su acusación. Requisitos que como ya fue precisado en autos han quedado debidamente acreditados. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Jonathan Mauricio Martínez Reyes por su propio derecho, contra el acto reclamado al Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de la Región, Morelia, Michoacán, que quedó precisado en el considerando segundo de este fallo, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente resolución. Segundo. Por las razones expuestas en el considerando sexto, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Jonathan Mauricio Martínez Reyes por su propio derecho contra el acto reclamado al Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, mismo que quedó precisado en el considerando segundo de esta sentencia. Tercero. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy treinta de diciembre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado que rinde el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia, con residencia en esta ciudad. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las documentales ofertadas por la autoridad responsable. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto 2013, del rubro y texto siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga.". Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de agosto de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, agréguese a los autos el oficio suscrito por el Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, por medio del cual remite los discos referentes a la audiencia oral y la carpeta digital del proceso penal de origen 386/2019, instruida en contra de Jonathan Mauricio Martínez Reyes y otros, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con lo antes mencionado. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto 2013, del rubro y texto siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga.". Ahora bien, de las constancias que remite el magistrado responsable se advierte que Alberto Sales Díaz, actuó en el proceso penal de origen en cuanto agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. En consecuencia, con fundamento en los artículos 5°, fracción III, inciso e), así como 26, fracción II, inciso b), ambos de la Ley de Amparo, se ordena el emplazamiento de dicho fiscal por medio de oficio con el auto de admisión inserto y copia de la demanda de amparo que al mismo se anexe; en el entendido que, las subsecuentes notificaciones se les realizarán por la misma vía. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad tercera interesada. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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