Jonathan Manuel Cabral De la Cruz

Expediente 1279/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1279/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
31/08/2022

Partes del expediente

  • Jonathan Manuel Cabral De la Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    (5)...Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el proveído de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, dictado en este expediente, no fue recurrido dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto que tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por **********, en representación de **********, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese este juicio como asunto concluido. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, en términos del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que carece de relevancia documental. De igual forma, se destaca que en el presente juicio se concedió la suspensión de plano por lo que de conformidad con el *****judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, relacionado con el acuerdo general en cita, el presente expediente es susceptible de depuración dentro de los tres años siguientes a la emisión de este auto, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    (2)... Visto el estado de autos y al advertirse de la certificación de cuenta que obra la constancia de notificación que ampara la entrega de los oficios .... dirigidos a las autoridades responsables, a efecto de notificarles el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, en contra de la sentencia dictada dentro del presente juicio; con lo cual en esta propia data se encuentra debidamente integrado dicho recurso. En consecuencia, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de dieciséis de agosto del año en curso, remítase el juicio de amparo en que se actúa, al Tribunal Colegiado en Turno del Vigésimo Noveno Circuito, con sede en esta ciudad, para la tramitación del recurso de revisión interpuesto.

  3. Principal

    (5)... Vista la diligencia de dieciocho de agosto actual, de la cual se advierte que al constituirse el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado Federal en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Hidalgo, a efecto de notificar personalmente a **************, el auto de esa propia data, y requerirle para que manifestara si era su deseo ratificar o no la demanda de amparo presentada a su favor, el citado quejoso manifestó lo siguiente: "no eh mi deceo ratificar la demanda de amparo.". En consecuencia, tomando en consideración lo manifestado por el quejoso, en el sentido de no ratificar la demanda de amparo promovida en su favor por **************, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de dieciocho de agosto actual, y con apoyo en lo establecido en el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene por NO PRESENTADA la demanda de mérito; por tanto, se dejan sin efectos las providencias dictadas en el aludido auto de dieciocho del mes y año en curso. Lo anterior, hágase del conocimiento de las autoridades responsables.

  4. Principal

    (5). I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con registro por *****************, en representación de *****************, contra actos del Titular de la Oficina de representación y Estación Migratoria del Instituto Nacional en el Estado de Hidalgo y otras autoridades; con fundamento en los preceptos 15, 20, 114, 125, 126, y demás relativos de la Ley de Amparo, se tiene por presentada la demanda de derechos fundamentales en sus términos. II. Creación del expediente. Fórmense los expedientes impreso y electrónico, regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 1279/2022-5. III. Decisión sobre la acción de amparo.  Suspensión de plano. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados se hace consistir en: 1. El aseguramiento y/o alojamiento y/o detención en la Oficina de Representación y Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración del Estado de Hidalgo. 2. La incomunicación. En ese tenor, al considerar que uno de los actos reclamados consiste en el aseguramiento o detención en la Oficina de representación y Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración del Estado de Hidalgo, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión para el efecto de que cese de inmediato dicho aseguramiento o privación de la libertad. En el entendido que si la detención del quejoso fue efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, por considerarlo como probable responsable de algún delito, la suspensión se concede sin perjuicio de que sin dilación sea puesto a disposición del Ministerio Público, para que éste determine su libertad o su retención dentro del plazo y en los términos que el párrafo séptimo del artículo 16 de la Constitución Federal, esto es, en caso de delito cometido en flagrancia o urgencia, la suspensión que se decreta sólo tendría por efecto que sea puesto a disposición de la autoridad judicial dentro del término de las cuarenta y ocho o noventa y seis horas según sea el caso previsto en el citado numeral, a partir de que quedó a su disposición, o bien, decrete su libertad. Asimismo, si la privación