Jonathan Israel Cruz Mendoza
Expediente 1344/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1344/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Jonathan Israel Cruz Mendoza
Actuaciones
- Principal
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la diligencia que antecedente, se tiene al defensor del quejoso ratificando la firma que calza el escrito de desahogo, por lo que se deja sin efectos los apercibimientos decretados en caso de incumplimiento. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, quien se ostenta como defensor particular de********************, contra actos del Juez de Control de Cuautitlán, Estado de México; consistentes en: La determinación en la causa de control ******************** consistente en la medida cautelar de prisión preventiva justificada y su negativa a modificarla. En el caso, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, dado que la parte quejosa estaba obligada a agotar el principio de definitividad, la cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". El dispositivo legal y fracción citados, prevén que el juicio de amparo será improcedente cuando el acto reclamado pueda ser combatido mediante juicio, recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. Lo anterior, en atención al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, relativo a que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, será improcedente el juicio de derechos fundamentales. Este principio es indicativo que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa para la protección de los derechos humanos, de modo que para acudir a él es necesario interponer en la vía ordinaria procedente, los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan. Para lo cual, por un lado, tales recursos deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen; y, por otro, para que la parte quejosa tenga obligación de agotarlos previamente al ejercicio de la acción constitucional debe existir entre el acto que lo agravie y el recurso ordinario una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa esté previsto por la ley rectora del acto en forma expresa para combatir a éste y no que por analogía se considere a dicho recurso como procedente para tal efecto. Ahora, a efecto de demostrar la causa de improcedencia a que se hace referencia, es necesario conocer el contenido de los artículos 160 y 467, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen: "Artículo 160. Impugnación de las decisiones judiciales Todas las decisiones judiciales relativas a las medidas cautelares reguladas por este Código son apelables. (...) Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: I. Las que nieguen el anticipo de prueba; II. Las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o no los ratifiquen; III. La negativa o cancelación de orden de aprehensión; IV. La negativa de orden de cateo; V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares; VI. Las que pongan término al procedimiento o lo suspendan; VII. El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso; VIII. Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso; IX. La negativa de abrir el procedimiento abreviado; X. La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, o XI. Las que excluyan algún medio de prueba." De los preceptos legales citados, en lo relevante, se colige, que, la resolución emitida por el Juez de Control, en la cual se pronuncie sobre providencias precautorias o medidas cautelares, entre las que se encuentran la imposición, revisión, sustitución o modificación o cualquier determinación relativa a esa medidas procede recurso de apelación. En el caso, la parte quejosa******************** (en su calidad de imputado) reclama del Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, la determinación en la causa de control ******************** consistente en la medida cautelar de prisión preventiva justificada y su negativa a modificarla, es evidente que cuenta con un medio efectivo de impugnación que debe agotar, previo a la promoción del juicio de amparo; a saber, el previsto en el citado artículo 467, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Consecuentemente, estaba obligado a agotar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, pues el Código Nacional de Procedimientos Penales, en los referidos artículos 160 y 467, prevé el derecho para las partes procesales de recurrir a través del recurso de apelación, aquellas determinaciones relativas a las medidas cautelares, a través del cual, pueden ser modificadas, anuladas o revocadas. De ahí que este juzgador de amparo, insiste, que el acto impugnado debe ser primeramente confirmado, modificado o revocado en la vía jurisdiccional ordinaria, ya que los artículos 160 y 467, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, contempla que existe un medio ordinario para impugnar las medidas cautelares impuestas por el juez de Control, lo que conlleva implícita la posibilidad de revisar los actos que aduce, previo a incoar el juicio de amparo indirecto, sin que en el caso opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad, ni tampoco lo torna como un acto de imposible reparación, porque puede ser que al resolverse subsanen las omisiones que atribuye a la autoridad responsable. Sin que el caso en estudio se encuentre dentro de las excepciones al principio de definitividad, que prevé el propio artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, cuyas hipótesis son: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de libertad, o resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento; d) Cuando se trate de auto de vinculación a proceso. Lo anterior, tampoco implica la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevén en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control Constitucional, sólo en el marco de sus competencias, deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afecten la procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. CCCXXIX/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 61, diciembre de 2018, tomo I, página 396, de la Décima Época, con registro digital 2018792, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA A RAÍZ DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN PROCESOS PENALES MIXTOS. DEBE TRAMITARSE Y RESOLVERSE CONFORME A LAS REGLAS APLICABLES EL CÓDIGO NACIONAL DEPROCEDIMIENTOS PENALES. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 1a./J. 74/2017, determinó que el inculpado podrá solicitar la revisión de aquellas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva que hayan sido decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los procedimientos iniciados con base en la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio y oral, de conformidad con el artículo quinto transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016, por el que se reformó el Código Nacional de Procedimientos Penales, entre otras legislaciones. Ahora bien, el recurso de apelación que se interponga contra lo resuelto a raíz de la solicitud de revisión, modificación, sustitución o cese de esas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva, debe tramitarse y resolverse conforme a las reglas aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo conducente, por disposición expresa del invocado artículo quinto transitorio, al indicar que dicho mecanismo de revisión de medidas cautelares debe realizarse en términos de los artículos 153 a 171 de la citada legislación nacional, preceptos normativos entre los cuales el 160 establece que "todas las decisiones judiciales relativas a las medidas cautelares [...] son apelables". En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos 61, fracción XVIII y 113, todos de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito de cuenta, cuya firma difiere de la plasmada por el Defensor **********, particularmente en su escrito de demanda, sin que para detectar tal circunstancia el suscrito requiera de conocimientos técnicos en caligrafía o grafoscopía; en esa circunstancia, a efecto de acordar lo que en derecho proceda, requiérase al promovente para que dentro del término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, se presente con identificación oficial vigente con fotografía en el local de este Juzgado de Distrito, para que ante la presencia judicial y bajo protesta de decir verdad, manifieste sí reconoce como suya la firma que calza el escrito de cuenta, es decir, si estampó de su puño y letra la aludida firma. Se le advierte que el artículo 247, fracción IV, del Código Penal Federal, establece que se impondrán de cuatro a ocho años de prisión y multa de cien a trescientos días a quien sea examinado y faltare a la verdad, afirmando un hecho falso o negando uno verdadero. Debe destacarse al promovente que a efecto de comprobar la veracidad de su dicho, en caso de considerarlo necesario, se ordenará la realización de un dictamen pericial, sobre la firma que estampó en el escrito que se acuerda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 3a./J. 24 (7/89), dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 385, Tomo III, Primera Parte, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA". Con el apercibimiento de no desahogar el requerimiento formulado en la forma y plazo establecidos se tendrá por no presentado, con las consecuencias legales conducentes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase al Juez de Control de Cuautitlán, Estado de México, dando cumplimiento a lo solicitado en autos, dado que remite el nombramiento de **********, dentro de la causa de control **********, por lo que se deja sin efectos el apercibimiento decretado en este expediente. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Téngase al Magistrado Semanero Integrante de la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, acusando recibo de las constancias enviadas mediante el oficio 22750/2023, así como informando gestiones en vía de cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remitiendo las constancias de apoyo para ello, con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, con ellas, dése vista a las partes para que en el término de tres días expresen lo que a su derecho convenga. Por otro lado, en relación a su solicitud de prórroga para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le conceden diez días hábiles contados a partir de la legal notificación de la presente determinación, a efecto de que esté en aptitud de dar total cumplimiento al fallo protector, apercibido que de no hacerlo en el lapso referido, se hará efectivo el apercibimiento decretado en proveído del diez de octubre pasado. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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