Jonathan Javier Gutiérrez Galván
Expediente 337/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 12 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 337/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 08/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jonathan Javier Gutiérrez Galván y Otros.
- Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la IV Región del Estado de Guanajuato
- Jonathan Javier Gutiérrez Galván
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Cúmplase.
- Principal
CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el plazo para que se interpusiera recurso de revisión en contra del auto dictado en este asunto, por el que se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de control constitucional; en consecuencia; con apoyo en los artículos 2º y 86, de la Ley de Amparo, así como 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, se declara que ha causado estado dicha determinación. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese como asunto concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL. Con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es destruible una vez que cumpla tres años de haberse archivado como asunto concluido, por haberse dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.
- Incidental
CUMPLASE
- Principal
NOTIFICACIÓN PERSONAL POR MEDIO DE LISTA A LA TERCERA INTERESADA: MARÍA LUISA GUARDADO MARTÍNEZ. INFORME JUSTIFICADO. Agréguese a los autos el oficio enviado por la autoridad responsable Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio y Oral, con sede en esta ciudad; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene rindiendo informe con justificación y remite un disco compacto en formato DVD de donde emana el acto reclamado, mismo que se admite y se tiene por desahogado dada su propia y especial naturaleza, a lo que se acuerda: SE ORDENA GUARDAR POR CUERDA SEPARADA DISCO COMPACTO. Para su resguardo se ordena guardar en un sobre por separado el disco compacto enviado por la autoridad responsable. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIl, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con la diversa V, del numeral 63, de la legislación en cita. Dicho supuesto normativo, se actualiza cuando se promueve amparo contra un acto de autoridad y con posterioridad se consuma de modo irreparable, por haber operado un cambio de situación jurídica, pues contempla un supuesto de irreparabilidad del acto reclamado, pero se refiere a la jurídica, no a la física, que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. Ciertamente, en realidad no existiría imposibilidad física alguna para reparar las violaciones que hubiera ocasionado un acto de autoridad por la circunstancia que la situación jurídica hubiese cambiado, pues el amparo que contra aquél se concediera bien podría alcanzar en sus efectos a esta nueva situación y aun invalidarla; pero permitir tales efectos haría factible que se destruyeran actos de autoridad que quizá tuvieron un fundamento y una motivación que al no formar parte de la litis constitucional no serían valorados en el juicio en que la sentencia de amparo fuese pronunciada y que, posiblemente, fueran justificados. A ello debe agregarse que el cambio de situación jurídica, deviene del avance que ha tenido un procedimiento seguido en forma de juicio, compuesto por diversas etapas procesales que guardan relación entre sí. Esto es, se presenta cuando habiéndose complementado una etapa procesal en todas sus partes, queda superada, dando pauta a que se inicie el siguiente conjunto de actos que conforman una nueva etapa procesal o situación jurídica, sus elementos son los siguientes: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y d) Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda por sus propios fundamentos y motivos. Sustenta lo anterior, la tesis 2a. CXI/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 219, Tomo IV, Diciembre de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a). Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b). Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c). Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d). Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Ahora bien, en el caso, el quejoso Jonathan Javier Gutiérrez Galván, reclamó de las autoridades responsables la orden de aprehensión girada en su contra el diecisiete de febrero de dos mil veintidós, por el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la IV Región del Estado de Guanajuato, dentro de la causa penal 1P2022-285; así como su ejecución. Sin embargo, al informe justificado recibido en este proveído, dicha autoridad adjuntó un disco versátil digital, que contiene el audio y video de la audiencia inicial celebrada el dos de marzo de dos mil veintidós (misma fecha en que el mandato de captura fue cumplimentado en contra del quejoso); en la que el juez responsable dictó auto de vinculación a proceso en contra de Jonathan Javier Gutiérrez Galván, por el hecho que la ley señala como delito de homicidio, previsto y sancionado por los artículos 138 y 139, ambos del Código Penal para el Estado de Guanajuato, con el carácter de coautor, y de forma de comisión dolosa, cometido en agravio de José Luis y Emiliano, ambos de apellidos Guardado Martínez. Documentales que alcanzan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, ya que se trata de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. En estas condiciones, es evidente que en la especie, ocurrió un cambió la situación jurídica en la que se encontraba el inconforme con motivo de la emisión del acto reclamado, que hace que se consideren consumadas irreparablemente las violaciones que pudiera contener; toda vez que no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar la nueva situación jurídica, emanada de la resolución de dos de marzo del año en curso, correspondiente al auto de vinculación a proceso emitido en contra del quejoso; pues en el supuesto de considerar que el acto reclamado (orden de aprehensión) no se ajusta a la Carta Magna, para dejarlo sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso que surgió con motivo de la emisión del nuevo acto. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito del Décimo Séptimo, publicada en el libro 57, agosto de 2018, tomo III, página 2482, registro digital 2017544, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada)." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 61, fracción XVII y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio. SE DEJA SIN EFECTOS LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En mérito de lo anterior, se deja insubsistente la fecha señalada para la audiencia constitucional, es decir, las diez horas con tres minutos del seis de mayo de dos mil veintidós, y se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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