de su libertad deriva de algún mandamiento de captura como lo es, una orden de aprehensión, resulta procedente conceder la medida cautelar a fin de que quede a disposición de este juzgado, en el lugar en el cual se encuentre privada de su libertad, quedando también a disposición del juez de la causa por lo que hace a la continuación del procedimiento del orden penal, ello sin perjuicio de que éste pueda otorgar el beneficio de la libertad caucional, siempre y cuando lo solicite la aquí quejosa en ejercicio del derecho que se le concede en el artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, toda vez que del escrito de demanda se desprende que el quejoso tiene como nacionalidad Dominicana y/o Nicaragüense, esto es, que por ser Dominicano y/o Nicaragüense puede tener la calidad de migrante; por lo tanto, la suspensión de plano decretada también es para que si la privación de la libertad fuera de procedimiento judicial reclamada, es en atención a la deportación y/o expulsión de aquél a República Dominicana y/o Nicaragua, no se ejecute, por lo que queda a disposición de este Juzgado de Distrito únicamente en cuanto a su libertad se refiere en el lugar en el que afirma se encuentra detenido, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsable la ejecutoria dictada en el presente juicio. Lo anterior, pues al momento de la presentación de la demanda de derechos se desconoce cuál es su situación migratoria del quejoso. Además, porque conforme a lo dispuesto por los artículos 15, 125, 126 y 127, fracción II, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de procurar que se mantenga viva la materia del amparo; de ahí que en el supuesto mencionado, de permitirse que la orden de deportación se ejecute, se corre el riesgo de que el acto reclamado se consume irreparablemente en perjuicio del quejoso. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 170578 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Administrativa Tesis: P./J. 80/2007 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Diciembre de 2007, página 15 Tipo: Jurisprudencia SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual forma, toda vez que del escrito inicial se desprende que el promovente aduce que el quejoso se encuentra detenido en la estación migratoria desde el trece de agosto actual, y que no tiene comunicación con él, hágase del conocimiento de las responsables que otro de los efectos de la suspensión de plano decretada, es que sean ellas quienes bajo su más estricta responsabilidad, determinen si la privación de la libertad reclamada por el impetrante guarda relación con la comisión de un delito, debiendo actuar en ese supuesto conforme a lo establecido en párrafos precedentes, esto es, ponerla a disposición del Ministerio Público, o bien, si no se está en tal hipótesis, ponerlo en inmediata libertad. Lo anterior, en el entendido de que si las autoridades responsables llegan a determinar que la detención del quejoso no guarda relación con la comisión de un delito, y debido a ello lo ponen en inmediata libertad, la efectividad de la suspensión de plano decretada está condicionada a que ***************** comparezca ante este Juzgado Federal a firmar un día a la semana, debiendo además establecer su domicilio y/o residencia en esta ciudad, el cual deberá proporcionar a este Órgano de Control Constitucional, y no abandonar esta demarcación geográfica, condiciones que la responsable que la ponga en libertad deberá hacer del conocimiento del accionante de esta vía excepcional, ello con independencia de que el presente auto sea notificado a éste. Asimismo, por lo que respecta a la detención del quejoso directo en la estación migratoria y/o en diverso lugar con motivo del procedimiento migratorio iniciado a su persona, la suspensión además se concede para el efecto de que la autoridad responsable Instituto Nacional de Migración haga de su conocimiento el motivo de su ingreso a dicho lugar; del procedimiento migratorio que en su caso se haya iniciado; de su derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado o la determinación de apátrida; del derecho a regularizar su estancia en términos de los artículos 132, 133 y 134 de la Ley Migratoria, en su caso, de la posibilidad de solicitar voluntariamente el retorno asistido a su país de origen; así como del derecho de interponer un recurso efectivo contra las resoluciones del Instituto, de conformidad con el artículo 109, fracción II, de la Ley de la Materia. Al mismo tiempo, se precisa que en relación al resguardo del quejoso en la estación migratoria y/o diverso lugar con motivo del procedimiento migratorio iniciado a su persona, en caso de que existan razones en que deba prolongarse, se concede para el efecto de que, mientras prevalezca la detención por motivos migratorios, las autoridades garanticen en todo momento el cúmulo de derechos que la Ley de Migración prevé en su artículo 109, entre los que destacan, de manera enunciativa, mas no limitativa, acceder a comunicación telefónica, recibir protección de su representación consular y comunicarse con ella, recibir durante su estancia un espacio digno, alimentos, enseres básicos para su aseo personal y atención médica en caso de