Jonathan Martin Manrique Vicencio

Expediente 852/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 12 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
852/2020
Año
2020
Actuaciones
12
Última actuación
15/02/2021

Partes del expediente

  • Jonathan Martin Manrique Vicencio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se requiere nuevamente a la Directora de Operación y Control de Pagos y al Director General de Programación, Organización y Presupuesto, ambos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que en el término de QUINCE DÍAS, contado a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, den cumplimiento al fallo protector. Igualmente, REQUIÉRASE a las diversas autoridades referidas. Se aperciben.

  2. Principal

    Vistos para resolver, los autos del juicio de amparo número 852/2020, promovido por ***, por propio derecho, contra actos del Juez Cívico de la adscripción BJU-1 (Benito Juárez), y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito recibido el dieciséis de septiembre de dos mil veinte, por la secretaria encargada de la guardia de este Juzgado Séptimo de Distrito, ***, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican: «III. SEÑALANDO COMO AUTORIDADES RESPONSABLES: El C. Juez Cívico de la adscripción BJU-1(Benito Juárez). El C. Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal. TIENEN EL CARÁCTER DE EJECUTORAS: C. DIRECTOR DEL CENTRO DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL». «IV. ACTOS QUE SE RECLAMAN: El C. Juez Cívico de la adscripción BJU-1 por dictar sentencia consistente en la privación de mi libertad, mediante un arresto inconmutable. El C. Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal por ser el facultado para llevar a cabo el programada 'Conduce sin alcohol'. El C. Director del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social del Distrito Federal, por ser la autoridad encargada de dar cumplimiento a la sentencia consistente en la privación de la libertad del suscrito». El quejoso señaló como derechos fundamentales violados, los contenidos en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y relató los antecedentes del caso que estimó procedentes. SEGUNDO. En proveído de dieciséis de septiembre de dos mil veinte, este juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedó registrada con el número de expediente 852/2020, y dada la naturaleza de los actos reclamados concedió de plano la suspensión al respecto solicitada, se requirió a las autoridades responsables su informe con justificación, se dio la intervención que legalmente le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento; y, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo, sin la asistencia de las partes y al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. (COMPETENCIA). Este Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones IV y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que los actos reclamados se atribuyen a autoridades residentes dentro de la circunscripción territorial en que este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. (ACTOS RECLAMADOS). Para delimitar adecuadamente la litis constitucional y dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en este considerando se fijarán los actos reclamados que se desprenden del análisis íntegro de la demanda, a fin de establecer cuál es la pretensión del quejoso. Lo anterior encuentra apoyo por identidad jurídica sustancial, en la tesis VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que estatuye: «ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura integral de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto». Pues bien, de la demanda que dio origen al presente asunto, se desprende que el peticionario del amparo señaló como actos reclamados, los siguientes: La orden de arresto administrativo impuesto en su contra, con motivo de la implementación, entre otros, del «PROTOCOLO DE ACTUACIÓN POLICIAL PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN AL CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL», y su ejecución. TERCERO. (ACTOS INEXISTENTES). No son ciertos los actos reclamados al Juez Cívico de la adscripción BJU-1 (Benito Juárez), y al Secretario de Seguridad Ciudadana, ambos de la Ciudad de México, consistentes en la orden de arresto administrativo impuesto en su contra, con motivo de la implementación, entre otros, del «PROTOCOLO DE ACTUACIÓN POLICIAL PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN AL CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL», y su ejecución; pese a que al rendir sus informes con justificación, la segunda de las mencionadas, hayan aceptado su existencia. Lo anterior es así, ya que basta imponerse de las constancias que obran en autos, para advertir que el Juez Cívico de la adscripción BJU-1 (Benito Juárez), tal como lo sostuvo el Coordinador Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia Benito Juárez 01, no tuvo intervención ni la emisión, ni en la ejecución de los actos reclamados; mientras que, el Secretario de Seguridad Ciudadana, a través de los elementos policiacos de su adscripción, implementó el operativo donde se aplicó el «PROTOCOLO DE ACTUACIÓN POLICIAL PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN AL CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL», y que el arresto decretado en contra del quejoso fue ordenado por el Juez Cívico del Juzgado Itinerante Coyoacán-01, adscrito a la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica de la Ciudad de México, y que éste fue ejecutado por la Dirección del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social de la Ciudad de México. Se cita al caso, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 10, Volumen 139-144, Tercera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: «ACTOS RECLAMADOS, INEXISTENCIA DE LOS, AUN CUANDO LAS AUTORIDADES RESPONSABLES MANIFIESTEN QUE SON CIERTOS, SI DEL TEXTO DEL INFORME RESULTA QUE NO LOS ORDENARON. Aun cuando la autoridad responsable hubiere manifestado en su informe justificado que los actos que las quejosas le imputan son ciertos, si de la lectura de su citado informe no aparece que haya dictado los actos que se le reclamaron en su carácter de autoridad ordenadora; en tales condiciones, el informe de la aludida responsable debe tenerse por rendido en el sentido de que niega tales actos». En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio de garantías, respecto de los actos atribuidos al Juez Cívico de la adscripción BJU-1 (Benito Juárez), y al Secretario de Seguridad Ciudadana, ambos de la Ciudad de México. En este apartado conviene indicar, que mediante proveídos de veinticuatro de septiembre y cinco de octubre de dos mil veinte, este juzgado de Distrito dio vista al quejoso para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda y señalar como autoridad responsable al Juez Cívico del Juzgado Itinerante Coyoacán-01, adscrito a la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica de la Ciudad de México, por cuanto a la orden de arresto y boleta de remisión número B2128, de dieciséis de septiembre de ese año; sin embargo, no atendió tales requerimientos, lo que provocó que el presente juicio quedara sustanciado únicamente contra los actos y autoridades inicialmente demandados. Máxime que, no es posible entrar al estudio de un acto que fue emitido por una autoridad que