Jonathan Jesús Márquez Hernández y Otros.

Expediente 896/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
896/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
01/09/2021

Partes del expediente

  • Jonathan Jesús Márquez Hernández
  • Jonathan Jesús Márquez Hernández y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad Madero, Tamaulipas, uno de septiembre de dos mil veintiuno. Del estado procesal que guardan los presentes autos y del contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración,destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto se clasifica como destruible, pues se desechó la demanda de amparo y no existen documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral en cita, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo dispone el artículo 35 del citado acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  2. Principal

    NOTIFIQUESE PERSONALMENTE

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SÍNTESIS DEL AUTO DE DIECISEIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. (.) Parte quejosa cumple prevención. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el escrito signado por la parte quejosa por el cual cumple con la prevención realizada por auto de radicación. Análisis de demanda. Del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa reclama: La desocupación y entrega física material del inmueble otorgado en arrendamiento a los quejosos, ubicado en calle Décima Avenida, número interior 215, de la colonia Villa Hermosa, del municipio de Tampico, Tamaulipas, en cumplimiento a la sentencia dictada el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, por el Juez Primero de Primera Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con sede en Altamira, dentro de los autos del juicio de desahucio 21/2021, promovido por Ernesto Pecina Vázquez en contra de Olga Elena Pecina Maya. Desechamiento de la demanda. Este juzgador procede a examinar la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, que dice: [A]rtículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS1 ". En otras palabras, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. En la especie, procede desechar de plano la demanda de amparo, en términos de lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, toda vez que se advierte de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa consintió tácitamente los actos que por esta vía reclama, en razón de que no interpuso el juicio de amparo dentro del plazo legal de quince días. El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, señala lo siguiente: [A]rtículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; De la premisa legal reproducida, se desprende que el juicio de amparo debe promoverse dentro de los plazos contenidos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: [A]rtículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Además, es pertinente citar el artículo 18 del ordenamiento legal en comento, que dice lo siguiente: [A]rtículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Acorde con lo anterior, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueve dentro del término de quince días que prevé el artículo 17, de la Ley de Amparo, contados desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, la primera hipótesis necesariamente requiere la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se estiman legales y, por ende, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras tanto el quejoso no combata su nulidad o ilegalidad. La segunda manera para computar el plazo de quince días, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable [distinto a la notificación], de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleva a la certeza de que éste tuvo conocimiento en determinada fecha de los actos reclamados; pero tal conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario del amparo conoció de manera directa, plena y completa el acto reclamado, es decir, de manera íntegra. Por su parte, en la tercera forma contenida en el artículo 17 de la Ley de Amparo, al establecer que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo se contará desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiera ostentado sabedor de los mismos, implica una confesión expresa de su parte respecto de la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, de tal manera que basta con que, con pleno conocimiento de lo que expresa, se ostente sabedor del acto reclamado en determinada fecha, sin que medie coacción ni violencia de tal hecho y que éste le perjudique, para que el juzgador de amparo contabilice el término de la presentación de la demanda a partir de esa fecha. En ese sentido, de la hipótesis segunda, se obtiene que el plazo para la promoción del juicio de amparo, comienza a transcurrir a partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existen en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. Resulta aplicable la jurisprudencia número P./J.115/2010, del contenido siguiente: DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Ahora bien, de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio de cuenta se desprende lo siguiente: 1 que la parte quejosa señala como acto reclamado: la desocupación y entrega física material del inmueble otorgado en arrendamiento a los quejosos, ubicado en calle Décima Avenida, número interior 215, de la colonia Villa Hermosa, del municipio de Tampico, Tamaulipas, en cumplimiento a la sentencia dictada el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, por el Juez Primero de Primera Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con sede en Altamira, dentro de los autos del expediente CECILIA GOMEZ CASTRO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.75.25 22/03/22 14:18:50 21/2021, relativo al Juicio de Desahucio, promovido por Ernesto Pecina Vázquez en contra de Olga Elena Pecina Maya; 2 del escrito aclaratorio relativo, se advierte que la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad refieren que se hicieron conocedores de las consecuencias generadas con motivo de la resolución reclamada el día veintitrés de junio de dos mil veintiuno. En ese sentido, de lo expuesto se acredita en forma patente y absolutamente clara [manifiesto] que el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos que reclama, pues incluso señala que en esa propia fecha, fueron desalojados por el Actuario judicial que señala en su demanda de amparo, como de la resolución que combaten por esta vía constitucional; por tanto, se estima que, a partir de esa fecha, que conocieron la existencia de los mismos. De igual manera, se tiene la certeza y plena convicción [indudable] de que la causa de improcedencia de que se trata efectivamente se actualiza en el caso concreto, porque la improcedencia del acto reclamado es incuestionable desde este momento procesal; esto es, es innecesario recabar constancias para recabar mayor información a la que actualmente se tiene, pues es patente que, el término legal de quince días hábiles previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la promoción de la demanda constitucional contra el acto reclamado el presente juicio, empezó a transcurrir al peticionario del amparo, a partir del día hábil siguiente de aquél al que tuvo conocimiento del acto impugnado; esto es, a partir del veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, luego descontando los días veintiséis y veintisiete de junio, tres, cuatro, diez y once de julio de dos mil veintiuno, por ser días inhábiles en los términos del artículo 19, de la Ley de Amparo, de ahí que, el referido plazo de quince días feneció el catorce de julio. de dos mil veintiuno. De esta forma, si la parte quejosa presentó la demanda de amparo hasta el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, es indudable que tal presentación se realizó fuera del término legal de quince días hábiles previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior expuesto, con fundamento en los articulos 112 y 113, del ordenamiento legal mencionado, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Jonathan Jesús Márquez Hernández y Karla Yazmín Rodriguez Pecina, por sí y en representación de las menores Fernanda Yazmín y Aitana Marlen, de apellidos Márquez Rodríguez. Es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. No obsta a la anterior determinación, ni pasa desapercibido para la suscrita juzgadora que en el presente asunto se encuentran involucrados derechos de menores de edad, y que conforme a lo dispuesto en el artículo 4°, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, todo juzgador deberá velar por el interés superior del menor, supliendo la deficiencia de la queja. Sin embargo, ello no implica que tal suplencia posibilite la procedencia de un juicio de amparo en un caso no permitido, ya que ello sería tanto como actuar al margen de la ley declarándose procedente lo improcedente, lo que significaría modificar el régimen establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo, respecto de la procedencia de los juicios de amparo. Sobre el particular, por analogía cobra aplicación, la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), del tenor siguiente: DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que la presente determinación se adopta así, con fundamento en la ampliación de plazos procesales a que se refiere el artículo 2°, fracciones III, IV, V y VIII, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. (.)

  4. Principal

    NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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