ser necesario; permitir ser visitados por sus familiares y por sus representantes legales, así como todos aquéllos que tengan por objeto conservar la dignidad, vida e integridad física del promovente, de lo que deberá levantarse constancia por escrito. Por otro lado, si el quejoso se encuentra en las instalaciones de referencia por virtud de su situación migratoria, las autoridades responsables deberán acatar en sus términos la Ley de Migración. En esa medida, la suspensión debe concederse considerando la naturaleza especial del procedimiento administrativo correspondiente y, en esa guisa debe ajustarse a las reglas que lo rigen; a saber: Todo lo anterior toma aplicación en la medida que establece el Protocolo para Juzgar Casos que Involucren Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, edición de mayo de dos mil veintiuno, en el apartado denominado "b. Excepcionalidad y medidas alternativas" en el que se establece que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado que la Ley de Migración y su Reglamento prevén la detención migratoria como la regla y no la excepción. Además, que el citado organismo internacional ha indicado que la Ley de Migración y su Reglamento no evidencia un mayor desarrollo en lo que respecta a medidas alternativas a la detención migratoria, aunado a que la aplicación de estas normas en la práctica, es aún más restrictiva. De este modo, la detención migratoria se ha constituido como la regla tanto a nivel normativo como en la práctica. Por su parte, el Alto Tribunal ha considerado que las restricciones a la libertad personal, uno de los derechos más preciados, deben ser seriamente analizadas para determinar su validez constitucional. Y en relación con las restricciones a la libertad personal, la Corte Interamericana ha sostenido que la ley y su aplicación deben respetar los siguientes requisitos para que una medida privativa de libertad no sea arbitraria: I. Que su finalidad sea compatible con la Convención; II. Que sea idónea para cumplir con el fin perseguido; III. Que sea necesaria, en el sentido de que sea absolutamente indispensable para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto (lo cual implica que toda limitación es excepcional); y, IV. Que sea estrictamente proporcional, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. En el contexto de la detención migratoria, la Corte Interamericana ha estimado que la excepcionalidad de las medidas privativas de libertad obliga a que los Estados dispongan de un catálogo de medidas alternativas que sean efectivas para la consecución de dichos objetivos. Con base en ello, dicho tribunal ha establecido que las autoridades competentes deben verificar cada caso y, con base en una evaluación individualizada, determinar la posibilidad de utilizar medidas menos restrictivas que la detención. La Corte Interamericana ha estimado que "es necesaria la existencia de indicios suficientes que persuadan al observador objetivo de que el migrante no va a comparecer al procedimiento administrativo migratorio o va evadir que se lleve a cabo su deportación." En ese sentido, el mencionado organismo indica que al momento de determinar la detención, las autoridades competentes deben exponer cuál es el fundamento jurídico razonado y objetivo sobre la procedencia y necesidad de dicha medida, toda vez que el mero listado de todas las normas que podrían ser aplicables no satisface el requisito de motivación suficiente que permita evaluar si la medida resulta compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos. Así, en relación con la suspensión de la detención como acto reclamado, la persona juzgadora de amparo, al analizar su procedencia, deberá ponderar la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público. Con base en ello, determinará si la detención debe continuar o cesar durante la tramitación del juicio de amparo. Si el estudio del caso favorece al buen derecho y no se afecta de manera notable el interés social, la concesión de la suspensión tendría como efecto la libertad de la persona migrante. En dicho supuesto, la juzgadora deberá tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio. En virtud de que la detención busca el correcto desenvolvimiento del procedimiento administrativo hasta su ejecución, se podrían decretar medidas alternativas para que, durante la sustanciación del juicio de amparo, se satisfaga esa finalidad sin afectar de manera desmedida la libertad personal. Para la comparecencia periódica de la persona migrante ante la autoridad migratoria, es pertinente resaltar la buena práctica de algunos órganos jurisdiccionales de amparo, que, al conocer de asuntos en los que se impugna la detención migratoria, han optado por medidas alternativas al alojamiento. De acuerdo con el principio de excepcionalidad, se han pronunciado en favor de la procedencia de medidas menos restrictivas de la libertad personal, como el establecimiento de un domicilio dentro de la circunscripción del órgano de amparo donde la persona quejosa pueda ser localizada, la prohibición de ausentarse de dicho lugar y la obligación de presentarse las veces que sea requerido por la autoridad administrativa. Además, también se prevén una serie de