no fue señalada como responsable, y por ende no acudió a este juicio, aun cuando se le dio oportunidad al quejoso para ello. CUARTO. (CERTEZA DEL ACTO DE EJECUCIÓN RECLAMADO). Es cierto el acto atribuido al Director del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social de la Ciudad de México, consistente en haber ejecutado el arresto en contra del impetrante, pues así lo informó al rendir su informe justificado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 278, en la página 231, tomo VI, Materia Común, sección jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice 1917-2000 al Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: «INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto». Certeza que además se corrobora con las constancias que en copias certificadas obran en autos ofrecidas por la propia responsable; documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. (CUASALES DE IMPROCEDENCIA). Previo al estudio de fondo del amparo, deben examinarse las causales de improcedencia, sea que se adviertan de oficio o que las invoquen las partes, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido en el artículo 62, de la Ley de Amparo, y Jurisprudencia II.1º J/5, del Primer Tribunal colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 95, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que indica: «IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia». En ese sentido, esta resolutora advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 217, ambos de la Ley de Amparo, respecto de la ejecución de la orden de arresto reclamada al Director del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social de la Ciudad de México, conforme a los criterios jurisprudenciales de rubro y texto siguientes: «SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios». (Séptima Época, Registro: 239008, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 24, Tercera Parte, Materia Común, Página: 50) «AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución». (Séptima Época, Registro: 253622, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 91-96, Sexta Parte, Materia Común, Página: 286) De lo antes transcrito se advierte que, por regla general, cuando en un juicio de amparo se sobresee por los actos atribuidos a la autoridad ordenadora, también debe sobreseerse respecto de la autoridad ejecutora, salvo que se atribuyan vicios propios a la ejecución. Esta consideración se justifica si se toma en cuenta que, en un primer orden, la ejecución de un acto depende de que subsista. Sobre esta explicación y de conformidad con los criterios jurisprudenciales transcritos en párrafos precedentes, se advierte que si se sobresee en el juicio por un acto reclamado, entonces también se deberá sobreseer por su ejecución, siempre y cuando no se atribuyan vicios a la propia ejecución, en cuyo caso deberán analizarse los argumentos tendentes a demostrar esos vicios, de no existir alguna diversa razón de improcedencia. Pues bien, en el caso, en este considerando, se sobreseyó en el juicio respecto de la orden de arresto que reclamó el quejoso. Entonces, de acuerdo con las anteriores explicaciones, resta verificar si contra la ejecución que resultó cierta se propusieron argumentos para combatirla por vicios propios. Para tal efecto, basta ver el contenido integral de la demanda de amparo de cuyo análisis no se advierte que el quejoso hiciera valer algún argumento tendente a demostrar vicios en la ejecución del arresto impuesto en su contra. Ahora, de la demanda se desprende que el quejoso alegó, esencialmente, que antes de emitir la orden de arresto se debió respetar su derecho de audiencia; que esa orden se fundó y motivó indebidamente; sin embargo, no expuso argumento alguno para combatir la ejecución de ese arresto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 61, fracción XXII, en relación con el numeral 217, en relación con el diverso 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio respecto del acto atribuido a la autoridad ejecutora de la orden de arresto, a saber, el Director del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social de la Ciudad de México. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 37, 61, 62, 63, 64, 73, 75, 124, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ***, en contra de los actos y autoridades señalados en el considerando segundo; y por los motivos expuestos en el tercero y último considerandos de esta sentencia.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta suscrito por el representante legal del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a través del cual en atención al requerimiento formulado en proveído de quince de diciembre de dos mil veinte, señala un nombre de usuario a fin de que se continúe con la tramitación del juicio en línea. Atento a su contenido, téngase por desahogado el requerimiento señalado en párrafo que antecede y tomando en consideración la certificación de cuenta de la que se advierte que una vez consultada la base de datos del "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes" (SISE), se encontró registro del usuario "EMMANUELSY", correspondiente a Emmanuel Yuriko Salas Yáñez, representante legal de la autoridad responsable Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, dígase que se habilita la consulta del expediente electrónico, en términos de los artículos 93 y 94 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, así como en términos de la Sección Tercera, del Acuerdo General 21/2020 y 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, de conformidad con el numeral 30, fracción I, de la ley de la materia, se ordena realizar las notificaciones relacionadas con el presente asunto a la citada autoridad responsable, vía electrónica, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que el acto reclamado en este sumario consiste en: La privación de la libertad mediante un arresto inconmutable derivado del programa "Conduce sin alcohol". Por tanto, de conformidad con el artículo 4, capítulo I, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, esta juzgadora considera que el acto reclamado es de carácter urgente; en consecuencia, y en atención al principio de expedites en la impartición de justicia consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos y al deber legal de este Juzgado de procurar que los juicios de amparo no queden paralizados, así como la primicia del derecho que la parte quejosa estima transgredido y, de conformidad con lo establecido en el referido Acuerdo General, se ordena continuar con la secuela procesal del presente juicio de amparo, por lo que al efecto se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y TRES MINUTOS DEL TRECE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Por último, para el caso de que la autoridad destinataria del oficio por el que se dé a conocer el presente proveído, se encuentre gozando de su período vacacional correspondiente o no esté laborando con motivo de la contingencia decretada y por tal motivo haya suspendido sus labores; comisiónese a un actuario adscrito a este Juzgado para que precisamente en el día en que reanude sus labores la citada autoridad responsable, entregue el oficio notificatorio sin necesidad de ulterior acuerdo; mismo que deberá quedar bajo su resguardo y más estricta responsabilidad hasta en tanto sea entregado a su receptor.

