Jonathan Jiménez Herrera

Expediente 537/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 22 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
537/2020
Año
2020
Actuaciones
22
Última actuación
08/12/2020

Partes del expediente

  • Jonathan Jiménez Herrera
  • Jonathan Jiménez Herrera y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Incidental

    Tuxtla Gutiérrez, ocho de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que en esta propia fecha dentro del juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión, se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido. Notifíquese. En Tuxtla Gutiérrez Chiapas, a las nueve horas del día nueve de diciembre de dos mil veinte, la (el) suscrita(o) actuaria(o), hago constar que la anterior determinación fue notificada por lista. Doy fe.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, ocho de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado de autos y la certificación que antecede en el sentido de que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiese interpuesto el recurso de revisión en contra del proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia este juicio. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no existe actuación pendiente por realizar. Notifíquese. En Tuxtla Gutiérrez Chiapas, a las nueve horas del día nueve de diciembre de dos mil veinte, la (el) suscrita(o) actuaria(o), hago constar que la anterior determinación fue notificada por lista. Doy fe.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio de la Juez de Primera Instancia del Ramo Civil, residente en Pichucalco, Chiapas, mediante el cual remite copia certificada del acuerdo de *****, emitido en el expediente *****, de su estadística. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. En el caso en concreto, la parte quejosa tanto en la demanda de amparo como en el escrito aclaratorio señala como actos reclamados lo siguiente: "De la autoridad señalada como ordenadora se le reclama la ilegal orden de sustracción del entorno familiar de mi menor hija de iniciales ********************. quien cuenta con la edad de ********************años ********************meses, y que se encuentra bajo mi protección y cuidado, argumentando que en el juzgado del ramo civil del distrito judicial de Pichucalco, Chiapas, ha promovido diversos juicios para obtener de forma legal la guardia y custodia a su favor cuando el suscrito no he dado motivo para que me separen de m¡ hija, esto se podrá corroborar con el informe previo y justificado que rinda en su momento procesal oportuno el juzgado de primera instancia del distrito judicial de Pichucalco, Chiapas". Asimismo, en el escrito aclaratorio presentado el seis de octubre de esta anualidad, el quejoso señala como acto reclamado el siguiente: ".señalo como acto reclamado ampliando el que aparece en mi demanda inicial del presente juico, la falta de emplazamiento a mi persona del expediente ******************** relativo al juicio de controversias del orden familiar promovido por ***** en contra de mi persona, tramita ante el juzgado del ramo civil del distrito judicial de Pichucalco, Chiapas, omisión por parte de los actuario judiciales adscritos a la primera y segunda secretaria del juzgado en mención, ya que por su actuación me dejan en estado de indefensión de no poder comparecer a juico y poder los derechos tanto de mi persona como de mi hija de iniciales ********************." En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 7********************de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 10********************de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija". Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, la quejosa se duele de la orden de sustracción del entorno familiar de mi menor hija de iniciales ********************, y la falta de emplazamiento en el expediente ******************** relativo al juicio de controversias del orden familiar promovido por *****, de la estadística del juzgado del ramo civil del distrito judicial de Pichucalco, Chiapas. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable en el oficio de cuenta, se advierte que mediante acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veinte, emitido en el juicio de origen, tuvo por ratificado el contenido y firma del convenio celebrado entre las partes para dar por terminada la controversia de orden familiar de donde emana el acto reclamado, por ende, en esa misma fecha, elevó a categoría de sentencia dicha actuación y ordenó dar por terminada la contienda suscitada en el expediente ********************, y su acumulado ********************, de la estadística del juzgado responsable; es decir, en fecha posterior a la presentación de la demanda, la juez responsable concluyó en definitiva con el procedimiento llevado en dicho sumario. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado, consistente en esencia la orden de sustracción del entorno familiar de mi menor hija de iniciales ********************, y la falta de emplazamiento en el expediente ******************** relativo al juicio de controversias del orden familiar promovido por *****, de la estadística del juzgado del ramo civil del distrito judicial de Pichucalco, Chiapas, han cesado en sus efectos, quedando insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis 26/2002, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, con número de registro 184572, que literalmente expone: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previo la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 1********************de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Además, no pasa desapercibido, el hecho de que con esta fecha se esté agregando las constancias remitidas por la autoridad responsable y por ende, no transcurra el plazo de ocho días para que las partes se enteren del contenido de la misma, en la medida que, el término que se les concede para tal efecto, es sólo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido referido y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca, de ahí que en aras de no retardar injustificadamente la resolución de este asunto, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 1********************de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. No obsta para decretar el sobreseimiento anterior que en autos no se haya emplazado a la parte tercera interesada, ya que a nada práctico conduciría ante la notoriedad de la causa de improcedencia actualizada, lo que implica que el sentido adoptado no le irroga ningún perjuicio. Tiene aplicación al caso, la tesis aislada P. V/98 por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, Febrero de 1998, página 45, número de registro 196912, que dispone lo siguiente: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con diez minutos del diez de diciembre de dos mil veinte. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables, personalmente a la quejosa, representante especial de la menor quejosa, y por correo a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; once de noviembre de dos mil veinte. Agréguense a los autos el ocurso de la representante de los menores quejosos cuyos nombres y apellidos se omiten para proteger sus identidades, sin que se realice mayor pronunciamiento en cuanto a su contenido, toda vez que en proveído de diez del mes y año en curso, se difirió la audiencia constitucional en este juicio por los motivos y fundamentos ahí expuestos. Por otra parte, se tiene por recibido el telegrama signado por la Juez de Primera Instancia del Ramo Civil, residente en Pichucalco, Chiapas, por virtud del cual informa que elevó a cosa juzgada el convenio celebrado entre las partes en el juicio de origen; en consecuencia, una vez que se cuente con las constancias solicitadas mediante proveído de nueve de noviembre del año en curso, se acordará lo que en derecho corresponda. Notifíquese. En Tuxtla Gutiérrez Chiapas, a las nueve horas del día doce de noviembre de dos mil veinte, la (el) suscrita(o) actuaria(o), hago constar que la anterior determinación fue notificada por lista. Doy fe.

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