derechos que deben ser informados a la parte quejosa, por lo que debe conminarse a las autoridades responsables para que se ajusten a los parámetros establecidos en la Ley de Migración, de manera que deberán: I. De acuerdo a lo que dispone el numeral 101 de la Ley de Migración, informar al quejoso que emitió el acuerdo de presentación, y hasta que no se dicte resolución respecto de su situación migratoria, en los casos y de conformidad con los requisitos que se señalen en el Reglamento, podrá ser entregado en custodia a la representación diplomática del país del que sea nacional, o bien a persona moral o institución de reconocida solvencia cuyo objeto esté vinculado con la protección a los derechos humanos, con la obligación de los extranjeros de permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio. II. Además, en términos del diverso 102 de la Ley de Migración, deberá informarse a la parte quejosa que a fin de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá ante esa autoridad responsable: a) Otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad; b) Establecer domicilio o lugar en el que permanecerá; c) No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad; y, d) Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. Finalmente, que la garantía podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley. III. Por cuanto hace a la estación migratoria en que se encuentra la parte quejosa, de acuerdo a lo que dispone el numeral 107 de la Ley de Migración, aplicado por analogía, deberá prestar servicios de asistencia médica, psicológica y jurídica; atender los requerimientos alimentarios del extranjero presentado, ofreciéndole tres alimentos al día, cuya calidad deber ser adecuada; mantener en lugares separados y con medidas que aseguran la integridad física del extranjero, a hombres y mujeres, manteniendo a los niños preferentemente junto con su madre, padre o acompañante, excepto en los casos en que así convenga al interés superior del niño, niña o adolescente; promover el derecho a la preservación de la unidad familiar; garantizar el respeto de los derechos humanos del extranjero presentado; mantener instalaciones adecuadas que eviten el hacinamiento; contar con espacios de recreación deportiva y cultural; permitir el acceso de representantes legales, o persona de su confianza y la asistencia consular; permitir la visita de las personas que cumplan con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables. En caso de negativa de acceso, ésta deberá entregarse por escrito debidamente fundado y motivado. IV. Por lo que hace a los derechos que asiste al quejoso, entre otros, están el de ser informadas del motivo de su ingreso a la estación migratoria; del procedimiento migratorio; de su derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiados o la determinación de apátrida; del derecho a regularizar su estancia en términos de los artículos 132, 133 y 134 de dicha legislación migratoria, en su caso, de la posibilidad de solicitar voluntariamente el retorno asistido a su país de origen; así como del derecho de interponer un recurso efectivo contra las resoluciones del Instituto; acceder a comunicación telefónica; y, ser visitado por sus familiares y por su representante legal. V. Finalmente, la responsable deberá resolver la situación migratoria del quejoso, en un plazo que no podrá exceder de quince días, de acuerdo a lo que establece el numeral 111 de la Ley de Migración. En el entendido de que de no resolverse lo que se estime procedente en el plazo señalado o no justificar su demora, deberá decretarse la libertad inmediata del peticionario del amparo. Se considera que las medidas orientadoras que se establecieron en el Protocolo para Juzgar Casos que Involucren Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se acatan en lo que resulte compatible con las disposiciones vigentes sobre el tema o ante la deficiente regulación sobre ello, de manera que si en el caso existen los preceptos legales necesarios para solventar la problemática propuesta, se concluye que se colma lo que busca dicho protocolo, es decir, el acceso a los derechos de las personas migrantes. De manera destacada, la legislación ordinaria prevé la posibilidad de que el impetrante obtenga la libertad en los términos y en los supuestos contenidos en los artículos 101 y 102 de la Ley de Migración, conforme a lo cual se garantiza su acceso a ese derecho. Así, este Juzgado considera que la legislación ordinaria regula suficientemente la forma y términos en que una persona extranjera puede ejercer su derecho a la libertad, con lo que, se reitera, se colma el fin que persigue el protocolo que se invoca. Así, este órgano de amparo se pronuncia en favor de la procedencia de medidas menos restrictivas de la libertad personal, por lo que las autoridades migratorias responsables deben atender a la medida suspensional que ahora se decreta en favor de la libertad personal del quejoso. La medida cautelar no surtirá efecto legal alguno si los actos reclamados son diversos o derivan de hechos distintos a la situación migratoria narrada por la parte quejosa, como podría ser la comisión de un delito o, provienen de autoridades diversas a las designadas