  4. Principal

    Téngase por recibida la razón de cuenta signada por el Actuario Judicial de la adscripción, a través de la cual manifiesta la imposibilidad que le asistió para notificar el oficio 40252/2020 que contiene inserto el proveído de quince de diciembre de dos mil veinte, dirigido a la autoridad responsable denominada "SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL", en virtud de que al constituirse en su domicilio oficial fue informado por personal del Área de Amparos de dicha Institución, que no podía recibir dicho oficio dado que la denominación de dicha autoridad no es la correcta. Atento a su contenido, con el fin de evitar mayores dilaciones procesales, se ordena reexpedir el oficio 40252/2020, con la denominación actual y correcta, esto es, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para que se imponga de su contenido; por tanto, comisiónese a un Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional para que haga entrega del aludido comunicado. Por último, para el caso de que la autoridad destinataria del oficio por el que se dé a conocer el presente proveído, se encuentre gozando de su período vacacional correspondiente o no esté laborando con motivo de la contingencia decretada y por tal motivo haya suspendido sus labores; comisiónese a un actuario adscrito a este Juzgado para que precisamente en el día en que reanude sus labores la citada autoridad responsable, entregue el oficio notificatorio sin necesidad de ulterior acuerdo; mismo que deberá quedar bajo su resguardo y más estricta responsabilidad hasta en tanto sea entregado a su receptor.

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