como responsables en la demanda de amparo. Sin que para lo anterior se deba estimar fijar garantía económica, pues no se considera idóneo establecer como condición la erogación de cantidades de dinero, toda vez que el quejoso, al haber estado alojado en una estación migratoria, no tiene ingresos económicos; además, su condición de migrante le impide, en la mayoría de los casos, contar con el apoyo de familiares y amigos para ello, ya que el quejoso directo estaría imposibilitado para sufragar la cantidad que se establezca como requisito de efectividad, por causas ajenas a éste, se haría nugatoria la medida cautelar otorgada. Apoya lo anterior, los siguientes criterios: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2016410 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Administrativa Tesis: I.20o.A.20 A (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, página 3550 Tipo: Aislada SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA EL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. CONDICIONES QUE PUEDEN ESTABLECERSE PARA SU EFECTIVIDAD. El artículo 147 de la Ley de Amparo establece que, en caso de que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional puede establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida cautelar siga surtiendo efectos. Ahora, en los casos en que el acto reclamado en un juicio de amparo indirecto consista en el alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, respecto del cual proceda la suspensión, deben establecerse como condiciones para su efectividad, medidas idóneas para que el quejoso continúe con su trámite migratorio y así, no quede sin materia el juicio de amparo, las cuales pueden consistir, de manera ejemplificativa, en que: el extranjero comparezca un día a la semana ante el juzgado que proveyó sobre la suspensión, se establezca en un domicilio dentro de la misma demarcación geográfica de la autoridad migratoria en la que esté realizando sus trámites, así como no abandonar ésta. Cabe señalar que no se considera idóneo establecer como condición la erogación de cantidades de dinero, toda vez que el quejoso, al haber estado alojado en una estación migratoria, no tiene ingresos económicos; además, su condición de migrante le impide, en la mayoría de los casos, contar con el apoyo de familiares y amigos para ello, por lo que al estar imposibilitado para sufragar la cantidad que se estableciera como requisito de efectividad, por causas ajenas a éste, se haría nugatoria la medida cautelar otorgada." "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2016412 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Administrativa Tesis: I.20o.A.19 A (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, página 3551 Tipo: Aislada SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LA PROLONGACIÓN DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. SU CONCESIÓN DEBE TENER COMO EFECTO LA LIBERTAD DEL EXTRANJERO. De conformidad con el artículo 164 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado en un juicio constitucional consista en la detención del quejoso, efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, que no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá como efecto que sea puesto en libertad. En ese sentido, en los casos en que se reclame la prolongación del alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, se actualiza dicha hipótesis, ya que las autoridades migratorias, que tienen dentro de sus atribuciones realizar detenciones con motivo de la irregularidad en el ingreso migratorio, son de naturaleza administrativa y distintas al Ministerio Público; además, esas detenciones no derivan de la comisión de un delito. Por tanto, el efecto de la medida cautelar, cuando proceda, debe ser que el extranjero sea puesto en libertad, pues al no derivar la detención de la comisión de un delito, debe ser excepcional." Por otro lado, toda vez que también se aduce que el quejoso se encuentra incomunicado; en consecuencia, con fundamento en el precepto 126 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión para el efecto de que las autoridades responsables permitan la comunicación del impetrante con su defensor, familiares o con quien él así lo estime pertinente. En consecuencia, se requiere a las autoridades responsables para que dentro del término de veinticuatro horas den cumplimiento a la suspensión de plano y de oficio, en los términos que quedaron apuntados, y remitan copia certificada de las constancias que acrediten su cumplimiento, con el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización prevista en el artículo 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Asimismo, apercíbase a las autoridades responsables, que si se niegan a recibir los oficios librados en el presente juicio, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización prevista en el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 245, de la Ley de Amparo. Con apoyo en los artículos 19 y 26, fracción I, inciso k) de la Ley de Amparo, se reitera que por la naturaleza del asunto y por la vigencia de la suspensión, resulta que cualquier hora del día o de la noche es hábil para realizar cualquier actuación al respecto. Esta medida cautelar debe ser acatada por las autoridades responsables, apercibidas que en caso de desobediencia se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 206 de la Ley de Amparo. Para el debido cumplimiento de esta suspensión, comuníquese ésta a las autoridades responsables, para que dentro del término de veinticuatro horas hagan del conocimiento de este juzgado, la forma y término en que den cumplimiento a la medida decretada, anexando copia certificada de las constancias que acrediten la estancia legal del quejoso en alguno de los lugares señalados; en la inteligencia de que la violación a esta medida de suspensión entraña la comisión de un delito equiparable al de abuso de autoridad, conforme a lo dispuesto por el artículo 262, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, por lo que de consumarse el mismo, de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación para los efectos legales a que haya lugar. Queda bajo la más estricta responsabilidad de las citadas autoridades responsables el cumplimiento de lo anterior.  Habilitación de días y horas, y se ordena ratificación de la demanda. Con apoyo en los artículos 19 y 26, fracción I, inciso k) de la Ley de Amparo, se reitera que por la naturaleza del asunto y por la vigencia de la suspensión, resulta que cualquier hora del día o de la noche es hábil para realizar cualquier actuación al respecto; por tanto, con fundamento en el numeral 28, fracción II, segundo párrafo, del ordenamiento invocado y 158, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se comisiona al Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, para que inmediatamente se avoque a la búsqueda del quejoso *****************, quien -según lo señalado en el escrito de demanda- se encuentra detenido en la Oficina de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración del Estado de Hidalgo, ubicado en Boulevard Ramón G. Bonfil, número 318, colonia Parque de Poblamiento, Código Postal 42032, Pachuca de Soto, Hidalgo. Y para que en el acto de la notificación le requiera para que manifieste si es su deseo ratificar la demanda de amparo promovida en su nombre, haciendo de su conocimiento que cuenta con el término de tres días para dar cumplimiento a lo anterior, apercibiéndolo que en caso de no ratificar la demanda de derechos que se acuerda, se procederá conforme al tercer párrafo del artículo 15 de la Ley de Amparo, es decir, se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias dictadas. Por otra parte, se le hace del conocimiento a las autoridades responsables, que la búsqueda del quejoso en el lugar antes precisado, de ninguna manera es restrictiva, esto es, el Actuario puede constituirse en cualquier lugar que ejerza jurisdicción este Juzgado de Distrito, en el entendido que las autoridades tienen la obligación de informar el paradero del quejoso y de ninguna forma obstaculizar su localización. En el supuesto de que la demanda se ratifique, procédase con el trámite correspondiente.  Notificación a las autoridades responsables. Ahora, tomando en consideración el sentido de la presente determinación y que de acuerdo a lo manifestado por el promovente, el aquí quejoso *****************, actualmente se encuentra detenido en la Oficina de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración del Estado de Hidalgo, se comisiona al licenciado *****************, Actuario Judicial adscrito, para que se constituya en las instalaciones que ocupa dicha Delegación y haga entrega de los respectivos oficios que deriven del presente acuerdo. Ahora bien, para el caso de que al intentar notificar a las autoridades señaladas por la parte quejosa como responsables, el fedatario judicial de la adscripción sea informado que la denominación efectuada en la demanda no es la correcta, se faculta a dicho Actuario para que proceda a realizar lo establecido en el artículo 272 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, esto es, para que en dicho acto coloque una línea delgada sobre la denominación incorrecta la cual deberá salvar (firmar), y asiente la denominación correcta; ello, con la finalidad de que dichas autoridades queden notificadas del presente acuerdo y estén en aptitud de rendir sus informes. En el entendido de que si las autoridades responsables se oponen a recibir los oficios correspondientes por estar testados, el Actuario deberá proceder a practicar la notificación de conformidad con lo ordenado en el numeral 28, fracción I, segundo párrafo de la Ley de Amparo, debiendo levantar la razón correspondiente.  Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda.  Designación de correo electrónico. Por otra parte, en cuanto a la dirección de correo electrónico proporcionado se utilizará para establecer comunicación no procesal con las partes cuando exista necesidad al respecto, conforme al artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. VIII. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a los actuarios de la adscripción para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto de realizar las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Asimismo, se requiere a dichos fedatarios para que, al elaborar las síntesis de los acuerdos que deban publicarse en listas, especifiquen en la forma más completa en contenido de las resoluciones emitidas, además de integrar debidamente al expediente físico las razones de las diligencias que practiquen. IX. Se hace extensivo a las partes el contenido del artículo 12 del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19. Se hace saber a las partes que de conformidad con el artículo 12 del ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, en este edificio sede se encuentra habilitada la Oficialía de Partes Común ("OPC"), para la recepción de promociones presentadas físicamente, la cual conforme al artículo 12, fracción I, del ACUERDO GENERAL 7/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-9, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de abril de dos mil veintidós, operará de lunes a viernes de 8:00 a.m. a las 03:00 p.m., con excepción de los días inhábiles. En la inteligencia que dicha Oficialía -por lo que hace a este Juzgado de Distrito- prestará servicios de las 8:00 a las 15:00, exclusivamente, ello en atención a que de conformidad con el ANEXO 1, relativo a la Asignación de turno y horario escalonado para el trabajo presencial en los órganos jurisdiccionales, de conformidad con el artículo 15 del citado ACUERDO GENERAL 7/2022, este juzgado cubrirá un horario matutino, con hora de entrada 8:30 y hora de salida será a las 15:30. Así, con base en el numeral citado, la persona actuante y encargada de la recepción de las promociones que, conforme a la normatividad aplicable deban presentarse ante la oficialía de partes de cada órgano jurisdiccional, hasta en tanto se concluya el turno de la Oficialía de Partes Común ("OPC"), procederá a entregar la totalidad de las promociones correspondientes a una persona que acuda por cada uno de los órganos jurisdiccionales atendidos por la misma. Esto es, no obstante la hora en que se realice la entrega física de las promociones presentadas por cualquiera de las partes ante dicha Oficialía, será hasta después de las 14:00 horas de ese día cuando serán remitidas a este Juzgado de Distrito, motivo por el cual las mismas no podrán ser observadas físicamente en el día de su presentación, menos aún podrán ser atendidas en las horas programadas en las audiencias señaladas. Lo que se insiste, se hace del conocimiento de las partes a fin de que presenten con la debida oportunidad -y tomando en consideración lo ya expuesto-, toda clase de promociones (informes, alegatos o pruebas); esto es, el día anterior al señalado para la celebración de la audiencia respectiva. X. Exhortación a que hace alusión el artículo 22 del citado ACUERDO GENERAL 21/2020, a fin de mejorar la comunicación con las partes. De conformidad con el numeral señalado en párrafo que antecede, se exhorta a las partes a que: I. Continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. XI. Expedición de copias. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo o en los informes justificados; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que de conformidad con la fracción II, del artículo 6, del Acuerdo General 21/20 antes citado, éstas o sus representantes y personas autorizadas, según las reglas de las leyes aplicables, podrán genera citas, a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, realizar el trámite correspondiente a la obtención de copias, así como desahogar requerimientos o comparecencia que le hayan sido exigidas por el órgano jurisdiccional. Esquema de trabajo que continuará en vigor hasta en tanto se emitan disposiciones generales en contrario o que modifiquen el modelo de atención presencial basado en citas contemplado en el precitado Acuerdo General. XII. Transparencia. Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad a los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que este juzgado, como responsable de los datos personales de las partes en el presente juicio de amparo, los mismos serán utilizados para su tramitación y registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con fines estadísticos; asimismo, en términos de los diversos 43 a 48 de la ley general en cita, quedan a salvo los derechos de las partes de acceso, ratificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los que podrán ejercitar directamente ante este tribunal, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de transparencia de éste, auxiliar de su Comisión de Transparencia. En todo caso, hágase del conocimiento de las partes que este tribunal presume su oposición a la publicación de sus datos personales y únicamente en caso de solicitud expresa, se obrará en contrario. Finalmente, acorde a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, la información señalada en el Título Quinto, entre ellas, las sentencias ejecutorias de interés público, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que, en las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia que la falta de oposición expresa, implicará que en la versión pública correspondiente se suprimirán los datos sensibles que puedan contener de conformidad con el artículo 118 del ordenamiento en cita, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales.

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